Del 17 al 19 de febrero, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, realizamos una Misión Civil de Observación (MCO) en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, con el objetivo de conocer los procesos de las comunidades en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, y documentar las graves violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas.

La Misión (MCO) permitió un fructífero encuentro entre las comunidades de Comachuén, Sevina, Arantepacua y Nahuatzen, además de que nos permitió conocer el importante papel que han tenido las mujeres Purépechas en los procesos comunitarios: formar parte y ser reconocidas en los Concejos es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de las compañeras.

Tras la visita, los Concejos Indígenas y el propio pueblo nos han dejado ver que la violencia, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos, criminalización, encarcelamientos injustos, y la sistemática intervención de Celerino Cruz contra los consejos, son una práctica sistemática que se han convertido en una estrategia del Estado para desmovilizar a las comunidades y obstaculizarles el derecho a su libre determinación y autonomía.

Documentamos las violaciones de derechos humanos del 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, como la ejecución extrajudicial de 4 personas (entre ellas un menor de edad), uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento, detención arbitraria de 48 comuneros (con tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención) y faltas al debido proceso. Hasta ahora, a casi 3 años de los hechos, las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente y la comunidad profundamente afectada, no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamientos y amenazas.

En Nahuatzen, el Concejo Ciudadano Indígena enfrenta un proceso de criminalización e intimidación mediante el encarcelamiento de dos Concejales, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y un comunero, Gerardo Talavera; además de órdenes de aprehensión que mantienen en incertidumbre a dos concejales más. A estas situaciones se suman las agresiones perpetradas por actores de las fuerzas de seguridad púbica, así como la difamación y descrédito constante de su trabajo como Concejo.

Estos actos violentos por parte de autoridades estatales y municipales, tienen el objetivo de desarticular la autoridad tradicional e impedir el ejercicio de su derecho a la autonomía comunitaria.

En Comachuén hay actores comunitarios vinculados con el sistema de partidos y diversos funcionarios públicos que han intentado inhibir la participación de las mujeres en el Concejo, argumentando que no tienen derechos ni capacidades para cumplir con sus funciones. Esto ha implicado un constante cuestionamiento al gobierno comunitario, caracterizado por la gestión participativa y la buena administración de los recursos, a pesar de la retención ilegal del presupuesto por parte del Ayuntamiento.

Muestra de ello es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración.

La comunidad de Sevina está impulsando un proyecto comunitario integral que implica un gobierno propio, recuperación de la lengua materna y capacitación a la comunidad para ejercer funciones públicas, entre otros. Fruto de esto, la sala regional de Toluca emitió una sentencia dictando que la comunidad tiene derecho a administrar sus recursos de manera directa, a pesar de esto no les fue entregado lo correspondiente a 2019, afectando la administración del Concejo y el acceso a servicios para la comunidad. Este año, ya les ha sido entregada una parte del ejercicio 2020.

A estas trabas presupuestales para el ejercicio del Concejo, y al igual que en las otras 3 comunidades, se suman descrédito y cuestionamiento de las capacidades y poder de decisión de las mujeres para ejercer sus labores como concejalas.

La Misión Civil de Observación, manifiesta su preocupación ante un posible escalada de violencia y hace un llamado a las autoridades estatales, municipales y federales para que:

• La Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para que las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Arantepacua, tengan acceso a la justicia, reparación integral de los daños, medidas de no repetición y que se castigue a los culpables.
• La libertad para los presos políticos de Nahuatzen y el retiro de las dos órdenes de aprehensión contra los dos concejales, así como el cese a la persecución, hostigamiento y actos violentos contra el Concejo Ciudadano Indígena.
• Que se cumpla con la entrega puntual y directa del presupuesto para las comunidades, sin intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen.
• Respeto a los derechos políticos de las mujeres y cese de las agresiones y actos de intimidación de quienes ejercen su derecho a ser autoridades y a trabajar por la libre determinación de sus comunidades.
• El cese a las consultas y concejos impuestos que intentan desacreditar y desarticular los procesos de autonomía comunitaria y que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para la consulta que se llevará a cabo este 23 de febrero en Comachuén.
• Que el Tribunal Electoral actúe bajo los más altos estándares internacionales
• Que el Gobierno del Estado tenga disposición al diálogo con los Concejos Indígenas de las comunidades
• La destitución de aquellos servidores públicos que fomentan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades.
• Y el cese al las prácticas sistemáticas de hostigamiento y criminalización de las comunidades que impiden el derecho de las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía.

Atentamente

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Red Solidaria de Derechos Humanos

Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)

Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. SERAPAZ