La pirámide del odio
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestro contexto, será necesario poner sobre la mesa el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de febrero de 2019 Miguel Concha Ante las actitudes y experiencias de discriminación en México, develadas de manera integral, y explicitadas en forma transversal por la pasada Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2017), me parece oportuno dar también aquí cuenta de los distintos niveles y la trayectoria ascendente de las diferentes causas, motivaciones y expresiones de la discriminación, detectadas, analizadas e ilustradas por la Liga contra la Difamación ( Antidifamation League) con la figura de una pirámide denominada La Pirámide del Odio: actitudes prejuiciadas, actos prejuiciados, discriminación, violencia motivada por prejuicios y genocidio. Todo ello nos permitirá ampliar más el conocimiento de estas graves falencias de nuestra convivencia, para poder atenderlas y resolverlas mejor. Como explica el doctor Mauricio Meschoulam, investigador del Centro para la Paz México, a quien hemos solicitado poder hacer uso de su estudio, la pirámide manifiesta comportamientos humanos prejuiciosos o sesgados que se van agravando y volviendo más complejos de abajo hacia arriba, pues, por un lado, aunque los comportamientos de cada nivel tienen un impacto negativo en los individuos o grupos que los llevan a cabo, a medida que uno se mueve hacia arriba tienen consecuencias más peligrosas que ponen en peligro la vida. Y, por otro lado, los niveles superiores de la pirámide están apoyados en los niveles bajos, lo que significa que si las personas o instituciones tratan a los comportamientos en los niveles bajos como si fueran aceptables o normales, el resultado es que los comportamientos en el siguiente nivel se acepten más. Como resultado, la pirámide del odio demuestra que el genocidio se construye a partir de la aceptación de comportamientos que aparecen en los niveles anteriores más bajos. Y así, la Liga contra la Difamación pone en la parte de abajo de la pirámide actitudes prejuiciadas, como pueden ser los estereotipos, los comentarios desconsiderados, el miedo a las diferencias, el lenguaje no inclusivo, las pequeñas agresiones, el justificar los prejuicios buscando personas que piensen igual, el aceptar información negativa o errónea, o el descartar la información positiva. Y de allí, digo yo, la responsabilidad de los medios que difunden deliberadamente falsas noticias. En el siguiente nivel superior se encuentran ya los actos prejuiciados, como son la intimidación, la ridiculización, las burlas, las calumnias, los motes, la exclusión social, la deshumanización y las bromas prejuiciadas o denigrantes. Y más arriba nos hallamos a la discriminación, que, como sabemos, puede ser económica, política, educativa y laboral, así como tomar la forma de discriminación y segregación por vivienda, y de desigualdad en la justicia criminal. Por encima encontramos a la violencia motivada por prejuicios, la cual puede expresarse en asesinatos, violaciones, asaltos, incendios provocados, terrorismo, vandalismo, profanaciones y amenazas. Por último, en el nivel más alto encontramos al genocidio, que la Liga contra la Difamación define como el acto o intento de aniquilar deliberada y sistemáticamente a todo un pueblo. La Liga contra la Difamación es una organización fundada contra el antisemitismo y la intolerancia en 1913. Hoy continúa luchando contra todas las formas de extremismo y de odio, y proporciona distintos medios de educación en contra de los prejuicios y fanatismos. Su objetivo final es un mundo en el que ningún grupo o persona sufra sesgo, discriminación u odio. Y por su parte el Centro de Investigación para la Paz México tiene entre sus objetivos investigar de manera más sistemática y científica las situaciones de violencia que padecemos, y ofrecer propuestas concretas de política pública y/o recomendaciones para seguir profundizando el debate sobre la violencia y la necesidad de pensar de manera integral lo que significa la falta de paz y las posibilidades de construirla. Por su parte la pasada Enadis 2017, presentada apenas en 2018, proporciona con su propia metodología información significativa para conocer la prevalencia de la discriminación en México y sus permanentes y/o eventuales apariciones. Gracias a ella hoy sabemos que el tono de piel, la manera de hablar, el peso, la estatura, la forma de vestir o el arreglo personal, así como la clase social, las creencias religiosas, el sexo, la edad y la orientación sexual, son condiciones, situaciones o motivos que disparan la discriminación. Gracias a ella hoy también sabemos que 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada en 2017 por alguna de esas características y/o circunstancias personales, y que 23.3 por ciento de esa misma población consideró que en los pasados cinco años se le negó injustificadamente algún derecho. Mientras la Enadis 2017 permite detectar que hay personas o grupos que padecen en sí mismas distintas formas de la discriminación, la pirámide del odio permite prevenir su radicalización y educar contra ella con mayor éxito. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : ADL [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Prisión preventiva oficiosa
