¿Política exterior mexicana de derechos humanos?
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Donovan Ortega 20 de octubre de 2020 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo compuesto por 47 Estados, es responsable de la protección y promoción de los derechos humanos a nivel mundial. Sus miembros deben comprometerse a respetar las normas de derechos humanos en el plano internacional y nacional, cooperar efectivamente con los mecanismos y órganos del Consejo, establecer mecanismos internos sólidos en consulta con la sociedad civil para aplicar y dar seguimiento a sus obligaciones internacionales, así como asegurarse de promover acciones en plena consonancia con su política interna de derechos humanos. El pasado 13 de octubre México fue reelecto como miembro del Consejo para el período 2021- 2023i bajo las promesas de contribuir al fortalecimiento de las normas y estándares internacionales en la materia, mantener su política de apertura al escrutinio internacional y continuar cooperando con los órganos de tratados y mecanismos especiales. No es la primera ocasión en la que el gobierno mexicano es electo para ocupar una posición dentro del Consejo, inclusive se puede decir que fue uno de los Estados que más participó en las negociaciones que condujeron a su creación en el año 2006. Esta reelección que se da en un contexto de crisis global exige más que nunca consolidar una política exterior comprometida con la defensa de los derechos humanos en la región y el resto del mundo, así como con la atención efectiva de las responsabilidades internacionales en la materia. A pesar de que las instituciones internacionales tradicionalmente se han caracterizado por priorizar modelos multilaterales que acotan la participación y el diálogo a los Estados, en el caso particular del Consejo se ha encontrado una vía para que las colectividades, movimientos sociales, víctimas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil puedan establecer espacios de interlocución y denuncia sobre las graves situaciones que están atravesando. En México, la crisis de derechos humanos continúa imperante. Algunas de las situaciones más apremiantes en la realidad nacional actual se refieren al número de periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinadas, posicionándonos en el segundo lugar a nivel mundial ii; el continuo discurso de criminalización y estigmatización promovido desde el Estado; el debilitamiento de instituciones como el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por los recortes en materia presupuestal y por la desaparición de fideicomisos de carácter social iii; el incremento de la violencia feminicida y la negación a tipificarla como tal ya que de 2,535 asesinatos de mujeres documentados hasta agosto del presente año únicamente 626 han sido catalogados para su investigación como feminicidios iv. A este escenario se suman las responsabilidades de México en materia del cumplimiento de más de 3,400 recomendaciones internacionales de derechos humanos y las decisiones emitidas por los Comités del Consejov, que siguen sin atenderse de manera efectiva e integral. ¿Cuál será entonces el papel que tomará el gobierno mexicano frente a esta reelección? ¿De qué forma se garantizará el cumplimento de las recomendaciones que derivan de las visitas de los procedimientos especiales o las resoluciones de los órganos de tratados para que realmente se atiendan y no únicamente continúen acumulándose? Recientemente hemos visto que la agenda a nivel de cooperación internacional está enfocada, por claras razones, en atender la situación derivada de la pandemia por COVID-19 y el suministro de una posible vacuna para el país, empero el contexto cada vez más complejo en materia de derechos humanos también demanda ser eje central de las acciones a nivel de política exterior. Conocer ampliamente los posicionamientos de México en la materia y las acciones derivadas resulta primordial, así como cuestionar cuál será la postura que adoptará el país con respecto a situaciones de crisis que están pasando en otros países de la región. ¿Continuará con posicionamientos como los recientemente alegados en la resolución relativa al caso venezolanovi o tendrá una postura más contundente para denunciar y señalar este tipo de violaciones a los derechos humanos? Asimismo, debe cumplir con su obligación de informar, hacer partícipe e integrar las propuestas y preocupaciones de la sociedad civil sobre la actuación internacional de México y en específico en su papel frente al Consejo; es la responsabilidad del Estado atender a sus peticiones y necesidades siempre desde un diálogo franco y respetuoso. La política exterior de derechos humanos debe evitar cualquier acto de simulación, actuando eficazmente por el respeto y promoción de los derechos humanos, estableciendo diálogos efectivos con todas las partes interesadas y atendiendo integralmente sus responsabilidades para responder a esta crisis multinivel. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de cumplir y atender integralmente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tener posturas claras en cuanto a sus posicionamientos en el orden internacional y hacer de su presencia en el Consejo un espacio que represente a todas las voces, que trabaje por las comunidades y denuncie las violaciones a derechos humanos. @CDHVitoria i Además de México otros 14 países fueron electos (Bolivia, China, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Gabón, Malawi, Nepal, Pakistán, Rusia, Senegal, Ucrania, Uzbekistán y el Reino Unido). Disponible aquí. ii Información presentada por la UNESCO en noviembre de 2019 en el informe “Intensified attacks, new defences: developments in the fight to protect journalists and end impunity”. Disponible aquí. iii Comunicado de organizaciones de la sociedad civil sobre la eliminación de los fideicomisos y fondos. Disponible aquí. iv Comunicado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Disponible aquí. v Para profundizar más sobre el cumplimiento de las decisiones de los órganos de tratados. Disponible aquí. vi México se abstuvo en la votación relativa a la resolución A/HRC/45/L.43/Rev.1, para ver la resolución, aquí.
Organizaciones de las Américas demandamos respeto a la autonomía de la Comisión Interamericana
La decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de bloquear la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH pone en riesgo la independencia del organismo. Organizaciones defensoras de derechos humanos de toda la región llamamos a respetar la autonomía e independencia de la Comisión
Vacuna contra el Covid-19
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 📅 08 de agosto de 2020 Según cifras de la Universidad JohnsHopkins, hasta hoy más de 18 millones de personas están contagiadas de Covid-19 en el mundo, y poco más de 700 mil han muerto. Recientemente México ocupó el tercer lugar de fallecidos a escala mundial a causa del virus, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos. Ante este panorama se hace más importante la carrera científica por desarrollar una vacuna que prevenga y trate el contagio del Covid-19. Sin obviar que Rusia anunció que ya tiene una vacuna, los resultados son prometedores. Hasta el momento 10 proyectos en etapa clínica presentan avances notables, y por lo menos tres de ellos se encuentran en fase tres, lo cual significa que pronto se aplicarán en miles de personas, antes de que pueda determinarse la seguridad y efectividad de una de ellas. Y así, luego de que se superen todas las pruebas, se iniciará un proceso de aprobación por parte de autoridades internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), y reguladoras a escala nacional, como el Consejo de Salubridad General en México, y con ello su producción y distribución a gran escala. Sin embargo, la complejidad de esta carrera no sólo implica ir a contrarreloj para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, sino también una serie de dilemas que han de ser problematizados y resueltos desde la bioética y los derechos humanos. De esta manera surge una pregunta crucial, ¿quiénes tendrán acceso a la vacuna, especialmente en una coyuntura de crisis multifactorial y recursos escasos? Por tanto, es fundamental definir grupos prioritarios para la vacunación contra el Covid-19, cuya delimitación habrá de justificarse mediante criterios razonables, proporcionales, objetivos y transparentes y, a su vez, considerando el respeto, protección, promoción y garantía de tres derechos en juego: a la vida, a la salud y a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones. De acuerdo con la resolución 4/2020, titulada Derechos humanos de las personas con Covid-19, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de julio (https://cutt.ly/ndIaJcr), en el contexto de la pandemia los estados deben velar por la accesibilidad y asequibilidad de las aplicaciones tecnológico-científicas que sean fundamentales para garantizar los derechos a la vida y a la salud. La misma resolución considera que el derecho a beneficiarse del progreso científico y sus aplicaciones en el campo de la salud, exige que los estados adopten, de forma participativa y clara, medidas dirigidas al acceso a las vacunas. Así, en medio de un escenario donde éstas no podrán aplicarse en una primera fase a todas las personas, parece conveniente que la medicación se distribuya a los siguientes grupos de atención prioritaria: personal de salud de primera línea; enfermos de Covid-19; adultos mayores; personas con predisposiciones o comorbilidades y aquellas que estén expuestas a un contacto humano significativo. Ahora bien, si históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas en situación de calle o en pobreza, resulta aún más indispensable defender y proteger los derechos en juego de estos grupos. Todo lo anterior plantea numerosos desafíos, los cuales deben ser considerados desde ahora. En función de esto, a principios de julio la OMS y la Organización Panamericana de la Salud anticiparon una serie de retos para los estados, entre los que destacan aspectos técnicos y logísticos, como el desarrollo de vacunas con nuevas tecnologías; el número de dosis a administrar, para lograr una protección adecuada; su seguridad y efectividad, y la preparación de la infraestructura y componentes claves para su distribución (https://cutt.ly/kda9NO5). Pueden, asimismo, presentarse otros desafíos, como la formulación de leyes y guías para evitar el acaparamiento de vacunas por parte de algunos países, tal y como sucedió durante la pandemia de gripe A/H1N1, en 2009, y con ello eliminar discrecionalidades y arbitrariedades por parte de autoridades y particulares que puedan violar derechos humanos durante su proceso de producción y distribución. Retomando unas palabras de la doctora María de Jesús Medina Arellano, se necesitará una fuerte coordinación, solidaridad y cooperación internacional entre diversos actores para el desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19. Entre ellos, desarrolladores, reguladores, encargados de la formulación de políticas públicas, inversionistas, organismos de salud pública, gobiernos y sociedad civil. Saludamos los esfuerzos de quienes están involucrados en el desarrollo de la vacuna para prevenir y tratar el Covid-19. Los llamamos a adoptar una perspectiva de derechos humanos para distribuirla de manera justa y equitativa, y de esta forma garantizar su acceso en condiciones de igualdad y no discriminación.
Empresas y derechos humanos
Sábado 08 de febrero de 2020 Miguel Concha La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 23 de abril de 2019 la resolución 24/2019, en la que constata los daños ocasionados a la salud de pobladoras y pobladores, así como la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la contaminación de un basurero operado por la empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla SA de CV, instalado cerca de esa comunidad. Cabe señalar que en nuestro país se han presentado numerosos casos similares a los de ese ejido, casos en los que, si bien es cierto que se denuncian violaciones a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), el Estado no interviene para sancionar a los responsables y reparar los daños. A este respecto la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH publicó en noviembre de 2019 el informe Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos, resultado de los esfuerzos por identificar las obligaciones internacionales de los estados en torno a los derechos humanos y a las acciones de empresas que vulneran los Desca. Y así, uno de los principales objetivos de este informe es presentar un análisis regional de la situación de las empresas y los derechos humanos, para luego, con base en ello, formular recomendaciones a los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y al propio sector empresarial. La CIDH resalta en este informe la labor de la sociedad civil, ya que además de participar en las mesas de trabajo, para la elaboración de este documento, monitorea el seguimiento y la implementación de las recomendaciones propuestas, tanto para prevenir medidas que violenten los Desca, como para cerciorarse de que, ante las violaciones de las empresas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación estén al alcance de la población. De este modo, cada Estado de la OEA debe asegurarse de que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las afectaciones implican, además, el despojo de sus territorios, lo que muchas veces termina en desplazamientos forzosos y en ataques directos a defensoras y defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Por ello, una de las medidas propuestas por la CIDH es consultar de manera previa, libre e informada, y se entiende que también culturalmente adecuada, a las personas, pueblos y comunidades indígenas, antes de que cualquier proyecto afecte sus tierras, territorios y los bienes comunes que históricamente han tenido a su cargo, e igualmente tomar medidas que reduzcan los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales e, incluso, los que afecten sus cosmovisiones. La aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados, en el contexto de las actividades empresariales, implica la adopción de marcos normativos claros para asegurar que las empresas realicen, entre otras cosas, evaluaciones de los efectos de sus actividades en el extranjero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que las víctimas accedan a la justicia ante los tribunales del Estado de origen. Esto se puede ejemplificar muy bien con los casos de distintas mineras canadienses que, instaladas en países como México y Guatemala, han ocasionado graves daños al medio ambiente y violentado los Desca de sus habitantes. En el contexto latinoamericano, en el que históricamente se han sufrido abusos de poder por parte del Estado, muchas veces en complicidad con las empresas trasnacionales, tienen que tomar relevancia los procesos de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición, así como la efectiva rendición de cuentas de los actores económicos. Todo lo cual hará que las empresas adopten cada vez más medidas que atiendan las problemáticas del cambio climático, y que, por mencionar sólo algunos ejemplos, se limite su participación e influencia en la toma de decisiones públicas. Por último, y a pesar de que este informe brinda pautas a los estados para el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos, las recomendaciones emitidas siguen siendo insuficientes en una nación como la nuestra, donde se sigue permitiendo que las empresas violen los derechos humanos en nombre del desarrollo. Un país en el que continúa la impunidad de casos como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de Grupo México, y en el que se realizan además varios megaproyectos promovidos por el Estado y las empresas. Resulta, por consiguiente, necesario el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales que México ha ratificado, como es el caso de este informe, así como la revisión, adecuación y vigilancia de los marcos normativos internos para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por la República Mexicana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
¿Qué pasa con los derechos civiles y políticos en México?
