En noviembre de 2018 México estuvo sujeto por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recibió entonces un total de 264 recomendaciones de más de 100 estados parte. Este mecanismo permitió también hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, principalmente bajo la administración de Peña Nieto. Para los distintos países que emitieron sus recomendaciones, los temas de mayor preocupación fueron la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de justicia, relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres y los altos índices de feminicidios. La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para garantizar el respeto y pleno ejercicio de su labor, y el tema de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, relacionados con el riesgo que para ellos representan los megaproyectos, fueron otras de sus principales preocupaciones.

De este modo, en el contexto del 40 periodo de sesiones del consejo, el pasado jueves 14 de marzo el Estado mexicano aceptó en Ginebra, Suiza, 262 recomendaciones, entre las cuales destacan: realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y asegurarse de que los autores puedan ser llevados ante la justicia y sometidos a un juicio con las debidas garantías. El Estado mexicano debe asegurarse también de que el mecanismo federal de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos reciba financiación y apoyo político a largo plazo.

Además, los Estados parte recomendaron a México garantizar la labor sin trabas de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones graves de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Los Estado s fueron igualmente enfáticos en la relevancia de estudiar y generar una normativa necesaria para eliminar la incertidumbre legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de género.

Llamó también la atención la importancia que le dieron a la necesidad de seguir celebrando con las comunidades indígenas consultas previas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Si bien la delegación mexicana, al aceptar casi la totalidad de las recomendaciones y reconocer la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, reiteró la oportunidad que representan los mecanismos multilaterales para hacer frente a los retos en la materia, y manifestó su disposición de colaborar con estos mecanismos, también sigue preocupando el discurso adoptado a veces por parte del Ejecutivo federal sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones para hacer frente a la crisis.

En este sentido, y mediante una declaración oral presentada ante el consejo en la misma sesión de aceptación del Estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), y la organización Dominicans for Justice and Peace (http://derechoshumanos.org.mx/ epu2019) reafirmaron la importancia de establecer un diálogo franco y propositivo del Gobierno federal con las organizaciones sociales, fundamental para el seguimiento y construcción de una agenda que permita hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

En su oportunidad el Estado mexicano mencionó que para la atención, seguimiento y cumplimento de las recomendaciones colaborará con los distintos poderes y niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. Es relevante que en estas sinergias se reconozca el aporte histórico de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en la vigencia de los derechos y la democratización del país.

El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de generar abierta y transparentemente, para el establecimiento de una ruta de implementación y seguimiento que permita construir una agenda derivada de las recomendaciones de esta tercera evaluación, los mecanismos necesarios de participación y colaboración con los distintos actores involucrados. Por ejemplo, las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y las víctimas.

Las 262 recomendaciones permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. Debido a que se trata de una evaluación que ha surgido de diferentes intercambios y diagnósticos, tanto de parte del Estado mexicano, como de organismos internacionales, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, su incorporación dentro de la agenda pública es necesaria.