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de febrero de 2019 Miguel Concha El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, un proyecto por el cual se busca reformar el artículo 19 de la Constitución, con el propósito de aumentar el catálogo de delitos, cuya prisión preventiva es de carácter oficioso. Entre ellos destacan el abuso sexual contra menores; el feminicidio; la desaparición forzada; la desaparición por particulares; el robo a transporte en cualquiera de sus modalidades; el uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos y corrupción. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en una excepción a la libertad, que tiene por finalidad, de acuerdo con las normas, garantizar la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, evitando así que el indiciado se sustraiga de la justicia. Es pertinente mencionar que si un delito no es contemplado en el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público, como lo señala el citado artículo constitucional, puede solicitarla, siempre y cuando sea justificable, obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas, y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su seguridad. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa. En múltiples comunicaciones emitidas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que esta figura, además de atentar contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, es utilizada como una pena anticipada, calificándola también como una intervención directa del Poder Legislativo en el Judicial, al dictar de qué manera éste debe proceder al valorar el uso de esta medida. La CIDH ha señalado, asimismo, que cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios, como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque está codificando por vía legislativa el debate judicial, y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo al caso en específico. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha manifestado en este mismo sentido que la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención, distintas a la privación de la libertad. Tal situación es especialmente preocupante en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante, impactando, por ejemplo, en personas de escasos recursos, defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. Ante tal situación, no podemos ser omisos sobre la realidad de nuestra nación. La de un México que atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por las altas tasas de delitos que quedan en la impunidad. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Si bien es cierto que es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, es imperativo regular el uso de la prisión preventiva bajo los principios de excepcionalidad, justificación, legalidad y necesidad, siempre en apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Esto, además de la necesidad de enfocar nuestras críticas y exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Espacios donde se gesta el ciclo de la impunidad y la corrupción. Esta iniciativa será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia la Cámara de Diputados la próxima semana, para lo cual, en un formato de audiencias públicas, se ha convocado a la instalación de mesas de trabajo con la participación de diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar más en su discusión y análisis. Lo que, dado las opiniones diversas que se han manifestado, es más que pertinente. Pienso que al igual que en otros temas, en el Congreso de la Unión no debieran precipitarse y mucho menos constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la nación. Sería oportuno, además, no convertir a la Constitución en un manual de casuística, habiendo como hay, o debe haber, otro tipo de ordenamientos jurídicos y sobre todo de procedimientos institucionales eficaces, para hacer efectiva la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Juanky Pamies Alcubilla [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Desarrollo, democracia e independencia judicial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado de enero de 2019 Miguel Concha Al asumir el pasado 2 de enero la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea reivindicó, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y órganos del Estado, aunque significativamente añadió que independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. En el mismo sentido, aunque con distintas palabras, se expresó el pasado 7 de enero el magistrado Rafael Guerra Álvarez al tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “No sólo somos en ocasiones un notorio contrapeso –dijo-, sino más bien el reforzamiento social que implica que estamos para ayudar a aplicar la justicia pronta, imparcial y expedita, no para retardarla o destruirla. Para lo cual somos independientes y autónomos”. La autonomía, sin embargo, no debe tampoco confundirse con la autorreferencia, ni basta para garantizarla la voluntad política de sus actores o los necesarios cambios administrativos para generar una mayor confianza en la ciudadanía. Son indispensables cambios institucionales que aseguren reformas estructurales urgentes en la forma de administrar justicia. Un paso adelante se dio en este sentido con la nueva Constitución de Ciudad de México, al abrirse la Judicatura, acotar la presidencia del Tribunal Superior a un solo año y al contar con un Consejo Judicial Ciudadano designado de manera indirecta por el Congreso local, que será el encargado de nominar las ternas de las que el Legislativo elegirá a los magistrados. Todo ello, desde luego, dependiendo de que el Congreso de la ciudad elabore oportuna y congruentemente las leyes constitucionales que harán posible su vigencia, previniendo que alguien vaya a tener la mala ocurrencia de querer retroceder en conquistas ciudadanas tan importantes, avaladas por la SCJN, para apoyar la continuidad inercial en el ámbito federal. Y por lo que se refiere a los