En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe escuchar a la Ciudadanía
Desde sus orígenes conocemos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hemos monitoreado sus impactos y hecho propuestas alternativas. Sobre la actual renegociación hace doce meses advertimos el riesgo de apresurarla y caer en la estrategia e intereses corporativos y políticos de los gobiernos respectivos, y propusimos posponerla hasta que hubiera un nuevo gobierno en México y después del proceso de renovación del Congreso en los Estados Unidos, para evitar caer entre las presiones e intereses electorales. En el caso de México, hemos sostenido que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha carecido de legitimidad y representatividad para negociar en nuestro nombre. Es el nuevo gobierno electo, con la legitimidad política tras el triunfo electoral el que debe negociar una nueva agenda y relación de cooperación y complementación de América del Norte. El primero de julio la mayoría de las mexicanas y mexicanos votamos por un cambio real. La renegociación del TLCAN es uno de los temas claves que atañe a recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La renegociación debe superar la orientación del actual TLCAN. El TLCAN no es un simple acuerdo de circulación de mercancías es un tratado que establecerá obligaciones jurídicas así como de teoría y práctica económica para seguir limitando las facultades de los estados nacionales de regular la economía en función de un proyecto nacional y dejar como hasta ahora la dinámica de la economía y la sociedad a la ley de la oferta y demanda, bajo la lógica de maximizar la ganancia privada en prejuicio del bienestar social. El nuevo gobierno debe reorientar a fondo el sentido de las negociaciones a fin de preservar los intereses fundamentales de un Estado nacional comprometido con el desarrollo nacional, independiente y soberano, en donde los derechos sociales, la justicia, la libertad y la democracia sean elementos indispensables de los que goce su población y estén garantizados en un tratado trinacional. De igual forma es indispensable eliminar las disposiciones jurídicamente vinculantes que subordinan nuestra soberanía y autodeterminación a los intereses de las empresas transnacionales, del gobierno de los Estados Unidos y a los tribunales extra nacionales en los que los hacen valer. Vimos con beneplácito la disposición del nuevo gobierno mexicano de involucrarse en las negociaciones del TLCAN, pero no deja de sorprendernos una serie de declaraciones y acciones que poco o casi nada lo distinguen del gobierno que finaliza. Son de particular preocupación cuatro elementos: Que las negociaciones se mantengan orientadas por el mismo parámetro mercantilista y de limitar la capacidad de los Estados de promover un proyecto nacional de desarrollo. Que el equipo negociador designado por Enrique Peña Nieto continúe apresurando y manteniendo en secreto las negociaciones para cumplir con el requerimiento del Congreso de los Estados Unidos de ser notificado con 90 días de anticipación sobre las intenciones del Presidente Trump para firmar un acuerdo. Acelerar las negociaciones solo beneficia a la estrategia electoral de Donald Trump para utilizar a conveniencia un acuerdo o no en la renegociación del TLCAN. Que los negociadores se hayan apegado a la estrategia definida por el gobierno de Donald Trump de negociar bilateralmente con el gobierno mexicano, ya que es el que muestra mayor disponibilidad de ceder a las condiciones impuestas a favor de los intereses norteamericanos. Que los gobiernos y los parlamentos ignoren y no estén comprometidos con realizar y resolver las controversias y contradicciones entre el modelo de los tratados de “libre comercio” y otros tratados multilaterales, entre ellos los compromisos adoptados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, de derechos humanos y medio ambiente que han sido adoptados por lo menos por dos de los tres gobiernos y que por tanto tienen carácter jurídicamente vinculante. Tratados que de acuerdo al derecho internacional, contienen disposiciones para prevalecer por razones de precedencia o por controversias entre tratados, sobre los acuerdos de carácter mercantil. El pasado 3 de agosto el Dr. Jesús Seade Kuri, designado por el Presidente Electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe negociador del TLCAN declaro: “Soy cautelosamente optimista (de los avances logrados y de alcanzar un arreglo en las próximas semanas). Creo que se puede hacer, pero también puede haber problemas. Tenemos que ver”. De igual forma el Dr. Seade ha manifestado su complacencia con las propuestas de negociación del actual gobierno señalando que “técnicamente son las más idóneas”, el problema no es técnico, lo correcto técnicamente depende de los objetivos propuestos, el tipo de desarrollo que se busque y el modelo de inserción en el comercio internacional en favor de los intereses nacionales y de justicia social. Las negociaciones hasta ahora han sido totalmente cerradas, sólo han consultado y permitido la participación de la elite empresarial nacional y transnacional. El nuevo gobierno debe abrir una amplia discusión con todos los sectores de la sociedad en esta etapa de la negociación y por supuesto sobre los textos negociados antes de enviarlo al Senado para su aprobación legislativa. No hemos escuchado, ni se menciona ninguna de las numerosas propuestas constructivas que las organizaciones ciudadanas, sobre todo de la Convergencia México Mejor Sin TLCs, o la Coalición Trinacional de Organizaciones Ciudadanas (Canadá, EEUU, México), hemos hecho públicas y que se orientan a negociar un acuerdo de complementación económica y cooperación y no de competencia y explotación extrema entre desiguales. Un acuerdo que salvaguarde por encima de todo la protección y promoción de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los mecanismos compensatorios y de control para resolverlos. Es de elemental sensibilidad política escuchar y conocer las voces ciudadanas que también conocen de este gran tema geoestratégico. Hacemos un firme y respetuoso llamado al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, a su equipo político de gobierno y a los Senadores electos, para realizar una urgente reunión de trabajo
Por un modelo económico que ponga al centro los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente
Las organizaciones y movimientos sociales expresamos nuestra preocupación por la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por el Senado el día de ayer. Demandamos que el Estado garantice los derechos humanos y el cuidado de la naturaleza por encima del beneficio económico de las empresas. El día de ayer (24 de abril), México se convirtió en el primer país en aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) o TPP-1 por sus siglas en inglés. El Senado aprobó su ratificación con 74 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. La ratificación se dio con base en un documento que todavía no ha sido finalizado, pues incluso Estados Unidos no ha definido su participación y las condiciones que incluiría en el Tratado si se une. Es importante recordar que los procedimientos especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones por las consecuencias negativas que puede tener la implementación del este Tratado en los derechos humanos. Lo anterior ha sido resaltado por la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; el Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; el Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; la Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; y el Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, de conformidad con las resoluciones 28/9, 27/9, 25/2, 24/6, 24/9, 26/6, y 28/16 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por otro lado, el Senado no ha cumplido con la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, donde se mandata hacer procesos amplios de consulta a sectores diversos de la sociedad en México. La ratificación del TPP-1 se dio a pesar de que varios actores sociales, entre ellos la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos “México mejor sin TLCs” solicitaron audiencia a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado para expresar sus apreciaciones y alternativas contenidos del Tratado que comprometen los derechos humanos y el cuidada de la tierra, por desgracia a la fecha no se nos ha recibido para profundizar en nuestras preocupaciones.. Exigimos: -No publicar la ratificación del Senado -Que el Ejecutivo no implemente el Tratados -Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado de garantizar los Derechos Humanos! -Que los Órganos Autónomos de Protección de Derechos Humanos se pronuncien sobre los contenidos de este Tratado y los daños y afectaciones que se cometerían contra los Derechos Humanos. ¡Demandamos que no se ratifique y negocie este Tratado en nuestro nombre sin transparencia y sin participación ciudadana! ATENTAMENTE CONVERGENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANXS “MÉXICO MEJOR SIN TLC´s”
Los DESC en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Estado mexicano olvidó reconocer ante Naciones Unidas que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, las reformas estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 24 de marzo de 2018 Miguel Concha Los pasados días 12 y 13 de marzo sustentó México ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) su V y VI informe conjunto de cumplimento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Aunque hay que aclarar que este ejercicio se da después de más de 11 años que el Estado mexicano enviara su último informe, y ello a pesar de estar obligado a informar cada cinco años a dicho comité sobre el estado que guardan los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). En un primer momento esta revisión estaba programada para el 28 y 29 de septiembre de 2017, pero debido a los sismos de septiembre pasado se pospuso para marzo de este año. El Comité DESC, compuesto por 18 personas expertas independientes, examina los avances y desafíos que tienen los Estados parte del PIDESC respecto a los derechos establecidos en el mismo. Y para tal examen diferentes organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, redactaron informes alternos al presentado por el Estado mexicano, en los que dieron cuenta sobre la situación de los DESC en el país, y sobre el lento y limitado avance en atender recomendaciones hechas por este mismo comité desde 1999. En particular, más de 83 organizaciones mexicanas se articularon para la redacción del Informe conjunto de sociedad civil sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en México 2017. Es importante señalar que ante el cambio de fechas se entregó también un addendum, con el fin de actualizar al comité sobre los derechos en el periodo posterior a los sismos, los presupuestos públicos para 2018, la legislación y el desplazamiento forzado. En estos documentos se exponen preocupaciones de la sociedad civil, y se solicita al comité considerar atentamente sus observaciones y recomendaciones. Se trata, pues, de un informe que diagnostica la situación de los DESC desde la mirada de las organizaciones sociales que acompañan la defensa de estos derechos entre los movimientos sociales, las comunidades y las colectividades de personas afectadas. Sus recomendaciones están relacionadas con la poca garantía de los DESC, y con que muchos de éstos siguen siendo considerados por el Estado como servicios a los que sólo tiene acceso una pequeña parte de la población, afectando sobre todo a los grupos más vulnerabilizados. Señalan además que el Estado mexicano se niega a ratificar el Protocolo Facultativo del PIDESC, y, lo que es peor, que en el último sexenio se han llevado a cabo reformas legislativas contrarias al disfrute y garantía de los DESC. Frente a este proceso, las instancias gubernamentales prepararon en paralelo el informe del Estado, el cual presentaron a las organizaciones de la sociedad en julio de 2017, cuando ya había sido enviado al comité. Con lo cual obviaron experiencias de organizaciones sociales que conocieron sobre su respuesta ante el examen en Naciones Unidas. Ello no obstante, la cancillería mexicana declaró que su elaboración fue un proceso en el que existió el diálogo entre ambos actores, y que su informe era resultado de tal interacción. Durante el 63 periodo de sesiones del Comité DESC, la delegación mexicana destacó que desde 2006 se han adoptado y emprendido reformas estructurales que buscan fortalecer los derechos humanos y asegurar el desarrollo económico, cultural y social. Pero contrariamente a la postura de las organizaciones sociales, olvidó reconocer que ahora es evidente el impacto negativo que tienen, o potencialmente tendrán, esas reformas. Por ejemplo, la reforma energética que sólo favorece intereses empresariales e incentiva proyectos a grande escala que implican daños ambientales y sociales irreversibles. El comité por su parte mostró preocupación por la corrupción y la impunidad, y cuestionó acerca de la alta tasa de desempleo y su relación con la economía informal. Llamó también la atención sobre los niveles de pobreza, las asimetrías regionales, y la grave situación de violaciones a los derechos humanos de periodistas y defensores. Alertó además sobre la violencia por razones de género y el necesario enfoque diferenciado en el trato a diferentes grupos. Durante el examen, la delegación mexicana centró sus respuestas en las acciones llevadas a cabo por la administración actual, sin tomar en cuenta que el periodo por el cual se le examinaba era mayor a éste, y que su responsabilidad abarcaba la de las administraciones pasadas que también conocieron sobre la situación de los DESC en México. Como es costumbre, el gobierno mexicano reafirmó sus compromisos con el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de esta evaluación. Es necesario sin embargo recordar que hasta 2014 el Estado mexicano había recibido mil 885 recomendaciones de diferentes mecanismos y relatores en materia de derechos humanos, de las cuales no existe un proceso de rendición de cuentas, ni un seguimiento sobre su atención y cumplimiento afectivo. Por ello es posible cuestionar si realmente estas nuevas recomendaciones se atenderán, implementarán y cumplirán. El comité emitirá sus recomendaciones sobre México hacia el 29 de marzo próximo. Al final del día, estos mecanismos internacionales son propicios para volver a poner la atención del mundo en México. Pero lo más importante es que los temas y derechos urgentes deben resolverse lo antes posible, atendiendo, sí, al escrutinio internacional, pero sobre todo haciendo caso a las exigencias de la población que habita o transita por territorio mexicano. Y por ello en la coyuntura nacional es tarea de la sociedad exigir que el Estado responda de manera integral, efectiva y conforme a sus obligaciones en materia de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Toño Hernández [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
TLCAN y los derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A más de dos décadas de la implementación del Tratado, su importancia e influencia en la vida de las personas y de los pueblos que lo integran es innegable y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de marzo de 2018 Miguel Concha A más de dos décadas de laimplementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), su importancia e influencia en la vida de las personas y pueblos de los países que lo integran son innegables y sus supuestos beneficios, muy cuestionables. Tanto es así que debido a las asimetrías de sus economías, en las que México ha perdido mayormente, se ha vuelto casi imperceptible la posibilidad de mantener relaciones comerciales exitosas entre las tres naciones. Tal vez sea por esto que quienes se ostentan como expertos en la materia no entiendan, confundidos, la importancia de la participación activa de todas aquellas personas y grupos que se ven afectados con sus renegociaciones, así como la urgencia de que las nuevas generaciones tomen partido sobre el futuro del TLCAN, ya que siendo el modelo económico en el que han crecido, opinan si este tratado cumplió con el sueño dorado de vida digna que prometió. Se esperaba que la actual coyuntura de renegociaciones fuera rápida y efectiva. Sin embargo, ya van siete complejas rondas y se prepara una octava, sin que tengamos certeza de qué nos depara el futuro. Y tampoco de qué y cómo ya se renegoció. Las renegociaciones del TLCAN no deberían ser exclusivas de los equipos de expertos y representantes gubernamentales. Por ello, al margen de lujosas instalaciones de negociación, se reúnen por su parte diversos sindicatos, organizaciones sociales y representantes críticos del ámbito académico de cada país en cada ronda con la finalidad de exigir que sean escuchadas personas y grupos que ven afectadas sus vidas por este Tratado. Este año se han realizado dos rondas de este tipo, una en Montreal, Canadá, a fines de enero, y otra en Ciudad de México, que recién concluyó. Simultáneamente, en ambas ciudades se llevaron a cabo actividades organizadas por distintos actores de los tres países que se reconocen como colectividades, por ejemplo, de trabajadores, quienes ven menoscabados sus derechos por el tratado, y en las que la Convergencia México Mejor Sin TLCAN estuvo muy activa. Quienes se reúnen de forma alterna han expresado contundentemente en estas últimas rondas que el acuerdo ha beneficiado exclusivamente a las corporaciones trasnacionales, a expensas de los derechos de las personas y del medio ambiente. Con justa razón advierten que esta renegociación podría conducir a un tratado comercial más perjudicial que el actual. Un tema constante ha sido también la preocupación por el respeto de los derechos de los trabajadores migratorios mexicanos, puestos en riesgo por las políticas racistas y discriminatorias del actual gobierno de Estados Unidos. Han pasado ya más de 20 años de TLCAN y la organización social trinacional continúa presente como al principio. Las organizaciones sociales siguen convergiendo para exigir que los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales sean respetados, protegidos y garantizados. Demandan, además, que las personas, los pueblos y el planeta sean considerados antes que el lucro de empresas, las que con un discurso burdo de crecimiento económico infinito negocian y velan sólo por sus intereses. Uno de los temas más presentes entre movimientos y organizaciones sociales, aunque menos atendido por los Estados en las últimas rondas, es el de las afectaciones directas a derechos humanos vinculadas con los tratados de libre comercio e inversión. Llama la atención que la postura del Estado mexicano, sus negociadores y ex negociadores siga siendo la misma: desinformación y desinterés en relación con los derechos de las personas y pueblos. Argumentan que los tratados de libre comercio no son de derechos humanos o de derechos ambientales. Y por ello, enarbolando la falsa e interesada división entre comercio y derechos humanos, piden a algunas organizaciones sociales que dejen de satanizar tratados hechos e implementados para progresar. Quienes piensan así obvian que el Sistema Internacional de Derechos Humanos se haya pronunciado en distintas ocasiones sobre estas materias. Como ejemplo tenemos que hace dos años, cuando se intentaba por primera vez aprobar el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) –que ahora parece resurgir– relatores especiales y expertos independientes de la ONU realizaron distintos informes con múltiples recomendaciones a los Estados y sus instituciones nacionales de derechos humanos para atender lo que activamente venían denunciando organizaciones sociales. El Sistema de la ONU los invita a revisar esos tratados a la luz de los derechos humanos, toda vez que el desarrollo económico y el respeto de los derechos tienen conexión directa. Urge entonces que las instituciones nacionales de derechos humanos mexicanas, e incluso las canadienses y estadunidenses, participen directamente en las renegociaciones del TLCAN, y que el Estado mexicano, por medio de sus dependencias administrativas, evite obstaculizar el involucramiento de otras entidades que puedan ayudar a poner al centro el respeto de los derechos humanos. Paradójicamente los tiempos del tratado han servido para generar solidaridad y acompañamiento entre movimientos internacionales, con el único fin de intercambiar experiencias y reconocer que nunca los impactos o beneficios han sido en ellos y entre ellos iguales, pero sí semejantes y equiparables. Hoy sabemos que por la acelerada e inaceptable explotación humana y por el mal uso de la naturaleza, el planeta, como nunca, está en riesgo. Por ello vuelve a hacerse importante el pregonarlo, aunque no se quiera oír. Basta con una sola queja relacionada con los sufrimientos ocasionados por el TLCAN para no callar. Es preciso escucharlo, tomarlo en cuenta y resolverlo para proteger la naturaleza y todo derecho humano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Wikifreund [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El voto de los mexicanos en el extranjero
