Exigencias al gobierno mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia mancillada
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, que ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de mayo de 2019 Miguel Concha Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital. La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta. Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas. Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político. Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46 años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras. Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados. Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades. Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal. Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : María Meléndrez | La Jornada [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Iniciativas legales ciudadanas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La participación social debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se logre construir en común acciones concretas y soluciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 11 de mayo de 2019 Miguel Concha La participación social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis años. Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas. El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la agenda legislativa. En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras, marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas. Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una limitante al derecho a la protesta social, pues permite la criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de privatización de derechos. Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano, partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las actividades que realizan las personas y para transitar de su consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica. La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras articulaciones para impulsar una Ley de Aguas. Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo. La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los principales objetivos de la legislación popular es regresar a la sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La próxima ratificación del Tmec: debate y futuro para México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 11 de febrero de 2019 Por: Balbina Pérez y Layla Vázquez En los últimos años, en las ciudades se ha visto un creciente interés por las problemáticas vinculadas con la salud alimentaria y el medio ambiente. No obstante, pudiera ser que estos esfuerzos han carecido de dos consideraciones importantes para generar impactos significativos y estructurales de transformación: el diálogo intergeneracional y el vínculo con los movimientos campesinos con propuestas alternativas al neoliberalismo. Si bien es esperanzadora la proliferación en ciudades de esfuerzos tales como los huertos urbanos, la venta y producción de alimentos cultivados sin agrotóxicos, la promoción de dietas ancestrales y el comercio justo, entre muchos otros ejemplos, resulta fundamental no perder de vista la continuidad histórica entre estos movimientos campesinos y los ecológicos. Tomando una postura crítica que busca transformar la realidad en los niveles estructural y local, compartimos la preocupación de que la mayor parte de estas iniciativas ambientalistas y saludables tienden a estar construidas de tal manera que sólo son accesibles para sectores privilegiados de la población urbana, e incluso se han convertido en mecanismos de gentrificación de las zonas populares, como en el caso de la Ciudad de México. La experiencia del auge de la comida orgánica es particularmente interesante: anuncia como una innovación, cada vez más mercantilizada, a pesar de ser práctica durante milenios en la producción indígena y campesina. Hacernos esta crítica es necesario, ya que la alimentación saludable está en riesgo de ser cooptada por los intereses privados, en lugar de favorecer a los pueblos que han sido despojados de su modo de vida, enraizado en la tierra y sus territorios. En espacios como la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, nacida hace más de 11 años, se ha levantado la consigna “alimentos campesinos para todas y todos”. Hoy es fundamental retomar dichas exigencias como un paradigma para evitar que los proyectos de agricultura campesina y/o ecológica, así como los alimentos de calidad, se transformen en privilegios exclusivos de las clases medias altas o en una fuente de lucro. Este tipo de esfuerzos, tanto en el campo como en las ciudades, deben configurarse en apuestas colectivas del cuidado de la naturaleza, así como para garantizar el derecho a la salud, al medio ambiente sano y a la alimentación adecuada de todas las personas. En este mismo sentido, es crucial reconocer el camino ya recorrido por las generaciones anteriores y aprender de ellas. El planteamiento del diálogo intergeneracional, a diferencia del relevo generacional, no busca que las personas jóvenes sustituyan a las mayores, sino una colaboración e intercambio de saberes entre jóvenes, personas adultas, adultas mayores y también las infancias. La apuesta por formas de organización y diálogo donde la toma de decisiones no se concentre únicamente en las personas de determinado rango de edad o un género, sino que sean reflejo de una reflexión colectiva; es también una manera de cuestionar, desde la práctica, las dinámicas de poder que se implantan por inercia dentro de las colectividades; dinámicas que se dan por supuestas debido a una cultura adultocéntrica. Una expresión común de ésta es que, dentro de estructuras organizativas, el rol de las juventudes suele acotarse al aprovechamiento de su “fuerza física”, a su facilidad con el uso de tecnologías y redes sociales, y/o a su “capacidad creativa”. El actuar de las juventudes dentro de los movimientos y las colectividades debe ser tan amplio como amplias son las capacidades de las personas, y ser parte activa de la dinámica de los procesos colectivos en el campo y la ciudad. Asimismo, el diálogo intergeneracional es una herramienta para recuperar la memoria colectiva y, con ella, los referentes históricos, las experiencias cercanas y la posibilidad de nuevas utopías. La urgencia de este diálogo se hace patente en el contexto político actual. En