Resistencia del pueblo chontal
Sábado 07 de diciembre de 2019 Miguel Concha Las diversas luchas contra el extractivismo en México se han convertido en una constante en todas sus formas, con presencia en buena parte del territorio nacional. En su mayoría, son comunidades y pueblos indígenas y campesinos los que directamente enfrentan despojos de sus territorios y bienes comunes. Para los tiempos que corren, no ha dejado de ser un tema recurrente, incluso se perfila como un modelo económico hasta cierto punto de continuidad, basado de manera importante en la extracción de recursos naturales. Habrá que recordar y reafirmar primero que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, emanada de la norma internacional de los derechos humanos, de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que uno de los instrumentos internacionales más referido en este asunto es la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos documentos, debidamente interpretados, posibilitan también una seria tarea para el gobierno actual: revertir o dejar de hacer todo aquello que impida la realización de los derechos de estos pueblos Por desgracia, hasta ahora son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada Zapotitlán 1, según la Secretaría de Economía, pertenece a la empresa minera Zalamera SA de CV. Cuando un proyecto a gran escala llega como amenaza a alguna comunidad indígena, como ahora lo vemos, la pone en riesgo, pues la explotación de recursos en su territorio puede generar el desplazamiento forzado de su población, como ya lo hemos visto en casos similares. Se podría dar el abandono de sus tierras, ríos, bosques y de sus hogares y escuelas; dejando además de lado sus templos y lugares ceremoniales, de convivencia y realización de su vida comunitaria. Hemos constatado que de proceder estos megaproyectos, se podría romper el tejido vital de las comunidades. En el caso que ahora reportamos, esta inversión de la minera pone directamente en riesgo las tierras comunales de al menos cinco comunidades vecinas, entre las que se cuentan San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Macaltepec y San Matías Petalcaltepec, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec, todas de Oaxaca. Urge que las autoridades atiendan y dimensionen la afectación enorme que traería a toda esa región. Además, se ha comprobado que, por los desechos que se generarían, existen riesgos indirectos ambientales y de salud para las comunidades. En este caso las que se ubican en la zona chontal baja. Hasta la fecha las comunidades, en búsqueda de la protección a sus derechos, han recurrido al Poder Judicial. Y, dado el riesgo que corren, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su solidaridad y mostrado su preocupa-ción ante los impartidores de justicia. Hacemos votos para que toda sentencia que se emita del caso sea hecha con el ánimo de hacer prevalecer los derechos de esta comunidad chontal, los cuales incluyen su derecho a la libre determinación, su autonomía y el respeto irrestricto de su derecho al territorio. Esto frente al interés particular de la empresa minera y de la propia Secretaría de Economía. Ayudaría mucho que en casos como este las empresas inversoras y las propias instituciones del Estado hicieran un esfuerzo mayor para conocer la forma de vivir de la comunidad y el riesgo que significa la procedencia de la concesión minera para tales territorios y región. No sobra decir que en situaciones como la que narramos debe primar el deber judicial de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad, como una función ineludible del juzgador. Hago un reconocimiento a la organización defensora Tequio Jurídico AC, que ha acompañando a la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio por varios años. En particular acompaña la estrategia jurídica y de defensa del territorio que la comunidad de Santa María Zapoti-tlán lleva a cabo. Sin duda y frente a la crisis de civilización, en la que incluyo la crisis de derechos humanos, ambiental y climática, la experiencia de resistencia de esta comunidad es esperanzadora, pues centra su interés en la vida misma. Es decir, en toda forma de vida que habita en sus territorios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Pacto por la Casa Común
Sábado 02 de noviembre de 2019 Miguel Concha Evocando el llamado Pacto de las Catacumbas, por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común. Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir: 1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie. 2. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2). 3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado. 4. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística. 6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida. 7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente. 8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común. 9. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades. 10. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos. 11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real. 12. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad. 13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación. 14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público. 15. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
El Sínodo de la Amazonia
Sábado 19 de octubre de 2019 Miguel Concha Del 6 al 27 de octubre, el papa Francisco convocó en Roma al Sínodo de obispos para la región panamazónica. El anuncio se dio desde el 15 de octubre de 2017, y por medio de 65 mil consultas y 2 mil 200 reuniones, en su preparación participaron 87 mil 200 personas. En estos días se reúnen en aquella ciudad 180 obispos, arzobispos y cardenales con otros tantos especialistas, teólogos, laicos y agencias católicas de desarrollo. En la Iglesia católica un sínodo es un grupo de obispos, escogidos de varias regiones de la Tierra, que en determinadas épocas se reúnen para fomentar la unión estrecha entre ellos y el Papa, en orden a robustecer la integridad e incremento de la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, prestarle ayuda con sus consejos, y para tratar los temas relativos a la acción de la Iglesia en el mundo. El documento preparatorio, que suele elaborarse a partir de las opiniones de las conferencias nacionales de obispos