El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos.

Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados.

Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil.

Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad.

El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente.

La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento.

Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país.

Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes.

Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva.

Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México.

Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones.

Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado.

Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales.

El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos.