Los derechos de las OSC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las OSC son un activo de una sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de junio de 2019 Miguel Concha Como se ha reiterado, en México existe una sociedad civil organizada que desde su origen se comprometió con los problemas nacionales, el logro del bienestar, los derechos humanos y la democracia deliberativa. A pesar de la situación crítica que enfrentan, hoy las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) continúan impulsando esos valores y estrategias, ya que tienen un compromiso especialmente con los diversos grupos en exclusión, con los que contribuyen a transformar su perspectiva en clave de derechos. Con ello impactan también en el entorno social, la cultura de la no discriminación y la incidencia en la elaboración de las políticas públicas. Las OSC y otras expresiones articuladas, como frentes y movimientos sociales y comunitarios, han hecho una contribución sustantiva a la alternancia en el poder y a la incorporación de los derechos humanos en la gestión de los poderes del Estado exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones. Dada la diversidad de las OSC que actúan en la nación y de aquellas que en las pasadas tres décadas han luchado por un cambio de paradigma democrático y se consideran parte de la izquierda social –de la que proviene el actual gobierno–, en la coyuntura electoral de 2018 emergieron múltiples agendas. Han sido críticas ante decisiones contrarias a los derechos y animan a la ciudadanía a defenderlos. Por ejemplo, frente a los proyectos que se impulsan desde los ámbitos federal o local, defender el derecho a la consulta previa, libre e informada entre las poblaciones que habitan en los territorios involucrados. Durante más de una década las Organizaciones de la Sociedad Civil abogaron por una cobertura legal, lo que dio lugar en 2004 a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC. Un marco legal quizás insuficiente, pero que por el reconocimiento de estas organizaciones como actores de interés público, y porque ofrece argumentos claros y fundamentados para su fomento y participación, hace la diferencia. Dicha ley, motivo de múltiples propuestas de reforma, especialmente para asegurar una efectiva política pública de fomento en toda la nación, adquiere vigencia y relevancia ante la suspensión de recursos públicos para los procesos y proyectos de las OSC que han actuado con transparencia, autonomía y, claro, con apego a la normatividad. Por ello diversas OSC se han encontrado para reflexionar sobre el cambio de escenario político con el nuevo gobierno, esperando correspondencia con la agenda de quienes luchan por las mismas causas. Pero ahora, y como consecuencia de sus declaraciones y decisiones –que las desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos de personas con las que trabajan, así como frente a las instancias nacionales e internacionales que históricamente las han reconocido y han sido solidarias con su compromiso en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos– coinciden en que no se vale hacer tabula rasa de todas ellas. Considerando el horizonte colocado por el Presidente, de una profunda transformación (la Cuarta Transormación), pensamos que la construcción de una nueva relación gobierno-sociedad no es imaginable sin la participación activa de la sociedad civil organizada, la cual tiene mucho que aportar desde su experiencia, capacidades y compromiso social. Lo que implica, en reconocimiento de sus derechos, un entorno que lo facilite. Un entorno favorable para la sociedad civil que está determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etcétera) que contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades para participar de manera efectiva y contribuir en los procesos de desarrollo sustentable. Como ha sido reconocido desde distintos instrumentos internacionales, con base en la experiencia internacional se han identificado en efecto principios, normas y buenas prácticas que facilitan y contribuyen a que las OSC sean eficaces en el cumplimiento de su papel. Tales como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, a ser reconocidas legalmente y operar sin interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales. Incluidos además los derechos a buscar y obtener recursos y la obligación positiva del Estado de proteger sus derechos. Las OSC no necesariamente son un camuflaje de la democracia en un régimen neoliberal. Son un activo de la sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre de acciones que no la desincentiven o vulneren. Frente a las actuales circunstancias, las estrategias que las OSC relevan son cuidar y defender sus derechos; revertir el descrédito en el que han sido colocadas; visibilizar lo que hacen y pretenden, y avanzar en una nueva relación gobierno-sociedad, componente fundamental en el tránsito hacia la Cuarta Transformación y a la gobernanza, bajo los valores de autonomía, solidaridad y actitud crítica. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Uso de la fuerza y la protesta social
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El FLEPS llamó la atención a que en la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza se nota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de junio de 2019 Miguel Concha El ejercicio de la protesta social está hoy en México más que reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Los derechos de libertad de expresión, asociación y participación en asuntos públicos, así como los de acceso a la información y reunión, son algunos que, al ser interpretados conforme al artículo 1 de la Constitución, no dejan lugar a dudas de que protestar es un derecho. Además, de manera casi única, este derecho está explícitamente reconocido en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México. Pues bien, tan sólo este contexto nacional e internacional hace que la reciente aprobación y publicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza resulte cuestionada, ya que algunos de sus contenidos pasaron por alto las anteriores normas y los aportes de organizaciones sociales que se han dedicado al análisis y elaboración de propuestas, para contar en nuestra nación con un cambio real en el paradigma de seguridad y protesta social. Un paradigma de protección de los derechos de las personas y grupos en contextos de manifestación en los que se reconoce como idóneo para avanzar en procesos de democratización este derecho y su ejercicio. Y