Las OSC y el futuro de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si bien las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil han causado revuelo y confusión, son también la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de mayo de 2019 Miguel Concha Las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han causado revuelo y confusión. Aunque también son la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. Un grupo numeroso de personas que han participado desde décadas atrás en las organizaciones civiles del país, constituyeron con esta pretensión una plataforma a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los valores fundamentales que orientan a una posición de izquierda contemporánea: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro de México, La Jornada 2/5/2019. No es propósito de ese pronunciamiento convencer al Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un profundo proceso de reflexión, en interlocución con los diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para responder a la interrogante sobre lo que a cada quien le toca hacer para lograr el tan anhelado cambio verdadero del país. El manifiesto aclara que las OSC no son toda la sociedad civil, pues ésta es diversa. “Una parte de ella –dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales”. El recuento que realizan es breve, pero en cada uno hay sin duda una parte de la historia contemporánea del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir el genocidio en Chiapas como respuesta al levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación electoral, de la que por cierto el primer caso fue en Tabasco. Lo anterior y mucho más como parte de un sentido histórico más amplio. Por ello afirman: “De esa manera hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre ‘beneficiarios’, sin que se atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza”. Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la democracia participativa, esto es, la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También por ello para estas OSC la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan. Los planteamientos anteriores, disponibles en la página http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo el sexenio de AMLO su malestar con las OSC? Parece poco probable que eso ocurra, aunque para estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la autorización del poder político, pues esa ha sido su experiencia desde hace décadas. Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha reiterado el Presidente, queda en duda, es si los programas sociales que pretende llevar a cabo serán posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para recibir recursos a través de ellos, sino para generar las capacidades organizativas de la población que les permitan desarrollar sus capacidades productivas. Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados sólo con la participación de la burocracia, esto conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, del intento de reconstruir el corporativismo estatal, contra el cual han luchado las organizaciones civiles y sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de caminos democráticos. Si no se pretendiera la confrontación permanente, entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –con autonomía– la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y los múltiples actores de la sociedad. Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello hay que crear condiciones; la primera es el reconocimiento mutuo. El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda ocasión– y por lo mismo sería también sobre la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la diversidad. México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se requiere también de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Qué sigue para México después de su Examen sobre Derechos Humanos?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Cuáles son los resultados del Examen Periódico Universal y cuáles son los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional para proteger y garantizar los derechos humanos? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 13 de abril de 2019 Por: Donovan Jiménez y Carlos Ventura A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación. En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales
Carta abierta : Sobre elección de titularidad de CAV-CDMX
Emmanuel Vargas Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas H. Congreso de la Ciudad de México El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas reconoce los recientes esfuerzos realizados por el Congreso de la Ciudad de México para avanzar en una mejor implementación de la Ley de Víctimas en la Ciudad de México, particularmente la publicación el 31 de enero pasado de la convocatoria para la elección de la terna de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CAV-CDMX). Desde hace algunos meses, este Observatorio ha insistido en la importancia de establecer un proceso transparente, incluyente y participativo para la selección de la terna de personas candidatas a la titularidad de la CAV-CDMX, asegurando una valoración pública y objetiva de los criterios de elección de la terna que será enviada a la Jefa de Gobierno, para la designación de la persona titular de la Comisión. En este sentido, y conforme en los principios del Parlamento Abierto, solicitamos atentamente a las Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos garantizar el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos transparentando la metodología y citerios que se utilizaron para la valoración de los perfiles y selección de la terna, más allá de los requisitos mínimos de elegibilidad que marcan la ley y la convocatoria. El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas es una coalición conformada por más de 110 organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas del país interesadas en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Sin más, esperamos atienda la solicitud aquí manifestada FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, C.c.p. Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de