de la región, sirve para orientar los temas a debatir durante los sínodos, pide en lenguaje teológico para este Sínodo señalar nuevos caminos. Es decir, pasar de una pastoral y ministerios de visita esporádica, dado lo alejado de las comunidades, sobre todo indígenas, y la insuficiencia de los sacerdotes célibes para atenderlas, así como la ausencia de la mujer de las instancias de decisión de la Iglesia, a una pastoral y ministerios de presencia. Lo que implica abrirse de nuevo en la Iglesia al espinoso debate de la posibilidad de la ordenación sacerdotal, ahora para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por sus comunidades, aunque ya tengan una familia constituida y estable, y al acceso de la mujer al ministerio ordenado diaconal. Pide también que los pueblos originarios se adueñen de la Iglesia, y que en un proceso deinculturación de la fe sean sujetos activos de la evangelización, y la Iglesia adquiera un rostro amazónico. En contraste, el misionero debe dar el protagonismo a la comunidad local. Todo esto implica cambios estructurales que de algún modo han venido siendo preparados, aunque sea remotamente, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida, Brasil (2007). Pero también el reconocimiento de derechos fundamentales postergados en la Iglesia, como el que tiene toda comunidad cristiana a sus ministerios ordenados y a la misma celebración eucarística, fuente y culmen de la vida cristiana, y que no es tanto una prerrogativa, cuanto más bien un derecho. De acuerdo con la enseñanza de Francisco, en su Encíclica Sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo de 2015, el documento de trabajo pide que la Iglesia supere la ecología verde y asuma junto al pobre, aunque escuchándolos, el cuidado de la casa común (la Tierra), con todas sus implicaciones. Como se sabe, la Panamazonia es una región que comparten nueve países latinoamericanos –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guyana y Guyana Francesa– y está habitada por 34 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos. Muchos de sus desafíos, empero, son compartidos por otras naciones de la región y el mundo, México entre ellas. Como explica en uno de sus últimos textos a este respecto, el teólogo colombiano Edgar Beltrán, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, también buscó la conversión estructural de un ministerio sacerdotal importado a un ministerio sacerdotal autóctono indígena, fruto de sus mismas comunidades. No creía en el diaconado permanente (de varones casados), porque no solucionaba el celebrar la Eucaristía, y en cambio le restaba al laico lo poco que ya había adquirido. No obstante, llegó a ordenar unos 400 diáconos permanentes indígenas. Pero intuyó siempre ese ministerio como una etapa necesaria a escala antropológica, histórica y sacramental, hacia un sacerdocio autóctono en sus mismas comunidades indígenas. Para allá iba en su proceso pastoral. Con un grupo de obispos, a escala colegial, quiso llegar a la ordenación sacerdotal de indígenas. Esta acción de potestad colegial la había explicitado el Concilio en el número 4 del decreto sobre los obispos, y un buen número de ellos estaba conformando esa potestad colegial para la ordenación sacerdotal de indígenas. Pero el mismo Concilio, a petición de Paulo VI, requería que el Papa aprobara cualquier acción colegial o la aceptara libremente. Y eso no fue posible en este caso. Todos esos diáconos eran realmente viri probati, varones probados. No en el sentido usado vulgarmente de ancianos de sexo cansado. Estaban arraigados en sus comunidades y eran parte permanente de ellas, con una pastoral de permanencia. Las comunidades necesitaban la Eucaristía, los candidatos a celebrarla estaban probadamente listos, y así lo demandaban a su pastor. Pero la autoridad eclesiástica suprema lo impidió. ¿Será posible ahora? Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
Criminalización de los campesinos mexicanos
Sábado 12 de octubre de 2019 Miguel Concha El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) reconoce la importancia de la autosuficiencia alimentaria y la crisis que vive el campo. Establece que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales, y que las políticas oficiales han favorecido la implantación de agroindustrias y megaproyectos (que) han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos. Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural. Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México. El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola. De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras. La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas. A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales. La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Propuesta de presupuesto ignora emergencia climática asignando recursos millonarios a gas y petróleo
Aumenta en 72% presupuesto de Sener, 95.7% de éste va para gas y petróleo. 73% de los recursos para combatir cambio climático se utilizan para transportar gas natural. El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PPEF 2020), recientemente entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, no es congruente con una política enfocada a atender el cambio climático lo que es preocupante ante el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. El análisis de este documento refleja la continuidad y profundización de una política pública que prioriza la explotación de hidrocarburos como fuente de energía y de ingresos públicos, que en 2020 recibe 11.21% del presupuesto total del sector público presupuestario, con un total de 683.6 mil millones de pesos (mmmp). En línea con lo ocurrido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 (PEF 2019), se siguen aumentando recursos para la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos de gas y petróleo, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo crudo, que pretenden que pase de 1,697 miles de barriles diarios en 2019 a 1,951 mbd en 2020. Así, de aprobarse el PPEF 2020 la Secretaría de Energía (SENER) recibiría un aumento real de 72% de su presupuesto con respecto al presupuesto de 2019, con un total de 48.5 mmmp, de los cuales 95.7% va dirigido a temas de petróleo y gas natural. La prioridad de dicha Secretaría parecería no ser de “energía”, sino únicamente de