Afirmemos la opción por la paz en México
La guerra sucia electoral está llegando a un nivel de intensidad, que ronda ya la crisis política y ciudadanía tenemos que participar abierta y masivamente para detenerla, exigiendo a las autoridades electorales, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del país, así como a los medios de comunicación masivos, que se manifiesten abierta y contundentemente en contra de esas expresiones que incitan a la violencia y hagan un pronunciamiento categórico en favor de la paz y el respeto a la vida de todas y todos los candidatos y ciudadanos. Circuló en las redes un tuit «golpista«, de un periodista abiertamente contrario al candidato presidencial de Morena. Ricardo Alemán lanzó un tuit en el que «sugiere» que Andrés Manuel López Obrador «podría ser asesinado por un seguidor». Afortunadamente, la condena fue inmediata, en las redes, en las versiones electrónicas de los diarios, e incluso fue lanzada una petición ciudadana en change.org, para contrarrestar esta intención que, además, lamentablemente no es la primera vez que se hace pública, pero que con este tuit adquiere una peligrosa corporeidad. En el clima de confrontación electoral y en el marco de la violencia que ha causado más de 200 mil muertos en los últimos 12 años, una expresión de esa naturaleza puede ser un catalizador que desate con mayor fuerza opciones de antagonismo con muy graves consecuencias. Por ello consideramos urgente que tanto la ciudadanía organizada como las autoridades políticas y electorales del país nos pronunciemos clara y abiertamente a favor de la paz y la concordia, el respeto a la ley, a la vida humana, fortaleciendo las conductas sociales y prácticas políticas que permitan el desarrollo democrático de nuestro país. Firman por la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia : Abraham Nuncio Limón Americo Saldivar Axel Didriksson T. Benjamín Arditi Carlos A. Ventura Callejas Carlos Figueroa Ibarra Carlos Gershenson Carlos Vargas Pacheco Diego Osorno Elisa Cruz Rueda Elisa Cuevas Landero Elisabetta Di Castro S Ernesto Hernández Norzagaray Gabriel Corona Armenta Griselda Gutiérrez Castañeda Guillermo Fernandez Ampie Gustavo Leyva Irma Eréndira Sandoval Javier Esteinou M. Jesús Solís John Mill Ackerman Jorge Gómez Naredo José Antonio Vela Julio Boltvinik Laura Carlsen Laura Cevallos Luis Arizmendi Luis Lemus Manuel Pérez Rocha Martin Aguilar Miguel Concha Malo Oscar Ugarteche Paola Ricaurte Quijano Patricia Escamilla-Hamm Gabriela Ippolito-O’Donnell Sergio O. Saldaña-Zorrilla Vladimir Pliego-Moreno Para más detalles o información adicional contactar a: Democracia2018MX@gmail.com Imagen destacada: Wikimedia
Más de 100 intelectuales y líderes de la sociedad civil estadounidense exigen al Congreso de los Estados Unidos estricta neutralidad de Washington frente a las elecciones del próximo 1 de julio en México | Boletín
-En una carta dirigida al Senado y a la Casa de los Representantes, los firmantes indican su preocupación sobre la permanencia de prácticas fraudulentas en México y el cuestionable papel que ha jugado Washington en materia de promoción a la democracia en América Latina “Es importante que México, uno de los aliados y socios comerciales más cercanos de Estados Unidos, goce de una democracia auténtica, en la que la ciudadanía pueda hacer pleno ejercicio de su derecho al voto en libertad, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras”, escribe un grupo de más de 100 intelectuales y líderes de las sociedad civil en una carta que enviaron hoy a las y los miembros del Congreso de los Estados Unidos. En la carta, los firmantes instan a los senadores y los diputados de los Estados Unidos a “[…] hacer todo lo que esté en su poder para garantizar que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y promueva las normas fundamentales de la democracia.” Los y las firmantes incluyen destacados intelectuales como Gilbert M. Joseph, profesor de historia de la Universidad Yale y ex presidente de la Asociación de Estudios de América Latina; Mary Kay Vaughn, profesora de historia en la Universidad de Maryland y presidenta de la Conferencia de Historia Latinoamericana; Bruce Ackerman, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Yale; Noam Chomsky, profesor emérito del Massachusetts Institute for Technology; Guadalupe Correa-Cabrera, investigadora del Woodrow Wilson Center for International Scholars y presidente de la Association for Borderlands Studies; y Greg Grandin, profesor de historia en la Universidad de Nueva York y miembro de la American Academy de Artes y Ciencias. Entre quienes firman también se incluyen destacados líderes de organizaciones de la sociedad civil como Laura Carlsen, Directora del Programa para las Américas del Centro para Políticas Internacionales (CIP); Mark Weisbrot, Co-director del Centro de Investigación Económica y de Políticas (CEPR); Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de los Migrantes en la Oficina de Washington para América Latina (WOLA); Ted Lewis, Director de Derechos Humanos en Global Exchange; y Manuel Peréz Rocha, del Instituto de Estudios Políticos (IPS). Las y los firmantes citan recientes amenazas a la libertad de asociación, libertad de expresión y el derecho a la protesta en México, así como el uso de software de espionaje por parte del gobierno mexicano para vigilar a activistas y el papel que ha jugado el gobierno en el encubrimiento de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero. La carta también destaca como la proliferación de la corrupción y de crímenes violentos pone en peligro la libertad del sufragio en