ya no un paradigma de control de multitudes, que concibe a las manifestaciones como amenazas o afectaciones. Llamó la atención sobre este asunto el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una plataforma conformada por diversas organizaciones dedicadas desde hace alrededor de cinco años a la denuncia de acciones de gobierno que intentan criminalizar la protesta. Más información sobre esto aquí. El Fleps afirmó, y con ello coincidimos, que en los contenidos de esta ley se denota una falta de rigor jurídico en diversos artículos que pueden ser usados de manera discrecional en casos en los que el Estado valore, sin control o definiciones claras, que una manifestación rompe con los criterios de licitud o de ser pacífica. Esto es delicado, pues el citado frente ha dado cuenta de cómo en estas redacciones se anidan potenciales violaciones a los derechos, ya que pareciera que estas formulaciones amplias y medianamente taxativas regulan poco el uso de la fuerza y, por el contrario, amplían el margen discrecional de algún agente o institución del Estado. Tenemos en el sexenio pasado evidencias contundentes que debieran ser parámetro para no repetir esos errores. Sin embargo, y a decir del mismo Fleps, no se puede dejar de reconocer que existen en la ley aspectos importantes, como la inclusión de principios internacionales en la materia; la determinación de los niveles de uso de la fuerza; la obligación de los agentes policiales de emitir informes sobre el uso de la fuerza que realicen, y la planeación y estrategia de operativos. Sin embargo, algunos otros artículos se tornan peligrosos. Por ejemplo el 16 y el 40, en los que se hace más explícito un modelo de control de multitudes y no de protección de derechos. Preocupa, asimismo, la definición de objeto lícito, pues este término ha sido implementado en otras naciones de América Latina con la intención de censurar previamente una manifestación pública, impedirla, o en su caso reprimirla. No es asunto menor el hecho de que informes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hayan invitado a los Estados a remover toda norma que lleve a la censura previa o legalización de la represión de manifestaciones que de manera discrecional se consideren ilícitas. Aunado a esto, el Fleps señala la ambigüedad que presenta el artículo 28, en razón de que establece la activación y el escalamiento del uso de la fuerza cuando las manifestaciones se tornen violentas. Y sobre esto mismo los artículos 7 y 15, que al parecer habilitan al agente del Estado a usar algunas armas, que aunque se dice que son “incapacitantes y menos letales», en realidad no es así, pues a decir del Fleps permiten el uso de instrumentos, como dispositivos que generen descargas eléctricas, o el bastón PR-24. Hoy sabemos que este tipo de armas son potencialmente letales, pues el golpe en órganos vitales con un bastón, o con una descarga eléctrica pueden derivar, sin duda, en la muerte. Estos son algunos aspectos de preocupación y por ello frente a ella y a la duda que genera la recién publicada ley, se requieren por lo menos dos acciones. Una, observar rigurosamente su aplicación ya que entró en vigor. Y dos, que dadas las incertidumbres jurídicas y los riesgos de violar derechos, los organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos deberían hacer una revisión exhaustiva e, incluso, activar acciones de inconstitucionalidad, con la firme intención de que los marcos normativos estén apegados a los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Teniendo en cuenta que dadas las condiciones políticas del país, este ejercicio de intercambio y diálogo nos llevarán al fortalecimiento de un Estado garante de los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Por qué importa el Plan Nacional de Desarrollo?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende que logremos cambios de régimen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 25 de mayo de 2019 Por: Romina Vázquez y Carlos Ventura Antes de su entrega definitiva a la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) debió discutirse y definirse en el marco de espacios estratégicos de encuentro. El gobierno federal actual intentó cubrir el requisito de participación amplía, a través de tres foros a nivel nacional, 32 foros estatales, numerosas mesas sectoriales y foros especiales que tuvieron intención de priorizar la participación de los diversos grupos, sectores y personas que habitamos o transitamos el país. Sobre la versión final del PND, vinieron diversas perspectivas sobre el documento que el Ejecutivo federal entregó. Se ha dicho que en lugar de un PND son dos: uno, con sendas elaboraciones ideológico-políticas, cosa que en algunos grupos no ha gustado; y el otro, con los requerimientos mínimos que marca la Ley de Planeación. Ambos se han conjuntado en la Gaceta Parlamentaria y sobre esos documentos habrá que trabajar. Sin duda, podrían darse algunas confusiones por contar con dos documentos. De ahí que debamos monitorear el debate y aprobación entre diputadas y diputados. Sin embargo, reconocemos que proyectar y planear un país por un sexenio es, sin duda, una lucha también ideológico-política. Hasta ahora se han puesto en marcha distintos mecanismos de difusión con el objetivo de fomentar el involucramiento social en la elaboración del PND; sin embargo, hace falta recalcar no sólo su importancia para la construcción y aliento de una democracia participativa durante este sexenio, sino también la urgencia de edificarlo sobre un eficaz enfoque de derechos humanos. Para ello, es importante definirlo con precisión y conocer a profundidad las líneas en que opera. El PND es un mecanismo gubernamental que, junto con la activa participación de diversos actores sociales, busca sistematizar de forma clara y concisa las prioridades nacionales que orientarán la elaboración de políticas públicas con el fin de impulsar una vida más digna y justa en nuestro país. Éste deberá regirse por tres ejes generales: Justicia y Estado de Derecho; Bienestar, y Desarrollo, los cuales, deben conjugarse con tres ejes transversales: inclusión e igualdad sustantiva, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, además de territorio y desarrollo sostenible. (1) Ante esto, consideramos que la base primordial debe constituirse, necesariamente, por el respeto, protección y cumplimiento irrestricto a los derechos humanos. En este sentido, y de manera breve, retomando la intervención del doctor Miguel Concha en el Foro en Materia