Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional.

Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia.

La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto.

En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico.

En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el negocio de la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades.

Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos humanos, la capacidad garantista del Estado.

Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6. Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos, estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que se vienen realizando.