27 de noviembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega), Isis Alves y Laurence Blattmer (@ Doms_at_UN) México recibió recomendaciones en más de 20 temas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado de la evaluación de la que fue sujeto hace unas semanas. Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos información ante el Comité para exponer la grave situación de los derechos humanos que vivimos. Asimismo, estuvimos presentes en Ginebra (Suiza) durante los días de la evaluación, momento en el que pudimos confirmar los grandes retos que se tienen en la materia en temas como la militarización del país, los altos niveles de violencia de género, la impunidad, la situación de las víctimas, la libertad de expresión, la migración, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la discriminación racial y las grandes fallas del sistema judicial. La delegación mexicana que asistió a la sustentación mencionó los avances principalmente en el marco jurídico, así como las nuevas acciones y medidas que se están adoptando; no obstante, el Comité mostró preocupación por la falta de respuestas precisas, principalmente con respaldo en datos y estadísticas. En algunos casos la información mencionada no correspondía exactamente a la pregunta hecha; o había mención a una acción del gobierno y procesos en desarrollo, pero no se logró demostrar los resultados concretos de estas medidas. Las autoridades mexicanas admitieron la existencia de problemas graves como la violencia de género, la falta de información sobre poblaciones específicas como la LGBTI+ y los altos índices de desaparición forzada. Sin embargo, la delegación se negó a reconocer varios puntos importantes colocados en la discusión, por ejemplo el hacinamiento en las cárceles federales y las intervenciones médicas forzadas en personas menores de edad intersexuales. Tras el examen, el Comité emitió sus observaciones finales2, algunos de los asuntos de mayor interés y preocupación son los siguientes: Sistema de Atención a Víctimas El Comité mencionó que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, lo cual ha violentado directamente a las víctimas en su proceso de atención y reparación. Se reconoció que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo encargado de aplicar la ley y los existentes tienen grandes carencias financieras. Sobre el personal que ahí labora se señaló que no está adecuadamente calificado para brindar la atención especializada que se necesita en el trato con víctimas del delito, lo que hace del reconocimiento de la calidad de víctima un aparato burocrático que a menudo resulta revictimizante. El Comité recomendó a México generar las condiciones necesarias para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral que atienda aspectos culturales y de género. Además de proveer de los recursos necesarios y del personal capacitado en tan importante tarea. Violencia de Género El Comité mostró su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano no ha podido atender y por la falta de armonización del delito de feminicidio en los códigos penales estatales. Además, reconoció la necesidad de que el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género debe ser fortalecido financieramente y hacer de su implementación un proceso de máxima transparencia. Recordó que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas deben ser investigados con perspectiva de género y diligentemente, facilitando el acceso a la justicia y la reparación integral. Modelo de seguridad militarizado El Comité mencionó que el Estado mexicano debe alejarse del enfoque militarizado que ha adoptado en los últimos años y que se mantiene con la Guardia Nacional; señaló la importancia de garantizar que sea constituida como una fuerza de carácter civil y a su vez, que se establezca un plan gradual y ordenado que haga real la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. De igual forma realizó recomendaciones en materia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como, su debida investigación y sanción. Política migratoria El Comité informó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes: casos de tortura, extorsión y trata de personas, entre otras. Reconoció que le preocupa bastante la nueva política migratoria adoptada por el gobierno que pareciera estar caracterizada por el uso generalizado de la detención y la fuerza pública. Entre las recomendaciones que emitió se encuentran la importancia de evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, abstenerse de privar de la libertad a niños y niñas migrantes o solicitantes de asilo y la separación de sus familias. Libertad de expresión y asociación El Comité reconoció el alto de nivel de violencia e intimidación al que se enfrenta las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de una política integral por parte el Estado mexicano en materia de su protección, además de que las medidas existentes son insuficientes. Se instó a fortalecer el Mecanismo de Protección desde la integración de una perspectiva de protección integral, la asignación adecuada y suficiente de recursos y el personal capacitado para la atención. Finalmente, tras esta evaluación, el Estado mexicano tiene dos años para informar sobre la aplicación de todas las recomendaciones hechas por el Comité, para lo cual debe responder de manera integral y efectiva, cumpliendo con sus responsabilidades internacionales en la materia y su deber de avanzar en la protección de los derechos de todas y todos en el país. *Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Isis Alves y Laurence Blattmer (@Doms_at_UN) son colaboradoras de la organización Dominicans For Justice and Peace O.P. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