de Derechos Humanos, Migración y Población celebrado en la Secretaría de Gobernación los días 19 y 20 de marzo, se destacó el papel de los derechos humanos como pilar fundamental en la vida democrática del país y que, desde hace ya varias décadas, éstos han coadyuvado a la articulación y visibilidad de todo tipo de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente, el panorama es poco esperanzador y los datos e informaciones reflejan hendiduras profundas entre el cumplimiento de la ley y la situación en el país. Por esta razón, no podemos bajo ninguna circunstancia soslayar el principio de realidad en el país: una crisis grave de derechos humanos, evidente en las constantes ejecuciones arbitrarias, feminicidios, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, despojo de territorios, y violaciones constantes a derechos sociales, y por desgracia, la continuidad del modelo de seguridad y militarización, de la impunidad sistemática que se escuda y legítima tras la falta de voluntad política para reparar el daño, asegurar la no repetición de los agravios a personas, así como las sanciones correspondiente a los responsables en todos sus niveles. “Con el fin de erradicar esta situación, vemos que el enfoque de derechos humanos debe ser un eje transversal en todas las instituciones del Estado, ya que no pueden verse como elementos aislados, sino como directrices que deben acatarse por todos los poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno (…)”, señala puntualmente Miguel Concha. (2) Es por eso que, con el fin de potenciar los objetivos y acciones del PND, no puede obviarse la vital importancia de los derechos humanos en todo el proceso de su estructuración; se debe explicitar de forma detallada y contundente. Asimismo, es indispensable contar con los enfoques de género, intergeneracionalidad e interseccionalidad, con el fin de integrar labores específicas para necesidades. En esto, resaltamos la importancia de incluir la participación de la sociedad civil organizada en la observación a corto, mediano y largo plazo del PND y, para ello, proponemos el desarrollo de una plataforma permanente que tenga el objetivo de informarle a la sociedad mexicana sobre los avances de las actividades programadas de manera periódica. Esto, con la intención de facilitar mecanismos de monitoreo sobre el cumplimiento o no a los derechos humanos en cada resultado obtenido. Para ello, también requerimos que el gobierno actual reconozca y fortalezca la importancia del aporte democrático que han significado las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el país a lo largo de las últimas décadas, pues desde mediados del siglo pasado, gran parte de la ciudadanía interesada en participar activamente en la resolución de alguna problemática de interés público optó por asociarse de manera autónoma y sin fines de lucro en lo que hoy conocemos como OSC. Si el PND es un documento estratégico para pensar y hacer un nuevo gobierno, en ello la participación puntual, adecuada y fortalecida de las organizaciones sociales será fundamental. De eso también depende, que logremos cambios de régimen y, por qué no, estructurales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Romina Vázquez y Carlos A. Ventura colaboran en el CDHVitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y el futuro de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si bien las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil han causado revuelo y confusión, son también la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de mayo de 2019 Miguel Concha Las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han causado revuelo y confusión. Aunque también son la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. Un grupo numeroso de personas que han participado desde décadas atrás en las organizaciones civiles del país, constituyeron con esta pretensión una plataforma a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los valores fundamentales que orientan a una posición de izquierda contemporánea: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro de México, La Jornada 2/5/2019. No es propósito de ese pronunciamiento convencer al Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un profundo proceso de reflexión, en interlocución con los diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para responder a la interrogante sobre lo que a cada quien le toca hacer para lograr el tan anhelado cambio verdadero del país. El manifiesto aclara que las OSC no son toda la sociedad civil, pues ésta es diversa. “Una parte de ella –dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales”. El recuento que realizan es breve, pero en cada uno hay sin duda una parte de la historia contemporánea del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir el genocidio en Chiapas como respuesta al levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación electoral, de la que por cierto el primer caso fue en Tabasco. Lo anterior y mucho más como parte de un sentido histórico más amplio. Por ello afirman: “De esa manera hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre ‘beneficiarios’, sin que se atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza”. Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la democracia participativa, esto es, la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También por ello para estas OSC la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan. Los planteamientos anteriores, disponibles en la página http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo el sexenio de AMLO su malestar con las OSC? Parece poco probable que eso ocurra, aunque para estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la autorización del poder político, pues esa ha sido su experiencia desde hace décadas. Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha reiterado el Presidente, queda en duda, es si los programas sociales que pretende llevar a cabo serán posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para recibir recursos a través de ellos, sino para generar las capacidades organizativas de la población que les permitan desarrollar sus capacidades productivas. Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados sólo con la participación de la burocracia, esto conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, del intento de reconstruir el corporativismo estatal, contra el cual han luchado las organizaciones civiles y sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de caminos democráticos. Si no se pretendiera la confrontación permanente, entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –con autonomía– la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y los múltiples actores de la sociedad. Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello hay que crear condiciones; la primera es el reconocimiento mutuo. El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda ocasión– y por lo mismo sería también sobre la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la diversidad. México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se requiere también de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Treinta años del Frayba