Las oportunidades del PND
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Tras las elecciones de 2018, es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso de este proceso de planeación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de marzo de 2019 Miguel Concha Las elecciones pasadas expresaron la avidez de la sociedad por un cambio de rumbo en el país. Como ocurre con los procesos electorales, tiende a predominar el rechazo a lo anterior y las esperanzas de lo nuevo. Ahora es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso del proceso de planeación, pues de él se derivarán los programas sectoriales. Se han previsto tres: paz, democracia y Estado de derecho; desarrollo económico, y bienestar social. Estos sectores deben ser atravesados por tres ejes: inclusión, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La coordinación de la elaboración del PND corresponde a la Secretaría de Hacienda, que deberá tener lista la propuesta el 30 de abril de este año, para que el Presidente la envíe a los diputados. A diferencia de otras ocasiones, ahora le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo la elaboración del PND, y su aprobación final a la Cámara de Diputados. Así lo estableció la reforma constitucional de 2014, que tuvo como antecedente la propuesta elaborada por diversas organizaciones campesinas, civiles y sindicales, presentada al Senado de la República en noviembre de 2013, por medio de cuatro de sus miembros, y asumida después por los partidos políticos. La intención de sus promotores iniciales fue que se abriera al debate público la definición de las políticas sexenales, más allá de los acuerdos cupulares, como la experiencia del Pacto por México, de no muy feliz memoria. El actual gobierno ha manifestado que en esta ocasión sí se tomarán en cuenta las propuestas, para que el PND sea asumido por toda la sociedad. Que un plan deba tener consenso, ha quedado demostrado en los países con experiencias exitosas, mismas que ponen de manifiesto cuán importantes son la capacidad técnica y el consenso para que la planeación genere resultados positivos. En la situación actual del país hay tres asuntos que vuelven imprescindible una buena planeación, en los dos sentidos señalados: a) más allá de la discursiva, podría establecer la ruptura concreta con el modelo neoliberal, que, puesto que confía más en los vaivenes del mercado, rechaza abiertamente la planeación; b) si no se hace sólo para cumplir con las formas, con la intervención real de la sociedad en la planeación, ésta significaría también el inicio de la implantación real de la democracia participativa, rompiendo así con el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas, propio de las democracias elitistas; y c) permitiría trazar la ruta del desarrollo que paulatina y decididamente se aparte del neoliberalismo. Para alcanzar estos tres propósitos, no se necesitan actos de magia. Existen ya propuestas hechas del conocimiento público por grupos de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, formuladas en los diversos cambios de gobierno, pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política para ser tomadas en cuenta. Me atrevo a añadir algunos aspectos de procedimiento que podrían contribuir a la apropiación social del PND: 1. Que el gobierno dé a conocer la sistematización de las propuestas recogidas en los distintos foros y mecanismos de consulta que se han realizado. En el pasado ha sido común que muchas personas participen en las consultas, pero queda en el más grande misterio qué opinaron y si fueron consideradas sus propuestas. Si esto cambiara, sin duda que generaría un PND más próximo a la gente. 2. Incluir en los objetivos a alcanzar las propuestas de los diversos sectores sociales, pues el PND no puede incluir sólo los propósitos del partido gobernante. No hay duda que fue electo para dirigir al país, pero en democracia nadie lo puede hacer con exclusividad. 3. Lograr que la aprobación del PND por la Cámara de Diputados no sea sólo un trámite de aplicación automática por la mayoría del partido del presidente. La aprobación de las distintas fuerzas políticas es el paso indispensable para comprometerlas con los propósitos del plan. Lo que permitirá que tanto el gobierno como la sociedad les pueden exigir congruencia a la hora de ejercer sus facultades. 4. Construir consenso social. Mal harían los distintos partidos si suponen que el consenso es igual a un nuevo pacto de élites. Los diputados tendrán que convocar a toda la ciudadanía a discutir sobre la propuesta presidencial y a ser consecuentes con lo que escuchen. Será la oportunidad para que la sociedad opine, no ya sobre los problemas del país, sino sobre la estrategia que proponga el Ejecutivo para resolverlos. Esto plantea el reto de los instrumentos para captar la opinión pública, más allá de los foros. Será muy conveniente que desde ahora se inicie su discusión, pues queda sólo un mes para que se les envíe la propuesta del Ejecutivo, y dos más para aprobarla. La democracia participativa también requiere parlamento abierto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones al Estado mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las 262 recomendaciones de la comunidad internacional permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de marzo de 2019 Miguel Concha En noviembre de 2018 México estuvo sujeto por tercera ocasión al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Recibió entonces un total de 264 recomendaciones de más de 100 estados parte. Este mecanismo permitió también hacer una evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, principalmente bajo la administración de Peña Nieto. Para los distintos países que emitieron sus recomendaciones, los temas de mayor preocupación fueron la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso e impartición de justicia, relacionados sobre todo con la violencia hacia las mujeres y los altos índices de feminicidios. La protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para garantizar el respeto y pleno ejercicio de su labor, y el tema de los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades, relacionados con el riesgo que para ellos representan los megaproyectos, fueron otras de sus principales preocupaciones. De este modo, en el contexto del 40 periodo de sesiones del consejo, el pasado jueves 14 de marzo el Estado mexicano aceptó en Ginebra, Suiza, 262 recomendaciones, entre las cuales destacan: realizar investigaciones prontas, minuciosas, independientes e imparciales de los ataques cometidos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, y asegurarse de que los autores puedan ser llevados ante la justicia y sometidos a un juicio con las debidas garantías. El Estado mexicano debe asegurarse también de que el mecanismo federal de protección de los periodistas y los defensores de los derechos humanos reciba financiación y apoyo político a largo plazo. Además, los Estados parte recomendaron a México garantizar la labor sin trabas de los defensores de los derechos humanos y establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad, con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones graves de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Los Estado s fueron igualmente enfáticos en la relevancia de estudiar y generar una normativa necesaria para eliminar la incertidumbre legal y procedimental en la aplicación del mecanismo de alerta en materia de violencia de género. Llamó también la atención la importancia que le dieron a la necesidad de seguir celebrando con las comunidades indígenas consultas previas como herramienta fundamental para lograr el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. Si bien la delegación mexicana, al aceptar casi la totalidad de las recomendaciones y reconocer la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, reiteró la oportunidad que representan los mecanismos multilaterales para hacer frente a los retos en la materia, y manifestó su disposición de colaborar con estos mecanismos, también sigue preocupando el discurso adoptado a veces por parte del Ejecutivo federal sobre el reconocimiento de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones para hacer frente a la crisis. En este sentido, y mediante una declaración oral presentada ante el consejo en la misma sesión de aceptación del Estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), y la organización Dominicans for Justice and Peace (http://derechoshumanos.org.mx/ epu2019) reafirmaron la importancia de establecer un diálogo franco y propositivo del Gobierno federal con las organizaciones sociales, fundamental para el seguimiento y construcción de una agenda que permita hacer frente a esta crisis de derechos humanos. En su oportunidad el Estado mexicano mencionó que para la atención, seguimiento y cumplimento de las recomendaciones colaborará con los distintos poderes y niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil. Es relevante que en estas sinergias se reconozca el aporte histórico de las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en la vigencia de los derechos y la democratización del país. El gobierno actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene la responsabilidad de generar abierta y transparentemente, para el establecimiento de una ruta de implementación y seguimiento que permita construir una agenda derivada de las recomendaciones de esta tercera evaluación, los mecanismos necesarios de participación y colaboración con los distintos actores involucrados. Por ejemplo, las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, sus colectivos y las víctimas. Las 262 recomendaciones permiten identificar buen número de los asuntos relacionados con la grave crisis de derechos humanos que vivimos y la impunidad estructural prevaleciente que requieren mayor atención. Debido a que se trata de una evaluación que ha surgido de diferentes intercambios y diagnósticos, tanto de parte del Estado mexicano, como de organismos internacionales, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, su incorporación dentro de la agenda pública es necesaria. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desde algunos espacios de la sociedad civil, para el señor presidente
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es preciso se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 15 de marzo de 2019 Por: José A. Rosano, Vidal oliver, Lorena D Quintana y Viridiana Martínez En la década de 1980, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse con más auge, especialmente tras el terremoto de 1985, hecho que les permitió situarse y observar que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían sido históricamente invisibilizadas. Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las formas de vida. A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente sociales. Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la ciudadanía. No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de algunos de los programas emblemáticos como el Programa de Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, “actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos humanos). Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el arduo, complejo y profesional trabajo de muchas de las OSC (el cual representa, además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC, en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la población mexicana. Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que respondan este cuestionamiento de una manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos: Se vea la historia y se haga memoria sobre el papel verdadero de algunas OSC en el país (que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá de gestionar recursos económicos); muchas de ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas. Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. Se deje de presumir y aseverar, de forma irresponsable, que todas las OSC son de tal o cual manera sin antes examinar la diversidad de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC. Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, entre éstos, las juventudes que de forma sorora y solidaria (como es el caso de quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de otras personas. Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que han coadyuvado al bienestar social, no sólo de personas jóvenes, sino también de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora se encuentran en riesgo e incertidumbre por las descalificaciones generalizadas sin mayor fundamento y por los recortes presupuestales, que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus proyectos, los cuales no buscan otra cosa más que fortalecer y generar condiciones ligadas al bienestar social. Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes clave en el momento que ocurre en el país y
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Solicitud de Parlamento Abierto en las deliberaciones de la terna a Ministra de la SCJN
Apreciadas y apreciados Senadoras y Senadores, Por la trascendencia de la impartición de justicia para nuestro país, y la garantía de nuestros derechos constitucionales y convencionales, nos dirigimos a ustedes con todo respeto, para solicitarles que en las deliberaciones sobre la terna propuesta por el titular del poder Ejecutivo Federal, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan a bien decidir llevarlas a cabo con el procedimiento de Parlamento Abierto. Pensamos que de esta manera se transparentaría más y de mejor manera tal designación, pues se ha manifestado una preocupación en los medios de comunicación y en las redes sociales sobre el proceso en comento. A través del Parlamento Abierto se permitirá tomar en cuenta las consideraciones de personas expertas, académicas e integrantes de distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el tema. Con la confianza de que seremos debidamente atendidas y atendidos en nuestra petición, les expresamos nuestros saludos más cordiales. ATENTAMENTE Personas Miguel Concha Malo, Cristina Barros, Mariclaire Acosta Urquidi, Emilienne de León Aulina, Ana Pecova, Daniel Giménez Cacho, Ximena Andión, Manuel Canto Chac, Alexandra Garita Edelen, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Ramírez, Jorge Fernández Souza, Gustavo Ampugnani, Martha Recasens, Saúl Escobar, Carlos Ventura Callejas. Organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. El Caracol A.C. EQUIS Justicia para las Mujeres Greenpeace México A.C. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C. IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro,
La pirámide del odio
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de febrero de 2019 Miguel Concha Ante las actitudes y experiencias de discriminación en México, develadas de manera integral, y explicitadas en forma transversal por la pasada Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), me parece oportuno dar también aquí cuenta de los distintos niveles y la trayectoria ascendente de las diferentes causas, motivaciones y expresiones de la discriminación, detectadas, analizadas e ilustradas por la Liga contra la Difamación ( Antidifamation League) con la figura de una pirámide denominada La Pirámide del Odio: actitudes prejuiciadas, actos prejuiciados, discriminación, violencia motivada por prejuicios y genocidio. Todo ello nos permitirá ampliar más el conocimiento de estas graves falencias de nuestra convivencia, para poder atenderlas y resolverlas mejor. Como explica el doctor Mauricio Meschoulam, investigador del Centro para la Paz México, a quien hemos solicitado poder hacer uso de su estudio, la pirámide manifiesta comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados que se van agravando y volviendo más complejos de abajo hacia arriba, pues, por un lado, aunque los comportamientos de cada nivel tienen un impacto negativo en los individuos o grupos que los llevan a cabo, a medida que uno se mueve hacia arriba tienen consecuencias más peligrosas que ponen en peligro la vida. Y, por otro lado, los niveles superiores de la pirámide están apoyados en los niveles bajos, lo que significa que si las personas o instituciones tratan a los comportamientos en los niveles bajos como si fueran aceptables o normales, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel se acepten más. Como resultado, la pirámide del odio demuestra que el genocidio se construye a partir de la aceptación de comportamientos que aparecen en los niveles anteriores más bajos. Y así, la Liga contra la Difamación pone en la parte de abajo de la pirámide actitudes prejuiciadas, como pueden ser los estereotipos, los comentarios desconsiderados, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo, las pequeñas agresiones, el justificar los prejuicios buscando personas que piensen igual, el aceptar información negativa o errónea, o el descartar la información positiva. Y de allí, digo yo, la responsabilidad de los medios que difunden deliberadamente falsas noticias. En el siguiente nivel superior se encuentran ya los actos prejuiciados, como son la intimidación, la ridiculización, las burlas, las calumnias, los motes, la exclusión social, la deshumanización y las bromas prejuiciadas o denigrantes. Y más arriba nos hallamos a la discriminación, que, como sabemos, puede ser económica, política, educativa y laboral, así como tomar la forma de discriminación y segregación por vivienda, y de desigualdad en la justicia criminal. Por encima encontramos a la violencia motivada por prejuicios, la cual puede expresarse en asesinatos, violaciones, asaltos, incendios provocados, terrorismo, vandalismo, profanaciones y amenazas. Por último, en el nivel más alto encontramos al genocidio, que la Liga contra la Difamación define como el acto o intento de aniquilar deliberada y sistemáticamente a todo un pueblo. La Liga contra la Difamación es una organización fundada contra el antisemitismo y la intolerancia en 1913. Hoy continúa luchando contra todas las formas de extremismo y de odio, y proporciona distintos medios de educación en contra de los prejuicios y fanatismos. Su objetivo final es un mundo en el que ningún grupo o persona sufra sesgo, discriminación u odio. Y por su parte el Centro de Investigación para la Paz México tiene entre sus objetivos investigar de manera más sistemática y científica las situaciones de violencia que padecemos, y ofrecer propuestas concretas de política pública y/o recomendaciones para seguir profundizando el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. Por su parte la pasada Enadis 2017, presentada apenas en 2018, proporciona con su propia metodología información significativa para conocer la prevalencia de la discriminación en México y sus permanentes y/o eventuales apariciones. Gracias a ella hoy sabemos que el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, así como la clase social, las creencias religiosas, el sexo, la edad y la orientación sexual, son condiciones, situaciones o motivos que disparan la discriminación. Gracias a ella hoy también sabemos que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en 2017 por alguna de esas características y/o circunstancias personales, y que 23.3 por ciento de esa misma población consideró que en los pasados cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. Mientras la Enadis 2017 permite detectar que hay personas o grupos que padecen en sí mismas distintas formas de la discriminación, la pirámide del odio permite prevenir su radicalización y educar contra ella con mayor éxito. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : ADL [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Prisión preventiva oficiosa
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de febrero de 2019 Miguel Concha El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, un proyecto por el cual se busca reformar el artículo 19 de la Constitución, con el propósito de aumentar el catálogo de delitos, cuya prisión preventiva es de carácter oficioso. Entre ellos destacan el abuso sexual contra menores; el feminicidio; la desaparición forzada; la desaparición por particulares; el robo a transporte en cualquiera de sus modalidades; el uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos y corrupción. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en una excepción a la libertad, que tiene por finalidad, de acuerdo con las normas, garantizar la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, evitando así que el indiciado se sustraiga de la justicia. Es pertinente mencionar que si un delito no es contemplado en el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público, como lo señala el citado artículo constitucional, puede solicitarla, siempre y cuando sea justificable, obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas, y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su seguridad. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa. En múltiples comunicaciones emitidas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que esta figura, además de atentar contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, es utilizada como una pena anticipada, calificándola también como una intervención directa del Poder Legislativo en el Judicial, al dictar de qué manera éste debe proceder al valorar el uso de esta medida. La CIDH ha señalado, asimismo, que cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios, como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque está codificando por vía legislativa el debate judicial, y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo al caso en específico. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha manifestado en este mismo sentido que la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención, distintas a la privación de la libertad. Tal situación es especialmente preocupante en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante, impactando, por ejemplo, en personas de escasos recursos, defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. Ante tal situación, no podemos ser omisos sobre la realidad de nuestra nación. La de un México que atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por las altas tasas de delitos que quedan en la impunidad. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Si bien es cierto que es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, es imperativo regular el uso de la prisión preventiva bajo los principios de excepcionalidad, justificación, legalidad y necesidad, siempre en apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Esto, además de la necesidad de enfocar nuestras críticas y exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Espacios donde se gesta el ciclo de la impunidad y la corrupción. Esta iniciativa será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia la Cámara de Diputados la próxima semana, para lo cual, en un formato de audiencias públicas, se ha convocado a la instalación de mesas de trabajo con la participación de diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar más en su discusión y análisis. Lo que, dado las opiniones diversas que se han manifestado, es más que pertinente. Pienso que al igual que en otros temas, en el Congreso de la Unión no debieran precipitarse y mucho menos constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la nación. Sería oportuno, además, no convertir a la Constitución en un manual de casuística, habiendo como hay, o debe haber, otro tipo de ordenamientos jurídicos y sobre todo de procedimientos institucionales eficaces, para hacer efectiva la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Juanky Pamies Alcubilla [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
