De acuerdo con informaciones oficiales, 2017 fue en 20 años el más violento para México. En promedio 80 muertes al día, a lo que habría que añadir que a escala nacional 66.1 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos a lo largo de su vida un incidente de violencia emocional, física o sexual. Los feminicidios fueron además más visibles, pues se develó descarnadamente que el sistema de justicia forma parte de la estructura feminicida, ya que no opera por ejemplo con la más mínima idea de la perspectiva de género en las investigaciones de muertes violentas o agresiones contra las mujeres. Para agravar esta situación, el Estado abona con su acción gubernamental, pues incluso con la evidencia que ha dejado la fallida estrategia de seguridad implementada en la reciente década, impone la legalización de la militarización, dejando entrever por desgracia un autoritarismo que subsume al Poder Legislativo.

Para hacer frente a esta situación, me ocupo ahora de algunas de las asignaturas pendientes para México en esta materia. Con profunda preocupación vimos cómo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión dejó de lado la discusión y el debate propios de un gobierno democrático. Fue evidente la cerrazón a los cuestionamientos que vinieron desde las organizaciones sociales y víctimas, así como de un cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta ley, tal y como informó el colectivo #SeguridadSinGuerra. Entre estas voces se cuentan las firmes críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los de los relatores especiales de la ONU, los rectores de renombradas universidades nacionales, y por lo menos las de más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación.

En razón de lo anterior, se hace urgente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interponga cuanto antes su acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y sería incluso necesario que las y los senadores se sumaran a estas acciones. Tendríamos así mayor certeza de que la SCJN debatirá en serio la inconstitucionalidad de dicha ley. Al inicio del año la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), junto con otras dos articulaciones de organizaciones, integrantes de la academia y miembros de la sociedad civil en general, han dicho que confirman que la crisis de seguridad y de derechos humanos en que se ha sumido el país, persiste, demostrando el desprecio de los derechos humanos por parte de los actores de poder en México. Quienes firman lo dicho no dudan que las acciones de estos actores del poder se enmarcan en un patrón dirigido a conculcar derechos y favorecer a algunos grupos con intereses muy particulares. Escenario que directamente afecta la defensa de los derechos humanos, sobre todo ahora que la evidencia refleja cómo aumentan año con año las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos.

En este contexto, se hacen entonces urgentes la derogación de la Ley de Seguridad Interior, una mayor protección de defensoras y defensores de derechos humanos, así como la creación y consolidación de una Fiscalía General que garantice el derecho de acceso a la justicia, y efectivamente abone a la erradicación de la impunidad. Respecto a la necesidad de una #FiscalíaQueSirva, durante el periodo legislativo de este 2018, el Congreso de la Unión deberá abrir un amplio debate en torno al artículo 102 de la Constitución y la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con el propósito de tomar responsablemente en cuenta las propuestas que cientos de organizaciones de la sociedad civil han formulado para sentar las bases normativas de una fiscalía realmente autónoma, eficaz e independiente del poder político.

Uno de los primeros pasos para revertir la crisis de graves violaciones a los derechos humanos desde el ámbito de la procuración de justicia, tendrá que ser efectivamente la conformación de una fiscalía general que cuente con las herramientas institucionales adecuadas para combatir eficazmente la impunidad y la corrupción en nuestro país. Además de establecer diversos mecanismos de control democrático, profesionalización del personal y rendición de cuentas del nuevo organismo, la propuesta ciudadana contempla también que el fiscal general de la República dure en el cargo seis años en lugar de nueve, como lo está impulsando el Poder Ejecutivo. La conformación de la fiscalía general representa una extraordinaria oportunidad para arribar a un verdadero estado de derecho y terminar con las habituales prácticas violatorias de derechos humanos en la procuración de justicia.

Las articulaciones #SeguridadSinGuerra, #FiscalíaQueSirva, y la RedTDT, hacen un llamado conjunto a toda la sociedad civil a organizarse en torno a la progresividad de los derechos, insistiendo en que se deben respaldar las propuestas que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hace en relación con el combate a la corrupción, la impunidad y las constantes violaciones a derechos. De todo ello nos tendremos también que ocupar en este 2018.