Comunicados | Adhesiones del CDHVitoria

26 de julio del 2021

En el contexto de la crisis civilizatoria que enfrenta la humanidad como consecuencia de un modelo económico basado en la sobreexplotación de los recursos naturales y de la mano de obra, que agudiza las desigualdades sociales entre y dentro de los países y la destrucción del planeta, que nos ha llevado a una crisis por el cambio climático global y a la sexta extinción masiva de especies, la Organización de las Naciones Unidas ha decidido convocar
a la Cumbre sobre Sistemas Alimentariosⁱ en septiembre de 2021.

En concordancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,ⁱⁱ esta Cumbre pretende proponer acciones para la “erradicación del hambre, la creación de sistemas alimentarios más saludables e inclusivos y la protección de la salud de nuestro planeta.”

EL SISTEMA ALIMENTARIO DOMINANTE

Sin embargo, como lo evidenció la pandemia por COVID-19, la humanidad no podrá superar el reto de la supervivencia sin transformar el sistema alimentario industrial dominante, controlado por un puñado de corporaciones trasnacionales, bajo el cual ha imperado la agricultura industrial que promueve el uso de agrotóxicos, contamina los recursos naturales, daña la biodiversidad, mata a los insectos polinizadores y perjudica la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos. Además, contribuye con más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están calentando el planeta y provocando la destrucción de los ecosistemas.

AGROTÓXICOS Y PLAGUCIDAS

Este sistema alimentario industrializado dominante incrementa la pobreza y desigualdad, por la concentración de tierras y la subordinación económica de las y los campesinos, quienes tienen que comprar nuevas semillas híbridas o genéticamente modificadas para cada cosecha, junto con paquetes tecnológicos que, entre otros plaguicidas altamente peligrosos, incluye al herbicida glifosato, considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probable cancerígeno”,ⁱⁱⁱ lo que permite el control oligopólico/monopólico de los insumos y establece los
precios en mercados nacionales y globales.

Las corporaciones trasnacionales dictan qué semillas sembrar, las técnicas y los alimentos a producir, impulsan la creación de granjas industriales para la producción animal, promueven los monocultivos devastando selvas, bosques y tierras sanas con graves consecuencias para el ambiente y la salud de la población, imponiéndose sobre tradiciones culturales y alimentarias construidas durante milenios por una gran diversidad de pueblos y culturas.

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Este sistema de producción industrializado actúa contra el derecho humano a un ambiente sano, a la biodiversidad, a la alimentación adecuada, a la salud, la información, la soberanía alimentaria y la pertinencia cultural, entre otros. Además, tiene efectos adversos en el acceso a la justicia alimentaria, económica y social, al combate a la pobreza en el medio rural y a la posibilidad de una vida digna.

PREOCUPACIONES MUNDIALES SOBRE LA CUMBRE

Sin conflicto de interés, la Cumbre sería una oportunidad para reformar los sistemas alimentarios industriales y avanzar hacia modelos regenerativos, sostenibles, equitativos, justos y saludables que permitan recuperar la riqueza de la tierra, limpiar y racionar el agua de forma equilibrada, preservar la diversidad biológica del planeta, combatir la pobreza y asegurar la continuidad de la vida misma al enfriar el planeta con el “secuestro” de carbono a través de técnicas agroecológicas de producción de alimentos.

Por otra parte, la Cumbre también podría ofrecer la oportunidad de impulsar el combate al hambre a través de un sistema alimentario sostenible, proteger y promover los agroecosistemas tradicionales y los derechos de las y los productores, recolectores y pescadores que aportan más de la tercera parte de la producción mundial de alimentos y que en algunas regiones del planeta, alcanza el 70%,^iv pero no es así.

La Cumbre sobre Sistemas Alimentarios ha generado innumerables expresiones de preocupación en el mundo, porque se ha ignorado la diversidad de las voces que participan en los sistemas alimentarios, así como de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, en especial las y los campesinos, las mujeres, niñas y niños.

Entre las preocupaciones más urgentes, se encuentran las expresadas^v por el Mecanismo de Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas para las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas,^vi coincidentes con las del Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, y sus antecesores,^vii así como con cientos de organizaciones campesinas e indígenas, representantes de pueblos originarios y grupos civiles a nivel mundial ligados a la defensa del ambiente y los derechos humanos.

