A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación.

En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo.

El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones.

El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del  Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario.

La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales.

Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones.

La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia.

Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas.

A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México.

A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos.

En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento.

Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales es necesaria para la construcción de respuestas integrales a situaciones tan complejas, como la crisis de derechos humanos que vivimos en México, sin menospreciar la construcción de procesos de seguimiento participativos.