La Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia exige al INE total respeto a la legalidad en el proceso electoral
La RUCD llama a terminar con la pasividad del INE ante hechos denunciados como: compra de votos, coacción y violencia política. La RUCD exige facilitar la observación ciudadana de expertos para vigilar la jornada y evitar el “fraude cibernético”. El país se encuentra en una encrucijada que exige de la ciudadanía y de las instituciones una conducta apegada estrictamente a ley y a la paz. Frente a ello, las y los integrantes de la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) expresamos nuestra preocupación por las muestras de parcialidad o de abierta incompetencia de las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE) que contrastan claramente con la actitud responsable y comprometida con la democracia que ha manifestado la ciudadanía, tanto en las redes sociales como en los medios masivos de comunicación, que denuncian insistentemente los viejos y nuevos modelos en que se realizan los delitos electorales. Es evidente e injuriosa la pasividad del INE frente a los señalamientos ciudadanos de compra de votos –como la entrega de dinero realizada en las oficinas centrales del PRI, por ejemplo–, de coacción de subordinados –que ejercen patrones a las y los trabajadores de sus empresas–, de violencia política– reflejada en el asesinato de más de un centenar de candidatas y candidatos. Así como la guerra sucia instrumentada a través de spots calumniosos, noticias falsas, volantes, mensajes y llamadas telefónicas amenazantes, por lo que integrantes de la RUCD presentaron el pasado 14 de junio denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Del mismo modo, preocupan seriamente decisiones del INE que ponen en duda la imparcialidad de su accionar, como el nombramiento en la crucial Unidad Técnica de Fiscalización del INE de Lizandro Núñez Picaso, quien fuera subordinado en el SAT de José Antonio Meade , ahora candidato presidencial de la coalición “Todos por México”. Además de que el INE confió la seguridad del PREP a la empresa Scitum, propiedad de Carlos Slim e Hildebrando. También provoca preocupación la entrega de la transportación de los paquetes electorales a la empresa MyM de la que es accionista el expresidente Vicente Fox. Se suman a esta cadena los “errores” sobre las bodegas donde se resguardan los votos de personas mexicanas en el extranjero. En cuanto a la infraestructura tecnológica del INE, es evidente que la tecnología digital brinda una herramienta eficiente y rápida para el acopio de datos y el cómputo interno de este organismo, en especialmente para el Programa de Resultados Electorales previos (PREP). Es importante que esta información que se recaba no sea manipulada por terceros y se vicie el sistema de datos. Por todo lo anterior la RUCD hace un llamado a las autoridades electorales, y en particular al Presidente del Consejo General de INE, Lorenzo Córdova, para proteger la seguridad e inamovilidad de la información de las casillas por medio de la tecnología blockchain, la cual impide la alteración de datos y evita el fraude. Asimismo, solicitamos que la ciudadanía, a través de expertas y expertos de reconocida labor en el ámbito nacional e internacional en el manejo de este sistema, se incluyan en el Comité Asesor del Conteo Rápido para su vigilancia. En esta etapa final del proceso electoral deben existir de nuestras autoridades muestras claras y contundentes del respeto a la ley, transparencia y se coloque a la altura de la vocación democrática que la ciudadanía demanda. Atentamente, Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia Contacto: democracia2018mx@gmail.com
Cuarto Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Su desempeño ha generado una desconfianza profunda en la sociedad por la inconsistencia de sus fallos y por el exceso y frivolidad en el uso de sus presupuestos. -La integración actual de la Sala Superior genera recelo a partir de la extensión indebida del mandato de cinco de sus siete integrantes, guiada por acuerdos políticos indeseables. -En el 2017 la Sala Superior del TEPJF avaló todas las irregularidades cometidas y denunciadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. -En lo que va de proceso electoral 2017-2018, el Tribunal ha echado abajo medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dirigidas a inhibir la compra y coacción del voto; se ha otorgado facultades discrecionales para anular elecciones; ha restringido la defensa de los derechos humanos; ha permitido que un candidato con visiones ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticas compita por la Presidencia de la República y ha avanzado la cultura de la simulación constitucional. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral hace un llamado a toda la población, a los organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral a vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a denunciar cualquier acto o decisión que aleje a ese Tribunal de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener. La Sala Superior del TEPJF es una institución que se encuentra históricamente en deuda con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, pues no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral. Desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país. Existen algunas señales ominosas sobre la actuación de la Sala Superior del TEPJF en funciones que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia: 1. Poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos integrantes de la Sala Superior del TEPJF se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección . Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en el año 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos. La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró así, avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años. 2. La Sala Superior echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General de INE, conocidas como Piso Parejo, que no tenían otro objetivo que el buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación. (Sentencias del TEPJF: SUP-RAP-232 y SUP-RAP-607). 3. La Sala Superior del TEPJF prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el Instituto Nacional Electoral, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa una violación a la obligación que la Constitución les impone. 4. La Sala Superior se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018). Resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización. Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable. 5. La Sala Superior avaló la candidatura independiente del señor Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República, a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el Instituto Nacional Electoral detectó en la recolección de firmas. Esto permitió que un discurso de odio, enarbolado por un personaje que ha demostrado una y otra vez su desprecio a la ley, esté presente en la contienda electoral. Mediante una resolución jurídicamente frágil la máxima autoridad electoral permitió que partícipe en la campaña presidencial un candidato que expone en forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe. En manos de la Sala Superior del TEPJF se encuentra todavía la posibilidad de enmendar la historia de sospecha que ha rodeado al órgano desde su creación, por lo que hacemos un llamado enérgico para que haga uso de las facultades que ostenta, cumpliendo con las obligaciones de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia de fuente nacional e internacional a las que se vincula en virtud de su carácter como órgano jurisdiccional con rango constitucional. Firman: Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona,
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Tercer Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Es inaceptable que se coaccione el voto de los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. -En los procesos electorales de 2017 y aún más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades electorales intervengan para frenarla. -Hay un incremento considerable de programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios, ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional. -Tres secretarías elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas en el primer trimestre del año. -PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses. -Durante el actual proceso electoral se han destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar el voto. -El manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos. -Lamentamos la decisión del TEPJF al haber cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un retroceso en lo poco que se había avanzado. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye a la inequidad en las contiendas. La compra y coacción del voto es también la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de la población. Con las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado. Cuando las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un determinado candidato o candidata. Desde hace más de tres décadas en México la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza; sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres (53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde frutos electorales a quienes los promueven. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar casi 6,500 programas incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018. En las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en sólo tres meses.[1] La mayoría de los programas sociales se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control; no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios para su uso electoral. Asimismo, como responsables de los programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en el Gobierno de la CDMX. Desde hace varios procesos electorales diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales, sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para registrar a militantes de partidos políticos. En el actual proceso electoral se ha denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2] En razón de lo anterior exhortamos al
Manifiesto ético en el actual contexto político del país
