En el marco del 4to aniversario del #19s, podemos decir que las consecuencias del sismo no son atribuibles exclusivamente a factores externos, pues existen responsabilidades estatales que cuando son incumplidas violentan los derechos humanos.

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Jorge Luis AP

Por: Jorge Luis Aguilar Pantoja

24 de septiembre de 2021

Por varios años hemos insistido en la idea de que no es “natural” que un fenómeno desemboque en desastre y tragedia. Las consecuencias catastróficas relacionadas con los fenómenos naturales acostumbran a ser vinculadas con las fuerzas del planeta, entendidas éstas como absolutamente impredecibles y fuera de los márgenes del control humano, sin embargo y aceptando claramente la idea de que no puede impedirse que un fenómeno así ocurra, sí puede trabajarse para mitigar al máximo posible los daños materiales y humanos que se pudieran generar en las comunidades y personas. Es por ello que mientras los fenómenos naturales son incontrolables, sus efectos desastrosos responden la mayor parte de las veces a factores humanos, sobre todo, a las acciones y también las omisiones en las que el Estado tiene una responsabilidad medular.

Desde esa idea central defendemos que hay múltiples compromisos que obligan al Estado a proteger la vida, integridad y derechos humanos, con particular énfasis en aquellas poblaciones que han sido colocadas en situaciones de mayor vulnerabilidad; dicha responsabilidad no termina en contextos de fenómenos naturales, como los sismos que con frecuencia estremecen a nuestro país, en ocasiones con mayor violencia como el pasado 7 de septiembre o el 19 de septiembre del 2017, evento ocurrido hace ya 4 años y del que siguen pendientes diversos compromisos, para alcanzar una reconstrucción digna y justicia plena para quienes perdieron a sus familiares y seres queridos en esa fecha.

En el marco de este 4to aniversario podemos decir que las consecuencias del sismo no son entonces atribuibles exclusivamente a factores externos, pues existen responsabilidades estatales anteriores, durante y posteriores al fenómeno, es así que cuando estas responsabilidades son incumplidas se violentan los derechos humanos, lo es así también cuando el propio Estado se convierte en un obstáculo al derecho a la verdad sobre los hechos que dieron lugar a dichas violaciones.

Una muestra de las consecuencias de la falta de atención de las autoridades, en este caso de la Ciudad de México, es el colapso del edificio ubicado en el número 168 de la calle de Simón Bolívar, esquina Chimalpopoca, en la colonia Obrera. Dicho derrumbe resultó en el fallecimiento de quince personas, entre ellas Ma. Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, madre y hermana respectivamente de Fernando Sánchez Lira, quien desde ese entonces ha mantenido un largo recorrido para hacer presentes a la justicia y la verdad. Este camino se ha caracterizado por estar lleno de actuaciones deficientes y parciales de las autoridades, intentos de cerrar el caso y más recientemente con la demora inexplicable para acceder a la información relacionada con los avances de las investigaciones.

El edificio de Bolívar ya había recibido modificaciones de ordenamiento urbano y uso de suelo tras la colocación de tres antenas, un anuncio y una torre de comunicaciones que desde el 2004 habían hecho sonar las alarmas por causar un nivel de daño que no fue revisado posteriormente ni por la Delegación, ni por la SEDUVI (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda), ni por el INVEA (Instituto de Verificación Administrativa) u otras dependencias que debían realizar al menos visitas de verificación a efecto de constatar que se habían cumplido los cambios necesarios. Dictámenes técnicos posteriores concluyeron que la causa del colapso del inmueble fue, en efecto, el sobrepeso que cargaba la construcción, sumado a ello se sabe que el inmueble no contaba con un programa de protección civil y carecía de lo necesario para operar con completa seguridad.

A razón de indagatorias realizadas por este Centro de Derechos Humanos sabemos además que el edificio era catalogado como un inmueble histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual debe de ser considerado para saber si se cumplía el tratamiento que un lugar de dicha naturaleza debía tener.

¿Quiénes fueron los responsables de las muertes provocadas por algunos de los derrumbes? Si bien la ocurrencia de un desastre no es algo imputable a las autoridades, hay que observar que los eventos pueden derivar en  responsabilidades subjetivas con carácter penal, civil o administrativo sobre las que es urgente indagar y actuar en consecuencia. En ese sentido, estos cuatro años han estado marcados por las aletargadas acciones de las autoridades a quienes les corresponde la procuración e impartición de justicia pese a que se conocían diversos riesgos y vulnerabilidades que finalmente propiciaron pérdidas humanas y patrimoniales.

¿A qué responde la negativa por investigar? ¿A quién beneficia la obstaculización de la justicia y el acceso a las propias carpetas de investigación? El Estado mexicano no puede deslindarse de su tarea con el argumento de lo impredecibles que pueden ser los fenómenos naturales, al contrario, se debe superar la emergencia, fortaleciendo las medidas para que en todo momento permitan el acceso a los derechos fundamentales y también construir las condiciones para que no se vuelvan a repetir las condiciones que permitieron lo ocurrido en esa ocasión. Organizaciones defensoras de Derechos Humanos seguimos atentas de que pérdidas tan lamentables no caigan en el olvido, de que las personas que perdieron familiares puedan acceder a la justicia y de que la verdad tras las responsabilidades de lo que parece fortuito se asomen de entre las grietas.

A 4 años no debe existir menoscabo en la justicia y la reparación, en este aniversario hay que recordarnos que detrás de las pérdidas hay corrupción y aún ante lo imprevisto, es la impunidad y el incumplimiento a la ley lo que sigue causando muertes que se pudieron evitar y no debieron ocurrir.

* Jorge Luis Aguilar Pantoja es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.

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