Recomendaciones al Estado mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las 262 recomendaciones de la comunidad internacional permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de marzo de 2019 Miguel Concha En noviembre de 2018 México estuvo sujeto por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recibió entonces un total de 264 recomendaciones de más de 100 estados parte. Este mecanismo permitió también hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, principalmente bajo la administración de Peña Nieto. Para los distintos países que emitieron sus recomendaciones, los temas de mayor preocupación fueron la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de justicia, relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres y los altos índices de feminicidios. La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para garantizar el respeto y pleno ejercicio de su labor, y el tema de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, relacionados con el riesgo que para ellos representan los megaproyectos, fueron otras de sus principales preocupaciones. De este modo, en el contexto del 40 periodo de sesiones del consejo, el pasado jueves 14 de marzo el Estado mexicano aceptó en Ginebra, Suiza, 262 recomendaciones, entre las cuales destacan: realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y asegurarse de que los autores puedan ser llevados ante la justicia y sometidos a un juicio con las debidas garantías. El Estado mexicano debe asegurarse también de que el mecanismo federal de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos reciba financiación y apoyo político a largo plazo. Además, los Estados parte recomendaron a México garantizar la labor sin trabas de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones graves de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Los Estado s fueron igualmente enfáticos en la relevancia de estudiar y generar una normativa necesaria para eliminar la incertidumbre legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de género. Llamó también la atención la importancia que le dieron a la necesidad de seguir celebrando con las comunidades indígenas consultas previas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Si bien la delegación mexicana, al aceptar casi la totalidad de las recomendaciones y reconocer la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, reiteró la oportunidad que representan los mecanismos multilaterales para hacer frente a los retos en la materia, y manifestó su disposición de colaborar con estos mecanismos, también sigue preocupando el discurso adoptado a veces por parte del Ejecutivo federal sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones para hacer frente a la crisis. En este sentido, y mediante una declaración oral presentada ante el consejo en la misma sesión de aceptación del Estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), y la organización Dominicans for Justice and Peace (http://derechoshumanos.org.mx/ epu2019) reafirmaron la importancia de establecer un diálogo franco y propositivo del Gobierno federal con las organizaciones sociales, fundamental para el seguimiento y construcción de una agenda que permita hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En su oportunidad el Estado mexicano mencionó que para la atención, seguimiento y cumplimento de las recomendaciones colaborará con los distintos poderes y niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. Es relevante que en estas sinergias se reconozca el aporte histórico de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en la vigencia de los derechos y la democratización del país. El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de generar abierta y transparentemente, para el establecimiento de una ruta de implementación y seguimiento que permita construir una agenda derivada de las recomendaciones de esta tercera evaluación, los mecanismos necesarios de participación y colaboración con los distintos actores involucrados. Por ejemplo, las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y las víctimas. Las 262 recomendaciones permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. Debido a que se trata de una evaluación que ha surgido de diferentes intercambios y diagnósticos, tanto de parte del Estado mexicano, como de organismos internacionales, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, su incorporación dentro de la agenda pública es necesaria. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
OSC llaman a autoridades mexicanas a fortalecer diálogo que permita la implementación de recomendaciones del Examen Periódico Universal