hidrocarburos. En particular, 46.3 mmmp se dirigirán a inversión en Pemex y, de estos, 41.3 mmmp a la nueva refinería de Dos Bocas. En esta línea, es importante recordar que en 2019 ya se había aumentado el presupuesto de la Sener en 961.3% en términos reales respecto a 2018, al pasar de 2.5 mmmp a 27.2 mmmdp, de los cuales 25 mmmp fueron para inversión en Pemex. Para 2020, a esta empresa productiva del Estado se le está asignando un presupuesto de 290.7 mmmp para Programas y Proyectos de Inversión, una cantidad millonaria que irá directamente a inversiones sucias en combustibles fósiles, causantes de la crisis climática en la que nos encontramos actualmente y ante la cual es urgente actuar. Entre los proyectos financiados destaca la asignación de 10.8 mmmp para explotar gas y petróleo mediante fracking, lo que aumentaría 58.4% en términos reales los recursos ya asignados para este fin en el presupuesto de 2019. Este hecho es alarmante, dado que el uso de esta técnica tiene un impacto aún mayor sobre el calentamiento global y supone la profundización de un modelo fósil que debemos abandonar en el corto plazo para evitar un calentamiento catastrófico de la temperatura del planeta. Además, esto es una contradicción con los anuncios realizados por el Presidente, quien ha señalado en diversas ocasiones desde el mismo día de su investidura que el fracking no se realizará en México. Si bien entendemos la intención del presente Gobierno de fortalecer la rectoría del Estado de la política energética, nos resulta sumamente alarmante que esto se haga fortaleciendo a Pemex y la explotación de gas y petróleo, política completamente insostenible ante la crisis climática actual. Es importante destacar que a diferencia del PEF 2019 en el que se asignaron 23.9 mmmp al Anexo Transversal para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en 2020 se establece una contribución de 55.6 mmmp. Sin embargo, a pesar del incremento, 40.29 mmmp, es decir el 73% de los recursos de todo el anexo se destinan solamente al transporte de gas natural a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Resulta indignante que el fomento a los hidrocarburos permee aún en el presupuesto destinado a mitigar y adaptar el país a la crisis climática actual. Es un error delicado destinar recursos que podrían ser utilizados para reducir la vulnerabilidad del país y para atender la crisis climática a una actividad que más bien la agrava. El gas natural es un combustible fósil, compuesto principalmente de metano que es un gas poderoso de efecto invernadero, que no puede ser visto como un combustible puente, la urgencia y la evidencia científica nos insta a dejar de utilizarlo en el corto plazo. Por ello, desde las organizaciones firmantes consideramos que el gobierno en turno tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar acciones radicales y ambiciosas que permitan dirigir al país hacia una verdadera transición con un modelo genuinamente sostenible. Uno que le garantice a las presentes y futuras generaciones el derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de vivir una vida digna. Esto, entre otras cosas, implica el comenzar a reducir la extracción de hidrocarburos y evitar la construcción de más infraestructura que nos condiciona a seguir explotando y consumiendo este tipo de combustibles. En este sentido, hacemos un llamado a nuestras y nuestros representantes para que hagan un cambio de dirección y a que impulsen desde el sector público la transición energética justa hacia un modelo renovable y descentralizado. Imagen destacada: WildEarth Guardians
Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos. De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años. Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos, es simplemente inaceptable. “Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100 compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las emisiones globales”. Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios a combustibles fósiles. Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los compromisos al 2050. Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas contaminantes. Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan: 1. Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de la temperatura en 1.5°C; 2. Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global; 3. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). 4. Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta. 5. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia, pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas. Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes, niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo. Imagen destacada: Donovan Ortega
Causas de la desigualdad y la pobreza
Sábado 17 de agosto de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo en la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a 2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones. Además, la población que carece de suficientes ingresos para su alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que explican esta realidad son diversas. Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos posibles. Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual. Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la experiencia nos lo ha probado. Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e indebidamente los precios de los productos, originando con ello de manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía. Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación, tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la vivienda. Considero indispensable que el salario mínimo se duplique gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al populismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales
Carta Pública a AMLO y autoridades ambientales En estos días nos hemos enterado de un nuevo desastre ambiental ocasionado por Grupo México, el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, Patrimonio de la Humanidad y cuna de la vaquita marina. Esta tragedia se suma a decenas de otras, en México y en otras latitudes, que por más de 20 años han sido responsabilidad directa de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país. (Continúa)
El T-MEC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