los últimos años, durante las discusiones alrededor del modelo del libre comercio, y particularmente sobre la renegociación del TLCAN (ahora llamado Tmec), fueron evidentes las dificultades y la falta de información de las generaciones más jóvenes para tomar una postura crítica y consciente respecto a las implicaciones de dicho modelo. Las personas jóvenes tenemos el reto de recuperar la memoria histórica sobre el origen de la actual situación de precariedad y despojo generalizado, por un lado, y las esperanzas gestadas principalmente en el sur del país y del globo, por el otro; y para ello es necesario escuchar a las personas que, haciéndose cargo de su realidad, ya reflexionaron y se siguen organizando y actuando por la construcción de alternativas al neoliberalismo. Este cruce entre el diálogo intergeneracional y la alianza con los movimientos campesinos en México nos lleva a comprender que el campo es nuestra primera línea de defensa de otros derechos humanos. A las denuncias históricas del desmantelamiento de la economía y del tejido social de las comunidades indígenas y campesinas, dado en las últimas décadas del siglo XX y las del presente siglo, se aúna que la crisis de derechos humanos que se vive actualmente en el país es consecuencia, entre diversas razones, de este paulatino desmantelamiento, que tuvo como resultado enormes flujos migratorios a las ciudades, así como la proliferación del narcotráfico y el crimen organizado precisamente en las zonas rurales. De igual manera, las políticas económicas que afectaron la producción campesina y proliferaron la importación masiva de alimentos desencadenó la epidemia de malnutrición que hoy aqueja a la población. Las organizaciones campesinas y las alianzas que éstas han generado (tal es el caso de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País) son un potencial punto de encuentro para fomentar el diálogo intergeneracional y el intercambio de saberes, en el que se puede y debe aprovechar las condiciones actuales que favorecen posturas a favor de la soberanía alimentaria y
Plaguicidas peligrosos y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recomendación de la CNDH evidencia que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de enero de 2019 Miguel Concha Las autoridades federales de agricultura, medio ambiente y salud han aceptado la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre plaguicidas de alta peligrosidad. Lo que debe llevar al cumplimiento pleno de sus recomendaciones y a un cambio de rumbo de la política neoliberal seguida sobre estos agrotóxicos en los pasados sexenios. La recomendación de la CNDH examina los escritos de 43 personas por actos y omisiones en perjuicio de la población; analiza la evidencia aportada por expertos en el tema, tanto del ámbito académico, como de organismos no gubernamentales, y la información enviada durante la investigación por las autoridades competentes. Concluye que el contexto legal y reglamentario en materia de plaguicidas permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar la biodiversidad y dañar el medio ambiente. Lo cual constituye una violación a los derechos humanos, porque las autoridades responsables no han actuado con la debida diligencia. El derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada se vulnera al permitir la autorización y el uso de plaguicidas que pueden provocar cáncer, malformaciones congénitas, efectos reproductivos adversos y alteraciones hormonales. Además de que también se violan el derecho a un ambiente sano, al acceso a agua salubre y a la información. En su informe sobre el tema que se considera en esta recomendación (A/HRC/34/48), la violación a un conjunto de derechos humanos por el uso de plaguicidas de alta peligrosidad la han señalado a escala global la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Hilal Elver, y el relator sobre las sustancias tóxicas y residuos peligrosos Baskut Tuncak. Para definir los criterios técnicos de los plaguicidas altamente peligrosos, la CNDH indica que es importante tomar en cuenta los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, y los de la Red Internacional de Plaguicidas o PAN internacional. Desde finales de 2017 miembros de esta red en México, junto con universidades y organismos no gubernamentales, dieron a conocer un informe en el que se enlistan los 183 plaguicidas de alta peligrosidad que se autorizan en México, y los 140 que, incluso prohibidos en otros países, están autorizados en nuestro país. En los criterios propuestos por PAN Internacional se propone incluir la alta toxicidad para las abejas, lo que, dadas las protestas crecientes de comunidades campesinas y productores apícolas por fumigaciones con plaguicidas es importante, al causar la muerte de las abejas, polinizadoras vitales para la producción de miel y agrícola. Para identificar e investigar los efectos adversos de los plaguicidas altamente peligrosos en suelo y en agua superficial y subterránea, la CNDH recomienda la creación de un comité especializado de expertos de instituciones académicas y la sociedad civil. Recomienda también a las autoridades competentes elaborar un plan estratégico conjunto; establecer un programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales; determinar los límites máximos de residuos en alimentos, e introducir el término de plaguicidas altamente peligrosos en la normativa legal. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social le recomienda impulsar la firma del Convenio 184 de la OIT sobre la seguridad y la salud. Recomienda además a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que en un plazo de seis meses se identifique y promueva la revocación de los permisos de plaguicidas vigentes que estén prohibidos conforme a tratados internacionales, como el de Estocolmo y el de Rotterdam. Para que en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, y en los programas sectoriales de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Salud, así como en los de organismos como la Cofepris y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria se establezcan objetivos, metas, estrategias y prioridades para la reducción y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, que puedan ser medibles, evaluadas y monitoreadas, como una forma de alcanzar la mayor protección de los derechos humanos, reducir al mínimo los riesgos a la salud y al ambiente, y aplicar el principio precautorio, es muy importante que se cumpla esta recomendación. Además de un cambio en la regulación de los plaguicidas de alta peligrosidad, se necesita una política que apoye las alternativas agroecológicas de control de plagas y enfermedades, articulando la experiencia exitosa de los institutos de investigación agrícola del país con la de las organizaciones de productores campesinos e indígenas, mismas que han logrado no sólo reducir agrotóxicos, sino incluso producir en forma orgánica. La Cuarta Transformación pasa por el respeto a producir y consumir elementos libres de agrotóxicos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recuperar el territorio y la vida