La cifra de mexicanas y mexicanos en el extranjero que han tramitado su credencial en los consulados da muestra del interés que tienen en el documento y también en el proceso electoral que ocurre. Sábado 10 de febrero de 2018 Miguel Concha La población mexicana que reside alrededor del mundo votó por primera vez en las elecciones federales en 2006, año en que los esfuerzos de muchas organizaciones y comunidades binacionales rindieron frutos para el reconocimiento de los derechos extraterritoriales de los migrantes. El 1 de julio de 2018 los mexicanos que viven en el exterior podrán por tercera ocasión ejercer su voto en los comicios presidenciales, del jefe de Gobierno de Ciudad de México, de los gobernadores de seis estados y de una diputación en Jalisco. El tema del voto de los mexicanos en el extranjero es relevante, porque se trata de los derechos políticos de alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en otros países. Es decir, cerca de 10 por ciento de la población de México. Se trata también de un sector poblacional, cuyos aportes económicos son fundamentales para la economía del país. Un dato reciente del Banco de México señala que al cierre de 2017, las remesas recibidas por nuestra nación llegaron a 28 mil 771 millones de dólares. Lo cual supone un incremento de 6.6 por ciento respecto a 2016, cuando se ubicaron en 26 mil 993.8 millones de dólares. Además, dicho ingreso es considerado crucial en la mejora de los niveles de vida de millones de hogares en México, principalmente en entidades como Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que en conjunto recibieron el año pasado casi 30 por ciento del total de remesas. De acuerdo con las cifras reportadas por el banco central, el envío de remesas hacia México, sobre todo desde Estados Unidos, representa una de las fuentes generadoras de divisas más importantes para el país, al lado de las exportaciones de la industria automotriz y el sector agroalimentario. A pesar de la importancia económica y financiera de las remesas, los derechos políticos de los mexicanos residentes en el exterior no han sido reconocidos en forma equiparable. La votación desde el extranjero, por ejemplo, ha sido un reto desde sus orígenes, y en la actualidad enfrenta una situación complicada, que se puede atribuir a diversas razones. La revista Brújula Ciudadana lanzó en enero de este año un número especial sobre el voto desde el extranjero (www.iniciativaciudadana.org.mx/ brujula-ciudadana-95), con análisis de especialistas sobre el tema. Ahí se menciona que el proceso de votación es demasiado complejo, y que diversos líderes de la comunidad mexicana residente en Estados Unidos lo han descrito como un laberinto y un vía crucis. Parte del problema, fundamentalmente, está en que, además de la credencial para votar, los migrantes deben registrarse en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero. Dicho registro se cierra el 31 de marzo próximo. En su primera edición, en 2006, el voto extraterritorial se realizó mediante un sistema totalmente postal, y sólo podían ejercer este derecho quienes tenían en sus manos una credencial de elector tramitada en México. El resultado fue que votaron 32 mil 621 personas. Una cifra mínima, dado que en esos años se calculaba que tan sólo la población mexicana radicada en Estados Unidos alcanzaba 8 millones, de los cuales, según datos de los especialistas en el tema, 7 millones estaban en edad de votar. En la siguiente elección presidencial, en 2012, se puso en marcha el mismo sistema postal, pero se redujeron algunos requisitos. Sin embargo, la participación fue igualmente baja, pues sólo votaron 40 mil 714 personas. A partir de diciembre de 2015 se avanzó en la simplificación del sistema de votación, y las autoridades electorales consideran que son dos los elementos clave. Primero, la credencial de elector se ha emitido desde entonces en diversos consulados del mundo y, segundo, el registro es ahora mixto. Es decir, combina una parte digital y otra física. Lo cual, sin embargo, sigue sin ser modificado es el último paso: el voto final debe enviarse por correo postal. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), alrededor de medio millón de mexicanos ya ha tramitado la credencial para votar, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Dallas. Este ha sido quizás uno de los avances en el proceso electoral desde el extranjero, el cual fue posible por el convenio de colaboración que firmaron el 17 de diciembre de 2015 el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y en el que se establecieron las bases para la credencialización en el extranjero. Una demanda que los partidarios del voto extraterritorial habían hecho desde los orígenes de este movimiento en la década de los años 90. Con la aprobación del derecho al voto desde el extranjero, el otorgamiento de derechos políticos a este sector significativo de la sociedad mexicana ha tenido cierto progreso. aunque el proceso sigue siendo difícil, y no ha logrado generar las facilidades para ampliar la participación de los migrantes. La única señal comparativa optimista en este proceso ha sido la cifra sobre los mexicanos en el exterior que han hecho el trámite para obtener su credencial en los consulados. Lo cual, como dicen los especialistas, constituye una muestra del interés que tienen en el documento, y también en el proceso electoral que ocurre en México. Sin embargo, existen todavía muchas resistencias de la clase política mexicana para facilitar y simplificar el proceso, mediante mecanismos como, por ejemplo, el voto electrónico. Una opción que, si bien tiene pros y contras, ha demostrado un grado de efectividad importante en algunos países, y que según algunos estudios podría ampliar en nuestra nación la participación electoral de los mexicanos residentes en el exterior, quienes, por no existir las condiciones para que puedan ejercer sus derechos plenos, como cualquier mexicano, siguen teniendo en su país de origen el estatus de ciudadanos de segunda clase. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
