Crisis capitalista y empresas sistémicas
Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Ser migrante hoy en México
Sábado 22 de febrero de 2020 Miguel Concha En años recientes la migración a México ha aumentado considerablemente. Lo que ha generado cambios relevantes en las polí-ticas migratorias. Como integrante del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) he conocido de primera mano los resultados y la información recopilada en estaciones migratorias por el área de solicitantes de asilo. De ahí me surge una gran preocupación por la respuesta que el Estado mexicano ha tenido hacia quienes ingresan a nuestro país intentando encontrar una vida mejor, o simplemente buscando salvar sus vidas y las de sus familias, a raíz de que son perseguidos por motivos de origen étnico, opiniones políticas, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un grupo social, o porque sus países son azotados por la violencia generalizada, las violaciones masivas de derechos humanos, conflictos armados internos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. A pesar de la larga tradición de asilo de la que México suele alardear, la realidad que enfrentan las miles de personas que llegan de América Central, Medio Oriente y el norte y centro de África dista mucho de ser reconfortante. De acuerdo con lo declarado por el canciller Ebrard, tan sólo en 2019 más de 180 mil personas fueron privadas de libertad en las llamadas estaciones migratorias. Este número incluye hombres, mujeres, niñas y niños que se atrevieron a llegar a un país donde asumieron que su vida y derechos estarían protegidos. La tragedia de las estaciones migratorias no se detiene con la privación de la libertad de gente que no ha cometido ningún crimen ni está enfrentando ningún proceso judicial. Lo más preocupante son las condiciones en que las personas se encuentran: hacinadas, durmiendo en el suelo en colchonetas sucias, sin que se les permita en meses lavar sus cobijas. Mujeres, hombres y niños pasan días y noches revueltos en habitaciones sin ventilación ni iluminación adecuada, y sin que se les realicen revisiones médicas para evitar el contagio de enfermedades. En los centros de detención el acceso al agua potable no siempre se garantiza, y en ocasiones la comida que se les da no es suficiente. En otros casos los alimentos están en estado de descomposición, y en algunas circunstancias no se les da de comer para castigarles por haberse quejado del estado en que se les tiene. El acceso a servicios de salud tampoco es algo que se les garantice. Incluso en casos en que alguien requiera de operaciones o medicamentos urgentes, la gravedad de su estado de salud no es garantía de que serán trasladadas a un hospital, o que se les permitirá ver a un médico. Podemos recordar como ejemplo que durante esta administración dos personas han fallecido bajo la custodia del INM: una niña guatemalteca de 10 años y un hombre haitiano. Otra fuente de preocupación es la represión que las personas viven dentro de las estaciones. La privación de alimentos y agua no es la única forma en que las personas migrantes son castigadas. También son llevadas a pequeñísimos cuartos sin iluminación, donde pueden permanecer durante varias semanas sin poder hablar con sus compañeros de la estación ni poder llamar a sus familias. En otras ocasiones han declarado haber sido golpeadas y amenazadas verbalmente y con armas por parte de distintos cuerpos de seguridad (Policía Federal, Guardia Nacional, Seguridad Privada de la Estación). Algunas de las personas que migran a México intentan obtener la condición de refugiadas, pues vienen huyendo de grave violencia en sus países. Nuestra Constitución señala que cuando estas personas llegan a México tienen derecho a solicitar asilo, con independencia de su nacionalidad, edad, sexo, modo de ingreso, etcétera. Sin embargo, el derecho de estas personas a iniciar el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado no es respetado en muchas ocasiones por las autoridades. Así, las abogadas de la CMDPDH han recabado testimonios de personas no hispanohablantes a quienes se les ha engañado para que firmen su deportación, diciéndoles que están firmando su solicitud de asilo, o de grupos completos de personas a quienes se les niega acceso al procedimiento de asilo porque las autoridades consideran que no se merecen ese derecho. En conclusión, si bien es cierto que en los años recientes la política migratoria y el sistema de asilo mexicano ha encontrado grandes desafíos derivados del aumento en el número y diversidad de los flujos migratorios que ingresan a México, también lo es que la respuesta del gobierno dista mucho de ser adecuada. La criminalización de la migración no puede ser la respuesta que se dé a la crisis humanitaria que la región y el mundo están enfrentando. Resulta por ello necesario que el Estado mexicano tome medidas urgentes para garantizar los derechos de todas las personas que cada día ingresan a nuestro país, y deje de actuar como el muro migratorio del vecino país del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Internet es un derecho y está en riesgo
19 de febrero de 2020 Por: Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun) y CDHVitoria El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros derechos. Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden llegar a ser discriminatorias. ¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías proveedoras de internet. ¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas y críticas a su iniciativa de reglamento. Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de la red! *Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma parte
Empresas y derechos humanos
Sábado 08 de febrero de 2020 Miguel Concha La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 23 de abril de 2019 la resolución 24/2019, en la que constata los daños ocasionados a la salud de pobladoras y pobladores, así como la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la contaminación de un basurero operado por la empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla SA de CV, instalado cerca de esa comunidad. Cabe señalar que en nuestro país se han presentado numerosos casos similares a los de ese ejido, casos en los que, si bien es cierto que se denuncian violaciones a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), el Estado no interviene para sancionar a los responsables y reparar los daños. A este respecto la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH publicó en noviembre de 2019 el informe Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos, resultado de los esfuerzos por identificar las obligaciones internacionales de los estados en torno a los derechos humanos y a las acciones de empresas que vulneran los Desca. Y así, uno de los principales objetivos de este informe es presentar un análisis regional de la situación de las empresas y los derechos humanos, para luego, con base en ello, formular recomendaciones a los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y al propio sector empresarial. La CIDH resalta en este informe la labor de la sociedad civil, ya que además de participar en las mesas de trabajo, para la elaboración de este documento, monitorea el seguimiento y la implementación de las recomendaciones propuestas, tanto para prevenir medidas que violenten los Desca, como para cerciorarse de que, ante las violaciones de las empresas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación estén al alcance de la población. De este modo, cada Estado de la OEA debe asegurarse de que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las afectaciones implican, además, el despojo de sus territorios, lo que muchas veces termina en desplazamientos forzosos y en ataques directos a defensoras y defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Por ello, una de las medidas propuestas por la CIDH es consultar de manera previa, libre e informada, y se entiende que también culturalmente adecuada, a las personas, pueblos y comunidades indígenas, antes de que cualquier proyecto afecte sus tierras, territorios y los bienes comunes que históricamente han tenido a su cargo, e igualmente tomar medidas que reduzcan los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales e, incluso, los que afecten sus cosmovisiones. La aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados, en el contexto de las actividades empresariales, implica la adopción de marcos normativos claros para asegurar que las empresas realicen, entre otras cosas, evaluaciones de los efectos de sus actividades en el extranjero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que las víctimas accedan a la justicia ante los tribunales del Estado de origen. Esto se puede ejemplificar muy bien con los casos de distintas mineras canadienses que, instaladas en países como México y Guatemala, han ocasionado graves daños al medio ambiente y violentado los Desca de sus habitantes. En el contexto latinoamericano, en el que históricamente se han sufrido abusos de poder por parte del Estado, muchas veces en complicidad con las empresas trasnacionales, tienen que tomar relevancia los procesos de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición, así como la efectiva rendición de cuentas de los actores económicos. Todo lo cual hará que las empresas adopten cada vez más medidas que atiendan las problemáticas del cambio climático, y que, por mencionar sólo algunos ejemplos, se limite su participación e influencia en la toma de decisiones públicas. Por último, y a pesar de que este informe brinda pautas a los estados para el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos, las recomendaciones emitidas siguen siendo insuficientes en una nación como la nuestra, donde se sigue permitiendo que las empresas violen los derechos humanos en nombre del desarrollo. Un país en el que continúa la impunidad de casos como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de Grupo México, y en el que se realizan además varios megaproyectos promovidos por el Estado y las empresas. Resulta, por consiguiente, necesario el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales que México ha ratificado, como es el caso de este informe, así como la revisión, adecuación y vigilancia de los marcos normativos internos para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por la República Mexicana. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Empresas monopsónicas
Sábado 21 de diciembre de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo a escala mundial un momento de malestar generalizado de las clases medias y pobres, que se ha venido expresando por medio de manifestaciones, disturbios y procesos electorales que ya han tenido efectos sociales, políticos y económicos en diversos países. En la mayor parte de esos países el malestar se origina por los altos niveles de pobreza, y aun de pobreza extrema que sufre su población. En algunos otros por la evidente desigualdad social que dificulta y hace ríspida la convivencia. Y en los países desarrollados por el estancamiento en el progreso de las clases medias. En nuestro país la pobreza alcanza niveles de más de 50 millones de personas, de los cuales nueve se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que no tienen ingresos suficientes para comprar sus alimentos básicos. Por el contrario, uno por ciento de la población obtiene 21 por ciento de los ingresos totales de la nación. Desde luego cabe preguntarnos si el modelo de economía global de mercado, utilizado para el desarrollo económico de prácticamente la totalidad de los países del mundo ha sido el origen y la causa de tal malestar. Como se sabe, la economía de mercado tiene un principio fundamental, que es otorgar al propio mercado la facultad de distribuir la riqueza creada colectivamente. Sin embargo, para que el mercado pueda cumplir su objetivo de repartir la riqueza en forma razonablemente equitativa, es condición imperativa que las transacciones de compra o venta de productos o servicios se den en un medio en el que prevalezca la competencia. Lo anterior implica la posibilidad de que los compradores, al tomar sus decisiones de adquirir los productos o servicios que desean, puedan elegir entre una amplia gama de oferentes los precios y condiciones que prefieran. Cuando la condición de competencia no se presenta, y el comprador no tiene opciones, sino que debe comprarle obligadamente a una empresa, se considera que esta empresa está efectuando prácticas monopólicas. Nuestro país está plagado de empresas cuyos resultados dependen fundamentalmente de su actividad monopólica, pese a que su práctica está expresamente prohibida en el artículo 28 de nuestra Constitución. Sin embargo, en esta ocasión me referiré a otra alteración del proceso de distribución equitativa de la riqueza generada colectivamente, y que se origina también por la falta de competencia. Me refiero a la que se denomina monopsonio, del griego mono, uno, y psonios, compra, que consiste en que los fabricantes vendedores de productos o servicios se encuentran ante el hecho de que en su mercado sólo participa un comprador, o en el mejor de los casos unos cuantos, quienes prácticamente fijan unilateralmente y a su criterio los precios y las condiciones de las compras, pues el proveedor no tiene otra opción, y se ve obligado a aceptar la propuesta que se le impone. En las transacciones de compra, la empresa monopsónica, generalmente de gran tamaño, incorpora conceptos intimidatorios, como son no te volveré a comprar y, ya efectuada la operación, amplia discrecionalmente los plazos de pago u otras prácticas similares. Las empresas gigantes que practican el monopsonio son las grandes cadenas comerciales. La mayor de ellas es una trasnacional estadunidense que por su volumen de ventas y número de empleados es una de las compañías más grandes del mundo. Estas empresas justifican la procedencia de su actuación por medio de eslogans como siempre los precios más bajos, y promocionando que supuestamente protegen al consumidor final. La realidad es que eventualmente lo logran, pero mediante imponer condiciones que acaban con la vida de sus pequeñas y medianas empresas proveedoras, y sin sacrificar nunca sus amplios márgenes de utilidad. Como información lateral, es interesante observar el efecto social que ha tenido la gestión de las cadenas comerciales monopsónicas en nuestra vida diaria, pues el desarrollo de las ciudades, y aun de las pequeñas poblaciones, se lleva a cabo en los grandes espacios de terrenos seleccionados por las cadenas comerciales para establecer sus instalaciones, con la consiguiente plusvalía que se crea en beneficio de desarrolladores y de las propias cadenas. Lo anterior ha traído también aparejada la desaparición de los tradicionales paisajes citadinos, de farmacias, tiendas de abarrotes, misceláneas, ferreterías, etcétera. Se puede afirmar que su efecto en la sociedad, de supuestos precios bajos, seguramente se daría también sin su presencia, que descansa en una buena parte en la presión que aplican sobre sus proveedores para obligarlos a reducir al mínimo sus gastos. Lo que también implica que sus trabajadores y empleados queden sujetos a salarios cada vez más bajos y aun a ser despedidos. Considero que la anterior situación y la competitividad son un reto y ofrecen una oportunidad real a la 4T para reducir la pobreza y la desigualdad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : La Jornada
La presencia hispano latina en Estados Unidos
Sábado 07 de septiembre de 2019 Miguel Concha Impedir la invasión de mexicanos a Estados Unidos fue el objetivo confeso de Patrick Wood Crusius al llevar a cabo en San Antonio Texas el 3 de agosto el acto terrorista en que mató a 22 personas, 19 de ellas con apellido hispano y nueve de nacionalidad mexicana, e hirió a 26. Con ello dio inicio a un terrorismo interno que tan gravemente ha afectado la vida cotidiana de los hispano latinos en el vecino país, cuyo procesamiento riguroso y sanción judicial estamos esperando en todo el continente. Por ello me ha parecido oportuno echar mano, con su anuencia, del análisis histórico, sociológico y teológico, Estados Unidos: a matar mexicanos, que Edgar Beltrán dio a conocer en la red hace casi un mes, donde desenmascara la mentira y el engaño de la invasión hispano-latina en Estados Unidos. Para el teólogo pastoralista colombiano la presencia hispano latina en el país es muy anterior a la de habla inglesa. Nada tiene de cierto eso de la invasión hispana, pues quienes hablan español llegaron a territorio estadunidense más de un siglo antes que los de habla inglesa. Ponce de León llegó en 1515 a Florida el día de la Resurrección. De ahí su nombre. Los famosos pilgrims(peregrinos) llegaron a Plymouth Rock 107 años después, ¡en 1620! Y por ello, en Estados Unidos se habló español más de 100 años antes que el inglés. Además, muy pocos años después del descubrimiento de Colón se atravesó ese territorio. Hernando de Soto y su gente, por ejemplo, partieron de Florida en 1539 para cruzar lo que hoy es Georgia, Carolina Norte y Sur, Alabama, Louisiana, y descubrió el río Mississippi, cerca del cual murió. En tanto, Francisco Vásquez de Coronado y su gente penetraron en 1540 el suroeste por Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Kansas, mientras Fray Juan de Padilla llegó a Kansas en 1542, donde lo martirizaron; fue el primer mártir en esas tierras. También dieron su vida en 1549, en Florida, en lo que hoy es Tampa, los dominicos Luis de Cáncer, Diego de Peñalosa y el hermano Tortosa. Unos años después, en 1566, fue también martirizado en Florida el jesuita Pedro Martínez. En esta misma época Juan Rodríguez atraviesa California de sur a norte. La famosa ciudad de San Agustín, al norte de Florida, primera ciudad, como tal en Estados Unidos, fundada por Pedro Menéndez en 1565, 55 años antes de los Pilgrims. Es en ese país donde se da el nacimiento de la civilización occidental y la fuente inicial del cristianismo. La capilla donde se celebró por primera vez la misa tenía un cuadro de nuestra Señora de La Leche, que aún se conserva allí. Se le consideró el primer santuario mariano de Norteamérica. La misión El Paso fue fundada en 1659. Por todo lo cual, quien también fuera secretario de la II Conferencia General del Episcopado Católico Latinoamericano en Medellín, Colombia, en agosto de 1968, concluye, los hispanos estaban en estas tierras 500 años antes (1515-2019) de quienes ahora los quieren expulsar o matar. Cuando les dicen que se vayan a su país, los hispanos contestan con nobleza, en español y en inglés: este es nuestro país, bienvenido tú, querido recién llegado. Y añade que la invasión fue de Estados Unidos a México. A mediados del siglo XIX, recuerda, en 1841, el águila estadunidense se anexó más de la mitad del territorio mexicano, del Río Grande hacia el norte, casi llegando a Canadá por el Pacífico y muchos estados del centro del país. A la población la cambiaron de país sin moverse, los invadieron. Y precisa que de manera extraordinaria fue una invasión militar, aunque no suficiente, pues dominaron las tierras, pero no a las personas. Estas seguían siendo como lo eran antes, pues gracias a su forma familiar nuclear y extendida, a su lengua y a su cultura, así como a su fe religiosa, conservada sobre todo por las abuelas, no se dejaban invadir. Hoy en día, sigue diciendo este teólogo pastoralista, que lleva años entre las comunidades hispanas de Estados Unidos, el pueblo hispano latino continúa haciendo historia. Su población pasa de 60 millones, siendo ya la mayor minoría en ese país. Ya es incluso mayoría en algunos estados. Su población es además la más joven de la nación. Su lengua, el español, hace que Estados Unidos sea ya, por población, el segundo país del mundo que habla español, después de México, con 126 millones, y antes que Colombia, con 48; España, con 46, y Argentina, con 43 millones. El español, recuerda, no es una lengua extranjera en Estados Unidos. Como final de la invasión armada, el 2 de febrero de 1848, en el tratado Guadalupe Hidalgo el gobierno admitió al español como idioma oficial, a la par que el inglés. El español es de hecho el segundo idioma más hablado en la política. El senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, pronunció en el Senado todo un discurso en español el 11 de junio de 2013, y en su visita a Estados Unidos el papa Francisco dirigió en español su discurso oficial a los obispos de ese país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : ElPeriodico.com
Complejidad, corrupción e impunidad
Sábado 31 de agosto de 2019 Miguel Concha Hace unos días fue presentado el libro Corrupción y complejidad en el aula magna de profesores eméritos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Teniendo como interlocutores a un número significativo de estudiantes y profesores se habló de un asunto que recién ha vuelto a ocupar la discusión pública: la corrupción pública y privada, las que, aparte de aparecer para algunos como un asunto normale irreversible, es uno de los grandes problemas estructurales del país, cuyas fuertes, extensas y profundas raíces han invadido a instituciones de todo tipo en México. Para este tema resulta relevante la información que proporciona Transparencia Internacional. Se-gún ésta, entre 2000 y 2017 México pasó, respecto a los índices de corrupción internacional, del lugar 53 al 134, de 175 países evaluados. Dicho en pocas palabras, en sólo 17 años escalamos 81 peldaños. Por otra parte, los resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 revelaron que buena parte de la población ha tenido contacto con la corrupción cuando realiza algún tipo de trámite (12 mil 590 personas por cada 100 mil). Y por si esto fuera poco, calibremos las complejas dimensiones de la corrupción comparando dos cifras. Por un lado, Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, en el contexto de un foro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo no hace mucho que el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos estimaron que la corrupción en México equivalió a 10 por ciento del producto interno bruto (PIB). Y por otro lado el Inegi calculó que el PIB mexicano ascen-dió a poco más de 18.5 billones depesos durante el segundo trimestre de 2019. Ahora bien, si cruzamos estas dos cantidades, comprobaremos al menos dos datos que si bien no son exactos, sí nos dan una idea más clara de lo grave de la problemática: que al menos 10 de cada 100 pesos generados anualmente se pierden, de manera ilegal, mediante actos corruptos y que tan sólo de abril a junio de este año se perdieron 1.8 billones de pesos debido a la corrupción. Todo lo anterior desenmascara una cruda realidad que, debido a la complejidad que está detrás, los costos de ese flagelo van más allá de lo económico. De esta manera, la corrupción pública y privada, acompañada de la impunidad, su hermana siamesa, que la encubre y reproduce, es un problema estructural que afecta directa o indirectamente la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas y colectivos en México, principalmente los de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Este complejo vínculo pernicioso entre corrupción e impunidad tiene otros graves efectos. Provoca que disminuya la inversión, frena el crecimiento económico y empuja a las empresas a actuar fuera de las regulaciones del Estado, lo cual incrementa la economía informal y conduce a la pérdida de credibilidad de las instituciones. Básicamente, el complejo binomio corrupción-impunidad compromete el desarrollo de la sociedad, afecta la convivencia ciudadana y pervierte el ejercicio de la autoridad. Como expresara Graue, en la ocasión arriba citada, la corrupción, motivo de oprobio nacional, junto con la impunidad, nos anclan en el subdesarrollo y nos impiden progresar. Es necesario también señalar que en el sector privado gravitan igualmente diversas acciones y actitudes negativas ante la corrupción gubernamental. Por esta razón la iniciativa privada tendría que participar responsablemente en el estudio y la aportación de soluciones para prevenir la corrupción, desarticularla y no seguirla manteniendo, evitando beneficiarse de ella mediante prácticas de soborno, tales como la obtención de licencias y contratos o la agilización de trámites para conseguir permisos, por citar algunos casos. El problema de la corrupción es complejo, porque cruza numerosas dimensiones. Entre ellas, las históricas, políticas, económicas, sociológicas, éticas, jurídicas, culturales y hasta las religiosas. Y la complejidad es precisamente una herramienta que nos puede ayudar a comprenderla mejor y a encontrar posibles soluciones para enfrentarla y erradicarla. De este modo, si la corrupción es compleja, la lucha contra ella también debe serlo. Una lucha seria y responsable forzosamente ha de involucrar, además del quiebre de la rueda de la impunidad, a la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, el control interno, la fiscalización superior o independiente, los procedimientos electorales realizados conforme al derecho y la ley electoral, así como el combate contra la corrupción en las reformas legislativas, la aparición de nuevos ordenamientos y la creación de programas e instituciones tendientes a mejorar la gestión pública, por mencionar algunos casos. Hoy es necesario seguir exigiendo la importancia de nuestros derechos a la buena gestión y administración. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Scott Campbell
Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Causas de la desigualdad y la pobreza
Sábado 17 de agosto de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo en la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a 2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones. Además, la población que carece de suficientes ingresos para su alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que explican esta realidad son diversas. Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos posibles. Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual. Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la experiencia nos lo ha probado. Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e indebidamente los precios de los productos, originando con ello de manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía. Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación, tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la vivienda. Considero indispensable que el salario mínimo se duplique gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al populismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
El T-MEC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