México, señalando en particular que: “[…] las recientes elecciones estatales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila demostraron que la permanencia de prácticas fraudulentas se mantiene como un grave problema en el México de hoy.” Los firmantes también alertan con respecto a que en Honduras el año pasado, y en México en 1988 y 2006, “[…] el gobierno estadounidense se apresuró en reconocer y apoyar resultados electorales que estaban bajo sospechas graves […]”. En este contexto, la carta llama al Congreso de Estados Unidos a respaldar plenamente la celebración de elecciones democráticas en México “[…]condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violación a los derechos humanos, promoviendo una transición pacífica del poder, e insistiendo en el estricto cumplimiento de la normatividad electoral” así como manteniéndose alerta con respecto al proceso de selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México. Contactos: Laura Carlsen (Ciudad de México), +52 1 55 3551 9993, lecarlsen@gmail.com Christy Thornton (Washington, D.C) +1 646 752 5507 llchristyll@gmail.com
Miembros de la academia y líderes civiles de los Estados Unidos hacen un llamado al Congreso para asegurar neutralidad y respeto por las normas democráticas en las elecciones mexicanas | Carta
Estimados miembros del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, El 1ro de julio en México tendrán lugar las elecciones para presidencia, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados, así como miles de funcionarias y funcionarios locales. Como miembros de la academia y representantes de organizaciones de la sociedad civil con enfoque en México, nos preocupan los fuertes desafíos que se presentan en estas elecciones. Asimismo, en vista de las recientes declaraciones de la actual administración y tomando en cuenta los antecedentes del gobierno estadounidense en lo que respecta a apoyar la democracia en México y otros países de este hemisferio nos preocupa que el papel de éste resulte contraproducente. Es importante que México, uno de los aliados y socio comerciales más cercanos de Estados Unidos, sostenga una democracia real, en la que la ciudadanía pueda hacer libre ejercicio de su derecho al voto, sin restricción alguna o intervenciones extranjeras. Es por esto que, de la manera más respetuosa lo instamos a usted y a sus colegas del congreso a hacer todo lo que esté en su poder para asegurarse que la política del gobierno de los Estados Unidos en relación con las elecciones en México sea neutral y con fundamento en las normas básicas de democracia. En México se han documentado fuertes irregularidades electorales, tales como compra del voto y manipulación de los resultados. Las elecciones presidenciales de 1988 y de 2006 fueron denunciadas como fraudulentas tanto por el partido político de oposición como por grupos independientes de la sociedad civil. La legitimidad de las elecciones presidenciales más recientes, las de 2012, también ha sido puesta en tela de juicio debido al uso de financiamiento ilegal, una vasta estrategia de compra de votos y la falta de autonomía de las instituciones electorales así como de la mayor parte de las cadenas televisivas. De igual manera, las recientes elecciones locales de 2017 en el Estado de México y en Coahuila son ejemplos de que las prácticas fraudulentas representan aún un grave problema. En ambos procesos electorales, se han hecho denuncias fiables con respecto del uso ilegal de fondos públicos y privados en las campañas de los candidatos electos –ambos de los cuales pertenecen al partido actualmente en el ejecutivo federal–, hay también muchos reportes de compra del voto, de actos de intimidación en contra de las campañas de oposición, y dudas generalizadas en relación con la legitimidad del conteo de votos. Aunado a lo anterior, nos preocupan ciertos acontecimientos recientes que resultan en el menoscabo de libertades fundamentales, como los derechos de libre asociación, de libertad de expresión y de manifestación pública; los cuales son necesarios sin excepción para garantizar un proceso electoral legítimo. Entre otras cosas, se ha reportado que el gobierno mexicano participó en operaciones de espionaje a activistas de la oposición a través del software Pegasus, y encubrió la participación de agentes de seguridad pública en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Recientemente el gobierno aprobó la Ley de Seguridad Interior la cual da a las fuerzas armadas mayor capacidad de vigilancia, lo cual provoca miedo en la población ante la posibilidad del uso de estas fuerzas para reprimir protestas políticas y sociales legítimas. Al mismo tiempo, hay una creciente sensación de descontento en México por los elevados niveles de corrupción y violencia. El año pasado, cuatro ex-gobernadores fueron arrestados con cargos de corrupción. México está entre los países con más bajos resultados en el Índice de Transparencia Internacional, en donde el 61% de los votos afirman que la corrupción ha incrementado. También se reportan más crímenes violentos, siendo que el 2017 es el año con mayor número de homicidios. Y, como en el caso de los 43 desaparecidas de Ayotzinapa, las denuncias respecto del involucramiento de agentes de seguridad pública en desapariciones y homicidios rara vez son investigadas. Tanto los conflictos antes mencionados como otros tanto que actualmente asolan México únicamente pueden ser resueltos por el pueblo mexicano. Sin embargo, para que puedan solucionarlos colectivamente y de manera efectiva necesitan establecer instituciones así como funcionarias y funcionarios