La defensa de los bienes comunes se desdobla ahora en varios campos de lucha: social, político, jurídico, económico y cultural; los que están entretejidos en estrategias para enfrentar el despojo y la violencia estructural, y para crear e impulsar al mismo tiempo alternativas frente a una crisis multidimensional a escala planetaria. Esta defensa se ha dado local y globalmente desde diversos y amplios colectivos sociales del campo y la ciudad.

Sin temor a equivocarnos, hoy estas luchas por los bienes comunes son por la defensa integral de toda forma de vida en nuestro planeta. Ésta y otras reflexiones las dimos hace siete años un grupo de organizaciones sociales y personas, quienes nos integramos para presentar una demanda colectiva contra la siembra de maíces transgénicos en territorio mexicano. El pensar en colectivo y llevar a cabo esta acción nos motivó a reunirnos y, así, usar creativa y críticamente una figura jurídica novedosa en el derecho mexicano, como son las acciones colectivas, surgidas en junio de 2011, casi a la par que la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Nos propusimos usarlas para hacer exigibles nuestros derechos y los de las generaciones presentes y futuras a la diversidad biológica de los maíces nativos, así como los derechos a la alimentación, la salud y el respeto irrestricto a los pueblos originarios y comunidades campesinas. En ese entonces nos convocó sobre todo, y nos sigue sosteniendo en esta lucha, el compromiso compartido de todas las personas con el cuidado de la vida, el respeto de los derechos humanos, y una sólida identificación con el maíz y sus aspectos identitarios en nuestra región. No olvidamos que México es centro de origen y diversidad de este grano, así como proceso histórico que, al paso de los siglos, nos dio un ecosistema que llamamos milpa, igualmente diverso, fuerte y capaz de alimentarnos a quienes habitamos o transitamos por estas tierras.

Además, esta diversidad, reflejada en los maíces nativos, ha dado también paso, como se ha dicho muchas veces, a contar con una cocina mexicana invaluable, a causa de la multiplicidad de sabores e ingredientes que deleitan nuestros paladares y nos proporcionan los nutrientes necesarios para una buena vida y salud.

Y así, con la firme esperanza de lograr como personas y comunidades la protección de nuestra alimentación, sana y de calidad, hace siete años acudimos a la justicia mexicana. Desde su presentación, el 5 de julio de 2013, esta demanda colectiva ha enfrentado adversarios al por mayor: se ha litigado en 19 tribunales federales, en los que se han realizado más de 150 impugnaciones por parte de empresas trasnacionales e instancias federales de gobierno, como Monsanto (Bayer), Syngenta, Dow Agrosciences y PHI México (DuPont-Corteva); así como Semarnat y Sader, antes Sagarpa.

En septiembre de 2013 se nos otorgó una medida cautelar que detuvo todos los permisos de siembra de maíz genéticamente modificado; es decir, en cerca de 3 millones de hectáreas, y ha vencido 11 de los 15 juicios de amparo presentados por empresas e instituciones de gobierno. Actualmente cuatro amparos se encuentran bajo estudio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta lucha ha valido mucho la pena. En la actualidad es referente global, pues por primera vez ha logrado a escala mundial detener la siembra masiva de maíz transgénico.

Asimismo, ha retado al sistema jurídico mexicano a innovar en sus formas de administración e impartición de justicia, cuando están de por medio derechos colectivos y la protección de bienes comunes naturales. Y, sin duda, nos ha dado también pistas para las modificaciones en la normatividad vigente del país, pues existen leyes que no corresponden a la imperiosa y urgente necesidad del cuidado de la naturaleza. En este proceso hemos ganado mucho, y debemos celebrarlo. Dado que las amenazas no cesan, desde la demanda colectiva las acciones y las estrategias de las organizaciones y movimientos sociales han sido integrales y amplias, usando el derecho de manera alternativa y crítica, siempre fortaleciendo el trabajo colectivo desde abajo.

No vendría nada mal que la actual administración federal asumiera un papel más proactivo para concretar acciones contundentes que muestren su efectivo compromiso con un proyecto político que respete los derechos humanos y se comprometa en el cuidado de los bienes comunes naturales. Ayudará desde luego que el Presidente emita cuanto antes un decreto contra los transgénicos, como se lo acaban de volver a pedir 185 personalidades y 80 organizaciones y movimientos sociales, y que las instancias de gobierno implicadas en este juicio de demanda colectiva corrijan el camino, litigando y trabajando por nuestra soberanía alimentaria y por los derechos de quienes habitamos este país, sumándose ampliamente a los esfuerzos encaminados al cuidado de la naturaleza.