Como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Fiscalía Veracruz

Por: Miguel Concha

16 de abril de 2022

El Congreso de Veracruz nombró el 28 de mayo de 2020 como titular de la Fiscalía General del Estado (FGEV), con la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, a Verónica Hernández Giadáns, en sustitución de Jorge Winckler Ortiz, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, acusado de tortura y otros delitos presuntamente cometidos durante su encargo.

Cabe precisar que éste fue impulsado por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional. Posteriormente, el 18 de marzo de 2022, a casi dos años de dicho nombramiento, durante la conferencia mañanera del Presidente de la República, el actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, aseguró que la entidad era en la que más habían bajado los delitos de alto impacto. Remarcó el cambio de fiscal en el estado, el programa Cero Impunidad y la ruptura de la vinculación con la delincuencia organizada que prevalecía en los gobiernos que lo antecedieron.

Es menester preguntarse si efectivamente el nombramiento de un(a) fiscal carnal garantiza la observancia irrestricta de los derechos humanos en la procuración de justicia, siendo éstos un eje central del partido gobernante a escala federal y local, a saber, el combate a la corrupción o si, por el contrario, pareciera que la procuración de justicia, sin importar los cambios políticos, se encuentra supeditada al capricho de los gobernantes en turno.

Se considera que la FGEV tuvo una oportunidad indiscutible en el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para sentar un precedente claro y contundente en los hechos, y no sólo en el discurso, respecto al combate a la corrupción entre amigos o enemigos, con estricto respeto a los derechos humanos y a la procuración de justicia.

Sin embargo, lamentablemente aconteció todo lo contrario y la historia se volvió a repetir. Veamos, en junio de 2021 la FGEV inició una carpeta de investigación por el homicidio de Remigio Tovar, candidato del partido Movimiento Ciudadano a ocupar la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Veracruz, y por ese delito detuvo a Omar, a quien una comisión de dicho partido había designado como candidato sustituto, siendo éste uno de los testigos que había asistido a dicha reunión de sustitución, quien también señaló que estuvieron presentes integrantes de Movimiento Ciudadano de Veracruz, entre ellos, José Manuel del Río Virgen, que había mencionado que se debía tener cuidado para que no se repitiera un acontecimiento tan trágico.

Siendo este testimonio el detonante para que la FGEV imputara a este último la autoría intelectual del delito de homicidio calificado. Debido a ello, la mañana del 22 de diciembre pasado fue detenido José Manuel del Río Virgen, en los límites de Veracruz y Oaxaca, por elementos de la Policía Ministerial de Veracruz, quienes lo amenazaron con armas largas y presentaron ante el juez de control a cargo del proceso penal, para posteriormente ser privado de su libertad en el centro penitenciario de Pacho Viejo.

¿Por qué decimos que la historia se repite? Porque la actuación de la autoridad ministerial, y de la policía ministerial que está bajo su conducción, actuaron vulnerando los derechos humanos de José Manuel del Río Virgen y de su familia, que lo acompañaba en el momento de su detención, tal y como ha quedado acreditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 59/2022, por violación a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, la libertad personal y el derecho de acceso a la justicia, así como al principio del interés superior de la niñez.

En ese sentido, como sociedad civil, debemos seguir insistiendo en que las instituciones no les pertenecen a los funcionarios, y que las mismas se tienen que ajustar a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, máxime si está en sus manos una tarea tan importante como la procuración de justicia, de la cual depende la libertad de las personas.

Hacemos votos para que la FGEV acepte en su integridad la mencionada recomendación y dé cumplimiento a las medidas de reparación integral del daño. Aunque también llamamos al Poder Judicial de Veracruz, para que retome en sus resoluciones lo argumentado por la CNDH, ejerza un control de convencionalidad ex officio, y asuma los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la presunción de inocencia, a la defensa adecuada, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Ejercicio jurisdiccional del cual saldrá fortalecido y legitimado como garante de los derechos humanos de todas las personas que por alguna razón acuden ante sus puertas a solicitar justicia, haciendo también realidad el combate a la corrupción y a la impunidad, que se empecinan en eclipsar la procuración y la administración de justicia en el estado de Veracruz y en todo el país.