Mártires de la UCA
Sábado 09 de noviembre de 2019 Miguel Concha El próximo 13 de noviembre se cumplen 30 años de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, y dos de sus trabajadoras, por efectivos del batallón de élite Atlacatl. Se tiene además noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos despeja el camino para extraditar, por fin, al coronel salvadoreño que ordenó su muerte. Ellas y ellos son, Elba Ramos, ama de llaves; su hija adolescente, Celina; Ignacio Ellacuría, rector; Ignacio Martín-Baró, vicerrector y jefe del Departamento de Psicología; Segundo Montes, profesor de teología; Juan Ramón Moreno, director espiritual y ex presidente de la Conferencia de Religiosos de Panamá y Nicaragua; Amando López, profesor de filosofía, y Joaquín López y López, director de los Colegios Fe y Alegría de El Salvador. En entrevista concedida el pasado 24 de octubre al semanario estadunidense National Catholic Reporter (https://www.ncronline.org), el P. Jon Sobrino S.J., quien venturosamente se libró de ser ejecutado, por encontrarse en esos días en una conferencia de teología en Tailandia dirigiendo un taller sobre Jesús crucificado, recuerda el coraje que le dio el asesinato de las dos primeras personas, pues al fin y al cabo el de los jesuitas en aquellos días era hasta cierto punto previsible, pero el de las dos mujeres inocentes resultaba totalmente inexplicable. En un mundo entonces políticamente polarizado entre el oriente, ateo y comunista, y el occidente, cristiano y democrático, era muy fácil, en efecto, estigmatizar en bloque a los partidarios de la teología de la liberación como absolutamente marxistas y comunistas. Y un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (1993) planteaba que el objetivo principal de la agresión era el rector Ellacuría, y que los demás fueron asesinados para eliminar testigos. Recuerdo que entonces la Universidad Nacional Autónoma de México publicó, de manera extraordinaria, en los principales diarios de circulación nacional una esquela en la que subrayaba la saña con la que los soldados se habían cebado contra la cabeza de Ignacio Ellacuría, destruyéndola a culatazos, como símbolo de la aversión que le producía su pensamiento estructural sobre la injusticia y la violencia de la oligarquía salvadoreña. Vano intento por tratar de aniquilar la libertad de pensamiento y el compromiso ético de la inteligencia por la verdad y la justicia, pues hoy en día son muchas las investigaciones que se han venido haciendo para comprender mejor y desarrollar su pensamiento, y muchas de las cátedras e instituciones académicas que, sobre todo en Iberoamérica, llevan su nombre o se encuentran inspiradas por él. Prueba de ello es el libro Ignacio Ellacuría en las Fronteras, coordinado por Óscar Arturo Castro Soto, Luis Mauro Izazaga Carrillo y Helena Varela Guinot, de la cátedra de análisis de la realidad política y social, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que también lleva su nombre, y que próximamente será presentado en varias sedes y exposiciones, dentro y fuera del país. Como explica Jon Sobrino en el reportaje mencionado, para Ellacuría los males que debían superarse, y que de alguna manera desgraciadamente siguen, eran obvios: pobreza, empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, así como la perversión de los avances reales en democracia y la manipulación ideológica de los derechos humanos. Como explican los autores del libro mencionado, para Ellacuría Las violaciones a los derechos humanos son en sí mismas aspectos negativos de la historia y la humanidad tiene que liberarse de ellos. Sin embargo, el proceso de liberación tiene que caminar hacia algo distinto, hacia la utopía de un mundo mejor. Así, la liberación no es la libertad en abstracto, sino el tránsito de una situación negativa a otra positiva en permanente reconocimiento y construcción histórica (p. 11). Por ello, en repetidas ocasiones habló contra la deshumanización, la degradación y la prostitución del espíritu, sobre las cuales se decía y todavía se dice muy poco. Para Sobrino, como para Ellacuría, su mentor, para sanar a una civilización que está muy enferma, necesitamos de alguna manera el aporte de los pobres y las víctimas. Y por cierto, a propósito de Jesús crucificado, del que se ocupaba Sobrino en Tailandia, mientras sus hermanos eran salvajemente ejecutados, el 15 de octubre pasado, con ocasión del 40 aniversario del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el teólogo español Juan José Tamayo recordaba en un conversatorio que cuando sacaban de su habitación el cadáver de Ignacio Ellacuría, cayó inesperadamente de uno de los estantes sobre su cuerpo el libro de Jüngern Moltmann El Dios crucificado, la cruz de Jesucristo como base y crítica de toda teología cristiana, el cual quedó impregnado con la sangre del rector recién sacrificado. Lo que desde entonces dejó profundamente impresionado a su autor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Comunica EDU