En este contexto, las organizaciones que firmamos esta postura nos adherimos a las denuncias mundiales y las del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas para señalar que la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
de la ONU:

• Ha sido un proceso con poca transparencia y salvaguardas contra el conflicto de interés. Al ser concebida como una plataforma multisectorial, no existe diferenciación entre los roles de actores privados y públicos, desprotegiendo el interés público. Su arquitectura es compleja y los criterios de selección y participación en sus órganos principales son poco claros, dejando duda sobre quién decidirá los resultados de la Cumbre. Además, desconoció y marginó en un inicio al Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) y al Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas, desarrollados por las Naciones Unidas a lo largo de 11 años para asegurar la participación e inclusión de la sociedad civil en la política.
• Desprotege a los sistemas alimentarios contra la captura corporativa. Con la influencia del Foro Económico Mundial (FEM) al inicio del proceso, así como el nombramiento de la Dra. Agnes Kalibata como Enviada Especial, actual Presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), se corre el riesgo de presentar “soluciones” en sintonía con las mismas industrias responsables de la destrucción de la tierra, la mala nutrición, la pobreza y el cambio climático, y de no impulsar acciones para desafiar el poder y concentración de las industrias de agroquímicos, semillas y ultraprocesados.
• Es reduccionista y limitada en cuanto a la concepción sobre los sistemas alimentarios, perdiendo la oportunidad de tener una transformación profunda, sistémica e integral que incluya la justicia social, económica, de género y climática.^viii

NUESTRAS DEMANDAS AL GOBIERNO DE MÉXICO

Dada la trascendencia de esta Cumbre, las organizaciones firmantes pedimos a la representación del Gobierno Mexicano retomar y exponer las siguientes demandas en esta plataforma global, mismas que haremos valer en todos los espacios a nuestro alcance:

1. Que el eje rector de las propuestas sean los Derechos Humanos. La Cumbre debe estar fundamentada en el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, al territorio y al agua, los derechos de las y los campesinos que producen los alimentos, las mujeres, los pueblos indígenas, las y los trabajadores del sistema alimentario; proteger el derecho a las semillas y contra el acta UPOV91 para promover el intercambio y la conservación de las semillas; los derechos de las personas consumidoras; el derecho a la transparencia e información pública sobre cómo se producen y qué contienen los alimentos. Que las voces de las personas titulares de derechos, como las y los productores a pequeña y mediana escala, sean priorizadas en el desarrollo de las políticas. Asimismo, los órganos de la ONU con perspectiva de derechos humanos, como el Comité de Seguridad Alimentaria y el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas, ocupen un lugar central para dar seguimiento, implementar y monitorear los resultados de la Cumbre.
2. Que el Estado mexicano impulse y promueva programas y políticas públicas integrales en torno a los sistemas alimentarios, desde la producción hasta su consumo, junto a sus efectos sociales, ambientales y en la salud y la nutrición. Los sistemas alimentarios tienen objetivos públicos más allá de la salud y la nutrición. Estos deben contribuir también a la preservación y regeneración de la naturaleza, a la vida, el trabajo digno y a la protección de los conocimientos tradicionales de las poblaciones indígenas y originarias, así como de las diversas culturas culinarias.
3. Que la agroecología sea el principio central de los sistemas alimentarios en la Cumbre. Para que la producción de los alimentos transite de ser productora de gases efecto invernadero (GEI) y contaminantes a ser sostenible, captadora y almacenadora de estos gases, que permitan enfriar el planeta y restaurar la fertilidad de la tierra y la calidad de los alimentos. Debe priorizarse la producción agroecológica basada en la ciencia campesina y la innovación en manos de las y los agricultores, familias campesinas y pueblos originarios como parte de un manejo sustentable y la defensa de los territorios y recursos naturales del país en su conjunto. Además, conforme lo mandata la Ley de Ciencia y Tecnología,^ix destinar al menos el 1% del PIB a la investigación y educación científica tomando en cuenta el diálogo de saberes.
4. Que se desarrollen mecanismos para salvaguardar a los sistemas alimentarios del conflicto de interés y la captura corporativa. La toma de decisión, el desarrollo, la implementación y evaluación de la política pública deben ser independientes de los intereses privados y salvaguardados por el gobierno, bajo vigilancia ciudadana. De la misma forma, la soberanía alimentaria debe ser un enfoque central para lograr un sistema alimentario justo, sostenible y saludable. En el mismo sentido, deben implementarse medidas para regular las corporaciones que dominan el sistema alimentario y asegurar que las y los productores a pequeña y mediana escala, así como la agricultura familiar, tengan más control del sistema agroalimentario, desde la fase de producción, las semillas y el procesamiento, hasta el consumo.
5. Diseñar mecanismos e instrumentos con fuerza jurídica vinculante, para que en caso de afectar los derechos humanos, se les atribuya responsabilidad a la agroindustria y la industria alimentaria.^x
6. Que los sistemas alimentarios combatan la pobreza y la inequidad. Es clave que estos prioricen y protejan los circuitos cortos agroalimentarios, los mercados de cadena corta locales y territoriales y las economías locales; que aseguren medios de vida y trabajo digno para todas las personas involucradas en el sistema alimentario y que los tratados y acuerdos de comercio impacten de manera positiva a las y los productores y agricultores familiares con una distribución justa de la riqueza, devolviendo la dignidad y dando una remuneración justa a quienes nos alimentan de forma sana.
7. Que los comestibles ultraprocesados, las fórmulas infantiles y su publicidad sean regulados en todo el mundo. Deben reconocerse los daños a la salud y al ambiente de los ultraprocesados, así como proponerse políticas para su regulación, como medidas fiscales, etiquetados frontales de advertencia, límites a su publicidad en todos medios y la implementación completa del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.
8. Que se reconozca la relación directa entre los sistemas alimentarios, el cambio climático y la salud de las personas y del planeta. Los sistemas alimentarios deben estar dirigidos a garantizar la salud humana y planetaria, proteger la biodiversidad, restaurar y mantener los ciclos de la naturaleza, regenerar los suelos, así como mantener la conservación y el acceso a las semillas nativas.
9. Promover la educación para la sustentabilidad de los sistemas alimentarios con pertinencia cultural en las y los actores involucrados en el sistema desde la producción hasta el consumo, así como para los tomadores de decisión.

Los agroecosistemas tradicionales de México constituyen los reductos más importantes de la diversidad biológica y cultural del país y son el recurso más importante para la resiliencia y adaptación ante el cambio climático; además, tienen una importancia fundamental para la identidad nacional. Por ello, su protección, así como la de los derechos de sus habitantes, debe ser prioritaria.

La postura decisiva de nuestro gobierno para la protección y el fortalecimiento de los agroecosistemas tradicionales de México y del resto del mundo será indudablemente uno de los mejores aportes para enfrentar la grave crisis en la que se encuentra nuestro planeta.

Quienes nos adherimos a este posicionamiento somos:

organizaciones campesinas e indígenas, organizaciones y colectivos de la sociedad civil, investigadores y observatorios universitarios del derecho a la alimentación en México, con amplia experiencia en la defensa y protección de la alimentación, la salud, el medio ambiente, la producción agrícola, la pesca, los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios y los derechos de las mujeres en amplias regiones del país, personas consumidoras, comunidad artística comprometida y grupos ambientalistas, que formamos parte de la Alianza por la Salud Alimentaria,¹ la Alianza por una Sana Alimentación en la Península de Yucatán,² la Campaña Nacional “Sin Maíz No Hay País”,³ la Campaña “Por el derecho a una alimentación sana y nutritiva de niñas, niños y adolescentes en Oaxaca”,⁴ el Movimiento Agroecológico de México,⁵ la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM),⁶ así como las organizaciones: Adultos Mayores Activos por el Bien de Yucatán y México A. C., Alternativas en Salud y Desarrollo A. C., Asociación de Consumidores Orgánicos, Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C. (AEPAF YUCATÁN), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Centro Calpulli A.C. , Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO), Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC –DDS Chiapas), Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C., Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C., Chan Tza Can A. C., Ciencia Social Alternativa A. C., Colectivo de Atención Comunitaria “U Yutzil Kaj”, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca), Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, Educación, Cultura y Ecología A.C., El Poder del Consumidor A.C., Espiral por la Vida A.C., Greenpeace México, Grupo de Estudios Ambientales, GEA A.C., IBFAN México, Kanan Kab Protección del Mundo A.C., Koolel Kab S de RL MI, Maela México, Manos Unidas por el Sur de Mérida A. C., Meliponario familiar Balam Kaab. Tekit, Yuc., Misioneros A. C., Muuch Kambal A.C., Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos? de Jalisco, Observatorio Universitario en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato (OUSANEG), Productos Ecológicos Vida Vida SC de RL de CV., Puente a la Salud Comunitaria A.C., Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C, Slow Food México, Subinaj SC de RL. Vía Orgánica.

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