La preservación y cuidado de los territorios por parte de los pueblos puede conllevar la producción de alimentos sanos, nutritivos y suficientes en sus tierras y con sus propias prácticas agrícolas, libres de agentes contaminantes derivados de la minería y otros megaproyectos.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
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Por: CDH Vitoria
15 de febrero de 2021
Cuando escuchamos o leemos sobre soberanía y autosuficiencia alimentaria nos remitimos a la producción de alimentos, al derecho a la alimentación, a la agricultura, al maíz, a la milpa. Y sí, la soberanía alimentaria comprende la producción de alimentos sanos y nutritivos, defiende el derecho humano a la alimentación, promueve una agricultura sostenible, amigable con el medio ambiente, defiende y fomenta los maíces y semillas nativas, e integra los sistemas tradicionales como la milpa.
Sin embargo, no son los temas relacionados con los alimentos los únicos que necesitamos tener en el mapa cuando nos referimos a la soberanía y autosuficiencia alimentaria. La defensa de la tierra y el territorio por parte de comunidades indígenas y campesinas, el derecho al agua, a la salud, a un medio ambiente sano, al acceso a la información, son algunos de los derechos humanos que están ligados y que son clave en los movimientos sociales y de defensa de derechos humanos.
Defensa de la tierra y el territorio
La defensa de la tierra y el territorio es una de las formas en que los pueblos resisten ante las prácticas extractivistas que empresas nacionales e internacionales llevan a cabo en distintas regiones del país, para despojar y privatizar los bienes comunes como el agua, los bosques y selvas, los minerales, las fuentes de energía renovables, las semillas mismas.
Por ejemplo, empresas mineras que a partir de concesiones otorgadas por autoridades y respaldadas por una Ley Minera, que es anticonstitucional y que violenta los derechos humanos de los pueblos, buscan apropiarse de territorios en la Sierra Norte de Puebla e instalar megaproyectos que contaminarían los mantos acuíferos de la región, y afectarían a las mismas comunidades. Es la Asamblea de los Pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo, y el Consejo Maseual Altepetajpianij quienes han encabezado la defensa de la tierra y el territorio, en la búsqueda de que la región permanezca libre de minería y de megaproyectos de muerte.
Desde la defensa de la tierra y el territorio también se defienden los saberes y las formas de organización comunitarias, la medicina y las cocinas tradicionales, las culturas y lenguas indígenas. La preservación y cuidado de los territorios por parte de los pueblos puede conllevar la producción de alimentos sanos, nutritivos y suficientes en sus tierras y con sus propias prácticas agrícolas, libres de agentes contaminantes derivados de la minería y otros megaproyectos.
Derecho al agua
El derecho humano al agua como elemento necesario para un buen vivir es parte fundamental para la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Las legislaciones que el Estado ha sostenido en esta materia privilegian la privatización de este líquido, y garantizan su uso para megaproyectos hidráulicos, actividades mineras y de fracking, principalmente.
La Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida1 ha dado seguimiento al proyecto de ley del Gobierno Federal, y en respuesta al problema de la privatización ha presentado una propuesta de Ley General de Aguas, construida con la participación de movimientos sociales que han denunciado la privatización del agua y la contaminación de los recursos hídricos en el país, de los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos que han luchado por el acceso a este derecho.PUBLICIDAD
Garantizar el acceso al agua, sin privatizarla y sin contaminación también es necesario para producir alimentos y para transitar hacia un modelo verdaderamente agroecológico.
Agroecología
La agroecología como un modelo de producción agrícola con los mínimos impactos ambientales, con producción basada en semillas nativas, que integra prácticas tradicionales de los pueblos, y que fomenta el consumo de alimentos orgánicos, es la principal alternativa al modelo agroindustrial predominante en nuestro país y a nivel global.
La agroindustria ha promovido durante décadas el uso de semillas genéticamente modificadas y de agroquímicos tóxicos, que lejos de satisfacer las necesidades alimentarias globales, ha ocasionado daños importantes en la salud de las personas, en la biodiversidad de los territorios en donde se utilizan y en el medio ambiente.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País2, entre otras redes de comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil, han impulsado propuestas y acciones colectivas para transitar hacia un modelo de producción agroecológica, que garantice el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación.
Semillas nativas
Los pueblos, las comunidades indígenas y campesinas, han preservado y diversificado las semillas nativas en nuestro país, a partir de prácticas y saberes tradicionales transmitidos durante generaciones. México es considerado centro de origen del maíz y del frijol, entre otras semillas, y por esto el Estado deberá garantizar la protección de dichas especies.
Una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales, presentada en 2020, busca privatizar las semillas nativas, dejándolas en manos de empresas transnacionales desarrolladoras de semillas genéticamente modificadas, además de criminalizar a campesinas y campesinos, en caso de que usen las variedades de semillas registradas como propiedad intelectual de estas empresas, tales como Bayer-Monsanto y Syngenta.
Ha sido la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País una de las principales organizaciones que ha denunciado las violaciones a derechos humanos y los riesgos en los que se encuentra la biodiversidad en el país, de llegar a aprobarse esta iniciativa de reforma.
Producción de alimentos y acceso a la información
El etiquetado de advertencia es una política pública que obliga a las empresas a brindarnos información verídica de lo que consumimos. Sabemos desde la Alianza por la Salud Alimentaria3 que el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas tiene impactos negativos en la salud de las personas, entre ellas el desarrollo de enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión.
Vivimos actualmente enfrentando una pandemia que encendió las alarmas sobre nuestra salud alimentaria, sobre qué hábitos alimenticios adoptamos, pero también sobre qué alimentos son asequibles para la población mexicana. No es de extrañar que el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas alcancen niveles tan altos, en un país en el que la pobreza alimentaria llega a índices extraordinarios: tan sólo en México, el 23.3% (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y el 12.5% sufre desnutrición crónica4.
Panorama actual
Hoy contamos con un Decreto Presidencial que prohíbe el uso de glifosato y maíz transgénico5 en México, como una medida que apuntala un cambio en el modelo de producción de alimentos, dirigido hacia la agroecología. Contamos con la NOM 0516 de etiquetado de advertencia, que obliga a la industria de alimentos ultraprocesados a brindarnos información verídica sobre sus productos. Contamos con una propuesta de Ley General de Aguas7 que necesita ser aprobada, con el fin de garantizar el acceso al agua y evitar su privatización. Pero también necesitamos impulsar los procesos de defensa de la tierra y el territorio, ante la Ley Minera por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos indígenas y el respeto a su derecho de libre determinación.
Los bienes comunes continúan amenazados por parte de las empresas y sus prácticas de despojo y extractivistas. Necesitamos defender los recursos naturales, pues están ligados íntimamente a nuestros derechos humanos. Así podremos dar pasos seguros y alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Luchemos por un buen vivir para todas y todos.
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