Recomendaciones realizadas deben retomarse para atender crisis de DH en el país. Necesaria la cooperación del Estado y diálogo con organizaciones para implementar y evaluar efectividad de medidas. Resalta la vulnerabilidad de periodistas y personas defensoras en organizaciones y colectivos de defensa de los derechos humanos y trabajo comunitario. Por tercera ocasión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó una revisión sobre el escenario actual del país con el fin de emitir una serie de recomendaciones que permitan abordar las preocupaciones internacionales fundamentales en materia de derechos humanos y facilite a las autoridades articular propuestas que atiendan la situación crítica que enfrenta México en la materia. Si bien, la cooperación del Estado mexicano queda de manifiesto al aceptar las recomendaciones emitidas por otros países, resalta nuestra preocupación por la extrema vulnerabilidad de personas defensoras de derechos humanos agrupadas en diversidad de organizaciones de la sociedad civil (OSC), colectividades y movimientos, ante la falta de reconocimiento que ha tenido el nuevo gobierno y el Presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al trabajo que realizan en el país, situación que contrasta con el llamado reiterado de al menos 40 países para fortalecer los mecanismos de protección y las actividades de promoción y defensa. Es tarea también de las nuevas autoridades, de forma institucional, en todos sus órdenes y niveles fortalecer la legitimidad y facilitar las herramientas para multiplicar las tareas de defensa de los derechos humanos y la democracia que éstas organizaciones realizan. Por otro lado, buena parte de las recomendaciones realizadas por otros países están relacionadas con la violencia contra las mujeres y el alarmante crecimiento de feminicidios. En virtud a ello, se ha recomendado implementar medidas que fortalezcan la investigación de los delitos, la reparación a las víctimas y la revisión de la efectividad del Mecanismo de las Alertas de Violencia de Género con la intención de hacer reales su objetivo primordial: atender de manera urgente, pero también estructural, la violencia feminicida en México. En relación a los megaproyectos, las recomendaciones apuntan a que representan un riesgo mayúsculo para la tierra y territorio de los pueblos indígenas. Las consultas implementadas para avalarlos no cumplen con los requisitos necesarios para considerarse libres, previas e informadas y no contemplan el daño irreparable a ríos, bosques y fauna a los pueblos. Las autoridades de la nueva administración dan un buen primer paso al reconocer la grave crisis en la materia que se vive, situación que permitirá caminar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil por la implementación y evaluación efectiva de las recomendaciones de esta evaluación e incorporarlas a la agenda que enfrente de forma contundente la violencia y contexto de graves violaciones a derechos humanos en México. ATENTAMENTE: ORGANIZACIONES Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P” A.C. Comité de Derechos Humanos Ajusco. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C. Convergencia de Organismos Civiles A.C. DECA Equipo Pueblo A.C. Equis: Justicia para las Mujeres A.C Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. Instituto de Estudios Obreros “Rafael Galván” A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil. Serapaz A.C. Sin Fronteras IAP. PERSONAS Adelita San Vicente Tello. Carlos Ventura Callejas. David Peña Rodríguez Emilienne de León Aulina. Jorge Fernández Souza. Karla Micheel Salas Ramirez. Manuel Canto Chac. Manuel Canto Chac. Pilar Berrios Navarro.
40 Periodo de sesiones del Consejo de DH de la ONU | Participación de Dominicans for Justice and Peace y CDHVitoria
Declaración oral en el marco del 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, presentada por el CDHVitoria y Dominicans for Justice and Peace, organización con carácter consultivo ECOSOC, con motivo del documento final del Tercer Examen Periódico Universal a México. Gracias, Sr. Presidente del Consejo de Derechos Humanos Agradecemos la participación de México en el EPU, y reconocemos la apertura del gobierno frente a las numerosas recomendaciones y su próxima implementación. Acogemos también el compromiso del gobierno a mejorar el acceso a la justicia y a fortalecer el combate contra la impunidad. Sin embargo, a partir de los asuntos referidos en relación con las recomendaciones[1] sobre el reconocimiento y garantía de la importante labor que realizan las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, a favor de los derechos de las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad, consideramos que en el contexto actual del país es necesaria una colaboración efectiva, participativa y respetuosa entre el Estado y sus instituciones con las personas defensoras, sus organizaciones civiles, y sus procesos de articulación y exigibilidad de derechos humanos. Reafirmamos la importancia de que el Gobierno establezca un diálogo franco y propositivo con las organizaciones civiles para generar un ambiente propicio para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, reconociendo también el aporte histórico de esta labor en la vigencia de los derechos y en la democratización del país. Muchas gracias ANTECEDENTES : Durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se conoció de las observaciones, conclusiones y compromisos del Estado mexicano respecto a las recomendaciones del 3er ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Dominicos por la justicia y la paz (Dominicans for Justice and Peace O.P.) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. anteriormente contribuyeron, junto a otras colectividades y organizaciones, a brindar insumos que sirvieron de base al examen, dicho documento puede consultarse en el enlace. [1] Recomendaciones 15, 36, 78, 79, 112, 125 y 135. Confróntese en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de México https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/447/02/PDF/G1844702.pdf?OpenElement Imagen destacada : UN HRC
Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirma crisis de DDHH en México