#FuturoSinTLC
La convergencia “México Mejor sin TLCs”, conformada por cerca de 100 organizaciones de todos los sectores sociales, llama a dejar de lado las negociaciones sobre la continuidad del TLCAN y considera que es preferible salir del tratado comercial a rubricar un acuerdo peor. Como alternativa, las organizaciones proponen un modelo que no deje nuestro futuro a las leyes del mercado –es decir, la de la ley del más fuerte—, sino que esté basado en un acuerdo de cooperación y complementación para el desarrollo económico entre Canadá, Estados Unidos y México donde el interés público, el respeto a los derechos humanos y laborales, y la protección del medio ambiente estén en el centro. En el contexto de la sexta ronda de negociación del TLCAN que se está conduciendo en Montreal, Canadá, las organizaciones denuncian que el gobierno mexicano ha cedido reiteradamente a las propuestas que originalmente calificó como inaceptables. Entre estas demandas, presentadas por la administración de Donald Trump, destacan: las reglas de origen del sector automotriz, la cláusula de extinción o la limitación de exportaciones agrícolas mexicanas a las temporadas en las que no hay producción en Estados Unidos. Por lo demás, la exigencia de los sindicatos de los tres países, retomada por Trump, de evitar que los bajos salarios en México sean una competencia desleal es rechazada por el gobierno mexicano. Lo anterior, demuestra que la renegociación solo está conduciendo a un acuerdo más lesivo a los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, que el que había antes. Para las organizaciones integrantes de la convergencia, la administración de Enrique Peña Nieto ha perdido legitimidad para negociar en nombre del pueblo mexicano por contar con índices de aprobación ínfimos: casi 70% de los mexicanos desaprueban su gestión, según un estudio dado a conocer por el Pew Research Center. Además, ha conducido las negociaciones en secreto, tomando en cuenta únicamente los intereses de una parte del sector empresarial, el cual ha estado presente en todas las rondas desde el hermético cuarto de junto. Por el contrario, los intereses de los diferentes sectores de la sociedad civil no han sido tomados con la seriedad debida. “Si este gobierno, que no representa su gente sino a los grandes empresarios, firma un acuerdo negociado en estas condiciones, nuestra democracia sufrirá un importante revés”, alertó la Convergencia. Aunado a lo anterior, la insistencia del presidente Trump de construir un muro fronterizo pagado con dinero de los mexicanos, y sus reiteradas amenazas de utilizar el TLCAN como medio para alcanzar dicho objetivo o de condicionar Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) reitera la imposibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso para nuestro país. La Convergencia ha rechazado el acuerdo comercial y su renegociación porque implica la profundización del modelo de libre comercio que ya ha fracasado. Toda vez que obstaculiza el desarrollo económico, precarizado el empleo en los tres países y profundizado la desigualdad y las asimetrías entre las naciones. “No somos proteccionistas a ultranza, sino que luchamos por un acuerdo distinto, negociado por nuevos gobiernos que tengan el apoyo de sus pueblos. Por ahora, es preferible que el TLCAN se cancele y que nuevos acuerdos que respondan al interés de la mayoría se negocie en una coyuntura distinta”, agregó la Convergencia. “Ante la cancelación del TLCAN habrá tiempo suficiente para un plan de transición a una economía menos dependiente del exterior”. La Convergencia hizo este llamado extensivo a los demás acuerdos comerciales que actualmente negocia nuestro gobierno, como lo es el Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP, antes TPP) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). www.FuturoSinTLC.org Nota: Pew Research Center Imagen : RT
Contra abusos moleculares masivos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de enero de 2018 Miguel Concha En estos tiempos, en los que se normalizan diatribas, se formalizan alianzas inexplicables, se difunden revelaciones de corrupción, se ejecutan actos represivos, y se propagan promesas de esperanza y propuestas de cambio, debemos, ante la incertidumbre que circunda a tiros y troyanos, mantener la defensa de los derechos humanos. Si bien unos como artífices, y otros como opositores, lo cierto es que ni propios ni extraños aciertan a superar el conservadurismo que supone pretender resolver la problemática nacional desde una sola silla. Proteger por ello en resistencia los derechos fundamentales desde las vías social y jurídica, y por medio de las innovadoras redes sociales, representa un contrapeso liberal imprescindible. Para ejemplificar la anterior afirmación, podemos citar el caso de los juicios de acción colectiva. El objetivo de este mecanismo legal consiste en abrir una vía para que los ciudadanos puedan