confiables. Para lo cual es indispensables que las elecciones sean legítimas. Bajo este contexto, es imperativo que el gobierno de los Estados Unidos apoye a que éste sea un proceso electoral democrático y justo, evitando declaraciones prematuras o acciones que pudieran legitimar resultados electorales en disputa por acciones fraudulentas. Desafortunadamente, en múltiples ocasiones las administraciones estadounidenses han adoptado posturas de escasa utilidad en relación con los procesos electorales en México y en otros países de la región. En las elecciones de Honduras del año pasado, el gobierno estadounidense no tardó en reconocer y apoyar resultados electorales que levantaban serias sospechas, tanto en Honduras como a nivel internacional. Los mismo ocurrió en México después de las elecciones presidenciales de 1988 y 2006. Dichas posturas incentivan a ciertos actores políticos a continuar con acciones fraudulentas y a sostener prácticas electorales ilegítimas. Este escenario no debería repetirse en el próximo proceso electoral en México. Con base en todo lo anterior, les instamos a usted y a sus colegas a hacer todo lo posible para garantizar que los Estados Unidos respalde la democracia mexicana apoyando una transición de poder pacífica y condenando públicamente cualquier irregularidad electoral o violaciones de derechos humanos promoviendo así que se lleven a cabo prácticas electorales justas y legales. El gobierno de los Estados Unidos debe sostener el máximo respeto por la soberanía nacional mexicana y el voto popular, además de expresar su compromiso por establecer una relación sólida con cualquier nueva administración mexicana. También le alentamos a seguir de cerca la selección del próximo embajador de los Estados Unidos en México, después de que la actual embajadora Roberta Jacobson salga del puesto el 1ro de mayo, a fin de garantizar que quien ocupe el puesto tenga la experiencia necesaria y las habilidades diplomáticas para equilibrar la compleja y crítica relación bilateral entre ambos países. En las próximas elecciones habrán muchos observadores y observadoras electorales mexicanas e
Ley de publicidad oficial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una Ley de Comunicación Social mediocre, creada para legitimar malas prácticas y que fortalece la inequidad de la contienda electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 14 de abril de 2018 Miguel Concha El 15 de noviembre de 2017,la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión emitir la ley reglamentaria sobre publicidad oficial. El 7 de febrero de 2018, el colectivo #MediosLibres entregó en las instalaciones del Senado un decálogo que contiene las bases mínimas para regularla, haciendo además un llamado para iniciar el proceso de creación de la ley, y generando una ruta crítica y una agenda en la que se incluyeran voces de distintos sectores que participaran en las discusiones del proceso legislativo. Organismos constitucionalmente autónomos, como el INE, el INAI y la CNDH urgieron también a iniciar el proceso legislativo de una manera abierta, plural e incluyente. Hasta el 13 de marzo fueron presentadas en la Cámara de Senadores y en la de Diputados más de 20 iniciativas al respecto. Ese día, sin embargo, el PRI presentó la suya y esta última sería la que se dictaminaría dentro de la Comisión de Gobernación, el 3 de abril. En dicha sesión, lo que se pudo apreciar fue un acto de simulación legislativa, en la que a toda costa y sin argumentos razonables aprobaron la ley con 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención. El PRI, en alianza con el PVEM y el Panal impusieron una agenda legislativa mediante una ley que no cumple con los estándares mínimos que debe tener la publicidad oficial, legitima las malas prácticas y no garantiza el ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a la información. Para no caer en desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo se buscó cumplir con un formalismo, retomando lineamientos ineficientes que existen desde hace tres sexenios a nivel federal. Entre los puntos críticos del predictamen se cuentan: 1. uso proselitista de la publicidad oficial. La Constitución prevé que la propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y que en ningún caso incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La CIDH, por conducto de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha señalado que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber, esto es, a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado, y que la información derivada de la publicidad oficial debe ser de interés público, no utilizarse con fines discriminatorios, para violar derechos humanos, ni con fines electorales o partidarios. Sin embargo, el predictamen (artículo 4, f.I) considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de logros de las autoridades, abriendo con ello la posibilidad de que se siga utilizando como herramienta para promover figuras públicas o partidos políticos, generando así su sobreexposición a la sociedad e impactando directamente en la equidad de la contienda electoral. En el mismo sentido está la excepción que se prevé en el artículo 14 respecto de la publicidad de los informes anuales de labores, los cuales son actualmente utilizados para la promoción personalizada de funcionarios y no para rendir cuentas a la ciudadanía. Se prevé también la posibilidad de difundir mensajes o campañas extraordinarias a las originalmente planteadas en el Programa Anual de Comunicación Social, sin señalar claramente el tipo de mensajes que podrían significar, violando así el principio de planeación adecuada del gasto. 