#ColectivoEPUmx convoca al Gobierno federal electo, a través de la Cancillería, a sostener un encuentro público, una vez emitidas las recomendaciones del Examen Periódico Universal Impunidad, violencia contra personas defensoras y periodistas, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, niñez, seguridad y justicia, principales preocupaciones internacionales. Países recomiendan la creación de una Fiscalía General autónoma e independiente y un Mecanismo contra la Impunidad. Hoy a las 9 de la mañana, hora de Ginebra, Suiza, se llevó a cabo la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que se examinó a México en materia de derechos humanos en el contexto del Mecanismo Examen Periódico Universal (EPU). Los países representados en dicho mecanismo internacional tuvieron oportunidad de expresar sus recomendaciones al Estado mexicano sobre la situación de derechos humanos que vive nuestro país. En las participaciones de los Estados se pudo confirmar el diagnóstico de actores internacionales sobre México: la crisis de derechos humanos persiste. El principal tema de preocupación fueron las agresiones y asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas y la falta de investigación y sanción a los perpetradores. También se realizaron múltiples observaciones en torno a la violencia estructural e institucional que se ejerce contra las mujeres. Se reiteró la necesidad de atacar los altos niveles de violencia, corrupción e impunidad, por considerar que se trata de indicadores certeros y verificables en el cumplimiento de las responsabilidades respecto a los derechos humanos de un Estado. En esta lógica se reiteró la necesidad de una #FiscalíaQueSirva y se retomaron muchas preocupaciones del colectivo #SeguridadSinGuerra, como la revisión de la Ley de Seguridad Interior. Destacan las recomendaciones de Dinamarca, Reino Unido, España, Países Bajos y Noruega apoyando la necesidad de fortalecer esfuerzos nacionales e internacionales para combatir la impunidad. Es importante señalar que los representantes de los Estados sostuvieron diálogos en los meses anteriores con el #ColectivoEPUmx, un ejercicio de articulación histórico desarrollado por más de 245 organizaciones de la sociedad civil, quienes el 29 de marzo presentamos un informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos como insumo para este proceso. La delegación del Estado mexicano reconoció que nuestro país enfrenta retos considerables y que las violaciones a derechos humanos les sobrepasan. Las organizaciones que conformamos el #ColectivoEPUmx consideramos que, durante la administración de Enrique Peña Nieto, se ha constatado la utilidad de este examen para aportar datos objetivos sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en México. Desde nuestros diferentes campos de expertise hemos aportado nuestra documentación no sólo al informe (disponible en http://bit.ly/2DqgxcG), sino en un conjunto de fichas temáticas (disponibles en http://bit.ly/2Dr0wTJ) que fueron herramientas para este proceso. A partir del llamado que realizamos al nuevo gobierno durante el lanzamiento de nuestro informe el 29 de septiembre de 2018, sostuvimos contactos con la futura Cancillería, quien aceptó nuestra sugerencia de observar dicho proceso. De manera respetuosa les convocamos a sostener un encuentro público cuando ya sean gobierno y las recomendaciones hayan sido emitidas. De la misma manera, reiteramos nuestra solicitud para que en el marco de la asistencia técnica en materia de derechos humanos, se fortalezca la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones. Hemos documentado que desde el final del segundo ciclo del EPU México se han incrementado las vulnerabilidades estructurales en materia de derechos humanos. Ello se ha expresado en un marco jurídico que favorece la impunidad debido a la aprobación de diversas leyes que legalizan la violación de derechos humanos. Reiteramos nuestro llamado al Consejo de Derechos Humanos para que colabore con el Estado mexicano para generar mecanismos que permitan implementar los resultados del presente ejercicio del EPU y mecanismos tendientes a erradicar la impunidad. Más info: Quetzalcoatl g. Fontanot | 5517966731
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
245 organizaciones llaman a la nueva cancillería mexicana a establecer diálogo público en torno a recomendaciones EPU
Informe presentado muestra el incumplimiento del Estado mexicano de las recomendaciones hechas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009 y 2013. Solicitan al Consejo considerar las exigencias del Colectivo y dar seguimiento al cumplimiento de las nuevas recomendaciones del próximo EPU. Cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisa la situación de derechos humanos de los países de manera igualitaria a través del Examen Periódico Universal (EPU). Resulta muy relevante para la comunidad de derechos humanos de nuestro país que esta edición del EPU coincida con una transición histórica. Tenemos la certeza de que la orientación que este proceso aporte a la sociedad mexicana puede ser muy importante. Por ello 245 organizaciones de la sociedad civil mexicanas que conformamos el #ColectivoEPUmx realizamos un respetuoso llamado a la cancillería del nuevo gobierno electo a informar sobre la manera en que procesarán este mecanismo internacional. En el contexto de reflexión nacional esta inédita articulación civil presentó este informe