órganos autónomos, aunque en ocasiones sus integrantes hayan sucumbido también a la tentación del uso de su poder, no en beneficio de la sociedad sino de su persona o grupo político, hay que admitir que sin duda han aportado a la democratización de la vida pública del país. Ello no obstante, pensamos que para incrementar su vínculo con la sociedad, debe darse un paso adelante. La naturaleza especializada de su actividad hace que se piense en que los que ocupen sus espacios ciudadanos sean seleccionados en función de su prestigio, aunque ello no los exima de tener lazos fuertes y amplios con la sociedad y sus liderazgos. Constituye en efecto una tarea pendiente complementar su estructura con instrumentos para un contacto permanente y efectivo con amplios sectores de la ciudadanía. Añadamos que la transformación del régimen político y sus instituciones no es sólo un asunto de democracia, sino también de desarrollo. No puede haber consensos sobre la producción y distribución de los bienes generados por el país, si no se dan espacios para poder decidir democráticamente cómo incentivar la producción para crecer y distribuir a la vez. La falacia neoliberal de que primero hay que crecer y luego distribuir fue el pretexto para posponer indefinidamente la redistribución, conteniendo por la vía política los salarios y negando los recursos para salud y para educación. Las experiencias de los países llamados desarrollados demuestran que sólo se puede tener crecimiento sostenido y estabilidad política si se hacen las dos cosas a la vez. Y por supuesto que el criterio de democratización y desarrollo tiene que ser la garantía irrestricta e integral de todos los derechos humanos. En síntesis, un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. Y para ello se requiere gobernar con la mirada puesta mucho más allá del sexenio. Es indispensable un régimen de transición que tenga como meta un futuro mejor para los mexicanos, sobre todo para los niños y los jóvenes. Para todos aquellos cuya esperanza parece a veces ser la única capaz de lograr los cambios que anhelamos y cuya frustración podría conducir a que en la desesperanza se vuelva la mirada a los mismos de siempre, o a los nuevos que propongan lo mismo de siempre. La cara del siglo XXI tiene ya tres rasgos indiscutibles: la democracia, con amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos; un desarrollo que permita a las personas desenvolver sus potencialidades en los ámbitos económico, social, político y cultural, y los derechos humanos, única posibilidad de afirmar la dignidad de la persona. Hay sociedad que tiene propuesta y fuerzas para impulsarlos, si esto se complementa con un gobierno capaz de comprender su tarea de colaborar para construir el futuro. Podríamos entonces pensar que la patria para todos, que siempre hemos anhelado, comienza a convertirse en realidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marte Merlos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la resistencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La protesta social ha sido cultivada por las y los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de enero de 2019 Miguel Concha Después de seis años de un contexto áspero para la movilización, la crítica y la protesta social, llegamos a 2019. Lo que aconteció en el sexenio pasado ya no puede suceder en los próximos seis años: limitaciones y agresiones contra las personas y grupos que protestan y manifiestan sus inconformidades y propuestas de cambio mediante diversas formas. Para los movimientos progresistas y de defensa de los derechos humanos el espacio público se convierte en lugar idóneo para debatir los principales problemas de la nación. Si bien es cierto que las redes sociales, con sus llamadas tendencias, hoy hacen contrapesos en la opinión pública, también es verdad que, por mucho, las movilizaciones sociales en las calles tienen cargas simbólicas y políticas que convocan a una amplia diversidad de grupos en México. Durante las protestas se hace, además, un fuerte ejercicio de concientización sobre los problemas del país, e incluso a escala mundial. En las protestas se construyen y forman también sujetos sociales que se hacen cargo de la realidad. Los espacios públicos se han visto en la historia como una especie de ágora en la que se dirime sobre el bien común y se visibilizan las causas y exigencias que de lo contrario no son tomadas en cuenta. Con más dificultad hoy, si no se cuenta entre las posibilidades el acceder a herramientas y medios que generan trending topicsen redes sociales. El derecho a la protesta debe por ello seguirse reivindicando y ejerciendo sin menoscabo alguno. Y debe ser ejercido por aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados. La protesta social ha sido en efecto cultivada por los de abajo; vamos, por quienes enfrentan la opresión en todas sus formas: capitalista, patriarcal, colonial y otras maneras de dominación. Esto es lo que aborda el reciente informe del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (Fleps), una articulación de organizaciones sociales de derechos humanos que ha dado cuenta de los abusos cometidos por las autoridades en contextos de protesta. En su informe El sexenio de la resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 se narran, con enfoque de derechos humanos, y bajo una documentación sobre el comportamiento de gobiernos frente a las manifestaciones, algunas historias de movimientos sociales y sus protestas en el sexenio pasado. Sin duda el cambio de gobierno el primero de diciembre de 2012 fue un parteaguas. Vinieron después varios años de represiones a manifestantes: fueron golpeados jóvenes y personas adultas mayores, hostigadas e incluso supimos de casos en los que la niñez estuvo involucrada, como fue el caso del menor de edad que recibió un impacto de bala en Puebla. Vimos, asimismo, cómo se agredió a colectivos y comunidades indígenas y campesinas que defienden sus territorios, agua, y bienes comunes. Atestiguamos cómo se violentaron directamente derechos de mujeres que recibieron agresiones o amenazas de tipo sexual. Conocimos de la violencia que enfrentaron personas del grupo LGBTI, como el caso de mujeres trans violentadas en sus derechos cuando protestaban por el asesinato de una de sus compañeras. Quienes entonces gobernaban no se detuvieron con sus agresiones ni en las marchas multitudinarias por la presentación con vida de los jóvenes de Ayotzinapa. Nunca olvidaremos el 8 y 20 de noviembre de 2014, cuando en Ciudad de México los ahora extintos grupos de granaderos arremetieron brutalmente contra la población. No olvidamos tampoco que durante el sexenio anterior resistimos contra el maltrato y la estigmatización de los que fueron objeto movimientos y organizaciones sociales, así como defensores de derechos humanos y periodistas, cuyo único propósito es trabajar por un país más digno y en paz. Para ello también usamos el derecho a protestar. Decimos lo que pensamos, y trabajamos organizándonos colectivamente. El Informe del Fleps es una especie de línea base para el nuevo gobierno. Esto que ocurrió, no puede volver a suceder. Y reafirma la urgencia de transitar hacía otro modelo de seguridad, tan urgente hoy en México. La protesta social es una expresión de sociedades politizadas, que ante la ausencia de debate público y participación social efectiva, toman las calles y levantan la voz ante la discriminación, la injusticia, y la exclusión de los más pobres, con amplios criterios éticos. No es oportuno que en México y el mundo dejemos de usar las calles para expresar nuestras más genuinas necesidades de cambios de raíz que posibiliten el ejercicio de derechos. Las transformaciones se originan desde quienes habitamos o transitamos por determinado territorio. Si no hay crítica y participación eficaz, difícilmente podremos avanzar hacía un cambio de régimen. La protesta social, la crítica constructiva y las propuestas alternativas son vehículos por medio de los cuales podemos también emprender ese viaje hacia una transformación efectiva. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cambio de régimen político
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones, orientar la ética política, una que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de diciembre de 2018 Miguel Concha Está por concluir el primer paso del ejercicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este mes se concluirán discusiones importantes, como la del presupuesto de egresos. Esperamos que se modifique en los recursos destinados a sociedad civil, género y cultura. A partir de enero habrá que retomar los retos que están aún más en el fondo del desempeño del nuevo gobierno. En particular el propósito reiterado de cambio de régimen político. De acuerdo con el Diccionario de Ciencia Política, coordinado por el ya desaparecido Norberto Bobbio, por régimen político se entiende el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores que animan la vida de tales instituciones. En la pasada década del siglo XX, la vida pública del país estuvo signada por el reclamo democrático y la movilización política que suscitó el fraude electoral de 1988. Lo que derivó en la alternancia electoral y propició la modificación de las instituciones que regulan la lucha por el poder, si bien no de manera suficiente, como lo demostraron las elecciones de 2006. El presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de discutir los valores que animan la vida de las instituciones. Lo cual requiere derrotar al neoliberalismo en el campo de la ética económica para pasar del asistencialismo al verdadero desarrollo de las personas. Y en el de la ética política, que piense al poder del Estado al servicio de la sociedad y no de las élites gobernantes. Pero falta en la agenda del cambio de régimen político otro aspecto que se ubica al centro de sus notas constitutivas. Vale decir la modificación de las instituciones que regulan el ejercicio del poder. En nuestro país, éste se ha hecho con las instituciones emanadas de la revolución mexicana reformuladas durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. Las que, si se habla de una nueva transformación, habrá que rediseñar a fondo. El siglo XIX volvió realidad la aspiración liberal de la división tripartita del poder: el que hace las leyes, el que las ejecuta y el que juzga sobre su correcta aplicación. Con la aparición del Estado Social, el siglo XX reformuló estas relaciones, dándole mayor importancia a la función del Ejecutivo, puesto cuya tarea principal sería la realización de las estrategias para garantizar los nuevos derechos de carácter económico y social. El fortalecimiento del Ejecutivo dio lugar en América Latina a la aparición del llamado Régimen Presidencialista. En nuestro país esto se exacerbó con la centralización del poder mediante el ejercicio de las que el doctor Carpizo llamó facultades metaconstitucionales, contra las que tuvo que luchar la exigencia ciudadana de democratización. El avance de los derechos humanos requirió la aparición de los órganos de Estado autónomos para la organización de los procesos electorales, para la promoción y defensa de los derechos humanos, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la evaluación de las políticas y programas sociales