[Dado en el marco del Encuentro ¿Qué hacer frente a las elecciones? Desafíos desde el Estado laico y los derechos humanos, Ciudad de México, 24-25 mayo 2018] Los días 24 y 25 de mayo del presente año nos reunimos integrantes de diversas organizaciones y agrupaciones sociales de inspiración cristiana, para reflexionar sobre el momento histórico que como nación estamos viviendo con el objetivo de asumir con esperanza y compromiso el desafío de reconstruir el tejido social y comunitario que ha sido desgarrado por la imposición, en nuestro país, de un proyecto político y económico altamente nocivo, un proyecto de muerte contrario a la dignidad humana y a la sacralidad de la Tierra. Con el clamor de los pueblos, especialmente los más pobres y oprimidos, resonando en nuestros corazones, en esta hora decisiva de nuestra historia hacemos un llamado a la clase política y económica de nuestro país y a todos los sectores de la sociedad a no aplazar más la esperanza en un mundo de justicia y de paz, a no eludir más el compromiso del bien común como eje inspirador del quehacer democrático en lo político, lo social y lo económico en nuestro México. Somos conscientes de que los desafíos que hoy vivimos como pueblo son tan profundos que requieren un esfuerzo consistente de articulación de voluntades y sueños que trasciendan el complejo momento electoral que hoy nos abruma; por lo tanto, convocamos a la participación política y social con una mirada de largo alcance, con una visión de futuro que entienda que la autonomía soñada por muchas y muchos se construye desde abajo, desde los pueblos, mediante la unidad de nuestras diversidades, la suma de esfuerzos y la lucha permanente contra el odio, el miedo, la desesperación y la injusticia. En medio de la violencia exacerbada que nos divide y polariza, soportando sobre nuestros hombros el pesado fardo de la corrupción y la impunidad institucionalizadas, rechazamos rotundamente la continuidad de un régimen político y unas condiciones sociales insostenibles e insoportables para la mayoría de la población y expresamos nuestra voluntad inquebrantable de trabajar codo con codo, como ciudadanos y ciudadanas, como personas creyentes, unidos a comunidades y movimientos que día a día hacen realidad el bienaventurado sueño de que las y los pobres y humildes hereden la tierra. Por ello, en lo inmediato, de cara al presente proceso electoral en que, como nación, elegiremos no sólo el mayor número de puestos públicos de nuestra historia, sino también un nuevo y definitivo rumbo en medio de un escenario nacional e internacional complejo y adverso, hacemos un llamado a la reflexión colectiva para un voto informado, razonado y acrisolado en la empatía y la fraternidad frente a las campañas de odio, la construcción de pos-verdades en torno a proyectos emancipatorios con el fin de crear temor; las descalificaciones infames, el despilfarro, la compra de votos que abusa de las necesidades fundamentales de la gente, la violación al Estado laico y la configuración a modo de nuestras instituciones electorales, que prefiguran de nueva cuenta elecciones empañadas por el fraude, la corrupción y el intervencionismo estadounidense; y en consecuencia, resultados electorales faltos de transparencia y legitimidad. Frente a ello exigimos un apego estricto a derecho y el respeto a la voluntad ciudadana que de manera rotunda e histórica está expresando su voluntad de un cambio real, profundo y su rechazo a la perpetuidad de las actuales condiciones políticas. Para lograr esto, llamamos a la organización para la vigilancia del proceso electoral y para lograr hacer efectiva una democracia más allá de lo electoral, una democracia más completa que no solo abarque lo político sino se extienda también a lo económico y lo social. Invitamos a no caer en la trampa triunfalista que concentra demasiadas expectativas en los resultados electorales, que no significan de forma automática una transformación democrática de la sociedad, sino sólo el comienzo de dicha transformación, que no es factible en el corto plazo y no será posible sin una agenda social y política amplia, de acuerdos máximos desde puntos mínimos que respondan a los ya inevitables clamores de pueblos que viven en la pobreza, la explotación laboral y la precariedad, la violencia generalizada y la ausencia total del estado de derecho, la desaparición forzada y sistemática de sus seres queridos, el secuestro y la trata con fines de explotación sexual y comercial, la violación y estigmatización de los derechos humanos y de quienes los defiendes, la violencia de género que se manifiesta en incontables feminicidios y crímenes de odio, la corrupción gubernamental y la impunidad, la consolidación de fundamentalismos religiosos y políticos, el terror cotidiano que genera división y desconfianza, el exilio por la violencia exacerbada y la necesidad de sobrevivir, la destrucción irrestricta de la naturaleza considerada madre, maestra, hermana… siendo estas y muchas otras más, manifestaciones de una crisis civilizatoria más profunda, de carácter global y cuyas raíces más profundas son económicas, producto del desesperado intento de mantener vivo el capitalismo neoliberal, para lo cual se intensifican y sofistican estrategias de dominación de espectro completo que justifican y multiplican las violencias. Desde la espiritualidad profética que nos une y nos inspira, hacemos un llamado a evadir la indolencia frente a estos rostros y rastros