enfrentar los abusos masivos que pueden perpetrar corporaciones privadas o públicas, sin que los ciudadanos dependan de la voluntad política de los legisladores, partidos o gobierno alguno. Esta independencia civil permite evitar convertirse en rehén o moneda de cambio de intereses electorales legítimos o bastardos, de politiquerías o decisiones de Estado. Un grupo de treinta ciudadanos afectados o una organización civil registrada, pueden representar a un grupo social, incluso a toda la población nacional, y hasta a las generaciones futuras, sin necesidad de nombramiento alguno. La representación permite confrontar a un sector del gobierno o de la industria trasnacional contra alguna política comercial y/o pública que tenga aplicación en una comunidad o en todo el país. A pesar de tener un origen puramente civil o ciudadano, esta representación colectiva tiene el carácter de interés público que la ley le confiere. Eso sí, debe actuarse con diligencia, pericia y buena fe, sujetos además a la supervisión de los jueces. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en la sentencia 28/2013 que las acciones colectivas tienen como objetivos garantizar el acceso a la justicia, proporcionar economía procesal y generar en la sociedad un efecto disuasivo ante abusos masivos. Explica que existen reclamos que individualmente apenas podrían ser llevados a juicio por su bajo valor económico, y porque las personas afectadas pueden no tener los medios necesarios para hacer valer sus derechos en juicio. Cuantía que hace incosteable un litigio individual. Por ello los ministros de la SCJN definieron que los juicios colectivos permiten enfrentar de mejor forma el desproporcionado poder económico de los grandes consorcios comerciales, y desincentivar prácticas masivas ilícitas que estos agentes económicos realicen, ya que si éstas son combatidas colectivamente, la reclamación puede ser mayor al beneficio obtenido ilícitamente. De esta manera las acciones colectivas proporcionan eficiencia al sistema jurídico, puesto que múltiples juicios son sustituidos por uno solo. En otras palabras, cualquier agente económico, incluyendo a las entidades públicas que por algún beneficio ilícito se aprovechen de su desproporcionado poderío, puede ser juzgado en los tribunales por el simple hecho de que le demanden treinta personas. Y como es obvio, esta vía no está sujeta a la voluntad o incluso a omisiones de buena fe, de actores políticos. Por el contrario, litigar un juicio colectivo significa una responsabilidad legal con carácter de interés público. En nuestro caso, un grupo de 53 científicos, campesinos, defensores de derechos humanos, consumidores y abogados, así como una veintena de organizaciones de la sociedad civil, decidimos en 2013 defender las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres –únicos en el mundo–, frente al poderío de toda la industria trasnacional y el gobierno federal, que pretenden sembrar maíz genéticamente modificado. Acción que de forma irreversible alterará molecularmente tales reservas. Podemos afirmar que la intención de liberar maíz transgénico en millones de hectáreas equivale a un abuso masivo de carácter molecular, porque altera el patrimonio biocultural heredado por miles de años, y porque al ser introducido de forma permanente en su descendencia, utilizando una tecnología que rebasa las barreras naturales de reproducción o recombinación de los seres vivos, impide el acceso de todos los mexicanos, e incluso del mundo, a las reservas genéticas del cultivo más importante del planeta. La desproporción entre las partes es manifiesta. La posibilidad de que un solo individuo que se represente a sí mismo haga frente al interés particular trasnacional, con la complicidad del gobierno federal es nula. Por ello un colectivo compacto, que por ley representa a la población nacional y a las generaciones futuras, tiene la posibilidad de exigir a los tribunales que equilibren las fuerzas en el juicio colectivo. Así las cosas, respetuosamente, y con base en la ley, exigimos a la SCJN que, con base en los principios que ella misma estableció, estudie la pretensión de la industria trasnacional –encabezada en esta reclamación por Dupont–, de declarar inconstitucional la fracción IV del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regula un tipo de medidas cautelares, con la clara intención de conculcar el derecho humano colectivo de la población mexicana y de las generaciones futuras de conservar, utilizar e intercambiar libremente las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres. Caso que ordenó remitirle el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por considerarse incompetente para estudiar la constitucionalidad de una ley federal. Consultar artículo en La Jornada. 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Renegociando el TLCAN
