Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social.

Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa.

Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad.

El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema.

Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito.

Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales.

Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto.

Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local.