La persistente discriminación racial en México
18 de septiembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega) México fue sujeto a evaluación por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) el pasado 08 y 09 de agosto en Ginebra, Suiza. El Comité muy oportunamente señaló la necesidad de combatir la discriminación racial estructural que históricamente ha estado presente en México, y afecta principalmente a las comunidades y pueblos indígenas, y a la población afromexicana. Organizaciones de la sociedad civil presentamos información al CERD para exponer la situación de discriminación racial que viven estas comunidades y pueblos, y para denunciar el racismo estructural e institucional presente en el Estado mexicano contra los grupos históricamente marginalizados y discriminados. Pusimos especial énfasis en la falta de políticas integrales y efectivas para erradicar la discriminación racial; las recientes “consultas” relacionados a megaproyectos que impactan directamente en la vida y en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas; la política migratoria adoptada por la nueva administración que pone en una grave situación de vulnerabilidad a las personas migrantes y refugiadas; asimismo, la dificultad en el acceso a la justicia para las comunidades y pueblos indígenas, en especial, la discriminación que viven las mujeres indígenas al pretender acceder a la justicia. Gran parte de estas problemáticas fueron señaladas por parte del CERD y cuestionadas a la delegación mexicana encabezada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Sin embargo, y después de las reuniones de trabajo, el Comité emitió alrededor de 40 recomendaciones en la materia. Algunas de las principales recomendaciones son: Tipificar como delitos los actos de odio y discriminación racial: debido a la falta de homologación en todas las entidades federativas sobre la definición y prohibición de la discriminación racial, además de asegurar que estos actos sean considerados como agravantes en actos delictivos. Elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación: el Estado mexicano debe construir una política integral y efectiva que considere la participación de todos los grupos que se enfrentan a actos de discriminación racial. Proporcionando todas las capacidades institucionales, financieras y humanas para su implementación. Consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para las comunidades y pueblos indígenas: se debe asegurar que todos los procesos de consulta consideren las condiciones y realidades particulares de los pueblos y comunidades indígenas, y que su realización se de en contextos seguros y libres de cualquier tipo de amenaza, al igual que debe brindarse toda la información necesaria para que la participación sea efectiva y exista representatividad de los distintos grupos. Este tema es de especial interés debido a las consultas relacionadas en casos de megaproyectos como el tren maya o el corredor transístmico, en las cuales el Comité señala que no se han respetado estos principios y se han dejado de lado los intereses de las comunidades afectadas. Discriminación racial relacionadas con el género: se deben tomar las medidas necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación que viven las mujeres indígenas y afromexicanas. Garantizar su acceso a la salud reproductiva y sexual con pertinencia cultural, erradicando las prácticas existentes de violencia obstétrica. Erradicar la discriminación racial dentro del sistema de justicia y el sistema penitenciario: persisten las prácticas discriminatorias en el sistema de justicia que afectan principalmente a las comunidades y pueblos indígenas. El Estado mexicano debe adoptar medidas efectivas e integrales para garantizar su acceso a la justicia, y combatir la corrupción existente en ambos sistemas. Asimismo, reconocer, respetar y fortalecer los sistemas de justicia indígenas.1 Las organizaciones de la sociedad civil reconocemos la importancia de esta evaluación que pone especial énfasis en la urgencia de adoptar medidas integrales para erradicar la discriminación racial y los discursos de odio y atender a las poblaciones afectadas por éstos. Finalmente, es importante decir que es de suma importancia que el Estado mexicano atienda sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos derivados de este tipo de evaluaciones, por ejemplo, a través de un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, el cual se configure a partir de un proceso participativo donde se involucren de manera integral a las comunidades afectadas, a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. He aquí más tareas para la cuarta transformación. __________________________________________________________- * Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Internet