del gobierno. Al discutir el necesario cambio de régimen político, habrá que considerar toda esta herencia con sus saldos positivos y negativos. Si pensamos éste hacia su mayor democratización, las exigencias son mucho más claras, a la vez que más complejas. Para iniciar, la transformación democrática del régimen político no puede venir sólo desde el gobierno, sino que tiene que ser producto del diálogo e interacción entre gobierno y sociedad. En esto la sociedad ya lleva un largo trecho recorrido, por lo que no será mayor problema contar con sólidas propuestas para dialogarlas con el régimen. Uno de los principales asuntos es la relación entre los poderes del Estado, pues el presidencialismo volvió habitual la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo. Además, muy pocos cambios se han efectuado. Entre ellos la facultad de la Cámara de Diputados de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Facultad que se ejercerá por primera vez el próximo año. Es también necesario ampliar las facultades del Legislativo para evaluar los programas de gobierno, vigilar más estrechamente el ejercicio del presupuesto, e inquirir y cuestionar el desempeño de los altos funcionarios. Por supuesto que ampliar las facultades al Congreso debe hacerse en la perspectiva contemporánea de un Parlamento Abierto. Es decir, permeable a la participación ciudadana. No faltará quien diga que esto equivaldría a restarle fuerza a un gobierno que ha sacado uno de los porcentajes más altos de votación. Habrá que responderle que precisamente por eso, porque la mayoría de su partido en el Congreso haría que la adopción paulatina de estas reformas fuera sin sobresaltos ni dedicatoria. El otro aspecto que conviene discutir es el de la autonomía del Poder Judicial y la vía para la corrección de sus vicios. Ni las propuestas de designación deben provenir de la Presidencia, ni la impartición de justicia y la judicatura deben ser las dos caras de las mismas personas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Armando Argandar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Ciudad de México entre urgencias e incertidumbres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 01 de diciembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* Este 5 de diciembre entrará en funciones el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que tiene la responsabilidad de atender una agenda urgente en temas relacionados con derechos humanos. Si bien el equipo de gobierno electo ya está trabajando en esos pendientes, el futuro aparece lleno de incertidumbres en cuanto a la importancia y efectividad que le dará a los derechos humanos como objetivo de políticas públicas, así como a la estrategia que elegirá su gobierno en cuanto a las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento estos asuntos en la ciudad. De la lucha por el respeto, protección y promoción de los derechos humanos En la parte legislativa, el Congreso de la Ciudad tendrá que adoptar tres leyes: la Ley Constitucional de Derechos Humanos (que debe ser publicada el 1ro de febrero del 2019), la Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos (ambas deberán ser publicadas el 30 de abril de 2019). Si bien la construcción de leyes es prerrogativa del Poder Legislativo, no cabe duda de que el Poder Ejecutivo influenciará ese proceso, ya que puede proponer sus iniciativas, y sobretodo porque que el partido Morena también tiene la mayoría en el Congreso. Esas leyes son muy importantes: determinarán en qué medida el diseño institucional de la Ciudad pone al centro los derechos humanos, y garantiza a las y los ciudadanos mecanismos para que puedan exigir el respeto y cumplimiento de sus derechos. Desde las organizaciones civiles, apostamos, por ejemplo, por un Sistema Integral de Derechos Humanos (SIDH) que sea concebido como un mecanismo transversal en todo el ejecutivo, encargado de vigilar que todas las políticas públicas e instituciones de la Ciudad perfilen su acción hacia el cumplimiento efectivo de los derechos. También nos parece imprescindible que la sociedad civil, es decir organizaciones, ciudadanas y ciudadanos estén en el centro del Sistema, mediante mecanismos de participación y que las leyes les reserve un lugar donde podrán influir en las decisiones, por ejemplo en el nombramiento de la persona titular del Sistema. Por otra parte, el gobierno electo deberá enfrentarse a la tarea de reformar y fortalecer el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas para la Ciudad. Esta instancia, producto de la Ley de 2012, es encargada de emitir medidas de protección hacia periodistas o defensores de derechos humanos en situación de riesgo por su trabajo. Sin embargo, y a juicio de organizaciones defensoras de derechos humanos, hasta hoy no ha sido eficiente por varias razones: la falta de presupuesto y de personal capacitado, la acumulación y rezago en atención de casos, y el rechazo de parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo en construir varios espacios de trabajo previsto por la ley, así como su toma de decisiones de manera unilateral y obstaculización constante al diálogo con las organizaciones que conforman Consejo Consultivo del Mecanismo. En consecuencia, se sigue criminalizando a los defensores y periodistas. Una reforma de la Ley de Protección de Personas Defensoras y Periodistas está en preparación, así como la consecuente reorganización del Mecanismo: urge que el gobierno electo se comprometa en la construcción de un Mecanismo eficiente y democrático, que escuche las voces de las organizaciones. En particular, será unos de los retos fundamentales el proceso de nombramiento