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de diciembre de 2017 Miguel Concha La Comisión de Pastoral Social del Episcopado Católico Mexicano y los Comités de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, y de Justicia y Paz Internacional, de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos dieron a conocer un documento en el que, con mirada de pastores, no de técnicos, establecen una serie de criterios que, más allá de sus impactos económicos, deben ser tomados en cuenta en la evaluación de cualquier tratado comercial. Entre éstos señalan la no profundización de las pobrezas y las medidas de compensación para quienes resultaran afectados; las condiciones que impulsan a la gente a dejar sus tierras de origen; la protección dentro y fuera del propio país de los derechos de los trabajadores; la salud de las comunidades y el cuidado del medio ambiente; la salvaguardia del patrimonio de las comunidades indígenas originarias, y el trato justo en los acuerdos comerciales de sus conocimientos tradicionales y recursos naturales; la necesidad de políticas compensatorias para promover los sistemas alimentarios de producción, distribución y consumo sociales en el sector agrícola de México, así como la protección a quienes viven en zonas rurales en Estados Unidos, y, por fin, la función social de los derechos de propiedad intelectual, en especial los relativos al acceso de los pobres a los medicamentos y alimentos, y el reconocimiento intelectual, económico y político de sus conocimientos comunitarios. Ante la incertidumbre de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN), los obispos expresan de arranque y con sentido evangélico que, independientemente de si se llega o no a una renegociación exitosa, los tres gobiernos (México, Estados Unidos y Canadá) deben procurar decididamente una relación mutuamente respetuosa, justa y solidaria, especialmente para los más pobres de nuestros países. Y recuerdan que de conformidad con la enseñanza social del magisterio pontificio y episcopal católico, los criterios éticos tendrían que orientar las relaciones económicas internacionales. Vale decir, la persecución del bien común y el destino universal de los bienes de la tierra para uso de todas las personas; la equidad en las relaciones comerciales, y la atención a los derechos y necesidades de los más pobres en la cooperación internacional y en las políticas comerciales. En congruencia con esto, los obispos consideran acertadamente que los acuerdos comerciales trascienden el ámbito económico, y que por ello deben ser evaluados en relación con los efectos que produzcan sobre los pueblos, las regiones y el medio ambiente en los países afectados. “La iglesia –asientan– cree que el comercio debe beneficiar en primer lugar a las personas, además de los mercados y las economías”. Y con lucidez aseveran que es crucial que todos estos acuerdos, complejos y multifacéticos, deben surgir de un sólido marco jurídico que proteja el bien común y a los más vulnerables. Por ello insisten en que los tratados, como todas las políticas económicas y comerciales, deben ser diseñados y valorados desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual, familiar, comunitario, así como de las naciones y de los pueblos. De no ser así, y si no se adoptan políticas económicas y sociales compensatorias que mitiguen o contrarresten sus efectos negativos –advierten con razón–, se fomentarán, como ha sido el proceso hasta ahora, mayores desigualdades entre regiones y grupos, desplazamientos forzados, migraciones desordenadas, involuntarias e inseguras, y las diversas formas de violencia. Por ello también insisten en que los acuerdos deben fortalecer el respeto de los derechos humanos, principalmente los laborales, pero también todos los sociales, culturales y ambientales, así como la seguridad humana de las comunidades a ambos lados de la frontera. Y frente a las negociaciones cupulares y opacas que como hemos visto se acostumbran en este tipo de acuerdos, los obispos defienden el derecho a participar en sus negociaciones y evaluaciones de desempeño posteriores; los derechos de los pobres; los de los pueblos originarios; los de los trabajadores; las comunidades y el cuidado de la creación, y ofrecen su disponibilidad para compartir sus perspectivas y asegurar que las políticas se basen en esos criterios. Al hablar del criterio de los pobres, los obispos expresan que no se puede volver a abandonar a los pobres; y con relación a la migración afirman que es un fenómeno multinacional y multidimensional, y que como tal debe tratarse. Por lo que, entre otras cosas, ambos países tienen que atender las condiciones económicas de las familias pobres de México y de Estados Unidos, especialmente los pequeños productores agrícolas, los servicios de baja productividad, y el creciente desplazamiento impulsado por la inseguridad y el cambio. Y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores en el modelo industrial maquilador prevaleciente en el país, es importante también subrayar lo que dicen acerca de que es fundamental prestar especial atención a condiciones de trabajo seguras, horas de trabajo razonables, tiempo libre, salarios familiares suficientes para la vida y otros beneficios sociales reconocidos, e impedir el trabajo infantil. Así como el enfoque crítico económico y político actual, que prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud de las comunidades, cuando hablan del vínculo esencial entre la preservación del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible. Destaco igualmente su afirmación de que para la Iglesia los derechos de propiedad intelectual se ubican dentro del marco más amplio del bien común, y que estos derechos deben ser equilibrados con las necesidades de los pobres. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Steven Taylor [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
