Parlamento Abierto TMEC
La participación social es necesaria para contrarrestar el interés empresarial que compromete el ejercicio de los Derechos Humanos. Las discusiones en torno a la ratificación del TMEC, deben considerar la participación ciudadana para el fortalecimiento de nuestra democracia. 17 de junio de 2019 Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores: Por la trascendencia de la situación actual en materia de derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, de la soberanía y de la democratización para nuestro país, y con la finalidad de que se respeten nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes, con sumo respeto, para solicitarles de la manera más atenta que, en las deliberaciones sobre el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC), tengan a bien realizarlas a través del procedimiento de Parlamento Abierto, para así facilitar un ejercicio de transparencia y participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema, así como de los grupos más directamente implicados. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e igualmente en el artículo 11 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Con la plena confianza de que habremos sido debidamente atendidas y atendidos en esta solicitud, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Asociación de Consumidores Orgánicos ACO Asociación de Figuras Económicas Rurales y Agroindustriales los Picachos de Michoacán. Organización Campesina Nacional. AFERAMICH Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, ANEC Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC JDLD Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COCYP Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, CILAS Consejo de la Mujer de Mexico, CMM Frente Auténtico del Trabajo (FAT) Greenpeace Mexico, A.C. Grupo de Estudios Ambientales GEA A.C. Movimiento Agrario Indígena Zapatista, MAIZ Movimiento Campesino, Indigena, Afroamericano “Plan de Ayala Siglo XXI” Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, PROGEDER R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales Seminario Sindical, Sociedad y Ecología / RMALC Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM Unidad de La Fuerza Indígena y Campesina, UFIC Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA / EL BARZON Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, UPREZ Union Campesina Democratica (UCD) Agrónomos Democráticos Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT) (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
Exigencias al gobierno mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía y suficiencia alimentaria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los gobiernos neoliberales apostaron por importar alimentos en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. ¿Cómo empezar a revertir esta situación? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de abril de 2019 Miguel Concha El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) es la institución pública más importante de México. Desde hace 75 años, desde que las instituciones antecesoras iniciaron actividades en 1943, desarrolla investigación agrícola, pecuaria y forestal. A partir de 1985 se transformó en el Inifap. Las innovaciones tecnológicas y las variedades mejoradas sustentaron el Milagro del Campo Mexicano, reconocido en el mundo por el crecimiento económico, que en el campo fue de 1945 a 1970 de 7 por ciento, el doble de lo que crecía el país. El milagro se sustentó en la investigación de más de mil 400 variedades mejoradas de los cultivos de importancia para México: más de 300 variedades de maíz; más de 160 de frijol; 250 de trigo; 60 de arroz; 50 de papa; 30 de cebada y 45 de soya, y en la estructura de producción, abandonada después por el neoliberalismo. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional. Con la intención equivocada de traer tecnología de otros países, en 2003 Vicente Fox pretendió cerrar el Inifap. Al no lograrlo, decidieron extinguirlo, cancelando plazas y limitando su presupuesto y apoyo a la investigación –pretendiendo con ello que desapareciera por inanición–, a la vez que otorgaron los apoyos al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), cuya misión y objetivos no corresponden con los del Inifap y suplantan las responsabilidades de las instituciones nacionales. Para formalizar, en acuerdo con Sagarpa y Cimmyt, la autorización de Masagro (Programa de Modernización de la Agricultura Tradicional), colocaron desde la Sagarpa, ahora Sader, a un nuevo director general, y, para dirigir la investigación y transferencia de tecnología, al doctor Salvador Fernández Rivera como director de Investigación y Vinculación, y pusieron al servicio de este programa otros recursos federales y estatales (fundaciones, extensionistas). Cometiendo además dumping contra investigadores nacionales, entregaron la responsabilidad de incrementar semillas. En el Inifap se mantuvo por 10 años al director general y a su director de Investigación y Vinculación, quienes fraguaron la colusión con Sagarpa, Cimmyt y Masagro. Este último programa ofreció en 10 años el incremento de la producción de maíz y trigo en varios millones de toneladas, así como la sustitución de 1.5 a 3.0 millones de hectáreas de criollos por híbridos. Después de ocho años de operación, Masagro no ha cumplido sus compromisos, como lo confirman artículos científicos y otros documentos de investigadores como el doctor Antonio Turrent Fernández. El 16 de julio de 2018 Enrique Peña Nieto designó como director general en el Inifap al doctor Fernando de la Torre Sánchez, y por parte de Sader está a cargo de la relación con el Inifap el doctor Salvador Fernández Rivera. Sin embargo, su actuación durante siete años en el propio instituto no permite una adecuada interlocución con el Sindicato de Investigadores Independientes del propio Inifap. El movimiento de huelga del Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), que agrupa a 75 por ciento del total de investigadores del Inifap, iniciado el 20 de marzo, demanda solución y firma del contrato colectivo de trabajo (CCT), cuyos puntos principales privilegian la investigación urgente para México. Los investigadores agrupados en el Siiinifap no piden un incremento en el presupuesto fiscal del Inifap, ni el aumento de salarios u otro beneficio personal. Solicitan que del recurso con el que ya cuenta el Inifap se asignen 100 millones de pesos para 302 proyectos en 77 campos experimentales a escala nacional, pues hasta ahora el recurso se ha otorgado en forma discrecional y sesgada. Piden también que se respete la integración de comisiones mixtas de planeación, evaluación de resultados y seguimiento de proyectos. Ambos puntos, que fueron firmados en el CCT de 2017, atienden a las prioridades del país y apoyan la agenda del gobierno hacia la suficiencia y soberanía alimentaria de México. La solución evitaría que se pierdan este año las investigaciones en el ciclo de cultivos básicos y oleaginosos. Para que la Cuarta Transformación llegue al Inifap, es urgente para el bien de México la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La próxima ratificación del Tmec: debate y futuro para México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de febrero de 2019 Por: Balbina Pérez y Layla Vázquez En los últimos años, en las ciudades se ha visto un creciente interés por las problemáticas vinculadas con la salud alimentaria y el medio ambiente. No obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos consideraciones importantes para generar impactos significativos y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas alternativas al neoliberalismo. Si bien es esperanzadora la proliferación en ciudades de esfuerzos tales como los huertos urbanos, la venta y producción de alimentos cultivados sin agrotóxicos, la promoción de dietas ancestrales y el comercio justo, entre muchos otros ejemplos, resulta fundamental no perder de vista la continuidad histórica entre estos movimientos campesinos y los ecológicos. Tomando una postura crítica que busca transformar la realidad en los niveles estructural y local, compartimos la preocupación de que la mayor parte de estas iniciativas ambientalistas y saludables tienden a estar construidas de tal manera que sólo son accesibles para sectores privilegiados de la población urbana, e incluso se han convertido en mecanismos de gentrificación de las zonas populares, como en el caso de la Ciudad de México. La experiencia del auge de la comida orgánica es particularmente interesante: anuncia como una innovación, cada vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica durante milenios en la producción indígena y campesina. Hacernos esta crítica es necesario, ya que la alimentación saludable está en riesgo de ser cooptada por los intereses privados, en lugar de favorecer a los pueblos que han sido despojados de su modo de vida, enraizado en la tierra y sus territorios. En espacios como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, se ha levantado la consigna “alimentos campesinos para todas y todos”. Hoy es fundamental retomar dichas exigencias como un paradigma para evitar que los proyectos de agricultura campesina y/o ecológica, así como los alimentos de calidad, se transformen en privilegios exclusivos de las clases medias altas o en una fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto en el campo como en las ciudades, deben configurarse en apuestas colectivas del cuidado de la naturaleza, así como para garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada de todas las personas. En este mismo sentido, es crucial reconocer el camino ya recorrido por las generaciones anteriores y aprender de ellas. El planteamiento del diálogo intergeneracional, a diferencia del relevo generacional, no busca que las personas jóvenes sustituyan a las mayores, sino una colaboración e intercambio de saberes entre jóvenes, personas adultas, adultas mayores y también las infancias. La apuesta por formas de organización y diálogo donde la toma de decisiones no se concentre únicamente en las personas de determinado rango de edad o un género, sino que sean reflejo de una reflexión colectiva; es también una manera de cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de poder que se implantan por inercia dentro de las colectividades; dinámicas que se dan por supuestas debido a una cultura adultocéntrica. Una expresión común de ésta es que, dentro de estructuras organizativas, el rol de las juventudes suele acotarse al aprovechamiento de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capacidad creativa”. El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías. La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto político actual. En los últimos años, durante las discusiones alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes las dificultades y la falta de información de las generaciones más jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las implicaciones de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas que, haciéndose cargo de su realidad, ya reflexionaron y se siguen organizando y actuando por la construcción de alternativas al neoliberalismo. Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza con los movimientos campesinos en México nos lleva a comprender que el campo es nuestra primera línea de defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que tuvo como resultado enormes flujos migratorios a las ciudades, así como la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas económicas que afectaron la producción campesina y proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población. Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas a favor de la soberanía alimentaria y
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de enero de 2019 Miguel Concha Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información. En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional. Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola. Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación. Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Mitos y realidades de la migración
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación más de la mitad de las personas encuestadas opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país, apenas 1% habría opinado que «deberíamos cerrar la frontera» y uno de cada diez que habría que deportarles a su país de origen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de noviembre de 2018 Miguel Concha Cumpliendo con su atribución de colaborar en la educación de la población contra la discriminación, el Consejo Nacional que previene su realización publicó un análisis sobre los mitos o prejuicios que suelen darse en el mundo contra la migración, los cuales más allá de las reales expresiones de sensibilidad, comprensión y solidaridad que han acompañado preponderantemente al éxodo centroamericano en nuestro país, han tenido, sin embargo, diversas manifestaciones en algunos individuos y grupos de México. En primer lugar, el estigma de calificarlos como personas analfabetas, pobres, holgazanas, pandilleras, asesinas, lo peorcito, expresiones clasistas y xenofóbicas que reproducen el odio y la discriminación que en otras latitudes se ejerce contra nuestros propios connacionales. Y ello sin siquiera asumir o percatarse que no representan la opinión de la mayor parte de nuestra población. En efecto, en México, según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación (Enadis) más de la mitad (53 por ciento) opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país y una tercera parte (33 por ciento) piensa que se les debe documentar para que puedan vivir y trabajar aquí. Por lo demás, la opinión de que deberíamos cerrarles la frontera y devolverlos a su país es francamente irrelevante (1 y 12 por ciento, respectivamente). En segundo lugar, su criminalización, culpabilizándolos por ejercer su derecho a existir, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa, y sin tomar en cuenta que estas personas no son sólo víctimas en sus propios países, sino también víctimas potenciales de delincuentes ocasionales, grupos del crimen organizado y autoridades en sus trayectos. Ciertamente, de conformidad con diversos diagnósticos, más de 10 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México es víctima de algún delito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia y mucho menos se persigue legalmente. En tercer lugar, el no considerar y rehuir la responsabilidad jurídica y política que tiene México a brindar, mediante una acogida integradora, atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, así como a colaborar regionalmente en la búsqueda de soluciones para combatir las causas estructurales que propician la migración irregular, el desplazamiento forzado y el tráfico de migrantes. El ayudar a estas personas y no a las nuestras nos perjudica, es otra de las supuestas razones completamente falsas, pues lo que verdaderamente nos ha hecho mucho daño desde hace años es la desigualdad de oportunidades y el déficit en el ejercicio pleno de derechos, con su consiguiente falta de recursos. Pensar lo contrario es simplemente defender los privilegios de algunas minorías, hacer caso omiso de nuestras obligaciones éticas, jurídicas y políticas, no participar en la disminución de las migraciones en Centroamérica, y negarse a aprovechar las aportaciones económicas, sociales y culturales de la región. Es igualmente cuestionable el hecho de argumentar que la migración nos quita empleos, pues en primer lugar ésta es una de sus causas, no la única, además de que la evidencia internacional demuestra que no implica competencia por los puestos de trabajo de la población nativa, ya que se concentra en segmentos laborales muy específicos en la base de la pirámide o en empleos muy especializados. El que la migración se nos presente ahora como masiva, por la búsqueda organizada de seguridad por parte de los migrantes, no significa comparativamente con otros países en el mundo que se trate de una invasión, pues son menos de 10 mil personas, la mayoría de las cuales ni siquiera busca establecerse en México como primera opción. Además, tal cantidad equivale apenas a 0.008 por ciento de nuestra población; es decir, únicamente 1 por ciento de la población mexicana nacida en el extranjero, cuando con cifras de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, y que, de ellas, alrededor de 40 millones son desplazadas internas, en el caso de 25.4 millones se trata de personas refugiadas, y 3.1 millones solicitantes de asilo político. Como contraste con nuestra realidad, Alemania, Irán y Líbano han recibido alrededor de un millón de refugiados cada uno; Pakistán y Uganda cerca de millón y medio cada uno, y Turquía ha acogido a más de 3.5 millones. Finalmente, el pensar que si dejamos que entren éstos, llegarán más, tampoco es razón que valga para negarnos a la migración, pues a decir del Acnur, y en comparación con la población mundial, el número de migrantes internacionales y personas refugiadas y asiladas se ha mantenido relativamente estable desde la década de los años 60 del siglo pasado: alrededor de 3 por ciento. De cualquier manera, la solución no consiste en el cierre de fronteras y el rechazo a este flujo, sino en realizar los cambios que se requieren para evitar su emergencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Éxodo centroamericano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de noviembre de 2018 Miguel Concha Organizaciones de la sociedad civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de personas. El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos, como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes mexicanos en el exterior. Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación, ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias; la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para comenzar su proceso de deportación. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria, trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de mecanismos de detección y atención integral, particularmente para mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud física y sicológica. 2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus familiares. 3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares solicitadas por la CNDH. 4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos el 19 de octubre. 5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y asignación presupuestal. 7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y facilitación de su trabajo de monitoreo. 8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en marcha medidas de control. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Sociedad Civil exigen al gobierno mexicano garantizar, respetar y proteger los derechos de migrantes durante el éxodo
Fundamental el acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos para reducir el riesgos y abusos en contra de personas migrantes. LIC. ALFONSO NAVARRETE PRIDA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN LIC. MANUEL VELASCO COELLO CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES PRESIDENTE LIC. RENATO SALES HEREDIA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PRESIDENTE Las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos y atención humanitaria a personas del éxodo centroamericano en el trayecto que emprenden de la CDMX hacia el norte y los grupos que ingresan a territorio mexicano por la frontera sur, así como brindar protección y respaldo a todas las organizaciones internacionales y mexicanas de derechos humanos y paz, así como a organismos internacionales que han desplegado un esfuerzo importante para acompañar a las personas migrantes durante su paso por México. Las personas migrantes han recibido el apoyo humanitario generoso de personas, y de organizaciones internacionales y nacionales, así como el asesoramiento y acompañamiento legal y emocional en los lugares a los que han llegado, sin embargo, por diversas circunstancias son muy pocas las que han acompañado y acompañarán en su transitar por territorio mexicano. Los Organismos Internacionales son vitales para el monitoreo y vigilancia del desarrollo de la Caravana, y los Organismos Autónomos de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil para vigilar el respeto y garantía de los derechos de las personas por parte del Estado mexicano. Este acompañamiento humanitario es fundamental para la seguridad de las personas migrantes, que se verán cada vez más amenazadas por grupos del crimen organizado y las malas condiciones atmosféricas a medida que avanzan hacia el norte y del control fronterizo en los Estados Unidos de Norteamérica. Para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, no es suficiente ofrecer apoyos en los lugares en los que permanecen transitoriamente, sus derechos están en riesgo particularmente durante su caminar. Una protección humanitaria robusta, articulada y permanente por y entre autoridades federales, estatales y municipales, junto con el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, puede reducir significativamente la vulnerabilidad de las y los migrantes, así como servir de testimonio de los atentados que se cometan en su contra. La magnitud de esta movilidad obliga pensar en ella como un sujeto colectivo que tiene el derecho de gozar de protección especial, sobre todo cuando se han identificado a personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como son las personas refugiadas, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la comunidad LGBTTI y personas de la tercera edad, las cuáles requieren y exigen atención prioritaria en los lugares en los que más riesgos y necesidades tienen como son las carreteras por las que transitan. Es preciso que, en esta coyuntura crítica, el Estado mexicano interprete sus mandatos lo más amplio posible, para maximizar la atención humanitaria y la protección de derechos de las personas migrantes, en lugar de convertirlos en obstáculos, para lograr tales fines con el acompañamiento de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. La solidaridad activa de las organizaciones internacionales y nacionales es fundamental para reducir el riesgo de que la caravana migrante sea víctima colectiva de violaciones graves de derechos humanos. A mayor presencia de esas organizaciones y del Estado, menos vulnerables serán los migrantes y más visibles serán los atropellos que se cometan en su contra. Por lo cual es fundamental que el Estado ofrezca su protección a personas migrantes y sujetas de protección internacional, así como a las organizaciones y personas que les acompañan. ORGANIZACIONES Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino Aldeas Infantiles SOS México Além das Fronteiras/Brasil Alianza Américas ALIANZA DE EX BRACEROS DEL NORTE Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) Asociación Todo Cambia y como Red Milano senza Frontiere Cafemin Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos AC Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (CODEMIRE): Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís A.C. (Matamoros, Tamaulipas); Casa del Migrante Nuestra Sra. de Guadalupe (Reynosa, Tamaulipas); Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México); Servicio Jesuita a Refugiados (Ciudad de México); La Red Jesuita Con Migrantes México; Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada-CAFEMIN (Ciudad de México); Iniciativa KINO (Sonora); Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca); Casa del Migrante Jtatic Samuel (Chiapas); Casa del Migrante El Samaritano (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Seminario Scalabriniano (Ciudad de México); Hermanas de San José de Lyon en Albergue Decanal Guadalupano Tierra Blanca, Ver; Centro Agustín Prodh (Ciudad de México); Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León); Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León); Hermanas del Servicio Social Movilidad Humana (Michoacán); Comité́ Monseñor Romero-Casa del Migrante-Tochán (Ciudad de México); Hermanas Auxiliadoras del Purgatorio de México, A.R. (Ciudad de México); Casa Migrante de Saltillo (Coahuila); Pastoral de la Migrantes Diócesis de Tulancingo (Hidalgo); Centro de Atención al Migrante Necesitado-CAMYN (Sonora); Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas); Comedor La Esperanza del Migrante- Las Patronas (Veracruz); SMR Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (Ciudad de México); Comisión de Pastoral de Migrantes y Movilidad Humana-Arquidiócesis de México (Ciudad de México); Casa del Migrante La Santa Cruz (Chiapas). Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Lic. María Mayela Blanco Ramírez; Mtra. Irazú Gómez, Hna. Leticia Gutiérrez Valderrama, mscs., Estudios Fronterizos de la UACM Sicsal. Colectivo Ustedes Somos Nosotros Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas. Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas, Comunidad Teológica de México. Comunidades por la Justicia y la Paz Conferencia de Institutos Religiosos de México (CIRM) Dimensión de Pastoral de Pueblos Originarios y Afro Mexicanos (PPOYAM) Documenta desde abajo Fundación Manos Extendidas Ángel Esteban AC, Fundación para el Desarrollo del Bajío Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
Una nueva política económica y social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las medidas anunciadas, como son las pensiones para adultos mayores, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de septiembre de 2018 Miguel Concha Después de 40 años deconvivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena. En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales. Las medidas anunciadas por nuestro presidente electo, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico del país. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social. Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad. Otras acciones prioritarias deberían ser el incrementar las inversiones gubernamentales en infraestructura, que a la vez que crean fuentes de trabajo impulsan la productividad en el país. Lo anterior deberá complementarse con la creación de un clima que facilite la inversión privada, simplificando los trámites, castigando la corrupción, minimizando las decisiones discrecionales de las autoridades y obligando al sistema bancario a una competencia auténtica. Todo ello en un clima de verdadera ética pública, y cortando de tajo la evasión y elusión del pago de impuestos. No es posible en efecto que las autoridades no hayan hecho nada hasta ahora para dejar que el fisco pierda cada año 2 billones de pesos por el uso de facturas apócrifas por parte de empresas bien pertrechadas para cometer estos y otros fraudes bien conocidos ahora. Y tampoco es admisible que en el medio empresarial algunos de sus exponentes hayan venido aprendiendo a vivir con la corrupción, y muchos la consideren casi como una segunda naturaleza que simplemente hay que calcular entre las pérdidas y ganancias, sin necesidad de eliminarla como prioridad. Tampoco es dable que en los años recientes se haya venido minimizando en las empresas la solidaridad con los diferentes grupos que la integran: los empleados y trabajadores, los consumidores, los agentes y los proveedores, otorgándole en cambio una prioridad absoluta a los inversionistas. Debe entonces exigirse por parte de la sociedad civil la puesta en práctica en las empresas de una auténtica responsabilidad social. Los tiempos que vienen a corto plazo van a prestarse posiblemente a problemas sociales y políticos que podrían ser graves. Y por ello la ciudadanía tendrá que preguntarse qué se está haciendo y qué se ha dejado de hacer para generar la injusta convivencia que mantenemos en los campos de la pobreza y la desigualdad en los que estamos inmersos. Y sobre todo qué se debe hacer ética y políticamente para evitarlo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El derecho al trabajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de agosto de 2018 Miguel Concha Una de las ventajas que permite el adelanto de los tiempos de la transición del gobierno en funciones al gobierno electo, es que permite la expresión de la opinión pública sobre temas de interés de la ciudadanía. Tal es el caso del próximo gobierno de Ciudad de México (CDMX) y la anunciada desaparición de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, y la absorción de sus funciones por la Secretaría de Economía. Se ha anunciado al respecto un proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y diversos actores del mundo del trabajo. Con el ánimo de aportar a ese importante proceso, propongo algunas ideas. El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm). De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías. Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX. En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda. Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
