Parlamento Abierto TMEC
La participación social es necesaria para contrarrestar el interés empresarial que compromete el ejercicio de los Derechos Humanos. Las discusiones en torno a la ratificación del TMEC, deben considerar la participación ciudadana para el fortalecimiento de nuestra democracia. 17 de junio de 2019 Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores: Por la trascendencia de la situación actual en materia de derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, de la soberanía y de la democratización para nuestro país, y con la finalidad de que se respeten nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes, con sumo respeto, para solicitarles de la manera más atenta que, en las deliberaciones sobre el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), tengan a bien realizarlas a través del procedimiento de Parlamento Abierto, para así facilitar un ejercicio de transparencia y participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema, así como de los grupos más directamente implicados. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e igualmente en el artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Con la plena confianza de que habremos sido debidamente atendidas y atendidos en esta solicitud, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Asociación de Consumidores Orgánicos ACO Asociación de Figuras Económicas Rurales y Agroindustriales los Picachos de Michoacán. Organización Campesina Nacional. AFERAMICH Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC JDLD Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCYP Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS Consejo de la Mujer de Mexico, CMM Frente Auténtico del Trabajo (FAT) Greenpeace Mexico, A.C. Grupo de Estudios Ambientales GEA A.C. Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ Movimiento Campesino, Indigena, Afroamericano “Plan de Ayala Siglo XXI” Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, PROGEDER R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales Seminario Sindical, Sociedad y Ecología / RMALC Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM Unidad de La Fuerza Indígena y Campesina, UFIC Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA / EL BARZON Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ Union Campesina Democratica (UCD) Agrónomos Democráticos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
Justicia mancillada
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, que ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de mayo de 2019 Miguel Concha Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital. La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta. Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas. Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político. Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46 años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras. Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados. Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades. Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal. Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : María Meléndrez | La Jornada [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Iniciativas legales ciudadanas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La participación social debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se logre construir en común acciones concretas y soluciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 11 de mayo de 2019 Miguel Concha La participación social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis años. Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas. El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la agenda legislativa. En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras, marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas. Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una limitante al derecho a la protesta social, pues permite la criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de privatización de derechos. Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano, partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las actividades que realizan las personas y para transitar de su consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica. La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras articulaciones para impulsar una Ley de Aguas. Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo. La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los principales objetivos de la legislación popular es regresar a la sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía y suficiencia alimentaria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los gobiernos neoliberales apostaron por importar alimentos en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. ¿Cómo empezar a revertir esta situación? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de abril de 2019 Miguel Concha El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) es la institución pública más importante de México. Desde hace 75 años, desde que las instituciones antecesoras iniciaron actividades en 1943, desarrolla investigación agrícola, pecuaria y forestal. A partir de 1985 se transformó en el Inifap. Las innovaciones tecnológicas y las variedades mejoradas sustentaron el Milagro del Campo Mexicano, reconocido en el mundo por el crecimiento económico, que en el campo fue de 1945 a 1970 de 7 por ciento, el doble de lo que crecía el país. El milagro se sustentó en la investigación de más de mil 400 variedades mejoradas de los cultivos de importancia para México: más de 300 variedades de maíz; más de 160 de frijol; 250 de trigo; 60 de arroz; 50 de papa; 30 de cebada y 45 de soya, y en la estructura de producción, abandonada después por el neoliberalismo. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. Con la intención equivocada de traer tecnología de otros países, en 2003 Vicente Fox pretendió cerrar el Inifap. Al no lograrlo, decidieron extinguirlo, cancelando plazas y limitando su presupuesto y apoyo a la investigación –pretendiendo con ello que desapareciera por inanición–, a la vez que otorgaron los apoyos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), cuya misión y objetivos no corresponden con los del Inifap y suplantan las responsabilidades de las instituciones nacionales. Para formalizar, en acuerdo con Sagarpa y Cimmyt, la autorización de Masagro (Programa de Modernización de la Agricultura Tradicional), colocaron desde la Sagarpa, ahora Sader, a un nuevo director general, y, para dirigir la investigación y transferencia de tecnología, al doctor Salvador Fernández Rivera como director de Investigación y Vinculación, y pusieron al servicio de este programa otros recursos federales y estatales (fundaciones, extensionistas). Cometiendo además dumping contra investigadores nacionales, entregaron la responsabilidad de incrementar semillas. En el Inifap se mantuvo por 10 años al director general y a su director de Investigación y Vinculación, quienes fraguaron la colusión con Sagarpa, Cimmyt y Masagro. Este último programa ofreció en 10 años el incremento de la producción de maíz y trigo en varios millones de toneladas, así como la sustitución de 1.5 a 3.0 millones de hectáreas de criollos por híbridos. Después de ocho años de operación, Masagro no ha cumplido sus compromisos, como lo confirman artículos científicos y otros documentos de investigadores como el doctor Antonio Turrent Fernández. El 16 de julio de 2018 Enrique Peña Nieto designó como director general en el Inifap al doctor Fernando de la Torre Sánchez, y por parte de Sader está a cargo de la relación con el Inifap el doctor Salvador Fernández Rivera. Sin embargo, su actuación durante siete años en el propio instituto no permite una adecuada interlocución con el Sindicato de Investigadores Independientes del propio Inifap. El movimiento de huelga del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), que agrupa a 75 por ciento del total de investigadores del Inifap, iniciado el 20 de marzo, demanda solución y firma del contrato colectivo de trabajo (CCT), cuyos puntos principales privilegian la investigación urgente para México. Los investigadores agrupados en el Siiinifap no piden un incremento en el presupuesto fiscal del Inifap, ni el aumento de salarios u otro beneficio personal. Solicitan que del recurso con el que ya cuenta el Inifap se asignen 100 millones de pesos para 302 proyectos en 77 campos experimentales a escala nacional, pues hasta ahora el recurso se ha otorgado en forma discrecional y sesgada. Piden también que se respete la integración de comisiones mixtas de planeación, evaluación de resultados y seguimiento de proyectos. Ambos puntos, que fueron firmados en el CCT de 2017, atienden a las prioridades del país y apoyan la agenda del gobierno hacia la suficiencia y soberanía alimentaria de México. La solución evitaría que se pierdan este año las investigaciones en el ciclo de cultivos básicos y oleaginosos. Para que la Cuarta Transformación llegue al Inifap, es urgente para el bien de México la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La próxima ratificación del Tmec: debate y futuro para México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de febrero de 2019 Por: Balbina Pérez y Layla Vázquez En los últimos años, en las ciudades se ha visto un creciente interés por las problemáticas vinculadas con la salud alimentaria y el medio ambiente. No obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos consideraciones importantes para generar impactos significativos y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas alternativas al neoliberalismo. Si bien es esperanzadora la proliferación en ciudades de esfuerzos tales como los huertos urbanos, la venta y producción de alimentos cultivados sin agrotóxicos, la promoción de dietas ancestrales y el comercio justo, entre muchos otros ejemplos, resulta fundamental no perder de vista la continuidad histórica entre estos movimientos campesinos y los ecológicos. Tomando una postura crítica que busca transformar la realidad en los niveles estructural y local, compartimos la preocupación de que la mayor parte de estas iniciativas ambientalistas y saludables tienden a estar construidas de tal manera que sólo son accesibles para sectores privilegiados de la población urbana, e incluso se han convertido en mecanismos de gentrificación de las zonas populares, como en el caso de la Ciudad de México. La experiencia del auge de la comida orgánica es particularmente interesante: anuncia como una innovación, cada vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica durante milenios en la producción indígena y campesina. Hacernos esta crítica es necesario, ya que la alimentación saludable está en riesgo de ser cooptada por los intereses privados, en lugar de favorecer a los pueblos que han sido despojados de su modo de vida, enraizado en la tierra y sus territorios. En espacios como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, se ha levantado la consigna “alimentos campesinos para todas y todos”. Hoy es fundamental retomar dichas exigencias como un paradigma para evitar que los proyectos de agricultura campesina y/o ecológica, así como los alimentos de calidad, se transformen en privilegios exclusivos de las clases medias altas o en una fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto en el campo como en las ciudades, deben configurarse en apuestas colectivas del cuidado de la naturaleza, así como para garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada de todas las personas. En este mismo sentido, es crucial reconocer el camino ya recorrido por las generaciones anteriores y aprender de ellas. El planteamiento del diálogo intergeneracional, a diferencia del relevo generacional, no busca que las personas jóvenes sustituyan a las mayores, sino una colaboración e intercambio de saberes entre jóvenes, personas adultas, adultas mayores y también las infancias. La apuesta por formas de organización y diálogo donde la toma de decisiones no se concentre únicamente en las personas de determinado rango de edad o un género, sino que sean reflejo de una reflexión colectiva; es también una manera de cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de poder que se implantan por inercia dentro de las colectividades; dinámicas que se dan por supuestas debido a una cultura adultocéntrica. Una expresión común de ésta es que, dentro de estructuras organizativas, el rol de las juventudes suele acotarse al aprovechamiento de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capacidad creativa”. El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías. La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto político actual. En los últimos años, durante las discusiones alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes las dificultades y la falta de información de las generaciones más jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las implicaciones de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas que, haciéndose cargo de su realidad, ya reflexionaron y se siguen organizando y actuando por la construcción de alternativas al neoliberalismo. Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza con los movimientos campesinos en México nos lleva a comprender que el campo es nuestra primera línea de defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que tuvo como resultado enormes flujos migratorios a las ciudades, así como la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas económicas que afectaron la producción campesina y proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población. Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas a favor de la soberanía alimentaria y
Recuperar el territorio y la vida
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de diciembre de 2018 Miguel Concha stá a la puerta un cambio de gobierno. Uno de los principales retos consiste en el cuidado y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de nuestros bienes comunes. El gobierno que hoy asume funciones debiera tomar en consideración la experiencia acumulada de los pueblos para detener los procesos de despojo, los cuales, dentro de su vida colectiva, tienen presente el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida. Con el sexenio que termina descubrimos dos cosas en el proceso de defensa y cuidado de los bienes comunes. Primero, que las resistencias, desde los territorios, son fundamentales para entender los conflictos socioambientales y experimentar al mismo tiempo alternativas. Y enseguida el descubrimiento de los saberes profundos que los pueblos indígenas y campesinos poseen para configurar acciones concretas y hacer así frente a la crisis multidimensional que enfrentamos. Es decir, la crisis civilizatoria que encaramos. Existen también diversos esfuerzos ciudadanos, acompañados de propuestas venidas desde las comunidades y pueblos que dan cuenta del panorama de despojo. Tal es el caso de Por México Hoy, un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadana para imaginar, proponer y construir una nación de todas y todos. En dicho espacio participamos también diversos movimientos y colectivos en defensa de la tierra y el territorio y de él surgió un documento valioso que contiene información fundamental para entender y atender las centenas de conflictos territoriales con los que ahora contamos por toda la República. El documento Recuperar el territorio y la vida es en efecto una herramienta de análisis y propuestas, pues en él se condensan las experiencias de lucha de comunidades y pueblos que han enfrentado el sistema neoliberal imperante en México. Es importante señalar que éste surge de diversos recorridos que Por México Hoy, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha realizado por el país, proponiendo la discusión sobre un nuevo proyecto de nación que pueda plasmarse en una nueva constitución. Estos recorridos, encuentros y conversatorios abarcaron de febrero de 2016 a inicios de 2018 a más de 27 entidades. Fue en ellos constatable el despojo territorial y de bienes comunes naturales que sin el debido cuidado hacen imposible hacer valer la independencia y la soberanía del país. Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista, buscando y haciendo reales propuestas que estén basadas en el aprovechamiento y conservación, no en la explotación, para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. El documento parte de las resistencias. Para ellas todo nuestro reconocimiento y deseo de articulación de una visión integral y de largo plazo, con la finalidad de plantear un proceso de debate amplio, que oriente las definiciones sobre este tema con el gobierno que recién inicia. Como bien explica Carlos Lavore, coordinador del texto, la importancia de reconocer los esfuerzos y trabajos de resistencia en México nos hacen también pensar en un mosaico de propuestas que se extiende por todo el territorio nacional, confrontando el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático de despojo y criminalización. Urge cambiar de rumbo, pues como bien se dice, hoy la humanidad consume una vez y media más de lo que el planeta puede dar. Sólo 23 por ciento de su superficie no ha sido intervenida por mano humana, mientras hace un siglo era 85 por ciento. Los recursos energéticos se están agotando; de cada siete barriles de petróleo consumidos se descubre uno y de él depende 95 por ciento del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050. Y valga decir que esa crisis y dinámicas de despojo van siempre acompañadas de violencia, corrupción e impunidad. Qué hay detrás del despojo, nos preguntamos durante los encuentros y al momento de sistematizar el documento. Claramente respondimos que a escala global, de la región latinoamericana y de México, existe una hegemonía con alta concentración de poder económico, financiero, político, institucional y mediático. De ahí que insistamos en que no basta con un cambio de gobierno; urge y es necesario un verdadero cambio de régimen, pues de lo contrario la crisis se acrecentará, el despojo se perpetuará y las violaciones a los derechos humanos no cesarán. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que se dé ese cambio de régimen, y de modelo económico y desarrollo. El inicio de un nuevo gobierno para los próximos seis años es una oportunidad. En ello la sociedad civil y el gobierno debemos jugarnos, desde la crítica libre y la propuesta responsable. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHDF [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Mitos y realidades de la migración
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación más de la mitad de las personas encuestadas opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país, apenas 1% habría opinado que «deberíamos cerrar la frontera» y uno de cada diez que habría que deportarles a su país de origen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de noviembre de 2018 Miguel Concha Cumpliendo con su atribución de colaborar en la educación de la población contra la discriminación, el Consejo Nacional que previene su realización publicó un análisis sobre los mitos o prejuicios que suelen darse en el mundo contra la migración, los cuales más allá de las reales expresiones de sensibilidad, comprensión y solidaridad que han acompañado preponderantemente al éxodo centroamericano en nuestro país, han tenido, sin embargo, diversas manifestaciones en algunos individuos y grupos de México. En primer lugar, el estigma de calificarlos como personas analfabetas, pobres, holgazanas, pandilleras, asesinas, lo peorcito, expresiones clasistas y xenofóbicas que reproducen el odio y la discriminación que en otras latitudes se ejerce contra nuestros propios connacionales. Y ello sin siquiera asumir o percatarse que no representan la opinión de la mayor parte de nuestra población. En efecto, en México, según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación (Enadis) más de la mitad (53 por ciento) opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país y una tercera parte (33 por ciento) piensa que se les debe documentar para que puedan vivir y trabajar aquí. Por lo demás, la opinión de que deberíamos cerrarles la frontera y devolverlos a su país es francamente irrelevante (1 y 12 por ciento, respectivamente). En segundo lugar, su criminalización, culpabilizándolos por ejercer su derecho a existir, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa, y sin tomar en cuenta que estas personas no son sólo víctimas en sus propios países, sino también víctimas potenciales de delincuentes ocasionales, grupos del crimen organizado y autoridades en sus trayectos. Ciertamente, de conformidad con diversos diagnósticos, más de 10 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México es víctima de algún delito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia y mucho menos se persigue legalmente. En tercer lugar, el no considerar y rehuir la responsabilidad jurídica y política que tiene México a brindar, mediante una acogida integradora, atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, así como a colaborar regionalmente en la búsqueda de soluciones para combatir las causas estructurales que propician la migración irregular, el desplazamiento forzado y el tráfico de migrantes. El ayudar a estas personas y no a las nuestras nos perjudica, es otra de las supuestas razones completamente falsas, pues lo que verdaderamente nos ha hecho mucho daño desde hace años es la desigualdad de oportunidades y el déficit en el ejercicio pleno de derechos, con su consiguiente falta de recursos. Pensar lo contrario es simplemente defender los privilegios de algunas minorías, hacer caso omiso de nuestras obligaciones éticas, jurídicas y políticas, no participar en la disminución de las migraciones en Centroamérica, y negarse a aprovechar las aportaciones económicas, sociales y culturales de la región. Es igualmente cuestionable el hecho de argumentar que la migración nos quita empleos, pues en primer lugar ésta es una de sus causas, no la única, además de que la evidencia internacional demuestra que no implica competencia por los puestos de trabajo de la población nativa, ya que se concentra en segmentos laborales muy específicos en la base de la pirámide o en empleos muy especializados. El que la migración se nos presente ahora como masiva, por la búsqueda organizada de seguridad por parte de los migrantes, no significa comparativamente con otros países en el mundo que se trate de una invasión, pues son menos de 10 mil personas, la mayoría de las cuales ni siquiera busca establecerse en México como primera opción. Además, tal cantidad equivale apenas a 0.008 por ciento de nuestra población; es decir, únicamente 1 por ciento de la población mexicana nacida en el extranjero, cuando con cifras de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, y que, de ellas, alrededor de 40 millones son desplazadas internas, en el caso de 25.4 millones se trata de personas refugiadas, y 3.1 millones solicitantes de asilo político. Como contraste con nuestra realidad, Alemania, Irán y Líbano han recibido alrededor de un millón de refugiados cada uno; Pakistán y Uganda cerca de millón y medio cada uno, y Turquía ha acogido a más de 3.5 millones. Finalmente, el pensar que si dejamos que entren éstos, llegarán más, tampoco es razón que valga para negarnos a la migración, pues a decir del Acnur, y en comparación con la población mundial, el número de migrantes internacionales y personas refugiadas y asiladas se ha mantenido relativamente estable desde la década de los años 60 del siglo pasado: alrededor de 3 por ciento. De cualquier manera, la solución no consiste en el cierre de fronteras y el rechazo a este flujo, sino en realizar los cambios que se requieren para evitar su emergencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Éxodo centroamericano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de noviembre de 2018 Miguel Concha Organizaciones de la sociedad civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de personas. El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos, como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes mexicanos en el exterior. Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación, ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias; la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para comenzar su proceso de deportación. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria, trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de mecanismos de detección y atención integral, particularmente para mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud física y sicológica. 2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus familiares. 3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares solicitadas por la CNDH. 4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos el 19 de octubre. 5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y asignación presupuestal. 7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y facilitación de su trabajo de monitoreo. 8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en marcha medidas de control. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Sociedad Civil exigen al gobierno mexicano garantizar, respetar y proteger los derechos de migrantes durante el éxodo
Fundamental el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para reducir el riesgos y abusos en contra de personas migrantes. LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN LIC. MANUEL VELASCO COELLO CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES PRESIDENTE LIC. RENATO SALES HEREDIA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESIDENTE Las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos y atención humanitaria a personas del éxodo centroamericano en el trayecto que emprenden de la CDMX hacia el norte y los grupos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, así como brindar protección y respaldo a todas las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos y paz, así como a organismos internacionales que han desplegado un esfuerzo importante para acompañar a las personas migrantes durante su paso por México. Las personas migrantes han recibido el apoyo humanitario generoso de personas, y de organizaciones internacionales y nacionales, así como el asesoramiento y acompañamiento legal y emocional en los lugares a los que han llegado, sin embargo, por diversas circunstancias son muy pocas las que han acompañado y acompañarán en su transitar por territorio mexicano. Los Organismos Internacionales son vitales para el monitoreo y vigilancia del desarrollo de la Caravana, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para vigilar el respeto y garantía de los derechos de las personas por parte del Estado mexicano. Este acompañamiento humanitario es fundamental para la seguridad de las personas migrantes, que se verán cada vez más amenazadas por grupos del crimen organizado y las malas condiciones atmosféricas a medida que avanzan hacia el norte y del control fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no es suficiente ofrecer apoyos en los lugares en los que permanecen transitoriamente, sus derechos están en riesgo particularmente durante su caminar. Una protección humanitaria robusta, articulada y permanente por y entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, puede reducir significativamente la vulnerabilidad de las y los migrantes, así como servir de testimonio de los atentados que se cometan en su contra. La magnitud de esta movilidad obliga pensar en ella como un sujeto colectivo que tiene el derecho de gozar de protección especial, sobre todo cuando se han identificado a personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTI y personas de la tercera edad, las cuáles requieren y exigen atención prioritaria en los lugares en los que más riesgos y necesidades tienen como son las carreteras por las que transitan. Es preciso que, en esta coyuntura crítica, el Estado mexicano interprete sus mandatos lo más amplio posible, para maximizar la atención humanitaria y la protección de derechos de las personas migrantes, en lugar de convertirlos en obstáculos, para lograr tales fines con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La solidaridad activa de las organizaciones internacionales y nacionales es fundamental para reducir el riesgo de que la caravana migrante sea víctima colectiva de violaciones graves de derechos humanos. A mayor presencia de esas organizaciones y del Estado, menos vulnerables serán los migrantes y más visibles serán los atropellos que se cometan en su contra. Por lo cual es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan. ORGANIZACIONES Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino Aldeas Infantiles SOS México Além das Fronteiras/Brasil Alianza Américas ALIANZA DE EX BRACEROS DEL NORTE Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) Asociación Todo Cambia y como Red Milano senza Frontiere Cafemin Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos AC Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE): Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C. (Matamoros, Tamaulipas); Casa del Migrante Nuestra Sra. de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas); Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Refugiados (Ciudad de México); La Red Jesuita Con Migrantes México; Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada-CAFEMIN (Ciudad de México); Iniciativa KINO (Sonora); Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca); Casa del Migrante Jtatic Samuel (Chiapas); Casa del Migrante El Samaritano (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Seminario Scalabriniano (Ciudad de México); Hermanas de San José de Lyon en Albergue Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Ver; Centro Agustín Prodh (Ciudad de México); Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León); Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León); Hermanas del Servicio Social Movilidad Humana (Michoacán); Comité́ Monseñor Romero-Casa del Migrante-Tochán (Ciudad de México); Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio de México, A.R. (Ciudad de México); Casa Migrante de Saltillo (Coahuila); Pastoral de la Migrantes Diócesis de Tulancingo (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Necesitado-CAMYN (Sonora); Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas); Comedor La Esperanza del Migrante- Las Patronas (Veracruz); SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (Ciudad de México); Comisión de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana-Arquidiócesis de México (Ciudad de México); Casa del Migrante La Santa Cruz (Chiapas). Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Lic. María Mayela Blanco Ramírez; Mtra. Irazú Gómez, Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama, mscs., Estudios Fronterizos de la UACM Sicsal. Colectivo Ustedes Somos Nosotros Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas. Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Comunidad Teológica de México. Comunidades por la Justicia y la Paz Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) Dimensión de Pastoral de Pueblos Originarios y Afro Mexicanos (PPOYAM) Documenta desde abajo Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban AC, Fundación para el Desarrollo del Bajío Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