2. Ineficiencia y discrecionalidad en el uso de los recursos. La sentencia de la SCJN señala la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial. La ley no prevé nada al respecto. Simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, lo cual no cambia la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto, y representa una violación del artículo 7 de la Constitución y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por esto #Medioslibres ha insistido en la necesidad de que los recursos publicitarios se asignen según criterios que evalúen factores como el perfil del público al que van destinados, los precios, la circulación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad. La idoneidad, el público objetivo –con acciones afirmativas hacía contenidos asociados a grupos vulnerables– y la no discriminación son criterios que también hay que tener en cuenta. 3. Centraliza más el control del gasto en publicidad oficial. El principio 7 de la Relatoría Especial señala la necesidad de contar con un control externo de la asignación de pauta. Salvo las referencias al rol de la Auditoría Superior de la Federación (o contraloría estatal equivalente), se omite en el predictamen la elaboración de controles descentralizados para vigilar y fiscalizar el uso de la publicidad oficial. 4. La ausencia de fomento al pluralismo de medios y trato diversificado a los medios de uso social, comunitarios e indígenas, así como de transparencia y regulación de la medición de audiencia, circulación, visitas y raiting. No obstante estas lagunas, el 10 de abril se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados la Ley General de Comunicación Social, con 205 votos a favor y 168 en contra. Llamó la atención la urgencia que tenían de dar por cumplida en términos mediocres la sentencia de la primera sala de la Corte, sobre todo cuando su trabajo legislativo inició a escasas semanas del plazo establecido en la sentencia (30 de abril). Se trata de una ley impuesta, creada para legitimar las malas prácticas e institucionalizarlas. El Senado tiene la oportunidad de generar un contrapeso ante el dictamen emanado de la Cámara de Diputados. Lo malo es que el PRI tiene mayoría en ambas cámaras. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Red por la democracia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda a prevenir un posible fraude y hacer que se respete la decisión popular que surja de las urnas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de abril de 2018 Miguel Concha Este 2018 México acude a la cita sexenal de las elecciones, cuando como país enfrentamos un clima de tremenda inestabilidad política y de brumas publicitarias que nos impiden conocer y ver con más certeza lo que nos deparan los próximos meses. Las campañas electorales arrancaron el pasado fin de semana, y hasta ahora la vorágine de información comienza a fluir de tal forma que, con el paso de los días, existen ya elementos y contenido sustancial. Se sabe ya incluso de algunas irregularidades que permiten observar la forma y comportamiento en que se van y podrían seguirse desarrollando estas elecciones. En medio de esta coyuntura, también contamos sin duda con incertidumbres acerca de cómo las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de derechos políticos, como el voto, querrán o no garantizar y aferrase a principios rectores constitucionales, como la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Es decir, una actuación sin filias ni fobias, oportuna, transparente y contundente, como corresponde a órganos de Estado –no de gobierno, que son– y un proceso electoral legítimo que nos saque al paso este año, sin tener que lamentar violencia y violaciones a derechos humanos. Como algunas y algunos han sentenciado con mucha razón, lo contrario comprometería aún más en los próximos comicios del primero de julio la armonía y desarrollo de una sociedad que debiera resolver este acontecimiento por la vía más justa y democrática. La urgencia de actuar como sociedad civil en estos tiempos electorales se impone por la poca credibilidad y legitimidad que se ha observado en los años recientes en las elecciones sexenales e intermedias, y en varios estados de la República. Esto ha generado en la sociedad un sentimiento de desconfianza frente a las instituciones creadas por el Estado para garantizar procesos electorales que fortalezcan la democracia real y efectiva en México. En este contexto, el pasado 21 de marzo se dio a conocer la creación de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD), conformada por personas académicas de distintas universidades y organizaciones civiles nacionales e internacionales que, conforme a su declaratoria inicial, tiene entre sus objetivos el ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción en favor de la democracia en México. La RUCD pretende convocar a todas y todos los mexicanos, y a las y los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano a que se registren desde ahora como observadores electorales y articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. Esta articulación y esfuerzo plural, al que se invita a adherirse a más personas universitarias y ciudadanas, cuenta con el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mediante su Programa Universitario Diálogos por la Democracia ha sido fundamental para su constitución. Es importante decir que en estas elecciones 2018 el tema de la observación electoral se convierte en un ejercicio cívico y político que ayuda por un lado a prevenir un posible fraude. Con ello estaremos también generando