Diversos son los temas en los que la Constitución política de Ciudad de México pretendió innovar en la conducción de la vida pública, y cuya puesta en práctica podría contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas, no sólo de la capital, sino de todo el país. Una de estas innovaciones es la que establece el artículo 29.A.4, que reza: El Congreso de Ciudad de México se regirá por los principios de Parlamento Abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.

Desde hace varios años se ha venido discutiendo este asunto, no siempre entendido de la mejor manera. Para algunos, por gobierno o por Parlamento Abierto se entiende que dispongan de páginas electrónicas; para otros que abran su información al público, y que ésta sea proporcionada con datos abiertos. Tales cosas son importantes y necesarias, pero no suficientes. Trascender las nociones inmediatistas del asunto, requiere tener en cuenta dos cambios fundamentales que se han operado en la vida pública.

Por un lado, que las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la observación general correspondiente, en el sentido de que las legislaciones establezcan las facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que se ha reconocido como democracia participativa.

Por otro lado, la ciencia política ha avanzado en esta misma línea, cuando pone en el centro de la discusión contemporánea de la vida pública el tema de la gobernanza, comprendiendo por ello la intervención en el gobierno de actores no estatales, y la formación de redes entre actores de la sociedad civil y gobiernos.

Con apoyos conceptuales tan fuertes como éstos, algunos especialistas hablan no sólo de gobierno abierto, sino incluso de Estado abierto, lo cual implica no únicamente los datos, sino también los procesos. Esta tendencia se asienta en valores fundamentales, como la transparencia, el hacer pública la información que de suyo es de todos, pero también la participación, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas, y el colaborar y aportar así a las administraciones el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos.

Es cierto que la mayor parte de las reflexiones y experiencias son más sobre el Poder Ejecutivo que sobre el Legislativo, pero crecientemente se demanda lo mismo a los parlamentos. Lo que tiene que ver con tres asuntos básicos para la democratización en la formulación de las leyes: a) circular la información de manera accesible, apropiada y reutilizable, con el fin de que se pueda hacer el monitoreo a los legisladores; b) establecer canales para recabar la información de las propuestas de los ciudadanos, con el propósito de que tengan respuesta en las leyes, y c) establecer, para el mayor alcance y legitimidad del resultado legislativo, instrumentos eficaces para la deliberación entre las comisiones parlamentarias y el público interesado.

Tales asuntos podrían parecer un exceso en las demandas de participación de la ciudadanía, pero en el propio proceso de elaboración de la Constitución de la ciudad las prácticas de Parlamento Abierto fueron más benéficas que perjudiciales. Cuando la Asamblea Constituyente abrió las puertas, se recibieron diversas iniciativas de temas o capítulos, tanto de legisladores como de grupos académicos y civiles, y de cerca de mil 500 recibidas, casi dos terceras partes fueron de la ciudadanía, mismas que fueron sistematizadas y puestas también a disposición del público.

Quienes elaboraron propuestas tenían abierta la opción de ir a argumentar a favor de sus planteamientos con las comisiones correspondientes. Con todo ello la Constitución no sufrió ningún retraso en el tiempo establecido para su promulgación y sí, en cambio, enriqueció sus contenidos, generándose un texto cuya calidad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de la respuesta que dio a las diversas impugnaciones políticamente intencionadas que se formularon.

La puesta al día de la vida pública de la ciudad, por medio de su democratización, es un asunto que continúa estando en los primeros lugares de la agenda de las organizaciones civiles. Particularmente de aquellas que han anunciado su proposito de promover el Parlamento Abierto en la ciudad, especialmente necesario ahora que se abre la discusión sobre las leyes que le darán mayor concreción a los mandatos constitucionales.

Esperemos que esta colaboración ciudadana se transforme en las normas, canales e instrumentos que nos permitan tener mejores leyes y más democracia.