de una nueva persona titular que sea una persona capacitada, atenta a las realidades de las personas defensoras y periodistas,así como ser sensible de aplicar un enfoque integral de derechos humanos. Sobre la procuración e impartición de justicia y la reparación integral a víctimas de violaciones Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. (CDH Vitoria) junto a otras organizaciones, solicitó la activación de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad para que por fin se adopten medidas concretas y transversales que luchen contra la situación extrema de violencia feminicida y de género que sufren las mujeres en la Ciudad. El 2 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que el gobierno de la Ciudad entregue el informe en el que transparente las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo; ese informe debe servir de base a dicho Grupo para que decida si se activa o no la Alerta de Violencia de Género. El Gobierno actual aún no ha entregado el informe, lo que provoca un retraso en la activación de la Alerta que tendría que ser una herramienta que debe responder a una situación de emergencia. Muy probablemente, será el gobierno electo quién tendrá que implementar una estrategia integral para erradicar la violencia hacia las mujeres. Importante es pensar hasta qué punto el gobierno electo asumirá la efectiva transformación del sistema de justicia en la Ciudad, y ampliará sus capacidades en la lucha contra la impunidad. Un indicador de ello se expresará en cómo se solventará el proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. La Ley de Fiscalía debe ser publicada el 15 de diciembre de 2018, y nombrado el o la Fiscal a más tardar el 30 de abril 2019. ¿Cómo asegurar que el proceso de transición sea completo y eficaz, y que no se traduzca en un mero cambio de nombre con la reproducción de las mismas lógicas de corrupción e impunidad que prevalecen en
Parlamento abierto
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece Declaración Universal de los DH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 20 de octubre de 2018 Miguel Concha Diversos son los temas en los que la Constitución política de Ciudad de México pretendió innovar en la conducción de la vida pública, y cuya puesta en práctica podría contribuir al mejoramiento de las prácticas políticas, no sólo de la capital, sino de todo el país. Una de estas innovaciones es la que establece el artículo 29.A.4, que reza: El Congreso de Ciudad de México se regirá por los principios de Parlamento Abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado. Desde hace varios años se ha venido discutiendo este asunto, no siempre entendido de la mejor manera. Para algunos, por gobierno o por Parlamento Abierto se entiende que dispongan de páginas electrónicas; para otros que abran su información al público, y que ésta sea proporcionada con datos abiertos. Tales cosas son importantes y necesarias, pero no suficientes. Trascender las nociones inmediatistas del asunto, requiere tener en cuenta dos cambios fundamentales que se han operado en la vida pública. Por un lado, que las decisiones que nos afectan a todos ya no pueden ser monopolio de las autoridades electas, sino que la ciudadanía tiene el derecho humano de intervenir en las mismas, tal y como lo establece el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la observación general correspondiente, en el sentido de que las legislaciones establezcan las facultades y los medios por los cuales cada ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos. Lo que se ha reconocido como democracia participativa. Por otro lado, la ciencia política ha avanzado en esta misma línea, cuando pone en el centro de la discusión contemporánea de la vida pública el tema de la gobernanza, comprendiendo por ello la intervención en el gobierno de actores no estatales, y la formación de redes entre actores de la sociedad civil y gobiernos. Con apoyos conceptuales tan fuertes como éstos, algunos especialistas hablan no sólo de gobierno abierto, sino incluso de Estado abierto, lo cual implica no únicamente los datos, sino también los procesos. Esta tendencia se asienta en valores fundamentales, como la transparencia, el hacer pública la información que de suyo es de todos, pero también la participación, entendiendo por tal el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de políticas públicas, y el colaborar y aportar así a las administraciones el conocimiento y la experiencia de los ciudadanos. Es cierto que la mayor parte de las reflexiones y experiencias son más sobre el Poder Ejecutivo que sobre el Legislativo, pero crecientemente se demanda lo mismo a los parlamentos. Lo que tiene que ver con tres asuntos básicos para la democratización en la formulación de las leyes: a) circular la información de manera accesible, apropiada y reutilizable, con el fin de que se pueda hacer el monitoreo a los legisladores; b) establecer canales para recabar la información de las propuestas de los ciudadanos, con el propósito de que tengan respuesta en las leyes, y c) establecer, para el mayor alcance y legitimidad del resultado legislativo, instrumentos eficaces para la deliberación entre las comisiones parlamentarias y el público interesado. Tales asuntos podrían parecer un exceso en las demandas de participación de la ciudadanía, pero en el propio proceso de elaboración de la Constitución de la ciudad las prácticas de Parlamento Abierto fueron más benéficas que perjudiciales. Cuando la Asamblea Constituyente abrió las puertas, se recibieron diversas iniciativas de temas o capítulos, tanto de legisladores como de grupos académicos