OSC presentan informe sobre discriminación ante la ONU
-OSC han elaborado un Informe conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos en materia de discriminación racial. -Llaman a auditar las nuevas políticas migratorias que ha adoptado gobierno de AMLO en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con Donald Trump. -Llaman a poner especial atención en el tema de las “consultas” en torno a megaproyectos que constituyen un riesgo para personas o comunidades que se atreven a oponerse. Los próximos días 8 y 9 de agosto tendrá lugar en Ginebra, Suiza el examen de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) que evaluará los retos y avances del Estado mexicano en materia de discriminación contra los pueblos indígenas, la población afrodescendiente y las personas migrantes y refugiadas. Dada la importancia de esta temática para el panorama general de derechos humanos en el país, organizaciones de la sociedad civil mexicana han elaborado un Informe Alternativo conjunto que destaca las principales violaciones de derechos humanos que han sufrido estas poblaciones, tanto en el sexenio anterior como en los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En el informe se destaca: la discriminación contra las personas indígenas en el acceso a la justicia, los contextos de desplazamiento forzado, los impactos de los megaproyectos, los atentados contra la libertad de expresión de los pueblos indígenas y la violencia diferenciada que sufren las mujeres indígenas; por otro lado, también se subraya el racismo estructural e institucional contra las personas migrantes y refugiadas, que afecta de manera muy especial a la niñez migrante. El Informe Sombra señala la necesidad de que el Comité esté al tanto y se pronuncie sobre las nuevas políticas migratorias que ha adoptado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el contexto de las llamadas “Caravanas Migrantes” y las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estas políticas han llevado a la militarización de la Frontera Sur y a que las autoridades hagan declaraciones que criminalizan a las personas que defienden los derechos de las y los migrantes. El informe también enfatiza la necesidad de que el Comité conozca y se pronuncie sobre las “consultas” impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recientemente, la Relatora Especial sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, publicó una nota técnica sobre la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de México que “quiere subrayar que los procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.” En la práctica, estas “consultas” constituyen la imposición de un megaproyecto y constituyen un riesgo para todas aquellas personas o comunidades que se atreven a oponerse ya sea al megaproyecto o a esta forma de “consulta”, defendiendo su tierra y territorio. El Informe abarca estudios de casos de diferentes temáticas de los estados de Oaxaca, Hidalgo, Sonora y Puebla, que ilustran de manera detallada los impactos personales y sociales de la discriminación racial, así como una serie de recomendaciones elaboradas por las organizaciones que elaboramos el Informe Alternativo y dirigidas al Estado mexicano, con el objetivo de atender las problemáticas más urgentes y prioritarias en materias de discriminación racial y derechos humanos en México. Tenemos la esperanza de que el próximo examen de México ante el CERD sea no sólo una oportunidad de visibilizar la situación real de vulnerabilidad y vulneración de derechos humanos que padecen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, migrantes y refugiadas en el país, sino que también el Estado aproveche la ocasión para adquirir compromisos reales, comprobables y medibles, para superar esta crisis de derechos humanos. El informe alternativo y otros insumos al CERD pueden ser consultados en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx?CountryCode=MEX&Lang=EN Fotografía destacada : Internet
La tortura en México
Sábado 13 de julio de 2019 Miguel Concha La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas. Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes. Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada. Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
¿Qué sigue para México después de su Examen sobre Derechos Humanos?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Cuáles son los resultados del Examen Periódico Universal y cuáles son los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional para proteger y garantizar los derechos humanos? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 13 de abril de 2019 Por: Donovan Jiménez y Carlos Ventura A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación. En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales
