Incertidumbre ciudadana y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores aprobados en la Constitución de la Ciudad de México que ahora deben ser defendidos e implementados. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de enero de 2019 Miguel Concha El 5 de febrero de 2017 se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), uno de los documentos de mayor profundidad que se han producido en las décadas recientes en América Latina. La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores que, a la vez, expresaban las principales demandas de quienes habitamos en este espacio. Sin embargo dos años después, cuando debe entrar en vigor una de las principales leyes derivada de esta constitución, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, prevalece la incertidumbre sobre su contenido. El artículo octavo transitorio de la CPCDMX estableció el primero de febrero de 2019 para el inicio de vigencia de la mencionada ley. Ahora bien, el pasado diciembre fue aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso, como debe serlo toda ley constitucional. Pero es la hora en que el texto aprobado aún no se publica ni en la Gaceta del Congreso ni en la Gaceta de la Ciudad de México. Esta omisión ha generado diversas hipótesis de explicación. Por un lado están quienes señalan que este retraso se debe a las observaciones de la Jefatura de Gobierno, pues la propia constitución le da al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso. Éste además está obligado a discutirlas con dos opciones, incorporarlas, o bien ratificar lo aprobado por mayoría de dos tercios. Con lo cual el texto inicial queda en firme. Es difícil, sin embargo, pensar que ésta sea la razón, puesto que la propia CPCDMX exceptúa de este proceso a las leyes constitucionales, como es el caso de la de derechos humanos. En efecto, el artículo 30, 5, en el que la Constitución establece el proceso que se sigue de las observaciones del Ejecutivo, se señala que “Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso…”. Desechada entonces la hipótesis de las observaciones del Ejecutivo, aparece otra, la de las debilidades internas de la ley constitucional. Para su elaboración se presentaron tres iniciativas, la de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Las dos primeras eran al menos fáciles de conciliar. Por ello resulta sorprendente que a última hora los diputados –y algunas organizaciones no muy conocidas– hayan introducido añadidos y omisiones de primera importancia, que no abonaron a la mejoría de la ley y sí a su confusión. Pusieron además en cuestión el proceso participativo que había seguido la comisión de derechos humanos del Congreso, que si bien no fue todo lo amplio que hubiera sido conveniente, sí lo fue más que las opiniones de quienes introdujeron cambios de última hora. Por tanto, puesto que aún no hay publicación oficial, desde la ciudadanía no hay certeza sobre el resultado. Indagando se me envío un texto que se presenta ya como el decreto surgido del Congreso y suscrito por su presidencia. Si ese fuera el producto resultante, sería de suma preocupación que entrara en vigor el próximo primero de febrero. Veamos algunas de sus dificultades. Es difícil encontrar diferencia de fondo entre algunos artículos, pues por un lado el artículo 18 establece que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución federal, la Constitución local, el programa de derechos humanos y los diagnósticos realizados por el sistema integral, (junto) con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables; y por otro lado el artículo 128 prescribe que Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, los diagnósticos realizados por el sistema, los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables. Además, se habla de que hay un programa de derechos humanos, al cual se le menciona, pero no se le define. La CPCDMX sí lo hace con toda claridad. Pero en la ley no hay ni siquiera una referencia a los artículos correspondientes. Se habla del sistema integral, aunque en el glosario de la ley éste nunca aparece, como que sí aparece con toda claridad en la Constitución. No es cualquier cosa omitir la función del sistema integral de derechos humanos, ni la del programa que le corresponde elaborar. Justo en ellos la CPCDMX incorporó la participación de la ciudadanía. Esperemos que no sea ésta la causa de la omisión de estas importantes figuras. Es difícil encontrar alternativas legales a tan grandes problemas. Es en cambio de sabios rectificar. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desarrollo, democracia e independencia judicial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado de enero de 2019 Miguel Concha Al asumir el pasado 2 de enero la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea reivindicó, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y órganos del Estado, aunque significativamente añadió que independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. En el mismo sentido, aunque con distintas palabras, se expresó el pasado 7 de enero el magistrado Rafael Guerra Álvarez al tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “No sólo somos en ocasiones un notorio contrapeso –dijo-, sino más bien el reforzamiento social que implica que estamos para ayudar a aplicar la justicia pronta, imparcial y expedita, no para retardarla o destruirla. Para lo cual somos independientes y autónomos”. La autonomía, sin embargo, no debe tampoco confundirse con la autorreferencia, ni basta para garantizarla la voluntad política de sus actores o los necesarios cambios administrativos para generar una mayor confianza en la ciudadanía. Son indispensables cambios institucionales que aseguren reformas estructurales urgentes en la forma de administrar justicia. Un paso adelante se dio en este sentido con la nueva Constitución de Ciudad de México, al abrirse la Judicatura, acotar la presidencia del Tribunal Superior a un solo año y al contar con un Consejo Judicial Ciudadano designado de manera indirecta por el Congreso local, que será el encargado de nominar las ternas de las que el Legislativo elegirá a los magistrados. Todo ello, desde luego, dependiendo de que el Congreso de la ciudad elabore oportuna y congruentemente las leyes constitucionales que harán posible su vigencia, previniendo que alguien vaya a tener la mala ocurrencia de querer retroceder en conquistas ciudadanas tan importantes, avaladas por la SCJN, para apoyar la continuidad inercial en el ámbito federal. Y por lo que se refiere a los órganos autónomos, aunque en ocasiones sus integrantes hayan sucumbido también a la tentación del uso de su poder, no en beneficio de la sociedad sino de su persona o grupo político, hay que admitir que sin duda han aportado a la democratización de la vida pública del país. Ello no obstante, pensamos que para incrementar su vínculo con la sociedad, debe darse un paso adelante. La naturaleza especializada de su actividad hace que se piense en que los que ocupen sus espacios ciudadanos sean seleccionados en función de su prestigio, aunque ello no los exima de tener lazos fuertes y amplios con la sociedad y sus liderazgos. Constituye en efecto una tarea pendiente complementar su estructura con instrumentos para un contacto permanente y efectivo con amplios sectores de la ciudadanía. Añadamos que la transformación del régimen político y sus instituciones no es sólo un asunto de democracia, sino también de desarrollo. No puede haber consensos sobre la producción y distribución de los bienes generados por el país, si no se dan espacios para poder decidir democráticamente cómo incentivar la producción para crecer y distribuir a la vez. La falacia neoliberal de que primero hay que crecer y luego distribuir fue el pretexto para posponer indefinidamente la redistribución, conteniendo por la vía política los salarios y negando los recursos para salud y para educación. Las experiencias de los países llamados desarrollados demuestran que sólo se puede tener crecimiento sostenido y estabilidad política si se hacen las dos cosas a la vez. Y por supuesto que el criterio de democratización y desarrollo tiene que ser la garantía irrestricta e integral de todos los derechos humanos. En síntesis, un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. Y para ello se requiere gobernar con la mirada puesta mucho más allá del sexenio. Es indispensable un régimen de transición que tenga como meta un futuro mejor para los mexicanos, sobre todo para los niños y los jóvenes. Para todos aquellos cuya esperanza parece a veces ser la única capaz de lograr los cambios que anhelamos y cuya frustración podría conducir a que en la desesperanza se vuelva la mirada a los mismos de siempre, o a los nuevos que propongan lo mismo de siempre. La cara del siglo XXI tiene ya tres rasgos indiscutibles: la democracia, con amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos; un desarrollo que permita a las personas desenvolver sus potencialidades en los ámbitos económico, social, político y cultural, y los derechos humanos, única posibilidad de afirmar la dignidad de la persona. Hay sociedad que tiene propuesta y fuerzas para impulsarlos, si esto se complementa con un gobierno capaz de comprender su tarea de colaborar para construir el futuro. Podríamos entonces pensar que la patria para todos, que siempre hemos anhelado, comienza a convertirse en realidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marte Merlos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cambio de régimen político
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones, orientar la ética política, una que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de diciembre de 2018 Miguel Concha Está por concluir el primer paso del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este mes se concluirán discusiones importantes, como la del presupuesto de egresos. Esperamos que se modifique en los recursos destinados a sociedad civil, género y cultura. A partir de enero habrá que retomar los retos que están aún más en el fondo del desempeño del nuevo gobierno. En particular el propósito reiterado de cambio de régimen político. De acuerdo con el Diccionario de Ciencia Política, coordinado por el ya desaparecido Norberto Bobbio, por régimen político se entiende el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. En la pasada década del siglo XX, la vida pública del país estuvo signada por el reclamo democrático y la movilización política que suscitó el fraude electoral de 1988. Lo que derivó en la alternancia electoral y propició la modificación de las instituciones que regulan la lucha por el poder, si bien no de manera suficiente, como lo demostraron las elecciones de 2006. El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones. Lo cual requiere derrotar al neoliberalismo en el campo de la ética económica para pasar del asistencialismo al verdadero desarrollo de las personas. Y en el de la ética política, que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. Pero falta en la agenda del cambio de régimen político otro aspecto que se ubica al centro de sus notas constitutivas. Vale decir la modificación de las instituciones que regulan el ejercicio del poder. En nuestro país, éste se ha hecho con las instituciones emanadas de la revolución mexicana reformuladas durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Las que, si se habla de una nueva transformación, habrá que rediseñar a fondo. El siglo XIX volvió realidad la aspiración liberal de la división tripartita del poder: el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga sobre su correcta aplicación. Con la aparición del Estado Social, el siglo XX reformuló estas relaciones, dándole mayor importancia a la función del Ejecutivo, puesto cuya tarea principal sería la realización de las estrategias para garantizar los nuevos derechos de carácter económico y social. El fortalecimiento del Ejecutivo dio lugar en América Latina a la aparición del llamado Régimen Presidencialista. En nuestro país esto se exacerbó con la centralización del poder mediante el ejercicio de las que el doctor Carpizo llamó facultades metaconstitucionales, contra las que tuvo que luchar la exigencia ciudadana de democratización. El avance de los derechos humanos requirió la aparición de los órganos de Estado autónomos para la organización de los procesos electorales, para la promoción y defensa de los derechos humanos, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la evaluación de las políticas y programas sociales del gobierno. Al discutir el necesario cambio de régimen político, habrá que considerar toda esta herencia con sus saldos positivos y negativos. Si pensamos éste hacia su mayor democratización, las exigencias son mucho más claras, a la vez que más complejas. Para iniciar, la transformación democrática del régimen político no puede venir sólo desde el gobierno, sino que tiene que ser producto del diálogo e interacción entre gobierno y sociedad. En esto la sociedad ya lleva un largo trecho recorrido, por lo que no será mayor problema contar con sólidas propuestas para dialogarlas con el régimen. Uno de los principales asuntos es la relación entre los poderes del Estado, pues el presidencialismo volvió habitual la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Además, muy pocos cambios se han efectuado. Entre ellos la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Facultad que se ejercerá por primera vez el próximo año. Es también necesario ampliar las facultades del Legislativo para evaluar los programas de gobierno, vigilar más estrechamente el ejercicio del presupuesto, e inquirir y cuestionar el desempeño de los altos funcionarios. Por supuesto que ampliar las facultades al Congreso debe hacerse en la perspectiva contemporánea de un Parlamento Abierto. Es decir, permeable a la participación ciudadana. No faltará quien diga que esto equivaldría a restarle fuerza a un gobierno que ha sacado uno de los porcentajes más altos de votación. Habrá que responderle que precisamente por eso, porque la mayoría de su partido en el Congreso haría que la adopción paulatina de estas reformas fuera sin sobresaltos ni dedicatoria. El otro aspecto que conviene discutir es el de la autonomía del Poder Judicial y la vía para la corrección de sus vicios. Ni las propuestas de designación deben provenir de la Presidencia, ni la impartición de justicia y la judicatura deben ser las dos caras de las mismas personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Argandar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Carta Pública | OSC manifestamos preocupación respecto a Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA Subsecretario de Gobierno Calle Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México P R E S E N T E Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2018 Entre las organizaciones y personas firmantes existen una preocupación con respecto a la definición de la próxima persona titular del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México; por lo que consideramos fundamental transparentar y publicitar el proceso de selección, garantizando la participación plena del Consejo Consultivo del Mecanismo y de la sociedad civil con el objetivo que éste se adecúe a las necesidades de las personas defensoras y periodistas que acuden a dicha instancia a solicitar protección por la situación de riesgo en la que se encuentran; consideramos que las y los postulantes a ocupar el cargo deben contar con el conocimiento y la experiencia necesaria. Es necesario hacer una serie de valoraciones con respecto a la persona al frente de este mecanismo de protección pues, debe contar con la capacidad para liderar su implementación dentro del marco de una política pública integral acorde a estándares internacionales, en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil, con miras a garantizar el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico, mediante la debida coordinación entre las instituciones involucradas en la materia así como con el Mecanismo de Protección Federal; asimismo, la adecuada elaboración e implementación de programas de prevención y planes de protección que salvaguarden la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas, garantizando el desarrollo de sus labores en un entorno seguro. Además de los requisitos establecidos en la ley, consideramos que las personas que ocupen estos cargos deberán tener: Alta calidad moral, sensibilidad y empatía a las problemáticas de derechos humanos y víctimas. No haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, ni puestos de dirección en partidos políticos, por los menos en los dos años previos a su designación. En cargos públicos o privados no haber tenido declaraciones o pronunciamientos en contra de las personas defensoras y periodistas, y en general contra los derechos humanos. Independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus labores. Conocimiento profesional y técnico para el desarrollo de las funciones del cargo. Experiencia probada en terreno y reconocida trayectoria vinculada en la defensa, protección y reparación a víctimas. Experiencia probada y reconocida trayectoria en materia de prevención, protección y acompañamiento con perspectiva de género y enfoque diferencial de personas defensoras y periodistas en riesgo. Experiencia en el manejo de relaciones con medios de comunicación, altos funcionarios gubernamentales, expertos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Experiencia en procuración, transparencia y administración de recursos humanos y financieros. Compromiso y probada experiencia con la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Capacidad de diálogo, manejo de conflicto y trabajo con grupos. Capacidad de dialogar y conciliar opiniones e intereses entre las diferentes partes involucradas en el Mecanismo e implementación. Para la selección de la persona titular es necesario asegurar la participación del Consejo Consultivo del Mecanismo de la Ciudad de México, en la toma de decisiones y seguimiento al proceso, con miras a garantizar que la o el titular cumpla los requisitos establecidos en la ley, y acorde al perfil que como sociedad civil hemos propuesto para asegurar el buen desarrollo de las competencias y obligaciones del puesto. Las nuevas servidoras y servidores públicos encargados de operar el Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de la Ciudad de México tienen la obligación y la oportunidad, a través de la composición de dicho Mecanismo, de empezar a realizar acciones concretas, que solventen las falencias actuales y garanticen su efectividad en su funcionamiento y coordinación con las demás instituciones locales y con el propio Mecanismo Federal; así como el aumento de capacidades técnicas y económicas para el desempeño de sus labores. Quedamos en espera de su apreciable respuesta, informando de los avances en los procesos de selección. Atentamente, ORGANIZACIONES FIRMANTES Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C. Ednica I.A.P. El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta AC Espacio OSC Las organizaciones que conforman el Espacio_OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras SMR; Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Justicia Pro Persona Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Parlamento abierto
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece Declaración Universal de los DH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de octubre de 2018 Miguel Concha Diversos son los temas en los que la Constitución política de Ciudad de México pretendió innovar en la conducción de la vida pública, y cuya puesta en práctica podría contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas, no sólo de la capital, sino de todo el país. Una de estas innovaciones es la que establece el artículo 29.A.4, que reza: El Congreso de Ciudad de México se regirá por los principios de Parlamento Abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. Desde hace varios años se ha venido discutiendo este asunto, no siempre entendido de la mejor manera. Para algunos, por gobierno o por Parlamento Abierto se entiende que dispongan de páginas electrónicas; para otros que abran su información al público, y que ésta sea proporcionada con datos abiertos. Tales cosas son importantes y necesarias, pero no suficientes. Trascender las nociones inmediatistas del asunto, requiere tener en cuenta dos cambios fundamentales que se han operado en la vida pública. Por un lado, que las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la observación general correspondiente, en el sentido de que las legislaciones establezcan las facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que se ha reconocido como democracia participativa. Por otro lado, la ciencia política ha avanzado en esta misma línea, cuando pone en el centro de la discusión contemporánea de la vida pública el tema de la gobernanza, comprendiendo por ello la intervención en el gobierno de actores no estatales, y la formación de redes entre actores de la sociedad civil y gobiernos. Con apoyos conceptuales tan fuertes como éstos, algunos especialistas hablan no sólo de gobierno abierto, sino incluso de Estado abierto, lo cual implica no únicamente los datos, sino también los procesos. Esta tendencia se asienta en valores fundamentales, como la transparencia, el hacer pública la información que de suyo es de todos, pero también la participación, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas, y el colaborar y aportar así a las administraciones el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos. Es cierto que la mayor parte de las reflexiones y experiencias son más sobre el Poder Ejecutivo que sobre el Legislativo, pero crecientemente se demanda lo mismo a los parlamentos. Lo que tiene que ver con tres asuntos básicos para la democratización en la formulación de las leyes: a) circular la información de manera accesible, apropiada y reutilizable, con el fin de que se pueda hacer el monitoreo a los legisladores; b) establecer canales para recabar la información de las propuestas de los ciudadanos, con el propósito de que tengan respuesta en las leyes, y c) establecer, para el mayor alcance y legitimidad del resultado legislativo, instrumentos eficaces para la deliberación entre las comisiones parlamentarias y el público interesado. Tales asuntos podrían parecer un exceso en las demandas de participación de la ciudadanía, pero en el propio proceso de elaboración de la Constitución de la ciudad las prácticas de Parlamento Abierto fueron más benéficas que perjudiciales. Cuando la Asamblea Constituyente abrió las puertas, se recibieron diversas iniciativas de temas o capítulos, tanto de legisladores como de grupos académicos y civiles, y de cerca de mil 500 recibidas, casi dos terceras partes fueron de la ciudadanía, mismas que fueron sistematizadas y puestas también a disposición del público. Quienes elaboraron propuestas tenían abierta la opción de ir a argumentar a favor de sus planteamientos con las comisiones correspondientes. Con todo ello la Constitución no sufrió ningún retraso en el tiempo establecido para su promulgación y sí, en cambio, enriqueció sus contenidos, generándose un texto cuya calidad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de la respuesta que dio a las diversas impugnaciones políticamente intencionadas que se formularon. La puesta al día de la vida pública de la ciudad, por medio de su democratización, es un asunto que continúa estando en los primeros lugares de la agenda de las organizaciones civiles. Particularmente de aquellas que han anunciado su proposito de promover el Parlamento Abierto en la ciudad, especialmente necesario ahora que se abre la discusión sobre las leyes que le darán mayor concreción a los mandatos constitucionales. Esperemos que esta colaboración ciudadana se transforme en las normas, canales e instrumentos que nos permitan tener mejores leyes y más democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : designaciones.org
La revocación del mandato
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de octubre de 2018 Miguel Concha Por décadas el mundo de la política ha estado reservado a los partidos, figura hasta ahora necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el ejercicio de la soberanía ciudadana, fundamento de la democracia. Ha predominado la idea de que la intervención del ciudadano en la política queda reducida a la emisión del voto, y que al término del periodo para el que se hubiera electo el ganador se vuelva a emitir el sufragio para reiterarle su confianza. Entretanto, si el gobernante tiene mal desempeño, al ciudadano no le queda más que esperar la conclusión de su mandato y confiar en que el próximo sea menos malo que el actual. Así ocurre hoy en la democracia estadunidense, y es el modelo que estuvo detrás de los promotores de la reforma política de 2014, la cual estableció la relección de parlamentarios, bajo el supuesto que ello significaría mayor control de los ciudadanos. No puede dejarse de lado que en esa misma reforma se estableció la consulta popular vinculante, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su primer intento de ejercicio, cuando cerca de 5 millones de ciudadanos demandaron ser consultados con relación a la reforma energética. El modelo de democracia hasta ahora vigente, que cada vez demuestra más sus limitaciones, es, por sus actores y la manera de concebir el papel de los ciudadanos, reducido a consumidores pasivos de las ofertas de las élites –que generan propuestas para los electores y deciden cuál de ellas comprarán con su voto, lo que le asegurará al que obtenga la mayoría el monopolio de las decisiones públicas–, el de la democracia elitista o teoría económica de la democracia. Contra esta visión del ciudadano se han gestado múltiples iniciativas de la sociedad civil que demandan no sólo intervenir en decidir quién gobernará, sino cómo lo hará. Dentro de éstas, que se han convertido en ley en algunos países, está la revocación de mandato, que significa no esperar estoicamente a que termine su mandato el mal gobierno de los electos para darle la confianza a otro, con la esperanza de que ahora sí cumpla con sus promesas. La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. Este mecanismo, al disminuir el monopolio de las decisiones, acota el poder de las élites y de los partidos, algunos de los cuales serán reticentes a que se instaure en nuestro país. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución de Ciudad de México en su artículo 25, letra G 1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. En su momento, el malestar de la élite política se expresó mediante la Procuraduría General de la República, que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, aduciendo que la revocación añadía nuevos requisitos para la elección de los gobernantes, y que con ello se violentaba la Constitución. En un brillante proyecto de dictamen, que fuera aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro Laynez argumentó que los requisitos se habían modificado con la reforma de 2014, al establecer la relección, por lo que su recíproco resultaba válido. La iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional, para que la revocación del mandato del Presidente sea posible, que el partido Morena presentó la semana pasada, debe ser saludada con entusiasmo por la ciudadanía. Establece que de manera concurrente con las elecciones federales para diputados, el titular del Ejecutivo puede ser sometido a consulta sobre su revocación a la mitad del mandato presidencial, siempre y cuando participe al menos 40 por ciento del electorado, y se pronuncie en tal sentido la mitad más uno de los votantes. Podrán solicitar la consulta el mismo Presidente, el 33 por ciento de cualquiera de las dos cámaras del Congreso federal o los ciudadanos en un número igual a 33 por ciento de los que hayan participado en la elección presidencial. Sin embargo, habrá que decir enfáticamente que este último requisito debe ser modificado. En las elecciones pasadas participaron 56 millones 611 mil 27 votantes, lo que implicaría que para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de votación se requerirían 18 millones 681 mil 71 firmas que lo solicitaran. Cifra difícil de obtener si no se pone en juego de manera encubierta la maquinaria organizativa de los partidos, y, de esta manera, lo que es un derecho ciudadano, no se podrá ejercer sin los partidos. Otros han anunciado su intención de presentar iniciativas para que el requisito para los ciudadanos sea con relación a un porcentaje del padrón electoral, lo que en números lo hace más bajo, pero aún a distancia del ciudadano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jose Luis Granados Ceja [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Red Universitaria y Ciudadana presenta informe sobre irregularidades y participación observada en elecciones de 2018
Participaron más de 300 personas en el despliegue de observación electoral de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD). 101 visitantes del extranjero participaron provenientes de 15 países diferentes. Se emitieron un total de 32 denuncias ante la FEPADE gracias a la información obtenida en observación de 7 estados del país. La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) realizó actividades de observación electoral el pasado 1ro de julio, a través del despliegue de 101 personas de otros países y de 202 nacionales desplegadas en 7 entidades federativas: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Resultando en la vigilancia de 41 distritos electorales federales, 315 secciones electorales y 625 casillas durante la jornada electoral. LA RUCD también fue producto de la alianza de trabajo entre el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. y el Programa Universitario Diálogos por la Democracia, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este proyecto se enmarca en el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral de 2018, administrado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde las primeras horas del 1ro de julio, como informamos en los reportes emitidos el día de la elección por la RUCD, se detectaron contratiempos como la apertura tardía de casillas, la escasez de boletas electorales en casillas especiales, la falta de organización y preparación de las y los funcionarias de casilla; así como indicios de compra de votos. Con la información recopilada por nuestras brigadas, resaltamos los siguientes datos: Apertura tardía en el 93.22% de las casillas observadas. Siendo la apertura posterior a las 8:15 de la mañana, en algunos casos incluso con más de una hora de retraso. Sustitución de funcionarias y funcionarios de casilla en el 49.3% de las 118 casillas de las cuales obtuvimos este dato. Esto significa que en cerca de la mitad de los casos faltaron a sus funciones las personas que ya estaban capacitadas, con apenas una diferencia de 2.4% entre la permanencia y la suplantación. Si bien ocurrieron diversas irregularidades en el proceso, nos parece importante destacar la notoria participación de la ciudadanía. Entre las 303 personas que participaron de la RUCD, 217 personas acreditadas ante el INE, entre observadores y observadoras y visitantes del extranjero. Las labores de observación se hicieron de manera voluntaria, con la presencia de 50 jóvenes entre los 18 y 29 años así como 37 personas adultas mayores, constituyendo el 23% y el 17% respectivamente. Durante el desarrollo de la Jornada Electoral del 1ro de julio, la RUCD recibió 32 denuncias recabadas en campo por las brigadas de observación electoral en despliegue, 14 de ellas relacionadas con compra de voto, 9 por obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las elecciones, 2 por votar a sabiendas de que no se cumple con los requisitos de la ley, 2 por organizar el traslado de votantes, 2 por solicitar evidencia del sentido del voto, 2 por hacer proselitismo a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas y una por realizar actos que provoquen intimidación o temor en el electorado. Derivado de nuestro ejercicio de observación, identificamos algunas recomendaciones que se relacionan con mejorar mecanismos para revertir la compra y coacción del voto; evitar el uso de programas sociales con fines electorales; la necesidad de que instituciones electorales enfrenten las campañas negras y sucias; por otro lado, también recomendamos sobre necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la generación de condiciones de seguridad para que se llevan a cabo las elecciones; y sobre la imperiosa necesidad del fortalecimiento legal e institucional de la observación electoral ciudadana, así como la de robustecer la participación ciudadana en este tipo de ejercicios. La RUCD, es una iniciativa ciudadana, con participación de múltiples actores entre ellos personas de la academia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadoras e investigadores, con presencia nacional e internacional interesadas en vigilar la transparencia, legalidad y legitimidad en el proceso electoral del 2018, así como impulsar la participación ciudadana más allá de esta coyuntura, en aras de fortalecer la democracia en el país. Atentamente Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia ( reddemocracia.org ) Contacto: democracia2018mx@gmail.com Fotografía: Ximena Martínez Reyna
Por una designación de un/una Ministra de la SCJN participativa, transparente e incluyente
El 30 de noviembre de 2018 culmina el periodo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En las próximas semanas iniciará uno de los procesos más importantes de designación pública para la vida democrática de nuestro país. El proceso comienza cuando el Ejecutivo Federal envía una terna de candidatos/candidatas al Senado de la República, a fin de que dos terceras partes de los/las Senadoras elijan al Ministro o Ministra que ocupe el cargo por los próximos 15 años. El buen desempeño de las instituciones pasa por procesos de designación que aseguren la transparencia y máxima publicidad, una efectiva participación ciudadana y rendición de cuentas que doten de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil, especialistas y académicos/académicas firmantes demandamos un proceso transparente, participativo e incluyente. En este sentido, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y al Senado de la República a tomar en cuenta las consideraciones siguientes dentro del proceso de designación de un/una Ministra de la SCJN: • La SCJN es el máximo órgano de justicia de nuestro país que tiene como mandato verificar que ninguna norma vulnere la Constitución y tratados internacionales, así como una labor de arbitraje de los conflictos políticos. Por ello, su papel en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, de un ciclo de impunidad estructural y de casos graves de corrupción sin alguna consecuencia, resulta fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para la protección y garantía de los derechos de las personas. • El perfil de quien ocupe esta gran responsabilidad además de atender los requisitos contemplados en la Constitución, debe: o Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional. o Tener una reconocida honorabilidad e integridad. o Contar con experiencia probada en la materia. o Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos. o Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado. • La conformación de la terna debe darse en el marco de un proceso abierto desde su inicio que permita una integración con los mejores perfiles y equivalentes entre sí, a partir de los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y considerando el contexto y la necesidad que amerita la coyuntura actual. • La conformación actual del Pleno de la SJCN adolece de una representación paritaria entre mujeres y hombres (18% y 82%, respectivamente), por lo que, este proceso de designación es una oportunidad histórica para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género y avanzar con el principio de paridad que establece la Constitución. • El Pleno de la SCJN está llamado a ser un espacio plural y diverso a partir de considerar en su integración distintos elementos que amplíen su perspectiva, como lo son el criterio generacional para enriquecer las lecturas del ordenamiento legal; el geográfico, para incidir en la tutela del federalismo; y el de la especialización, para designar a alguien con vocación probada en materia de derechos humanos. • El Ejecutivo Federal y el Senado de la República deberán rendir cuentas del proceso de designación, a fin de garantizar legitimidad y confianza del máximo tribunal de parte de la ciudadanía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado como una condición esencial para la independencia judicial, garantizar procesos de designación que aseguren que jueces/juezas y magistrados/magistradas gocen de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial. En este sentido, esta Comisión promueve la importancia de procesos de designación donde prevalezcan criterios objetivos para la selección, se permita el escrutinio ciudadano y se garantice la igualdad de condiciones y no discriminación. #SinCuotasNiCuates Imagen destacada : Presidencia de la República