un efecto inhibitorio y disuasivo que busque evitar que de manera desviada se use el sistema electoral y se utilice para proteger los intereses de unos cuantos, en lugar de que se respete la decisión popular que directamente surja de las urnas. Asimismo, la participación y observación en el contexto de las elecciones es un importante proceso pedagógico en el que aprendemos cómo funciona el sistema electoral y cómo se hacen ejercicios de derechos humanos –en este caso políticos– al tiempo que la sociedad se apropia de una vía para consolidar la democracia. Es decir, con la participación en las elecciones se ciudadaniza también el sistema electoral, y, en el caso de que se respete la ley –como debiera ser– podría incluso legitimarse entre la población, de tal forma que se convierta en una verdadera opción para contar con una sociedad más justa y digna. Con este esfuerzo ciudadano se pretende movilizar a una amplia red de personas observadoras electorales ciudadanas, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad posible de casillas tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Por otro lado, se pretende también denunciar de manera sistemática y rigurosa ante instituciones nacionales e internacionales, y medios de comunicación, toda violación a derechos que se comentan durante el proceso, así como dialogar y ayudar en la articulación entre las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, en favor de la celebración de elecciones libres, limpias y dignas en México. La Red está integrada hasta ahora por más de 170 personas firmantes de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes ambas de 13 países en Europa y las Américas. En ella se comparte la preocupación por el estado precario de la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en la que se encuentran las instituciones electorales. Mediante un comunicado que se ha ya publicado en seis lenguas la articulación señala claramente que las irregularidades y la poca legitimidad de determinados procesos electorales en la historia de México, han evidenciado que en el país existen muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. Queda sumarnos a esta Red y a otros esfuerzos ciudadanos que ahora impulsan importantes procesos de incidencia, observación y participación en los próximos comicios. Para la situación que enfrenta el país, no es poco continuar organizándonos en esta etapa electoral y defender nuestros derechos. Para mayores informes, dirigirse a Valentina Melgar Bermúdez en el siguiente correo: democracia2018mx@gmail.com Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Corrupción y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CIDH insiste en que la lucha contra la corrupción está firmemente «ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos» y por lo mismo es urgente atender mecanismos efectivos para erradicarla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 31 de marzo de 2018 Miguel Concha Entre el 13 y 14 de abril tendrá lugar en Lima, Perú, con el tema de La gobernabilidad democrática frente a la corrupción, la VIII Cumbre de las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó con esa oportunidad a comienzos de este mes una resolución titulada Corrupción y Derechos Humanos. En ella recuerda que el año pasado formuló una resolución sobre los derechos humanos y la impunidad, en la que afirmó que la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos, y que por lo mismo el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial, y garantizar los derechos humanos. Dada la importancia del tema, y más allá del uso imperialista y faccioso que en efecto puede hacerse de la próxima cumbre contra gobiernos que en la práctica defienden la democracia representativa y participativa o directa en América Latina, me parece interesante dar a conocer esta nueva resolución de la CIDH, que por primera vez proporciona una aproximación integral al tema. En el diagnóstico sobre sus efectos, la CIDH establece que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el estado de derecho y exacerba la desigualdad. Dice también que se caracteriza por el abuso o desviación del poder, público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y debilita las instituciones de control, administrativas y judiciales. Reconoce que la corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos de grupos históricamente discriminados, y que frecuentemente, como consecuencia de investigar, informar y denunciar actos de corrupción, funcionarios públicos, operadores de justicia, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, jóvenes y líderes de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes son víctimas de ataques contra su vida, su integridad, libertad y seguridad personal. Para la CIDH, la corrupción se genera mediante esquemas diversos, muchos de los cuales conocemos bien en México. Entre ellos, la adopción irregular de decisiones gubernamentales, como contratos u obras públicas, nombramientos o ascensos, y leyes o exoneraciones tributarias que afectan los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad. Además de la valoración de contratos u obras públicas de manera desviada, para favorecer el interés privado sobre el público, afectando con ello los recursos con que cuenta el Estado, y el requerir a los funcionarios públicos prebendas indebidas a cambio de servicios públicos (moches). Influir en los procesos electorales mediante el financiamiento ilícito de campañas y candidaturas es otro de los esquemas de corrupción estructural que captura a las entidades estatales. Con el propósito de enfrentar este cáncer de nuestra vida pública y privada, la CIDH propone cuatro ejes fundamentales, haciendo en cada uno de ellos una serie de pertinentes recomendaciones : 1. Independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia, en el que recomienda entre otras cosas el establecimiento normativo de procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia con criterios objetivos de selección o designación, así como requisitos y procedimientos previsibles para toda persona que desee participar, y mecanismos de transparencia en esos procesos, incluyendo a las altas cortes. 