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de abril de 2019 Miguel Concha El obispo Samuel Ruiz García fue sensible y visionario al fundar en 1989 un espacio de defensa de derechos humanos en la diócesis de San Cristóbal de las Casas: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido familiarmente como el Frayba. Desde entonces, este centro atendió las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas de la región de los Altos de Chiapas, aportándoles solidaridad, información y acciones efectivas en la defensa de sus derechos. Vale la pena citar partes de la Carta Fundacional del Frayba, pues no sólo se trata de una declaración de principios, sino sobre todo de un camino a seguir en y con los pueblos. Con aquellas y aquellos que históricamente han sido excluidos. El Frayba se entiende, pues, como sujeto de su propio destino, aprendiendo a caminar en su lucha de resistencia y en la construcción de la esperanza los caminos de la liberación que caminaron nuestros antepasados. Y es que su andar se articula con El Caminante, es decir, con el propio don Samuel, quien sin reparo alguno se colocó al lado de los más pobres. Él, con la Iglesia liberadora, leyó acertadamente los signos de los tiempos. En ese entonces, cuando creó el Frayba, eran los tiempos de las secretas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las riesgosas reformas al artículo 27 de la Constitución, a punto de concretarse. Eran también los años convulsos por el fraude electoral registrado en 1988 y los de los gobiernos represores en Chiapas y en diversos lugares de la República Mexicana. Fue en ese contexto cuando don Samuel vio la necesidad de generar un espacio institucional para la defensa de los derechos humanos. Treinta años después El Caminante continúa vivo en el Frayba, y quienes han colaborado y ahora colaboran en este centro de derechos humanos, han contribuido con su dedicación y entrega al trabajo colectivo por la justicia, la dignidad de los pueblos y los derechos humanos. En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. Y así tenemos que conforme pasan las décadas se desarrolla una particular mística en el acompañamiento a pueblos y comunidades, en el caminar junto a las víctimas, en la defensa de sus derechos y en el entretejido de organizaciones locales y de base que buscan hacer de este mundo un lugar más solidario y digno. Un lugar donde se cuida toda forma de vida, frente al criminal y depredador sistema capitalista. El Frayba es un emblemático ejemplo de esta mística en la defensa de los derechos humanos. Retomando de nuevo su Carta Fundacional, en el Frayba sus integrantes se saben, desde sus orígenes, seguidores de esa mística emancipadora, pues su andar, comprometido en las luchas de liberación, y en la tradición de una Iglesia involucrada en la situación de los pueblos excluidos y marginados, destinatarios del anuncio de liberación y constructores de alternativas al sistema de muerte, está marcado con la visión de la esperanza. (Pueblos) desde el principio sujetos de derechos y en búsqueda de la paz con justicia y dignidad de la mano. Estos 30 años han sido ejemplo de cómo, siendo sensibles a las demandas de las comunidades, se viven los derechos desde abajo. Y de cómo solidarizarse haciendo vivas las propuestas alternativas que ellas nos presentan frente a la crisis de civilización en el mundo. Las y los compañeros del Frayba no dudan en asegurar que los derechos humanos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de procesos organizativos en la defensa y el ejercicio de un proyecto de vida en el que se construyen alternativas frente a la exclusión y marginación de este sistema patriarcal y capitalista neoliberal. Por lo que también declaran estar en contra de la cultura de violencia que éste nos impone. Desde esta mística de la liberación, la historia de nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos nos alienta a que vengan muchos más años de trabajo. Hasta que la justicia sea una realidad. Hasta que se reviertan las estructuras de dominación y cesen las violaciones de derechos humanos. Mientras exista la injusticia y la violencia, nuestro trabajo no claudicará. Además, estos 30 años del Frayba también coinciden con la celebración de una década de trabajo de la organización Voces Mesoamericanas, y con la realización de la 58 Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos. Dadas las denuncias en el contexto del #MeToo, en dicha asamblea las organizaciones acordaron un total rechazo a la violencia contra las mujeres y la salvaguarda de sus derechos (https://t.co/0EwuArBgSc). Celebremos estos 30 años del Frayba. Celebremos la vida y nuestros esfuerzos colectivos autónomos, materializados en las organizaciones sociales que luchan dignamente contra toda dominación patriarcal, capitalista y colonial. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las oportunidades del PND