y civiles, y de cerca de mil 500 recibidas, casi dos terceras partes fueron de la ciudadanía, mismas que fueron sistematizadas y puestas también a disposición del público. Quienes elaboraron propuestas tenían abierta la opción de ir a argumentar a favor de sus planteamientos con las comisiones correspondientes. Con todo ello la Constitución no sufrió ningún retraso en el tiempo establecido para su promulgación y sí, en cambio, enriqueció sus contenidos, generándose un texto cuya calidad ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia, a partir de la respuesta que dio a las diversas impugnaciones políticamente intencionadas que se formularon. La puesta al día de la vida pública de la ciudad, por medio de su democratización, es un asunto que continúa estando en los primeros lugares de la agenda de las organizaciones civiles. Particularmente de aquellas que han anunciado su proposito de promover el Parlamento Abierto en la ciudad, especialmente necesario ahora que se abre la discusión sobre las leyes que le darán mayor concreción a los mandatos constitucionales. Esperemos que esta colaboración ciudadana se transforme en las normas, canales e instrumentos que nos permitan tener mejores leyes y más democracia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensor de los derechos de los pobres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos y tomar partido. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de octubre de 2018 Miguel Concha Mañana, domingo 14 de octubre, Francisco proclamará oficialmente como santo en el Vaticano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador entre los años 1977 y 1980, y quien fuera asesinado por un sicario cuando celebraba misa el 24 de marzo de aquel año, como resultado de una conspiración en la que estuvieron envueltos el mayor del ejército salvadoreño Roberto d’Aubuisson y el capitán Álvaro Rafael Saravia. Con ello el Papa da cumplimiento a las expectativas de muchos creyentes y no creyentes, quienes desde su muerte lo reconocieron como profeta y mártir de la justicia en América Latina y el Caribe. Esclarecidas las incomprensiones y animadversiones de las que fue objeto, incluso por parte de algunos de sus hermanos en el episcopado, y seguido puntualmente el proceso canónico que aprueba sus enseñanzas y actuación como pastor en la Iglesia católica, el 23 de mayo de 2015 fue también declarado beato a nombre de Francisco por el cardenal italiano Angelo Amato, prefecto de la congregación católica para las causas de los santos, en una celebración multitudinaria. Son muchas las significaciones que en el mundo han pretendido desentrañarse de su trayectoria y, sobre todo, de su obra como pastor de la arquidiócesis de San Salvador en los años previos a la guerra civil en este hermano país. Por razones de brevedad me quiero referir aquí a las que subraya Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la conferencia inaugural del Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria y Justicia Transicional, en septiembre del año pasado. Para este teólogo español, preocupado por las mistificaciones acríticas que pueden hacerse de la figura de Monseñor Romero después de su canonización, y quien forma parte de la red Amerindia de católicos con espíritu ecuménico, abiertos al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones, es necesario en nuestros días recuperar su figura como modelo y ejemplo de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Además de estas dos especificaciones, Tamayo también subraya su pedagogía conscientizadora desde la opción por los pobres; su profunda espiritualidad cristiana liberadora; el haber sido para creyentes de diferentes religiones, y para no cristianos de distintas ideologías, un referente en la lucha por la justicia; su rescate de la democracia participativa, hoy sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación más fuerte que ella, que amenazan con derribarla; su trabajo por la paz y la justicia por conducto de la no violencia activa y su invitación a la utopía, hoy excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural. Pero de todas las características que pueden señalarse, me interesa destacar su defensa histórica y concreta, no de manera genérica ni conforme a un universalismo abstracto, sino en la realidad salvadoreña, donde eran sistemáticamente pisoteados por los diferentes poderes del Estado y la oligarquía en santa alianza de los derechos humanos de los pobres. Para Tamayo, el teólogo europeo quizá más cercano a los postulados y contenidos de la teología de la liberación de América Latina, Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos; no evadiéndose, bajo la justificación de que su misión era sólo religiosa y espiritual, sino tomando partido críticamente en el conflicto por las mayorías y organizaciones populares, defendiendo siempre con integridad y valentía los derechos humanos de las personas y colectivos, a quienes se les negaba. Especial atención prestó –añade– a la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, de quienes, como dijera Bartolomé de las Casas de los indígenas, morían antes de tiempo. Tamayo encuentra además un paralelismo entre las enseñanzas sociales de Francisco y el pensamiento pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Pareciera que aquél hubiera leído sus homilías y se hubiera inspirado en ellas cuando escribió la exhortación apostólica titulada La Alegría del Evangelio, en la que en noviembre de 2013 expresa sus razones más radicales de rechazo del actual modelo capitalista en su versión neoliberal: NO a una economía de la exclusión (nn. 3, 54); NO a la nueva idolatría del dinero (nn. 55 y 56); NO a un dinero que gobierna, en lugar de servir (nn. 57 a 58), y NO a la inequidad que genera violencia (nn. 59 y 60). Probablemente esto explique el aprecio que el papa Francisco ha tenido de Monseñor Romero desde muchos años antes de que fuera designado por el cónclave de cardenales como sucesor de Pedro. Y por ello hoy lo presenta al mundo como un modelo al que hay que seguir, pues es siempre ésta una de las razones principales para canonizar en la Iglesia católica a las personas santas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eric E Castro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La revocación del mandato
