Justicia para Tepoztlán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de octubre de 2018 Miguel Concha En 1995 Tepoztlán llamó la atención del mundo por oponerse a la construcción de un club de golf que se anunciaba como el más moderno de América Latina. Este proyecto implicaba cortar árboles, sembrar hectáreas con un solo pasto, aplicar herbicidas, desperdicio, contaminación del agua y la construcción de un fraccionamiento de lujo. A todas luces un grave daño al medio ambiente. Para impedirlo, el pueblo luchó con el apoyo de personas avecindadas, y otras aliadas a escala nacional e internacional. La historia inició desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando para construir el club de golf algunos empresarios se apropiaron ilegalmente de 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán. En ese entonces el pueblo se opuso y lo detuvo con la movilización y una trágica muerte. Sin embargo, 30 años después el proyecto nuevamente revivió. En los años 90 el triunfo costó otra vida y el megadesarrollo se paró. En ese entonces se destituyó también a las autoridades que lo habían autorizado y se nombraron otras en asamblea. Con la fuerza acumulada, en 1999 el pueblo decidió acudir a los tribunales, pues sólo de esa manera se pensaba que no volvería la amenaza a su territorio. Con fundamento en la resolución presidencial, por la que el gobierno le reconoció a Tepoztlán la propiedad de 26 mil hectáreas, se planteó e inició un juicio de restitución en contra de la empresa Pirámide y Convento. El proceso judicial cumple 19 años y ha pasado por diversas instancias. Ha recibido cuatro resoluciones en su favor del Tribunal Unitario Agrario, y siete del Superior Agrario. Con poca fortuna, el pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un proyecto de sentencia que propone amparar a la empresa, el cual sería votado por su segunda sala. La resolución sería contraria a los derechos de la comunidad por varias razones. La primera, porque durante estos 19 años la empresa no ha logrado probar que la superficie en disputa es privada, pues la normatividad señalaba que para que éstas procedieran era necesario cumplir con estos requisitos: 1) La resolución presidencial debió señalar la existencia de propiedades particulares dentro de su perímetro comunal. Esta posibilidad no se abrió en la resolución de Tepoztlán. 2) La solicitud de exclusión debió presentarse dentro de los cinco años posteriores a la titulación de Tepoztlán (1929). Por tanto los interesados tuvieron hasta 1934 para iniciar el procedimiento de exclusión; lo que no sucedió. 3) Los interesados debieron acreditar la posesión cuando menos cinco años antes de la fecha de la solicitud del núcleo agrario (1921); lo que tampoco sucedió. 4) Dentro del supuesto procedimiento de exclusión se debió oír a la comunidad, y ésta debió manifestar su conformidad; lo que nunca tuvo lugar. 5) El procedimiento de exclusión debió culminar con una resolución administrativa del Cuerpo Consultivo Agrario, lo que tampoco sucedió, pues los oficios de exclusión presentados por la empresa fueron firmados por un funcionario menor, sin las atribuciones de ley, y por tanto resultan inválidos. En consecuencia la superficie en disputa es comunal, y por naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, el proyecto de la SCJN en ninguna de sus páginas hace alusión a alguna normatividad de origen nacional o internacional relacionada con pueblos originarios. ¿Dónde queda entonces la obligación de proteger los territorios indígenas establecida en los artículos 1, 2 y 27 constitucionales? ¿Y el parámetro de regularidad constitucional conformado por todos los instrumentos internacionales ratificados por México aplicables a estos pueblos? Ante esta omisión, el proyecto no puede ser aprobado. Se puede entender que el proyecto de sentencia que perfila la SCJN apoya los intereses económicos que están involucrados, como los del ex presidente Luis Echeverría y sus hijos; los de Óscar Fernández Malvido, del grupo Maizoro; los del empresario salinista Luis Slim Sayeg, del Grupo Carso; los de Xóchitl de Garay, Gabriel Haddad y Eduardo Abud, del Grupo ICA; así como los de Rafael Fernández McGregor, del Grupo Ixe; de Carlos González Barquera, de Té Laggs y de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, como lo documentó en 2012 el investigador Luciano Concheiro Bórquez en su libro Zapata cabalga por el Tepozteco. El tema de fondo es si se respeta la decisión de las comunidades de seguir manteniendo sus tierras, protegiendo el ambiente y conservando sus costumbres. En suma, decidir el modelo de vida que quieran seguir, o si se les impondrán ilegalmente proyectos depredadores llamados de muerte. Exigimos que la SCJN resuelva en favor de la comunidad de Tepoztlán y dé por concluido un problema que por tantos años genera tensión social y amenaza con la imposición de un club de golf. Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : EjAtlas [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Una nueva política económica y social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las medidas anunciadas, como son las pensiones para adultos mayores, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de septiembre de 2018 Miguel Concha Después de 40 años deconvivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena. En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales. Las medidas anunciadas por nuestro presidente electo, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social. Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad. Otras acciones prioritarias deberían ser el incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura, que a la vez que crean fuentes de trabajo impulsan la productividad en el país. Lo anterior deberá complementarse con la creación de un clima que facilite la inversión privada, simplificando los trámites, castigando la corrupción, minimizando las decisiones discrecionales de las autoridades y obligando al sistema bancario a una competencia auténtica. Todo ello en un clima de verdadera ética pública, y cortando de tajo la evasión y elusión del pago de impuestos. No es posible en efecto que las autoridades no hayan hecho nada hasta ahora para dejar que el fisco pierda cada año 2 billones de pesos por el uso de facturas apócrifas por parte de empresas bien pertrechadas para cometer estos y otros fraudes bien conocidos ahora. Y tampoco es admisible que en el medio empresarial algunos de sus exponentes hayan venido aprendiendo a vivir con la corrupción, y muchos la consideren casi como una segunda naturaleza que simplemente hay que calcular entre las pérdidas y ganancias, sin necesidad de eliminarla como prioridad. Tampoco es dable que en los años recientes se haya venido minimizando en las empresas la solidaridad con los diferentes grupos que la integran: los empleados y trabajadores, los consumidores, los agentes y los proveedores, otorgándole en cambio una prioridad absoluta a los inversionistas. Debe entonces exigirse por parte de la sociedad civil la puesta en práctica en las empresas de una auténtica responsabilidad social. Los tiempos que vienen a corto plazo van a prestarse posiblemente a problemas sociales y políticos que podrían ser graves. Y por ello la ciudadanía tendrá que preguntarse qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer para generar la injusta convivencia que mantenemos en los campos de la pobreza y la desigualdad en los que estamos inmersos. Y sobre todo qué se debe hacer ética y políticamente para evitarlo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El derecho al trabajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de agosto de 2018 Miguel Concha Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas. El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm). De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías. Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX. En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda. Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Organizaciones denuncian criminalización a defensor del derecho al agua en Mexicali
-León Fierro está acusado de un delito por ejercer su derecho a la protesta social. -El FLEPS documenta uso discrecional del sistema penal en Mexicali contra quienes protestan por la defensa del agua -La criminalización de integrantes de Mexicali Resiste ha sido una constante desde 2017. El jueves 3 de mayo del presente año, León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, movimiento que ha ejercido su derecho a la protesta social para mostrar oposición a la privatización del agua de la región, fue detenido y puesto en prisión preventiva ese mismo día, acusado de intento de homicidio, por un presunto acto ocurrido en el contexto de una protesta. Sus familiares ven claramente que su detención es un medio de hostigamiento y criminalización contra una persona que ha protestado en contra la privatización del agua en el municipio. Mexicali Resiste, junto con otros colectivos afines, son parte de un movimiento que se manifiesta contra las medidas que el gobierno de Baja California ha tomado para privatizar el agua, beneficiando a empresas como la cervecera Constellation Brands, a costa del pleno goce del derecho al agua de las personas y comunidades de Mexicali y su comarca. La respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales al ejercicio de la protesta social, ha consistido en hostigar, reprimir y criminalizar a integrantes de Mexicali Resiste. Entre enero y febrero de 2017, cuando comenzaron las movilizaciones, se dieron casos de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, desalojos violentos y encapsulamientos operados por las policías municipal y estatal; y la respuesta represiva contra el movimiento ha sido una constante desde entonces. El hecho más reciente para inhibir el derecho a la protesta fue la detención de León Fierro. De acuerdo con testimonios de familiares, la detención se realizó en un auto, acompañado de otros cuatro automóviles, sin insignias visibles que permitieran identificar si se trataba de un vehículo oficial. Posteriormente, se informó a la familia que León estaba acusado por homicidio doloso en grado de tentativa: presuntamente había intentado atropellar con su auto a 6 elementos de la policía municipal el día 16 de enero de 2017, día en que Mexicali Resiste se manifestaba en contra de la construcción de un acueducto en el ejido El Choropo, a las afueras de Mexicali. Según testimonios recabados por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), en medio del operativo coordinado entre policía municipal, estatal y ministerial, el automóvil de León Fierro había sido gravemente afectado por elementos municipales, de modo que León procedió a retirar el vehículo sin causar ningún daño. Este acto es el que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC) utiliza para formular la acusación mencionada, a pesar de que hay documentación que muestra que el retiro del auto se dio acorde a la versión de sus familiares. Desde el FLEPS, evidenciamos que estos hechos constituyen un intento de obstaculizar el ejercicio de la protesta de las y los integrantes de Mexicali Resiste, criminalizándoles por medio de la imputación de delitos sin sustento real alguno. Exigimos a la PGJE y al Poder Judicial de Baja California que se respete el debido proceso de León Fierro y se le otorgue la libertad, toda vez que se ve claramente la tendencia a la criminalización de la protesta social como la causa de su imputación. Asimismo, exigimos el cese al hostigamiento y represión en contra de quienes hacen uso legítimo de la protesta como un medio para demandar el pleno goce, la garantía y el respeto de otros derechos en Baja California, y particularmente contra quienes forman parte de Mexicali Resiste. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Mxli resiste
Por un modelo económico que ponga al centro los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente
Las organizaciones y movimientos sociales expresamos nuestra preocupación por la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por el Senado el día de ayer. Demandamos que el Estado garantice los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza por encima del beneficio económico de las empresas. El día de ayer (24 de abril), México se convirtió en el primer país en aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por sus siglas en inglés. El Senado aprobó su ratificación con 74 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La ratificación se dio con base en un documento que todavía no ha sido finalizado, pues incluso Estados Unidos no ha definido su participación y las condiciones que incluiría en el Tratado si se une. Es importante recordar que los procedimientos especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones por las consecuencias negativas que puede tener la implementación del este Tratado en los derechos humanos. Lo anterior ha sido resaltado por la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; el Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; la Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, de conformidad con las resoluciones 28/9, 27/9, 25/2, 24/6, 24/9, 26/6, y 28/16 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, el Senado no ha cumplido con la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, donde se mandata hacer procesos amplios de consulta a sectores diversos de la sociedad en México. La ratificación del TPP-1 se dio a pesar de que varios actores sociales, entre ellos la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos “México mejor sin TLCs” solicitaron audiencia a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado para expresar sus apreciaciones y alternativas contenidos del Tratado que comprometen los derechos humanos y el cuidada de la tierra, por desgracia a la fecha no se nos ha recibido para profundizar en nuestras preocupaciones.. Exigimos: -No publicar la ratificación del Senado -Que el Ejecutivo no implemente el Tratados -Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar los Derechos Humanos! -Que los Órganos Autónomos de Protección de Derechos Humanos se pronuncien sobre los contenidos de este Tratado y los daños y afectaciones que se cometerían contra los Derechos Humanos. ¡Demandamos que no se ratifique y negocie este Tratado en nuestro nombre sin transparencia y sin participación ciudadana! ATENTAMENTE CONVERGENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANXS “MÉXICO MEJOR SIN TLC´s”
Con albazo y sin consulta Diputados de PVEM y PRI buscan aprobar Ley General de Biodiversidad
– Violatoria de derechos humanos y al servicio de intereses privados; industria minera, energética, biotecnológica y farmacéutica las más favorecidas. – Habilita el despojo a los Pueblos indígenas y comunidades campesinas. – Pone en riesgo Áreas Naturales Protegidas y especies prioritarias para la nación. Este lunes 26 a las 11 de la mañana, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat) de la Cámara de Diputados, presidida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pretende aprobar, en fast track, la Minuta de Ley General de Biodiversidad (LGB). Ésta abre la puerta a violaciones a derechos humanos y derechos indígenas; además, vulnera ecosistemas y especies ya de por sí amenazadas. Organizaciones campesinas, indígenas, civiles, académicas y ciudadanía en general, interesadas en garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano, a través de la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, hemos señalado constantemente las deficiencias de esta propuesta. El jueves 22 de febrero, el diputado presidente de la Comarnat, Arturo Álvarez Angli del PVEM, convocó la reunión para aprobar el “dictamen sin cambios”. La premura del proceso y el llamado urgente a votación pone en evidencia una fuerte presión para que la Minuta sea aprobada en sus términos. Además, la falta de transparencia y apertura del proceso legislativo, pone en evidencia conflictos de interés por parte de las y los legisladores que la impulsan. La votación de la Minuta busca llevarse a cabo sin que haya mediado un proceso de análisis y consulta de los pueblos indígenas y campesinos, e ignorando el mandato de la Mesa Directiva de la Cámara que requirió Opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas (presidida por el PRI) y de Cambio Climático (presidida por el PAN). A continuación se exponen algunas de las principales deficiencias de la Minuta: -Omite derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 y otros de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. . – Se fundamenta en el Artículo 73 XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que da facultades al Congreso para Legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena. – Pretende privatizar los recursos genéticos del país y también el conocimiento de los pueblos indígenas, esto último, sin su consulta y consentimiento. -Debilita las Áreas Naturales Protegidas y los programas de protección de especies en riesgo al desestimar la causa de utilidad pública para la conservación y privilegiando los intereses de la minería y la industria energética. -Adolece de mecanismos certeros y adecuados para garantizar los derechos a la información y a la participación ciudadana. Propone la instauración de un Consejo Nacional a modo donde no se distingue entre campesinos, indígenas, mujeres o jóvenes ni entre personas y organizaciones. – Contraviene acuerdos internacionales como el Convenio de Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. – Lejos de implementar el Protocolo de Nagoya lo aplica de manera laxa y creando conflictos entre las comunidades. – Dificulta la implementación del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Nacines Unidas para el Cambio Climático, el cual es de carácter transversal y requiere de una coherencia legislativa a nivel nacional. – Limita las posibilidades de que el Gobierno mexicano cumpla con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y con ello menoscaba la puesta en acción de la Agenda 2030. Debido a lo anterior, la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, exige a la Cámara de Diputados que abra la revisión de esta Minuta a la participacipación de la sociedad; en particular a los pueblos indígenas quienes serán impactados directamente por la aprobación de esta Ley. Las y los legisladores tienen el mandato de representar a la sociedad, no solo a los intereses económicos de grupos empresariales. Pero, en el Senado y en la Cámara de Diputados parece que la norma es lo contrario. Basta recordar que esta iniciativa de ley fue propuesta, y sigue siendo promovida, por la Senadora Ninfa Salinas, parte de Grupo Salinas. Por ello, las organizaciones y personas firmantes requerimos a los Partidos Políticos en la Cámara de Diputados a detener el albazo promovido por el PVEM con apoyo del PRI, y exigir la consulta amplia. Nuestro país exige transparencia, participación y rendición de cuentas, no procesos legislativos a escondidas. Por ello, invitamos a la ciudadanía a informarse de lo que hay en juego con esta Ley y sumarse en esta petición para detenerla. Imagen destacada (modificada) : Pablo Sierra
Los DESC en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Estado mexicano olvidó reconocer ante Naciones Unidas que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, las reformas estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 24 de marzo de 2018 Miguel Concha Los pasados días 12 y 13 de marzo sustentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) su V y VI informe conjunto de cumplimento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Aunque hay que aclarar que este ejercicio se da después de más de 11 años que el Estado mexicano enviara su último informe, y ello a pesar de estar obligado a informar cada cinco años a dicho comité sobre el estado que guardan los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En un primer momento esta revisión estaba programada para el 28 y 29 de septiembre de 2017, pero debido a los sismos de septiembre pasado se pospuso para marzo de este año. El Comité DESC, compuesto por 18 personas expertas independientes, examina los avances y desafíos que tienen los Estados parte del PIDESC respecto a los derechos establecidos en el mismo. Y para tal examen diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, redactaron informes alternos al presentado por el Estado mexicano, en los que dieron cuenta sobre la situación de los DESC en el país, y sobre el lento y limitado avance en atender recomendaciones hechas por este mismo comité desde 1999. En particular, más de 83 organizaciones mexicanas se articularon para la redacción del Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017. Es importante señalar que ante el cambio de fechas se entregó también un addendum, con el fin de actualizar al comité sobre los derechos en el periodo posterior a los sismos, los presupuestos públicos para 2018, la legislación y el desplazamiento forzado. En estos documentos se exponen preocupaciones de la sociedad civil, y se solicita al comité considerar atentamente sus observaciones y recomendaciones. Se trata, pues, de un informe que diagnostica la situación de los DESC desde la mirada de las organizaciones sociales que acompañan la defensa de estos derechos entre los movimientos sociales, las comunidades y las colectividades de personas afectadas. Sus recomendaciones están relacionadas con la poca garantía de los DESC, y con que muchos de éstos siguen siendo considerados por el Estado como servicios a los que sólo tiene acceso una pequeña parte de la población, afectando sobre todo a los grupos más vulnerabilizados. Señalan además que el Estado mexicano se niega a ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, y, lo que es peor, que en el último sexenio se han llevado a cabo reformas legislativas contrarias al disfrute y garantía de los DESC. Frente a este proceso, las instancias gubernamentales prepararon en paralelo el informe del Estado, el cual presentaron a las organizaciones de la sociedad en julio de 2017, cuando ya había sido enviado al comité. Con lo cual obviaron experiencias de organizaciones sociales que conocieron sobre su respuesta ante el examen en Naciones Unidas. Ello no obstante, la cancillería mexicana declaró que su elaboración fue un proceso en el que existió el diálogo entre ambos actores, y que su informe era resultado de tal interacción. Durante el 63 periodo de sesiones del Comité DESC, la delegación mexicana destacó que desde 2006 se han adoptado y emprendido reformas estructurales que buscan fortalecer los derechos humanos y asegurar el desarrollo económico, cultural y social. Pero contrariamente a la postura de las organizaciones sociales, olvidó reconocer que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, esas reformas. Por ejemplo, la reforma energética que sólo favorece intereses empresariales e incentiva proyectos a grande escala que implican daños ambientales y sociales irreversibles. El comité por su parte mostró preocupación por la corrupción y la impunidad, y cuestionó acerca de la alta tasa de desempleo y su relación con la economía informal. Llamó también la atención sobre los niveles de pobreza, las asimetrías regionales, y la grave situación de violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores. Alertó además sobre la violencia por razones de género y el necesario enfoque diferenciado en el trato a diferentes grupos. Durante el examen, la delegación mexicana centró sus respuestas en las acciones llevadas a cabo por la administración actual, sin tomar en cuenta que el periodo por el cual se le examinaba era mayor a éste, y que su responsabilidad abarcaba la de las administraciones pasadas que también conocieron sobre la situación de los DESC en México. Como es costumbre, el gobierno mexicano reafirmó sus compromisos con el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de esta evaluación. Es necesario sin embargo recordar que hasta 2014 el Estado mexicano había recibido mil 885 recomendaciones de diferentes mecanismos y relatores en materia de derechos humanos, de las cuales no existe un proceso de rendición de cuentas, ni un seguimiento sobre su atención y cumplimiento afectivo. Por ello es posible cuestionar si realmente estas nuevas recomendaciones se atenderán, implementarán y cumplirán. El comité emitirá sus recomendaciones sobre México hacia el 29 de marzo próximo. Al final del día, estos mecanismos internacionales son propicios para volver a poner la atención del mundo en México. Pero lo más importante es que los temas y derechos urgentes deben resolverse lo antes posible, atendiendo, sí, al escrutinio internacional, pero sobre todo haciendo caso a las exigencias de la población que habita o transita por territorio mexicano. Y por ello en la coyuntura nacional es tarea de la sociedad exigir que el Estado responda de manera integral, efectiva y conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Toño Hernández [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
TLCAN y los derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A más de dos décadas de la implementación del Tratado, su importancia e influencia en la vida de las personas y de los pueblos que lo integran es innegable y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de marzo de 2018 Miguel Concha A más de dos décadas de laimplementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su importancia e influencia en la vida de las personas y pueblos de los países que lo integran son innegables y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. Tanto es así que debido a las asimetrías de sus economías, en las que México ha perdido mayormente, se ha vuelto casi imperceptible la posibilidad de mantener relaciones comerciales exitosas entre las tres naciones. Tal vez sea por esto que quienes se ostentan como expertos en la materia no entiendan, confundidos, la importancia de la participación activa de todas aquellas personas y grupos que se ven afectados con sus renegociaciones, así como la urgencia de que las nuevas generaciones tomen partido sobre el futuro del TLCAN, ya que siendo el modelo económico en el que han crecido, opinan si este tratado cumplió con el sueño dorado de vida digna que prometió. Se esperaba que la actual coyuntura de renegociaciones fuera rápida y efectiva. Sin embargo, ya van siete complejas rondas y se prepara una octava, sin que tengamos certeza de qué nos depara el futuro. Y tampoco de qué y cómo ya se renegoció. Las renegociaciones del TLCAN no deberían ser exclusivas de los equipos de expertos y representantes gubernamentales. Por ello, al margen de lujosas instalaciones de negociación, se reúnen por su parte diversos sindicatos, organizaciones sociales y representantes críticos del ámbito académico de cada país en cada ronda con la finalidad de exigir que sean escuchadas personas y grupos que ven afectadas sus vidas por este Tratado. Este año se han realizado dos rondas de este tipo, una en Montreal, Canadá, a fines de enero, y otra en Ciudad de México, que recién concluyó. Simultáneamente, en ambas ciudades se llevaron a cabo actividades organizadas por distintos actores de los tres países que se reconocen como colectividades, por ejemplo, de trabajadores, quienes ven menoscabados sus derechos por el tratado, y en las que la Convergencia México Mejor Sin TLCAN estuvo muy activa. Quienes se reúnen de forma alterna han expresado contundentemente en estas últimas rondas que el acuerdo ha beneficiado exclusivamente a las corporaciones trasnacionales, a expensas de los derechos de las personas y del medio ambiente. Con justa razón advierten que esta renegociación podría conducir a un tratado comercial más perjudicial que el actual. Un tema constante ha sido también la preocupación por el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, puestos en riesgo por las políticas racistas y discriminatorias del actual gobierno de Estados Unidos. Han pasado ya más de 20 años de TLCAN y la organización social trinacional continúa presente como al principio. Las organizaciones sociales siguen convergiendo para exigir que los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales sean respetados, protegidos y garantizados. Demandan, además, que las personas, los pueblos y el planeta sean considerados antes que el lucro de empresas, las que con un discurso burdo de crecimiento económico infinito negocian y velan sólo por sus intereses. Uno de los temas más presentes entre movimientos y organizaciones sociales, aunque menos atendido por los Estados en las últimas rondas, es el de las afectaciones directas a derechos humanos vinculadas con los tratados de libre comercio e inversión. Llama la atención que la postura del Estado mexicano, sus negociadores y ex negociadores siga siendo la misma: desinformación y desinterés en relación con los derechos de las personas y pueblos. Argumentan que los tratados de libre comercio no son de derechos humanos o de derechos ambientales. Y por ello, enarbolando la falsa e interesada división entre comercio y derechos humanos, piden a algunas organizaciones sociales que dejen de satanizar tratados hechos e implementados para progresar. Quienes piensan así obvian que el Sistema Internacional de Derechos Humanos se haya pronunciado en distintas ocasiones sobre estas materias. Como ejemplo tenemos que hace dos años, cuando se intentaba por primera vez aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) –que ahora parece resurgir– relatores especiales y expertos independientes de la ONU realizaron distintos informes con múltiples recomendaciones a los Estados y sus instituciones nacionales de derechos humanos para atender lo que activamente venían denunciando organizaciones sociales. El Sistema de la ONU los invita a revisar esos tratados a la luz de los derechos humanos, toda vez que el desarrollo económico y el respeto de los derechos tienen conexión directa. Urge entonces que las instituciones nacionales de derechos humanos mexicanas, e incluso las canadienses y estadunidenses, participen directamente en las renegociaciones del TLCAN, y que el Estado mexicano, por medio de sus dependencias administrativas, evite obstaculizar el involucramiento de otras entidades que puedan ayudar a poner al centro el respeto de los derechos humanos. Paradójicamente los tiempos del tratado han servido para generar solidaridad y acompañamiento entre movimientos internacionales, con el único fin de intercambiar experiencias y reconocer que nunca los impactos o beneficios han sido en ellos y entre ellos iguales, pero sí semejantes y equiparables. Hoy sabemos que por la acelerada e inaceptable explotación humana y por el mal uso de la naturaleza, el planeta, como nunca, está en riesgo. Por ello vuelve a hacerse importante el pregonarlo, aunque no se quiera oír. Basta con una sola queja relacionada con los sufrimientos ocasionados por el TLCAN para no callar. Es preciso escucharlo, tomarlo en cuenta y resolverlo para proteger la naturaleza y todo derecho humano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Wikifreund [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