del desastre, a tomar conciencia de que la participación política por un cambio social (desde la sociedad) es un valor ético y cristiano necesario para abatir el individualismo, lograr la unidad de las izquierdas desde las bases populares y sentar las bases de un cambio estructural desde una comprensión integral de la democracia en la que han de articularse de manera armónica el desarrollo, la diversidad y los derechos humanos. Este sueño no es sólo nuestro, en él nos han precedido ancestralmente los pueblos originarios y luego los movimientos sociales, que nos dan esperanza y certidumbre en medio de la desolación. En especial las juventudes, las madres y padres de personas desaparecidas y los movimientos de víctimas, hoy nos alientan con su resistencia y creatividad y nos permiten mirar más allá del 1º de julio, más allá de nuestra debilitada y corroída democracia electoral, para poner en marcha un renovado esfuerzo
Campañas y políticas públicas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El modelo económico actual ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población, dejando sin fundamentos la formulación de políticas sociales en el contexto electoral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de mayo de 2018 Miguel Concha Para que la población votante tenga más información y criterios el 1 de julio, la ciudadanía espera que quienes aspiran a la Presidencia comiencen a definir las ofertas al electorado. Entre tanto se han observado distintos esfuerzos por elevar el nivel propositivo de las campañas, con énfasis en los temas de la política social y económica. En su edición de abril , la revista Brújula Ciudadana recoge varias reflexiones respecto a la insuficiencia de las políticas social y económica impulsadas en el país, las cuales impiden salir de la crisis y orillan desde hace décadas a buena parte de la población a vivir en pobreza y cruzar, o intentar pasar, la frontera con Estados Unidos. Un primer tema que merece nuestra atención son los riesgos y amenazas que enfrenta la política social como tal en México. Un artículo de la revista destaca que dicha política se ha vuelto cada día más compleja por su fundamento en concepciones simplistas del modelo económico predominante, que ha privilegiado al mercado y anulado la capacidad del propio Estado para atender las necesidades de la población. Parte del problema, dicen los analistas, está en el error de igualar la política social y los programas diseñados para superar la pobreza. Quienes igualan la política social y dichos programas, se escudan en la supuesta falta de capacidad de las personas para aprovechar todas las oportunidades abiertas por el libre mercado. Este pensamiento no ha hecho más que degradar el nivel de vida de la población, agudizar el problema de la desigualdad y la discriminación y, al mismo tiempo, generar el caldo de cultivo para la violencia crónica que se ha expandido por todo el país. Son políticas para administrar la pobreza, no para superarla. La referencia es directa a los programas de transferencia monetaria focalizados, que fomentan el individualismo al tiempo que desmantelan las visiones colectivas, comunitarias y solidarias. Un segundo tema que llama la atención es la política salarial, que en uno de los artículos de Brújula Ciudadana se describe como una antipolítica social, porque va en sentido contrario a la dignificación del trabajo, desincentiva a la juventud y mantiene en la pobreza a gran parte de las familias del país. Pese a los escasos o nulos resultados de la política social, es preocupante observar cómo han proliferado los programas sociales. Los datos de Coneval señalan que existen más de 6 mil 400 programas de este tipo en los tres niveles de gobierno. Además de los problemas ya apuntados, la mayoría funciona en total desarticulación y es común que se dupliquen, haciendo que algunas personas se benefician de varios servicios o apoyos, mientras otras no reciben ni uno. A todo ello se suma la facilidad con que la clase política utiliza los programas sociales en tiempos electorales para ampliar o mantener sus clientelas a nivel nacional. Se trata de una de las manifestaciones de la corrupción más arraigadas en las estructuras partidarias que resisten a cualquier tipo de blindaje, como en más de una ocasión se ha intentado, porque cada año se destinan a ellos millones, y su verificación se ha hecho muy difícil hasta hoy. De esto da cuenta el reportaje titulado La Estafa Maestra, que rastrea el destino de los fondos aprobados para la Sedesol en 2013 y 2014. Otro de los textos de la revista profundiza en el tema salarial, y explica cómo el modelo de crecimiento económico predominante en México ha fomentado tres grandes problemas: una caída de la ocupación en el campo de casi 1.7 millones de personas; la ampliación del sector dedicado a actividades por cuenta propia, y el flujo de migrantes hacia el país del norte. No sólo eso, la población que tuvo la suerte de tener un empleo, se tuvo que contentar con negocios de muy baja productividad (micronegocios), en contraste con las proyecciones que se tenían de que se ubicarían en empresas más modernas del sector exportador. A esto se le denomina precarización del empleo. Un problema al que también ha contribuido la liberación de los mercados y la inserción de México en el mercado global. Al depender de la exportación de manufacturas y de tratados comerciales como el TLCAN, México ha consolidado una política laboral que tiene como fundamento principal el deterioro planeado de la calidad del empleo para atraer y preservar inversiones. En este contexto de desigualdad social también puede uno referirse al tema de la política educativa, que debería ser uno de los pilares para generar mejores condiciones para el desarrollo personal y la dinámica social. Según otro artículo de Brújula Ciudadana, los esfuerzos que un gobierno tiene que hacer en el área de la educación deberían concentrarse en el desarrollo profesional del magisterio y el fortalecimiento de la escuela pública. Sin embargo, la política educativa en México se desvió de esas metas y se pusieron todos los esfuerzos en una reforma educativa que padece tres grandes problemas: le asignó a la evaluación una función correctiva que intenta resolver problemas de naturaleza administrativa y política, con lo cual se alentó la simbiosis SEP-SNTE; no se ha planteado en la administración Peña Nieto cómo mejorar la calidad educativa en los centros escolares, y uno de los puntos de partida de la reforma ha sido la desconfianza hacia los docentes, la escuela y las autoridades de los estados. Urgen más acciones sistemáticas educativas y menos publicidad envolvente. Poner el acento en la necesaria reorientación de los programas sociales y las políticas salarial y educativa, es un desafío importante que no debe soslayarse. Por el contrario, se requieren más esfuerzos para que las campañas electorales trasciendan los espots, y se asuma en serio la discusión de los temas nacionales y sus soluciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eneas De Troya [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Segundo Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales. -Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1] -Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política. -La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones. -Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos. -Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias. -Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral. El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar. Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3] Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan. Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones. Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria. Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral. No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos. Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población. Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia. Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia. Honremos y defendamos nuestro voto y nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho. Firman: Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina. Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. [1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/ [2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018. [3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/ Más información: Nelly
Recomendación en el caso Lesvy
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CDHDF ha confirmado violaciones a derechos humanos y la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, así como la negligencia en la atención a sus familiares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de mayo de 2018 Miguel Concha La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares. Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso. La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos. La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión. El documento contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreoen la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos. A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley. De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz. Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
Hay una ausencia de designaciones en varias instituciones fundamentales para garantizar el combate a la corrupción Se registra una vulneración de las instituciones electorales al remover a titulares incómodos o bien al ser capturadas mediante la designación de titulares, consejeros y magistrados al servicio de agendas partidistas y de poderes de hecho La observación ciudadana de las elecciones tanto nacional como internacional tendrá su nivel más bajo desde que fue instituida por ley. Los avances en la protección del uso electoral de programas sociales han sido revocados por el TEPJF y se han designado operadores políticos en áreas clave del desarrollo social. Se percibe un ambiente generalizado de compra y coacción del voto por todos los partidos y coaliciones, sin una actuación contundente para frenarla por parte de las autoridades electorales. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018, integrado por un colectivo de personas y organizaciones que hemos observado cuatro procesos electorales federales desde hace más de diez años y eleborado propuestas de modificación al sistema electoral, hemos decidido reunirnos de nuevo porque vemos con suma preocupación las condiciones bajo las cuales se está llevando a cabo el proceso electoral en curso. Se trata de una reedición de lo ocurrido anteriormente en particular durante las elecciones de los estados de México y Coahuila en 2017 cuando se vulneró la voluntad popular y se vivió un infierno electoral marcado por la despilfarradora compra de votos. En materia de designaciones, a la fecha: -No se cuenta con un Fiscal General de la República, por el contrario, se tiene a un encargado de despacho más preocupado por esconder procesos judiciales ligados al financiamiento ilícito de campañas como el de Odebrecht o por rescatar a Alejandro Gutiérrez, presunto responsable de desviación de recursos del presupuesto del Estado de Chihuahua, que en procurar justicia en el ámbito federal. -Tampoco se ha nombrado al Fiscal Anticorrupción y, por tanto, no se han habilitado las atribuciones y facultades que establece la ley en la materia. -No han sido designados los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, por tanto, se ha limitado el alcance de las reformas promovidas para imponer sanciones derivadas de faltas graves (corrupción) cometidas por servidores públicos o particulares, así como para resarcir el daño o perjuicio que sufra el erario. -Además, la Auditoría Superior de la Federación se quedó tres meses sin titular justo al inicio de las precampañas durante el primer trimestre de 2018. Asimismo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) fue vulnerada al remover a Santiago Nieto Castillo como su titular en vísperas del arranque del proceso electoral. No escapa a la vista que ahora la persona designada como director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la FEPADE haya sido anteriormente Fiscal Central Jurídico del Estado de México en el contexto de las elecciones a gobernador de esa entidad federativa y que ante el cúmulo de irregularidades, éstas simplemente no se atendieron. Los Órganos Internos de Control han sido capturados. El caso más escandaloso es el de SEDESOL cuya inoperancia ha sido puesta en evidencia por investigaciones periodísticas como la Estafa Maestra que dan cuenta del desvío millonario de recursos por parte de la dependencia hacia universidades públicas para evitar la obligación de licitar contratos y dichas universidades entregaron recursos a empresas fantasma sin que se activaran los mecanismos internos del control del gasto. Existe la sospecha sobre el uso de estos recursos para pagar operadores políticos en elecciones locales a favor del partido gobernante. A ello se agrega que la anterior presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ahora es candidata a diputada plurinominal por el PRI poniendo en entredicho su presunta imparcialidad al tratar los asuntos de su dependencia. En esa lógica la opacidad del caso Odebrecht fue decretada por el INAI en tiempos de Ximena Puente, quien ahora es premiada con una candidatura. A su vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido capturado por los partidos políticos teniendo como consecuencia la emisión de sentencias y criterios que no tutelan la democracia y, por el contrario, la menoscaban. Un episodio, no menor, fue el rechazo por parte del Tribunal hacia los criterios del Consejo General del INE del 5 de septiembre de 2017 (INE/CG398/2017) para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la equidad en la contienda, normando el principio de imparcialidad, el uso de la propaganda gubernamental y la operación de los programas sociales. Sobre este último punto, el TEPJF revocó medidas que impidieran la entrega de tarjetas durante el proceso electoral que impliquen el ofrecimiento de un beneficio personal directo o la incorporación a un programa social en un futuro mediato o inmediato condicionado a un determinado resultado electoral. También se revocaron medidas para exigir transparencia en el uso de programas sociales con la publicación en tiempo real de padrones de beneficiarios, calendarios de pago y gasto ejercido, así como sus reglas de operación y el impedimento de crear nuevos programas en época electoral. Son muy cuestionables los fundamentos usados en la decisión del TEPJF para aceptar la inclusión de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República y para haber aumentado hasta en diez veces el límite de financiamiento privado para los candidatos independientes, previamente definido por el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, no parece haber observación internacional de todas las etapas de Proceso Electoral sino sólo del día de la jornada. Además, el fondo para la observación electoral nacional, disminuyó en 81 por ciento en términos reales entre 2012 y 2018 para quedar en sólo 19 millones. y permitirá financiar solamente a 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil, lejos de las 190 financiadas en las elecciones presidenciales pasadas En esta ocasión y por primera vez, el fondo fue constituido sin la participación de la Secretaría de Gobernación. En este marco, el debilitamiento institucional se profundiza cuando ante las evidencias de compra y coacción del voto
Red Universitaria y Ciudadana denuncia irregularidades electorales y llama a observar y participar para defender el voto este 2018
-Elecciones del 2018, en un clima generalizado de violencia y utilización política de programas sociales -Imprescindible un llamado a la paz y a la organización ciudadana en México y el extranjero para fortalecer la democracia y observar proceso el próximo 1 de julio -Existen denuncias que dejan en evidencia la compra y coacción del voto en el país A seis semanas de que se lleven a cabo las elecciones en México, sabemos que hay un incremento de violencia debido a la coyuntura que atravesamos en medio de una crisis de violencia y de derechos humanos. Esta situación ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalara recientemente en un comunicado de prensa que, de septiembre de 2017 al mes de abril del presente año, “se han registrado altos niveles de violencia en contra de personas que ocupan y ocuparon cargos políticos así como precandidatos y candidatos, particularmente a nivel local, pertenecientes a distintas afiliaciones y movimientos políticos del país”. Ante este clima de violencia, la Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) hace un llamado a grupos y personas, en México y en el extranjero, para unirse a las tareas de observar, denunciar y proteger el derecho al voto, con el objetivo de mantener la paz y lograr comicios apegados a los principios de un país democrático. Como RUCD también damos cuenta de una serie de irregularidades registradas durante la primera mitad del proceso electoral y hacemos un llamado de atención a las instituciones encargadas de velar por la autenticidad de las elecciones: 1. La fuerte crisis de credibilidad mediática y derivada de las divulgación generalizada de las llamadas fake news y propaganda. A pesar de los valiosos esfuerzos colectivos de la sociedad civil, las autoridades electorales han respondido de forma tardía y no han logrado responder de manera diligente a la desinformación y material intencionadamente engañoso que fluye sobre todo en la web. 2. La ola de spots que difaman y desacreditan, para dar prioridad a aquellos que buscan ofrecer propuestas, contraste y soluciones a la ciudadanía. 3. La falta de control y rigurosidad respecto a la confiabilidad de encuestas electorales. Algunas casas encuestadoras han utilizado de manera dolosa su papel para desinformar a la ciudadanía, convirtiéndose en un espacio ideal para la guerra sucia y uso propagandístico de estos instrumentos. 4. La proliferación de denuncias respecto a la utilización política de programas sociales; así como la compra y coacción de voto, sin hasta ahora una respuesta clara de parte de las autoridades electorales. 5. Los pronunciamientos del titular del Ejecutivo Federal respecto a las elecciones, mismas que violan la exigencia constitucional de estricta neutralidad de los órganos de gobierno. 6. El uso de temas económicos por parte del sector empresarial para coaccionar el voto de la población en general. Es necesario que los grupos empresariales dejen de utilizar la presión económica y el miedo para incidir en el voto y beneficiar a una candidatura. 7. La violencia extrema en contra de actores políticos. De acuerdo con algunos medios de comunicación, esta es la carrera electoral más sangrienta de la historia, algunos de éstos calculan entre 88 y 97 asesinatos cometidos contra personas funcionarias, registradas por una candidatura o personas políticas relacionadas con esta elección. En respuesta a los hechos mencionados, las y los integrantes de la RUCD reiteran su convocatoria a tomar las siguientes acciones: Movilizar una vasta red de observadores y observadoras electorales, nacionales e internacionales, que vigile y denuncie toda irregularidad en la mayor cantidad de casillas electorales posibles, tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio. El próximo 31 de mayo se vence el plazo para registrarse, de manera oficial, como observador electoral ante el INE. Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral. Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio. Es menester acabar con la impunidad, corrupción, coacción y violaciones a los derechos humanos, peligros que acechan la adecuada implementación de la democracia en nuestro país. Por ello, la necesidad de sumar esfuerzos entre la sociedad civil, nacional e internacional, estar alerta y tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018. Para lograr este objetivo, convocamos a unirse a la RUCD, un espacio abierto y plural, universitario y ciudadano. Las bases y el proceso de registro pueden ser consultados en la página www.reddemocracia.org/ o en Facebook Red.Democracia.2018 y Twitter @RUCD_2018. Asimismo, invitamos a todas las personas y agrupaciones, en México y el extranjero, que quieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo democracia2018MX@gmail.com. Finalmente, se hace un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) a extender el plazo de registro como observador electoral hasta el 20 de junio, con el objetivo de garantizar la máxima participación social; así como, asegurar la igualdad de oportunidades entre ciudadanos mexicanos y extranjeros que tengan interés en vigilar el proceso electoral. Atentamente RED UNIVERSITARIA Y CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA