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de octubre de 2018 Miguel Concha Por décadas el mundo de la política ha estado reservado a los partidos, figura hasta ahora necesaria, pero de ninguna manera suficiente para el ejercicio de la soberanía ciudadana, fundamento de la democracia. Ha predominado la idea de que la intervención del ciudadano en la política queda reducida a la emisión del voto, y que al término del periodo para el que se hubiera electo el ganador se vuelva a emitir el sufragio para reiterarle su confianza. Entretanto, si el gobernante tiene mal desempeño, al ciudadano no le queda más que esperar la conclusión de su mandato y confiar en que el próximo sea menos malo que el actual. Así ocurre hoy en la democracia estadunidense, y es el modelo que estuvo detrás de los promotores de la reforma política de 2014, la cual estableció la relección de parlamentarios, bajo el supuesto que ello significaría mayor control de los ciudadanos. No puede dejarse de lado que en esa misma reforma se estableció la consulta popular vinculante, negada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su primer intento de ejercicio, cuando cerca de 5 millones de ciudadanos demandaron ser consultados con relación a la reforma energética. El modelo de democracia hasta ahora vigente, que cada vez demuestra más sus limitaciones, es, por sus actores y la manera de concebir el papel de los ciudadanos, reducido a consumidores pasivos de las ofertas de las élites –que generan propuestas para los electores y deciden cuál de ellas comprarán con su voto, lo que le asegurará al que obtenga la mayoría el monopolio de las decisiones públicas–, el de la democracia elitista o teoría económica de la democracia. Contra esta visión del ciudadano se han gestado múltiples iniciativas de la sociedad civil que demandan no sólo intervenir en decidir quién gobernará, sino cómo lo hará. Dentro de éstas, que se han convertido en ley en algunos países, está la revocación de mandato, que significa no esperar estoicamente a que termine su mandato el mal gobierno de los electos para darle la confianza a otro, con la esperanza de que ahora sí cumpla con sus promesas. La revocación de mandato implica que si después de un periodo prudente el electo no cumple con sus promesas, se le retira el mandato, sin esperar a que termine de descomponer la vida de un país. Este mecanismo, al disminuir el monopolio de las decisiones, acota el poder de las élites y de los partidos, algunos de los cuales serán reticentes a que se instaure en nuestro país. La revocación de mandato fue establecida en la Constitución de Ciudad de México en su artículo 25, letra G 1. Las y los ciudadanos tienen derecho a solicitar la revocación del mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. En su momento, el malestar de la élite política se expresó mediante la Procuraduría General de la República, que interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, aduciendo que la revocación añadía nuevos requisitos para la elección de los gobernantes, y que con ello se violentaba la Constitución. En un brillante proyecto de dictamen, que fuera aprobado por el pleno de la SCJN, el ministro Laynez argumentó que los requisitos se habían modificado con la reforma de 2014, al establecer la relección, por lo que su recíproco resultaba válido. La iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional, para que la revocación del mandato del Presidente sea posible, que el partido Morena presentó la semana pasada, debe ser saludada con entusiasmo por la ciudadanía. Establece que de manera concurrente con las elecciones federales para diputados, el titular del Ejecutivo puede ser sometido a consulta sobre su revocación a la mitad del mandato presidencial, siempre y cuando participe al menos 40 por ciento del electorado, y se pronuncie en tal sentido la mitad más uno de los votantes. Podrán solicitar la consulta el mismo Presidente, el 33 por ciento de cualquiera de las dos cámaras del Congreso federal o los ciudadanos en un número igual a 33 por ciento de los que hayan participado en la elección presidencial. Sin embargo, habrá que decir enfáticamente que este último requisito debe ser modificado. En las elecciones pasadas participaron 56 millones 611 mil 27 votantes, lo que implicaría que para que los ciudadanos puedan hacer efectivo su derecho de votación se requerirían 18 millones 681 mil 71 firmas que lo solicitaran. Cifra difícil de obtener si no se pone en juego de manera encubierta la maquinaria organizativa de los partidos, y, de esta manera, lo que es un derecho ciudadano, no se podrá ejercer sin los partidos. Otros han anunciado su intención de presentar iniciativas para que el requisito para los ciudadanos sea con relación a un porcentaje del padrón electoral, lo que en números lo hace más bajo, pero aún a distancia del ciudadano. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jose Luis Granados Ceja [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
