Por: Giovanni Alcantara Marin
01 de marzo de 2024
La desaparición forzada es uno de los graves problemas de derechos humanos en México. Conocer la historia de las desapariciones en México y otros países de la región es necesario para diferenciar de manera clara cuándo se trata de una desaparición, de un secuestro, de una privación ilegal de la libertad, ya que estos delitos, a pesar de ser distintos, tienen connotaciones similares.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas define la desaparición forzada como cualquier forma de privación de la libertad por agentes del Estado, grupos de personas o particulares que ocultan el paradero de la persona desaparecida. Esto se convierte en violación de derechos humanos cuando el gobierno no garantiza las condiciones de búsqueda y acceso a la justicia para quienes han sido sustraídos de sus familias y sociedad en general.
Se trata de un delito que ha persistido durante décadas y que, hasta el día de hoy, la búsqueda de justicia continúa luchando con factores como la delincuencia, la impunidad en el esclarecimiento de las investigaciones, la falta de acceso a la verdad y los riesgos que enfrentan aquellas familias que reclaman justicia para sus seres amados que no están con ellos. Esto resulta en una severa ola de violencia estructural, ya sea por parte del Estado o grupos criminales, y una considerable vulneración a sus derechos.
Las autoridades mexicanas han tomado algunas medidas para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, el gobierno ratificó la Convención Internacional para la protección de todas las personas contras las desapariciones forzadas, lo que implicó la creación de la ley general sobre desaparición forzada. Ello implicó la formación de Comisiones y Fiscalías Especializadas de Búsqueda. Sin embargo, los impulsos para proteger los derechos humanos de las víctimas, así como la forma de buscar, investigar y garantizar su acceso a la justicia, aún se encuentran en etapa de fortalecimiento y la aplicación de la ley sigue siendo deficiente.
Todos estos esfuerzos por frenar y erradicar las desapariciones forzadas, hay que decirlo, son el resultado de las demandas, luchas y presiones de los familiares y grupos de búsqueda. Hoy en día existen más de 60 colectivos de familiares y grupos buscadores, entre ellos, el Colectivo Colibrí, Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C, Guerreras Buscadoras de Sonora, Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” por mencionar algunos. Estas comunidades no han cesado sus exigencias ante el Estado, al manifestar que éstas debían incluir medidas de cumplimiento gubernamental para establecer vías de acción efectivas y garantizar que las instituciones pertinentes cumplan con sus obligaciones, poniendo la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición como ejes rectores en su trabajo.
Las alternativas que la sociedad civil ha encontrado para llegar a la verdad de estos casos han sido fundamentales. Así pues, la autogestión y organización colectiva han logrado aumentar las capacidades de los grupos de búsqueda en distintos rubros; desde el estudio de ciencias de la tierra para encontrar fosas, hasta formas de lucha social y política que permiten identificar problemas comunes y formas para combatirlos. Debemos tener en cuenta que la falta de acciones y respuestas de los órganos de justicia en México han llevado a los grupos familiares y de búsqueda a hacer uso de las Acciones Urgentes (AU), las cuales son solicitadas ante el CED (Comité Contra la Desaparición Forzada) y se han convertido en una herramienta fundamental para continuar los procesos, pues el objetivo de las AU es brindar alternativas de búsqueda, investigación y localización sobre personas desaparecidas, a petición de sus familiares o representantes legales.
Los casos al respecto son innumerables en el país. Una de las tantas batallas que existen en relación a este tema es la de Yonathan Mendoza, un joven de 17 años que desapareció a manos de la policía estatal de Veracruz, policía Naval (adscritos a la secretaría de Marina), misma que no fue investigada en su momento y dejó graves omisiones en la indagatoria. Lo anterior, a pesar de que su familia llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se pudo resolver un amparo (en revisión 1077/2019) por el cual se reconoció la necesidad de Acciones Urgentes antes mencionadas, con el único fin de que las autoridades mexicanas realizaran las investigaciones correctamente.
Con base al último informe sobre estas peticiones, del 2012 al 2023, México ha registrado un total de 589 personas en calidad de desaparición, lo que representa el 36 % de casos contemporáneos referidos con solicitud de acción urgente. Cabe recalcar que en ese mismo informe se encuentran un porcentaje importante de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y activistas, motivo que continúa preocupando al comité y a las organizaciones internacionales.
Es importante entender que ninguna desaparición humana debería ignorarse, ni por la sociedad ni mucho menos por las instancias gubernamentales. Todas estas personas que hasta el día de hoy están ausentes, merecen ser buscadas, nombradas y no convertirse en una cifra más. No tendría que ser obligación de la ciudadanía exigir al Estado el cumplimiento de sus funciones y obligaciones en materia de derechos humanos. Por ende, la presión ejercida desde la sociedad civil es primordial pues incentiva cambios para lograr una vida digna, mantener la lucha y la esperanza.
* Giovanni Alcantara Marin es abogado y colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).