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Tras las elecciones de 2018, es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso de este proceso de planeación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de marzo de 2019 Miguel Concha Las elecciones pasadas expresaron la avidez de la sociedad por un cambio de rumbo en el país. Como ocurre con los procesos electorales, tiende a predominar el rechazo a lo anterior y las esperanzas de lo nuevo. Ahora es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso del proceso de planeación, pues de él se derivarán los programas sectoriales. Se han previsto tres: paz, democracia y Estado de derecho; desarrollo económico, y bienestar social. Estos sectores deben ser atravesados por tres ejes: inclusión, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La coordinación de la elaboración del PND corresponde a la Secretaría de Hacienda, que deberá tener lista la propuesta el 30 de abril de este año, para que el Presidente la envíe a los diputados. A diferencia de otras ocasiones, ahora le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo la elaboración del PND, y su aprobación final a la Cámara de Diputados. Así lo estableció la reforma constitucional de 2014, que tuvo como antecedente la propuesta elaborada por diversas organizaciones campesinas, civiles y sindicales, presentada al Senado de la República en noviembre de 2013, por medio de cuatro de sus miembros, y asumida después por los partidos políticos. La intención de sus promotores iniciales fue que se abriera al debate público la definición de las políticas sexenales, más allá de los acuerdos cupulares, como la experiencia del Pacto por México, de no muy feliz memoria. El actual gobierno ha manifestado que en esta ocasión sí se tomarán en cuenta las propuestas, para que el PND sea asumido por toda la sociedad. Que un plan deba tener consenso, ha quedado demostrado en los países con experiencias exitosas, mismas que ponen de manifiesto cuán importantes son la capacidad técnica y el consenso para que la planeación genere resultados positivos. En la situación actual del país hay tres asuntos que vuelven imprescindible una buena planeación, en los dos sentidos señalados: a) más allá de la discursiva, podría establecer la ruptura concreta con el modelo neoliberal, que, puesto que confía más en los vaivenes del mercado, rechaza abiertamente la planeación; b) si no se hace sólo para cumplir con las formas, con la intervención real de la sociedad en la planeación, ésta significaría también el inicio de la implantación real de la democracia participativa, rompiendo así con el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas, propio de las democracias elitistas; y c) permitiría trazar la ruta del desarrollo que paulatina y decididamente se aparte del neoliberalismo. Para alcanzar estos tres propósitos, no se necesitan actos de magia. Existen ya propuestas hechas del conocimiento público por grupos de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, formuladas en los diversos cambios de gobierno, pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política para ser tomadas en cuenta. Me atrevo a añadir algunos aspectos de procedimiento que podrían contribuir a la apropiación social del PND: 1. Que el gobierno dé a conocer la sistematización de las propuestas recogidas en los distintos foros y mecanismos de consulta que se han realizado. En el pasado ha sido común que muchas personas participen en las consultas, pero queda en el más grande misterio qué opinaron y si fueron consideradas sus propuestas. Si esto cambiara, sin duda que generaría un PND más próximo a la gente. 2. Incluir en los objetivos a alcanzar las propuestas de los diversos sectores sociales, pues el PND no puede incluir sólo los propósitos del partido gobernante. No hay duda que fue electo para dirigir al país, pero en democracia nadie lo puede hacer con exclusividad. 3. Lograr que la aprobación del PND por la Cámara de Diputados no sea sólo un trámite de aplicación automática por la mayoría del partido del presidente. La aprobación de las distintas fuerzas políticas es el paso indispensable para comprometerlas con los propósitos del plan. Lo que permitirá que tanto el gobierno como la sociedad les pueden exigir congruencia a la hora de ejercer sus facultades. 4. Construir consenso social. Mal harían los distintos partidos si suponen que el consenso es igual a un nuevo pacto de élites. Los diputados tendrán que convocar a toda la ciudadanía a discutir sobre la propuesta presidencial y a ser consecuentes con lo que escuchen. Será la oportunidad para que la sociedad opine, no ya sobre los problemas del país, sino sobre la estrategia que proponga el Ejecutivo para resolverlos. Esto plantea el reto de los instrumentos para captar la opinión pública, más allá de los foros. Será muy conveniente que desde ahora se inicie su discusión, pues queda sólo un mes para que se les envíe la propuesta del Ejecutivo, y dos más para aprobarla. La democracia participativa también requiere parlamento abierto. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Darij & Ana [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Empoderamiento ciudadano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los cuarenta años que cumple este año el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de marzo de 2019 Miguel Concha Año de 1510. Desembarca en la isla La Española, hoy Santo Domingo, la primera comunidad de frailes dominicos. Entre ellos viene Fray Antón de Montesinos. Llegan a evangelizar a las tierras recién descubiertas. Al arribar les impacta la terrible situación en la que están los indios. Bajo el sistema de la encomienda (grupo de indios encomendados a un español) son tratados con brutalidad, desgastados, expoliados, esclavizados. Esta injusticia estructural causa sufrimiento y muerte. Pensando y actuando antisistémicamente, Montesinos denuncia, a nombre de su comunidad, que no hay religión ni fe ni creencia que legitime y justifique esta barbarie. Y lanza su famoso grito: “¿Con qué derecho…?”. El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) cumple en este 2019 cuarenta años de lucha y anhelo por construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, donde viviendo en auténtica fraternidad quepan todos los seres humanos. Siempre con una mirada que considera a la par de una ética liberadora, cuya raíz es el cristianismo de liberación, y la perspectiva de género como eje transversal a los derechos humanos como el trasfondo profundo de su quehacer. El CAM ya ha recorrido un largo camino en el fortalecimiento de sujetos sociales, para que sean ellos quienes decidan y construyan de manera digna su vida y su porvenir. Su metodología ha consistido en proporcionar herramientas formativas y capacitación para que diversos actores sociales adquieran habilidades y destrezas para gestionar las necesidades vitales que les permiten un buen vivir en las diferentes dimensiones de su existencia: síquica, social, económica, política, cultural y espiritual. Esto es lo que llamamos reconocer y fortalecer el poder de las personas para actuar en sus comunidades como ciudadanos que aportan ideas y estrategias para la incidencia en lo público y en las políticas que abonan al buen vivir y al bien común, a nivel comunitario, municipal y estatal. Así, el CAM ha sido un actor civil que ha colaborado en el impulso a la democracia representativa que en las décadas de los años 60 y 70 se fue conquistando como elemento radicalmente importante para el ejercicio del derecho a la participación política y social. El derecho a la participación en el ámbito público hace que los actores puedan contribuir en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. En los años 90 fue una de las organizaciones que, junto con muchas otras, aportó a la formación y capacitación de actores sociales y civiles comprometidos con la lucha por el ejercicio de la democracia, participando junto con ellos en articulaciones que ayudaron a la transición democrática. Entre ellas, Alianza Cívica y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Sin esta lucha histórica, hoy tendríamos una ciudadanía resquebrajada, insignificante y considerada sólo como beneficiaria. Ha coadyuvado en ese mismo sentido para que las mujeres reconozcan sus derechos y luchen por el ejercicio de los mismos, tanto en sus propios hogares como en sus comunidades, logrando, por ejemplo, colocar regidoras de equidad de género en sus municipios. También ha logrado que grupos de campesinos intercambien saberes para el desarrollo de proyectos sustentables en lugares donde falta el agua; donde existe contaminación de las tierras, y donde el deterioro del campo ha causado su abandono por las nuevas generaciones para buscar oportunidades en las ciudades. Y en relación con actores eclesiales (personas creyentes vinculadas orgánicamente a grupos u organizaciones de iglesias), el CAM es una de las organizaciones civiles que desde su fundación ha aportado reflexión ética y teológica, así como estrategias prácticas para que grupos y comunidades, cuya inspiración de sentido está fundamentada en el cristianismo, puedan articular una fe con sentido transformador y liberador con las dinámicas sociales, políticas y culturales. Articulación que se hace siempre respetando la laicidad y la secularidad de los procesos civiles, de modo que su acción no sea desde la confesionalidad, sino desde el compromiso ciudadano, ético liberador y humanista. En los últimos años el CAM se ha especializado en la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, elaborando informes con la finalidad de incidir en la política pública sobre el fenómeno. Así lo ha venido haciendo, tejiendo para ello alianzas estratégicas y participando en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el fin de que se dé cumplimiento a las líneas de acción de dicho programa, y con ello se pueda erradicar este fenómeno que va en aumento en nuestro país y afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. Cuarenta años han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. El CAM ya es parte de esta historia de búsqueda de un México con paz, y en justicia, derechos y dignidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CAM [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desde algunos espacios de la sociedad civil, para el señor presidente
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es preciso se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 15 de marzo de 2019 Por: José A. Rosano, Vidal oliver, Lorena D Quintana y Viridiana Martínez En la década de 1980, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) empezaron a constituirse con más auge, especialmente tras el terremoto de 1985, hecho que les permitió situarse y observar que, juntas y organizadas, podrían incidir críticamente para colocar en las discusiones –locales y nacionales– problemáticas que habían sido históricamente invisibilizadas. Con el paso de los años, las OSC comenzaron a tener implicaciones directas sobre personas, grupos y comunidades, adquiriendo sentido a través de las experiencias y sentires de una sociedad mexicana, que, poco a poco, encontró en estos espacios defensa, acompañamiento en la denuncia pública, incidencia y visibilidad de los actos dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al llegar la década de 1990, con los ánimos del levantamiento zapatista y la entrada emblemática del capitalismo neoliberal con el Tratado de Libre Comercio (TLCAN) a México, las organizaciones mantuvieron la visión ciudadana de esta controversia nacional, sumando esfuerzos entre movimientos sociales, colectivos, activistas y personas defensoras que abogaron por la igualdad de oportunidades, dando pie a la conformación de organizaciones, las cuales interseccionan su labor para ser, pensar y actuar por la exigencia y garantía de los derechos humanos, la dignidad y el respeto de todas las formas de vida. A pesar de ello, no fue sino hasta 2004 que en el periodo del entonces titular del Ejecutivo, Vicente Fox Quezada, con todo y su conservadurismo, se logró promulgar la Ley Federal de Fomento a las Actividades por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que no sólo otorgó reconocimiento legítimo a la labor profesional y sistemática de las OSC, sino que formuló un cuerpo normativo que delimitó su actuar con fines meramente sociales. Si bien es cierto que la profesionalización de las OSC a nivel nacional ha sido lenta –en comparación con las manifestaciones de la sociedad civil internacional– también es igual de cierto que han dado pauta para reconocer que las y los mexicanos podemos consolidar procesos de prevención, atención, acompañamiento, defensa de derechos humanos, evaluación, diagnóstico e incidencia política, lo que las convierte en protagonistas sociales y políticas de gran trascendencia y, sobre todo, en portavoces directas de la ciudadanía. No obstante todo esto último, en días recientes se ha instalado en la discusión pública nacional un discurso que transgrede y descalifica la labor de las OSC: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció la desaparición de algunos de los programas emblemáticos como el Programa de Coinversión Social, es decir, el Programa de Subsidio Federal Único hacia las OSC, lo cual, entre otras cosas, ha intensificado percepciones de desconfianza hacia las OSC, porque se las ha caracterizado como “oportunistas políticas”, “cero profesionales”, “actoras intermediarias”, “desconocedoras de la realidad social” (e incluso se ha criminalizado su actuar como defensoras de derechos humanos). Y aunque se han sumado iniciativas como #SíConLasOSC, así como otras campañas donde se está dando a conocer el arduo, complejo y profesional trabajo de muchas de las OSC (el cual representa, además, el 3 por ciento del producto interno bruto, según lo reportado por la asociación Alternativas y Capacidades, AC, en 2019), la óptica gubernamental-federal se niega a verlas como posibles coadyuvantes y acompañantes legítimas de la población mexicana. Por lo anterior, lanzamos una pregunta al actual presidente de la República y al gobierno federal: ¿el Estado cuenta con las herramientas necesarias para hacer a un lado a las OSC? Para que respondan este cuestionamiento de una manera crítica y adecuada, creemos indispensable que, al menos: Se vea la historia y se haga memoria sobre el papel verdadero de algunas OSC en el país (que, dicho sea de paso, va muchísimo más allá de gestionar recursos económicos); muchas de ellas, por supuesto, surgidas desde las izquierdas latinoamericanas. Se identifique que algunas OSC –a nivel local y nacional– se han caracterizado por ser espacios de encuentro y diálogo; por acompañar procesos emancipatorios a lo largo de los años; por construir alternativas de solución ante la complejidad social; por generar vínculos profundos con y entre las comunidades; y por abonar a la recuperación del tejido social. Se deje de presumir y aseverar, de forma irresponsable, que todas las OSC son de tal o cual manera sin antes examinar la diversidad de ellas, ya que no existe un solo tipo de OSC. Se contemple la diversidad de problemáticas estructurales que amenazan el ejercicio de los derechos humanos de diversos grupos poblacionales, entre éstos, las juventudes que de forma sorora y solidaria (como es el caso de quienes firmamos este artículo), deciden pese a las barreras institucionales y sociales involucrarse a través de las OSC en la búsqueda de mejoras de su realidad social y en la de otras personas. Es primordial, entonces, conservar una memoria histórica ante los logros de las OSC, plasmados en programas y políticas públicas que han coadyuvado al bienestar social, no sólo de personas jóvenes, sino también de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres, población LGBTI+, población en situación de calle, grupos de campesinos, campesinas e indígenas, entre muchas otras, que ahora se encuentran en riesgo e incertidumbre por las descalificaciones generalizadas sin mayor fundamento y por los recortes presupuestales, que, para numerosas OSC, son apoyos fundamentales que permiten la realización de sus proyectos, los cuales no buscan otra cosa más que fortalecer y generar condiciones ligadas al bienestar social. Finalmente, repensar, escuchar y considerar todas las variables en esta discusión sobre las OSC, permitirá al señor presidente y al gobierno federal reconocerlas como personajes clave en el momento que ocurre en el país y
Las OSC y la democracia en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es necesario que el Presidente de la República distinga a las OSC que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de marzo de 2019 Miguel Concha Durante el siglo XX losregímenes autoritarios, posteriores a la Revolución tuvieron en el presidencialismo, el partido de Estado y las formas clientelares y corporativas, la fórmula de un control político basado en mucho gobierno, poca sociedad civil y grandes privilegios para pequeños grupos. Este modelo está en los orígenes del enriquecimiento de unos cuantos y la polarización profunda de la sociedad mexicana, a tal grado que en 2019 un puñado de 10 personas tiene en su haber lo mismo que ganan en un año 118 millones de personas. En 1981 el modelo económico capitalista de nuestro país empezó a formar parte de la estrategia política y económica del neoliberalismo que a partir de entonces fue acumulando mayor riqueza con base en salarios bajos, sindicalismo corporativo, represión, incremento de la violencia, tolerancia del narcotráfico y creciente corrupción en la administración pública federal. En México el neoliberalismo no implica sólo gobiernos corruptos, sino políticas de enriquecimiento de pocos, represión, desorganización de las oposiciones y destrucción del medio ambiente. Frente a esta política, desde principios de la década de los 60 empezaron a surgir agrupaciones ciudadanas autónomas de gobiernos, iglesias y partidos políticos, interesados en participar en el bien público, para impulsar la promoción de todos los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, que tomaron la forma de asociaciones civiles no lucrativas. Después del movimiento estudiantil de 1968 se multiplicaron los entonces llamados organismos no gubernamentales (ONG) especializados en diferentes campos como la libertad de presos políticos y asociaciones de profesionales para impulsar políticas de salud pública, educación popular y derechos humanos. Entre éstos los derechos de las mujeres, los niños, así como la vivienda popular y asesorías en proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente, las culturas indígenas y otros campos de la vida de la sociedad nacional. Estas organizaciones, instituidas entre los gobiernos y los individuos, nunca se situaron en una lógica del llamado clientelismo político, ni como intermediarias de recursos públicos, sino como instrumentos para combatir las causas de la pobreza y generar opciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el cuidado del medio ambiente, al lado de las organizaciones y movimientos populares y sociales. Desde la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 6 de febrero de 2004, aún vigente, el Estado mexicano ha fomentado las actividades de las denominadas OSC mediante recursos aprobados en la Cámara de Diputados que se ejercen conforme a reglas de operación; convocatorias abiertas y transparentes para proyectos de coinversión; dictaminación por órganos tripartitas integrados por gobierno, academia y sociedad civil, sujetos a rendición de cuentas e informes oportunos. Sin embargo, en este periodo los recursos para el fomento de las actividades de las OSC han sido escasos, como lo expresa el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins: sólo el equivalente a la cuarta parte del promedio internacional; a la quinta parte del promedio en los países desarrollados y a menos de la mitad que en las naciones en desarrollo. Aparte del escaso monto de las partidas asignadas a las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 69.4 por ciento fue entregado en 2007 a organizaciones paraestatales y sólo 30.6 por ciento llegó a las verdaderas OSC. Es entonces necesario que el Presidente de la República distinga a las organizaciones de la Sociedad Civil que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, trabajando sin descanso para impulsar la democracia, el cuidado del medio ambiente, la atención a personas vulnerables y la promoción de los derechos humanos, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. El fondo del problema es que las sociedades modernas impulsan con energía las organizaciones intermedias entre gobierno y ciudadanos, precisamente para llevar adelante iniciativas de la sociedad civil que difícilmente pueden ser atendidas por los gobiernos. Organizaciones que instituyen mediaciones profesionales y empáticas con los grupos más vulnerables como migrantes, mujeres violentadas, familiares de personas desaparecidas. Mediaciones que promueven colectivos para impulsar la democracia y el cuidado de la naturaleza y que colocan, siempre en el centro la vigencia plena de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las personas vulnerables como sujetos de derechos, el agua como derecho humano (no como mercancía), la justicia y la democracia, son contrapesos necesarios para evitar nuevas formas de autoritarismo y corporativismo, buscando siempre abordar las causas de los problemas que han generado tanto la corrupción como el autoritarismo y el neoliberalismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Soberanía científica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del Conacyt, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener los cambios propuestos por la nueva dirección. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de marzo de 2019 Miguel Concha El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, próximamente Conahcyt, por la inclusión de las humanidades en el título de la institución, se encuentra hoy en un proceso de transformación que no gusta a muchos. Cuenta ya por desgracia con una larga lista de críticas que han recibido, tanto la directora general recién nombrada, la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, como sus propuestas de restructuración. No obstante, y más allá de filias y fobias, vale la pena revisar detenidamente el proyecto de restructuración del consejo, con el objeto de sopesar las implicaciones a futuro y el beneficio a la sociedad que pueden tener estos cambios. Entre algunas de las propuestas más sobresalientes está el incluir las humanidades en los ejes transversales de la institución. Lo cual permitirá, particularmente en los planes nacionales estratégicos, una visión holística. Éstos serán una herramienta para, partiendo de los grandes problemas nacionales, articular capacidades científicas, tecnológicas y humanísticas que se enfoquen en dar soluciones a temas como violencia, inseguridad, soberanía alimentaria y agua, entre otros. Estos rubros requieren, para su traducción en políticas públicas y procesos de investigación, necesariamente de una visión social y de derechos humanos. Es un avance importante, asimismo, enfocar la ciencia en la propuesta de soberanía científica. Este concepto apuesta por lograr la independencia tecnológica y por redefinir la relación entre ciencias, humanidades y el sector productivo. Lo que por décadas se redujo a transferencias directas de recursos y productos, beneficiando únicamente a intereses privados. Hoy implica desarrollar un vínculo más sano entre la ciencia pública, producida en las universidades y en los centros de investigación nacionales y el desarrollo económico y social del país. Por otro lado, las diferentes propuestas que orientan a la ciencia hacia el bienestar de la sociedad son también pieza clave en la consolidación de una sociedad más democrática. Entre los rubros en los que se planea enfocar recursos del Conahcyt, están la promoción de industrias limpias y la generación de energías renovables; el desarrollo urbano sustentable; la promoción de proyectos para mejorar mecanismos de prevención y reacción ante desastres naturales, así como investigaciones en materia de racismo y discriminación, y propuestas con enfoque preventivo, sistémico y social en materia de salud. Entre muchas otras iniciativas que marcan un claro sentido humanístico y social de la institución, están también la innovación en sistemas agroecológicos y proyectos de ciencia ciudadana y comunitaria en materia de alimentación. Un factor que demuestra más dicha perspectiva en el nuevo proyecto del Conahcyt es el énfasis que se le está dando a la búsqueda de la apropiación social de la ciencia y la comunicación científica. Valorándose, por un lado, el diálogo de saberes con las comunidades indígenas y campesinas y planteando, por otro, iniciativas de articulación comunitaria y con organizaciones de la sociedad civil, en trabajo con infancias y juventudes en el ámbito escolar, y en proyectos de intersección entre artes-ciencia-humanidades y tecnologías, para la visualización de problemáticas sociales. La concatenación de todas estas medidas, propuestas por la nueva directora del Conahcyt, coadyuvarán a la promoción del derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. El cual, según la Experta Independiente de Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales, exige tomar medidas para garantizar a todas las personas, especialmente a los grupos marginados, el acceso a disfrutar de dichos beneficios; que su aplicación esté dirigida a propiciar una vida digna para todos, y que exista la información necesaria para que la sociedad participe en las áreas de investigación y desarrollo y en la toma de decisiones. No obvio decir que algunas de las críticas hechas a la reciente iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías son importantes, como las relacionadas con el supuesto nivel de centralización de las decisiones en la Dirección del Conahcyt. Éstas aún podrán ser discutidas y, de ser el caso, ser incluidas, pues en el Congreso ya se ha anunciado una convocatoria a foros para discutir dicha propuesta a partir del 6 de marzo. Lo discutido en esos foros será también utilizado para consolidar un eje transversal en materia de ciencia, tecnología e innovación en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Durante este proceso, será importante retomar otros esfuerzos en materia de ciencia, innovación y tecnología, como el convocado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2018 bajo el título de Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y exhortar a la comunidad científica a ser partícipe de las discusiones, en un diálogo respetuoso, propositivo, riguroso, profundo y constructivo, como al que ha invitado la misma titular del Conahcyt. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Lucy Nieto [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