conjunto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Destacamos algunos elementos que nos permiten afirmar que el resultado de este proceso tendrá un impacto fundamental en la agenda de DH del nuevo sexenio. México ha incumplido con las recomendaciones emitidas en los anteriores exámenes de 2009 y 2013 en las administraciones de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Si bien corresponderá a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, expresar su aceptación o rechazo a las recomendaciones, estas se refieren a responsabilidades del Estado mexicano en su conjunto. Las organizaciones tenemos diversas reivindicaciones y protestas: un sistema integral de seguridad ciudadana, un adecuado modelo de atención a víctimas, una Fiscalía autónoma, atención efectiva a las víctimas, la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y un mecanismo de seguimiento a recomendaciones internacionales, como mínimos para demostrar un compromiso real para resolver las graves violaciones estructurales de derechos humanos. El informe busca visibilizar la situación actual de los derechos humanos en México y resaltar las deficiencias del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. Es importante resaltar que las recomendaciones serán emitidas en los primeros días de diciembre, ya con el nuevo gobierno en funciones. En este sentido las organizaciones consideramos pertinente tener un espacio de diálogo en torno al tema en el contexto del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre el derecho a defender derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los días 9 y 10 de diciembre de este año. El informe puede ser consultado en el sitio web http://colectivoepu.mx. Estarán disponibles las ediciones del informe para descargar en español e inglés. A través de la web también se podrán consultar las 15 fichas temáticas que sustentan las afirmaciones y exigencias expresadas en el informe hecho público hoy. De la misma forma se pueden encontrar postales y videos explicativos. Más información Quetzalcoatl g. Fontanot Comunicación Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx cel: 5517966731 Oficina 55239992
Declaración por la paz, la democracia y la justicia en Nicaragua
Desde el pasado mes de abril, Nicaragua vive una situación de confrontación política y social que llega a tal grado de violencia y represión, ya insostenible, que hasta la segunda semana de julio ha cobrado la vida de casi 400 personas en todo el país. Reconocemos que el conflicto tiene sus origenes en la represión desencadenada contra la amplia pluralidad ciudadana movilizada para la defensa popular de los recursos naturales y la reforma a la seguridad social y su posterior exigencia de ampliar los márgenes democráticos, cese de la violencia y la justicia social en Nicaragua. Quienes a partir de nuestra preocupación por el aumento de la represión, las violaciones a los derechos humanos y las pérdidas humanas, suscribimos este comunicado, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense a frenar todo tipo de acción violenta contra las manifestaciones populares, así como a actuar para la desmovilización y desarme de los grupos paramilitares. Expresamos nuestra especial preocupación por la recurrente estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los y las estudiantes, de los comunicadores y comunicadoras, y de todos aquellos y aquellas que participan en el diálogo nacional. Así como por la reciente modificación a la Ley Antiterrorista que no contribuye a la paz ni al cese de la represión, sino por el contrario, puede utilizarse para criminalizar a quienes se organizan y participan en las protestas pacíficas. Pensamos que la continuidad de los esfuerzos de diálogo ya iniciados, es de suma importancia para encontrar una salida política y pacífica a este conflicto. Nos mantendremos atentos a la situación de Nicaragua. Manifestamos nuestra disposición para hacer lo que esté de nuestra parte, en vistas a coadyuvar a la resolución de este conflicto. Animamos a la comunidad internacional a trabajar de manera unida, sin intervencionismos y con el pleno respeto a la soberanía de Nicaragua, para encontrar las mejores vías de solución acordes a los ideales e intereses democráticos del pueblo nicaragüense. Cuauhtémoc Cárdenas Clara Jusidman Adolfo Gilly Felix H. Gamundi Orfe Castillo Ximena Antillón Miguel Concha Malo Lydia Alpízar Carlos Ventura Marusia López Víctor García Zapata Fundación para la Democracia. Alternativa y Debate A.C. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada : AP Foto
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
México, a Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales respecto a sus responsabilidades de proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de junio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas Este 2018 el Estado mexicano acude a distintos mecanismo internacionales para ser evaluado por la comunidad internacional en relación con su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a los Derechos Humanos. Una de esas evaluaciones es ante la comunidad conformada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pretendemos, en diferentes entregas a este medio, abordar uno de esos mecanismos: el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado México. En esta primera entrega abordaremos lo que significa el EPU, sus objetivos y alcances. Asimismo, los tiempos del EPU 2018 y el papel de México en dicho mecanismo internacional. El 15 de marzo de 2006 se estableció el Consejo de Derechos Humanos (CDH) como un órgano de la Asamblea General de la ONU con facultades para revisar la protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. Dicho Consejo cuenta con el mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU y, de esa forma, mejorar la situación de derechos humanos en todos los países. Dicho proceso cuenta con tres etapas claves. La primera, relacionada con el examen de la situación de los derechos humanos del Estado examinado. La segunda tiene que ver con la implementación de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y, por último, informar en la próxima revisión de la implementación de las recomendaciones y la situación de los derechos humanos desde la evaluación anterior. Para poder realizar esta evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, la presentada por el Estado revisado en forma de un Informe Nacional, que consiste en un reporte de la condición a nivel nacional de los derechos humanos. Otra fuente es la información de personas expertas independientes en derechos humanos y grupos conocidos como procedimientos especiales, cuyo mandato ante la ONU es brindar informes y asesoría que abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, políticos y sociales. También retoma de manera importante información de otras partes interesadas, en las que se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la “institución nacional de derechos humanos” (INDH), que para México sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La revisión de la información presentada es responsabilidad de una selección de tres Estados miembros del Consejo elegidos al azar, llamada Troika. En la fase de diálogo del examen participan los 47 Estados miembros y pueden asistir otros Estados de la ONU aunque no sean parte del Consejo de Derechos Humanos, así como otros actores interesados como las ONG y la INDH. La sesión tiene una duración de 3 a 5 horas y se realiza en el Palais des Nations, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo del ejercicio es que el Estado examinado corrija las deficiencias en la vigencia y cumplimiento de todos los derechos humanos. Durante la sesión debe informar sobre la implementación de recomendaciones anteriores y la situación nacional de los derechos humanos a partir de la última evaluación, además de responder a las preguntas anticipadas presentadas por otros Estados miembros. Posteriormente, a partir de un diálogo interactivo, el Estado examinado debe responder a los cuestionamientos de los que sea objeto. La Troika emite y presenta un informe que resume lo discutido en el Examen. Durante las primeras 2 semanas, el Estado puede realizar modificaciones editoriales y también aclarar cualquier punto expuesto por alguno de los actores en el proceso. El Estado mexicano ha sido revisado por el mecanismo de evaluación dos veces. La primera en 2009, de la cual recibió 91 recomendaciones principalmente en materia de justicia, seguridad, derechos de las mujeres, periodistas, niñez y pueblos indígenas. Mientras que la segunda evaluación se llevó acabo en 2013, y en ésta recibió 173 recomendaciones, enfatizando nuevamente en ciertas temáticas y agregando temas como derechos de las personas refugiadas, población lésbico gay bisexual transexual e intersexual (LGBTI), y personas con discapacidades. Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales y que ha avanzado poco respecto a los señalamientos de exámenes anteriores. La próxima revisión del Estado México está programada para el 7 noviembre de este año. Este ciclo pretende evaluar el periodo de 2013-2018, lo que resultaría de facto en una evaluación a la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es el encargado de sintetizar los insumos presentados tanto por la CNDH, como por otras organizaciones o colectivos que hayan realizado algún informe. Se espera que para agosto se presente el informe nacional, con lo cual el mecanismo contaría con todos los insumos necesarios para realizar la evaluación. En nuestra próxima entrega abordaremos asuntos relacionados con el contexto y situación de derechos humanos con el que llega el Estado mexicano a la cita del EPU, desde su última versión hace 5 años. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Miembros de la academia y líderes civiles de los Estados Unidos hacen un llamado al Congreso para asegurar neutralidad y respeto por las normas democráticas en las elecciones mexicanas | Carta
Estimados miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, El 1ro de julio en México tendrán lugar las elecciones para presidencia, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como miles de funcionarias y funcionarios locales. Como miembros de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en México, nos preocupan los fuertes desafíos que se presentan en estas elecciones. Asimismo, en vista de las recientes declaraciones de la actual administración y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno estadounidense en lo que respecta a apoyar la democracia en México y otros países de este hemisferio nos preocupa que el papel de éste resulte contraproducente. Es importante que México, uno de los aliados y socio comerciales más cercanos de Estados Unidos, sostenga una democracia real, en la que la ciudadanía pueda hacer libre ejercicio de su derecho al voto, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras. Es por esto que, de la manera más respetuosa lo instamos a usted y a sus colegas del congreso a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y con fundamento en las normas básicas de democracia. En México se han documentado fuertes irregularidades electorales, tales como compra del voto y manipulación de los resultados. Las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 fueron denunciadas como fraudulentas tanto por el partido político de oposición como por grupos independientes de la sociedad civil. La legitimidad de las elecciones presidenciales más recientes, las de 2012, también ha sido puesta en tela de juicio debido al uso de financiamiento ilegal, una vasta estrategia de compra de votos y la falta de autonomía de las instituciones electorales así como de la mayor parte de las cadenas televisivas. De igual manera, las recientes elecciones locales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos de que las prácticas fraudulentas representan aún un grave problema. En ambos procesos electorales, se han hecho denuncias fiables con respecto del uso ilegal de fondos públicos y privados en las campañas de los candidatos electos –ambos de los cuales pertenecen al partido actualmente en el ejecutivo federal–, hay también muchos reportes de compra del voto, de actos de intimidación en contra de las campañas de oposición, y dudas generalizadas en relación con la legitimidad del conteo de votos. Aunado a lo anterior, nos preocupan ciertos acontecimientos recientes que resultan en el menoscabo de libertades fundamentales, como los derechos de libre asociación, de libertad de expresión y de manifestación pública; los cuales son necesarios sin excepción para garantizar un proceso electoral legítimo. Entre otras cosas, se ha reportado que el gobierno mexicano participó en operaciones de espionaje a activistas de la oposición a través del software Pegasus, y encubrió la participación de agentes de seguridad pública en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Recientemente el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual da a las fuerzas armadas mayor capacidad de vigilancia, lo cual provoca miedo en la población ante la posibilidad del uso de estas fuerzas para reprimir protestas políticas y sociales legítimas. Al mismo tiempo, hay una creciente sensación de descontento en México por los elevados niveles de corrupción y violencia. El año pasado, cuatro ex-gobernadores fueron arrestados con cargos de corrupción. México está entre los países con más bajos resultados en el Índice de Transparencia Internacional, en donde el 61% de los votos afirman que la corrupción ha incrementado. También se reportan más crímenes violentos, siendo que el 2017 es el año con mayor número de homicidios. Y, como en el caso de los 43 desaparecidas de Ayotzinapa, las denuncias respecto del involucramiento de agentes de seguridad pública en desapariciones y homicidios rara vez son investigadas. Tanto los conflictos antes mencionados como otros tanto que actualmente asolan México únicamente pueden ser resueltos por el pueblo mexicano. Sin embargo, para que puedan solucionarlos colectivamente y de manera efectiva necesitan establecer instituciones así como funcionarias y funcionarios confiables. Para lo cual es indispensables que las elecciones sean legítimas. Bajo este contexto, es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos apoye a que éste sea un proceso electoral democrático y justo, evitando declaraciones prematuras o acciones que pudieran legitimar resultados electorales en disputa por acciones fraudulentas. Desafortunadamente, en múltiples ocasiones las administraciones estadounidenses han adoptado posturas de escasa utilidad en relación con los procesos electorales en México y en otros países de la región. En las elecciones de Honduras del año pasado, el gobierno estadounidense no tardó en reconocer y apoyar resultados electorales que levantaban serias sospechas, tanto en Honduras como a nivel internacional. Los mismo ocurrió en México después de las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Dichas posturas incentivan a ciertos actores políticos a continuar con acciones fraudulentas y a sostener prácticas electorales ilegítimas. Este escenario no debería repetirse en el próximo proceso electoral en México. Con base en todo lo anterior, les instamos a usted y a sus colegas a hacer todo lo posible para garantizar que los Estados Unidos respalde la democracia mexicana apoyando una transición de poder pacífica y condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violaciones de derechos humanos promoviendo así que se lleven a cabo prácticas electorales justas y legales. El gobierno de los Estados Unidos debe sostener el máximo respeto por la soberanía nacional mexicana y el voto popular, además de expresar su compromiso por establecer una relación sólida con cualquier nueva administración mexicana. También le alentamos a seguir de cerca la selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México, después de que la actual embajadora Roberta Jacobson salga del puesto el 1ro de mayo, a fin de garantizar que quien ocupe el puesto tenga la experiencia necesaria y las habilidades diplomáticas para equilibrar la compleja y crítica relación bilateral entre ambos países. En las próximas elecciones habrán muchos observadores y observadoras electorales mexicanas e