2.Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, en el que recomienda “establecer obligaciones de aquella información necesaria para la efectiva rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, en particular en relación con, a) sistemas de convocatoria, contratación, empleo y salarios de los funcionarios públicos; b) mecanismos para prevenir conflictos de interés; c) contratación pública y gestión del presupuesto e inversiones de infraestructura; d) actividades de lobby; e) identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en la gestión de empresas del sector privado, y f) financiamiento de las campañas electorales y funcionamiento de los partidos políticos. 3. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el que recomienda adoptar medidas necesarias para poner en marcha o fortalecer sistemas de supervisión y fiscalización de actividades de extracción, explotación o desarrollo de manera coherente con las obligaciones de derechos humanos, orientadas a evitar la vulneración de los derechos de la población en el área de influencia en que estas actividades tienen lugar. Es indispensable que dichas medidas contemplen para todas las personas, grupos y colectividades que se vean potencialmente afectados por un proyecto o actividad extractiva o de desarrollo mecanismos de participación activa en los procesos de toma de decisiones. Mecanismos de evaluación y control que por lo demás tienen que ser transparentes e independientes de las estructuras de control de las empresas y cualquier tipo de influencia. Adoptar además medidas para prevenir, investigar y sancionar agresiones y hostigamientos contra dirigentes u otras personas involucradas en procesos de defensa de derechos de las comunidades, población o pueblos indígenas y tribales afectados por actividades de extracción, explotación o desarrollo, y de personas que denuncian actos de corrupción en esos proyectos, es otra de las propuestas que hace la CIDH. Y, 4. Cooperación Internacional, mediante la creación de unidades de investigación multilaterales y medidas regionales de reparación para las víctimas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Pronunciamiento | Se constituye la «Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)»
-Súmate a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del 1 de julio en México Preocupados por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y ante la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales en el país, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural, en México y en el extranjero, hemos acordado conformar una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). La experiencia con las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, así como con las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, entre otros casos recientes, demuestran que hay muchos actores (políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales) que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático. En general, la grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales. Ante los peligros que acechan a la vida democrática en México, hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, a estar alerta y a tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Específicamente, convocamos a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) nos proponemos ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México. Convocamos a todos los mexicanos, y a todos los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano, a que se registren desde ahora como observadores electorales y que articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa. El presente y el futuro de la democracia mexicana no debe quedar solamente en manos de las instituciones electorales o los partidos políticos. Los ciudadanos y la sociedad civil también tienen una responsabilidad histórica. De nuestra participación dependerá que se respete el derecho constitucional del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes en las urnas este próximo 1 de julio. Para información sobre como registrarse como observador electoral acreditado por el Instituto Nacional Electoral se recomienda consultar la siguiente página: http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/ Invitamos a todos los individuos y agrupaciones, en México y el extranjero, que quisieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo: Democracia2018MX@gmail.com [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Button_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Slider_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Se constituye la “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD)”
-La RUCD participará en la defensa de la legalidad y la autenticidad de las campañas electorales y de los comicios que tendrán lugar el próximo 1 de julio. -Hace un llamado a la sociedad civil nacional e internacional a registrarse como observadores electorales para hacer respetar la voluntad popular. -Entre los firmantes de la iniciativa figuran personalidades de universidades, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de México, EEUU, Canadá, Europa y América Latina. En su comunicado inaugural, la nueva “Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia” (RUCD) emite un llamado a la sociedad civil mexicana e internacional a “sumarse a los esfuerzos por detener un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio”. La Red, integrada por más de 170 firmantes, de 77 diferentes universidades y 12 organizaciones de la sociedad civil provenientes de 13 países en Europa y las Américas, señala que está “preocupada por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales”. Los firmantes del comunicado publicado en español, inglés, francés, ruso, náhuatl y tseltal indican que las irregularidades y la poca legitimidad de los recientes procesos electorales tanto en el Estado de México como en el estado de Coahuila han evidenciado que en México “hay muchos actores que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático”. Frente a esa situación, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) se propone ser un espacio plural y de articulación, divulgación y acción a favor de un proceso democrático transparente y justo donde se garantice el respeto a la voluntad popular. Entre las acciones impulsadas y convocadas se encuentra la invitación a crear y movilizar una vasta red de observadoras y observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, que cubran las casillas electorales tanto el día de la elección como durante los conteos distritales. También se convocó a denunciar de forma rigurosa frente a las autoridades electorales nacionales, organismos internacionales y medios de comunicación las violaciones a la normatividad y otras irregularidades que se cometan durante el proceso electoral, así como la articulación de las diversas iniciativas ciudadanas a favor de la celebración de elecciones libres y transparentes. La iniciativa es respaldada por personalidades como Boaventura de Sousa Santos, Immanuel Wallerstein, Roberto Gargarella, Noam Chomsky, John Ackerman, Elena Poniatowska, Sergio Aguayo, Greg Grandin, Gabriela Ippolito-O’Donnell, José Del Val, Miguel Concha Malo y Alejandro Solalinde, así como por académicos y académicas del Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana y 15 diferentes entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras universidades nacionales. Asimismo, entre los firmantes extranjeros se incluyen académicos y académicas de Yale University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, Columbia University, University of California, University of Michigan, Sorbonne, Utrecht University, University of London, Universidad Carlos III y otras. La RUCD cuenta también con la participación de organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., el Center for Internacional Policy, el North American Congress for Latin America (NACLA), Justice Mexico Now, Dictámen Ciudadano, Frente Refundación, Ni Un Fraude Más y el Centro Universitario Cultural, A.C. Para más detalles o información adicional contactar a: Lisseth Pérez en lmpm3008@gmail.com
Exigencias mínimas para las elecciones de 2018
En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios. Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral. Son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos. Por ejemplo, la transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna. La triangulación de fondos ha sido denunciada por las organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta conducta, las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país. Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país. Se ha dicho que todos hablan de combatir la corrupción como bandera principal, lo cierto es que las instituciones construidas para hacerlo, están controladas y descabezadas. El esfuerzo por crear órganos electorales autónomos, de composición ciudadana, se tradujo en las elecciones libres de 1997 y 2000, que después naufragó por el secuestro de los partidos políticos y del poder público. Así, los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018. Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría. Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva. Es menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público. Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios, merma la democracia. Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad. Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica: Publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE. Promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos. Sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión. Instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que es preciso, cumpla sus objetivos. Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto. Flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero. Verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México. Investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular. Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nuestras peticiones fueran desoídas, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos. Ustedes tienen la palabra. FIRMAN: Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Giménez Cacho, Ma. Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara, Agustín Gutiérrez Canet, Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim May, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto Castillo, Loretta Ortiz
Enredos legales peligrosos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Lejos de brindar seguridad, la Ley de Seguridad Interior se encuentra plagada de irregularidades, incongruencias y absurdos. Lo cual la convierte en un marco jurídico incierto y ambiguo que permite el actuar arbitrario. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de febrero de 2018 Miguel Concha La creciente actividad delictiva que ha sobrepasado las capacidades de las autoridades policiales, fue uno de los argumentos del Congreso de la Unión para emitir la Ley de Seguridad Interior (LSI); fue la falta de seguridad en diversas entidades. Ante la ausencia de capacitación y formación de policías y la escasez de políticas de prevención del delito, se pretendió regular una política pública de seguridad fallida, que perpetúa la actividad militar en tareas de autoridades civiles. El poder legislativo federal consideró necesario otorgar un marco legal que regulara el actuar de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, las cuales han manifestado su reconocimiento por el esfuerzo del Congreso para dotarles de una ley que les otorgue seguridad en su actuar. Nada más distante de la realidad, pues lejos de brindar seguridad, la LSI se encuentra plagada de irregularidades, incongruencias y absurdos. Lo cual la convierte en un marco jurídico incierto y ambiguo que permite el actuar arbitrario. Prueba de ello es que no termina por diferenciar entre los conceptos de seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional. Al contrario, mezcla y confunde los conceptos de manera indistinta, lo cual da por resultado una llamada Ley de Seguridad Interior que retoma planteamientos de la Ley de Seguridad Nacional y se empeña en decir que no es una ley de seguridad pública, pero que establece facultades y obligaciones en esta materia. Por ello falla en ser un marco jurídico que brinde seguridad. El traslape de conceptos que realiza genera incertidumbre no sólo a los ciudadanos, sino a las propias autoridades encargadas de aplicar la norma, pues ni las fuerzas armadas saben si están realizando tareas de seguridad pública, de seguridad nacional o de seguridad interior. En su Informe sobre Seguridad Ciudadana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en 2009 que el hecho de establecer que elementos militares asuman tareas de seguridad pública, con base en el incremento de hechos violentos o delictivos, responde a la grave confusión entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado. Uno de los ejemplos más claros de esta confusión es la obligación que la LSI impone a las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en las que se estén realizando acciones que puedan ser de seguridad interior, de presentar un programa de seguridad pública, con plazos, acciones y presupuesto, para dar cumplimiento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual debe incluir los objetivos respecto al estado de fuerza mínimo requerido, así como las condiciones de desarrollo policial, y los protocolos, evaluaciones y unidades operativas y de formación necesarias para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Establece que dichas autoridades tienen el deber de asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública. Esto significa que, contrario a lo que la LSI dispone acerca de que las acciones que lleven a cabo las fuerzas armadas no se considerarán de seguridad pública, las autoridades estatales y municipales, cuando se estén realizando acciones que puedan ser materia de una declaratoria de protección (es decir, en las que estén participando las fuerzas armadas), tienen diversas obligaciones en el tema de seguridad pública, aunado a que de forma supletoria se aplicará la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta es una de las más grandes confusiones que la LSI genera, pues se empeñan en decir que no se trata de una norma en seguridad pública, pero sus disposiciones se empalman con lo dispuesto en diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, dejando a las autoridades en un estado de incertidumbre, por el que no sabrán qué disposición aplicar, y a los ciudadanos en uno de indefensión, pues se afectará su esfera de derechos por autoridades que no son competentes para ello. Como la CNDH señaló en su demanda de acción de inconstitucionalidad, el alcance de la LSI es prácticamente infinito, pues su contenido se empalma con la materia de la seguridad pública; las acciones de una materia se equiparan a las de la otra, ya que prácticamente cualquier situación puede ser considerada como amenaza a la seguridad interior. Por ello se abre la posibilidad de que situaciones que se consideren como amenazas o riesgos a la seguridad interior se identifiquen con tareas propias de seguridad pública. Lo cual se agrava cuando dispone que el encargado de la autoridad para dirigir y coordinar las acciones será un comandante de las fuerzas armadas designado por el Presidente de la República, subordinando a las autoridades civiles a esa autoridad militar designada. En ese sentido, la seguridad interior no es seguridad nacional, y el ámbito de aplicación de la LSI es tan extenso, que tiene como consecuencia que se empalmen las acciones en materia de seguridad interior con actividades que constitucional y legalmente corresponden a la seguridad pública, sin separar claramente las funciones militares de las de policía civil. De ahí que la LSI genere una serie de enredos legales que tienen como consecuencia el peligro latente de confundir materias que corresponden a autoridades diferentes y la importancia de que la Suprema Corte realice un análisis objetivo y minucioso de los recursos legales que se han presentado en contra de la LSI. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