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 01 de diciembre de 2018 Miguel Concha stá a la puerta un cambio de gobierno. Uno de los principales retos consiste en el cuidado y respeto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y de nuestros bienes comunes. El gobierno que hoy asume funciones debiera tomar en consideración la experiencia acumulada de los pueblos para detener los procesos de despojo, los cuales, dentro de su vida colectiva, tienen presente el cuidado de la naturaleza y de toda forma de vida. Con el sexenio que termina descubrimos dos cosas en el proceso de defensa y cuidado de los bienes comunes. Primero, que las resistencias, desde los territorios, son fundamentales para entender los conflictos socioambientales y experimentar al mismo tiempo alternativas. Y enseguida el descubrimiento de los saberes profundos que los pueblos indígenas y campesinos poseen para configurar acciones concretas y hacer así frente a la crisis multidimensional que enfrentamos. Es decir, la crisis civilizatoria que encaramos. Existen también diversos esfuerzos ciudadanos, acompañados de propuestas venidas desde las comunidades y pueblos que dan cuenta del panorama de despojo. Tal es el caso de Por México Hoy, un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadana para imaginar, proponer y construir una nación de todas y todos. En dicho espacio participamos también diversos movimientos y colectivos en defensa de la tierra y el territorio y de él surgió un documento valioso que contiene información fundamental para entender y atender las centenas de conflictos territoriales con los que ahora contamos por toda la República. El documento Recuperar el territorio y la vida es en efecto una herramienta de análisis y propuestas, pues en él se condensan las experiencias de lucha de comunidades y pueblos que han enfrentado el sistema neoliberal imperante en México. Es importante señalar que éste surge de diversos recorridos que Por México Hoy, incluido el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ha realizado por el país, proponiendo la discusión sobre un nuevo proyecto de nación que pueda plasmarse en una nueva constitución. Estos recorridos, encuentros y conversatorios abarcaron de febrero de 2016 a inicios de 2018 a más de 27 entidades. Fue en ellos constatable el despojo territorial y de bienes comunes naturales que sin el debido cuidado hacen imposible hacer valer la independencia y la soberanía del país. Recuperar el territorio y la vida significa acabar con la corrupción que facilita el despojo en condiciones humillantes para la nación y para las comunidades, pero también implica generar alternativas al desarrollo capitalista, buscando y haciendo reales propuestas que estén basadas en el aprovechamiento y conservación, no en la explotación, para hacer valer las capacidades del país hacia su autodeterminación. El documento parte de las resistencias. Para ellas todo nuestro reconocimiento y deseo de articulación de una visión integral y de largo plazo, con la finalidad de plantear un proceso de debate amplio, que oriente las definiciones sobre este tema con el gobierno que recién inicia. Como bien explica Carlos Lavore, coordinador del texto, la importancia de reconocer los esfuerzos y trabajos de resistencia en México nos hacen también pensar en un mosaico de propuestas que se extiende por todo el territorio nacional, confrontando el modelo hegemónico, la estructura institucional vigente y el relato mediático de despojo y criminalización. Urge cambiar de rumbo, pues como bien se dice, hoy la humanidad consume una vez y media más de lo que el planeta puede dar. Sólo 23 por ciento de su superficie no ha sido intervenida por mano humana, mientras hace un siglo era 85 por ciento. Los recursos energéticos se están agotando; de cada siete barriles de petróleo consumidos se descubre uno y de él depende 95 por ciento del transporte mundial. Metales no renovables, bosques, fauna, hielo, tienen un horizonte de ruptura de sustentabilidad planteado hacia 2050. Y valga decir que esa crisis y dinámicas de despojo van siempre acompañadas de violencia, corrupción e impunidad. Qué hay detrás del despojo, nos preguntamos durante los encuentros y al momento de sistematizar el documento. Claramente respondimos que a escala global, de la región latinoamericana y de México, existe una hegemonía con alta concentración de poder económico, financiero, político, institucional y mediático. De ahí que insistamos en que no basta con un cambio de gobierno; urge y es necesario un verdadero cambio de régimen, pues de lo contrario la crisis se acrecentará, el despojo se perpetuará y las violaciones a los derechos humanos no cesarán. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que se dé ese cambio de régimen, y de modelo económico y desarrollo. El inicio de un nuevo gobierno para los próximos seis años es una oportunidad. En ello la sociedad civil y el gobierno debemos jugarnos, desde la crítica libre y la propuesta responsable. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHDF [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Mitos y realidades de la migración
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación más de la mitad de las personas encuestadas opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país, apenas 1% habría opinado que «deberíamos cerrar la frontera» y uno de cada diez que habría que deportarles a su país de origen. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 17 de noviembre de 2018 Miguel Concha Cumpliendo con su atribución de colaborar en la educación de la población contra la discriminación, el Consejo Nacional que previene su realización publicó un análisis sobre los mitos o prejuicios que suelen darse en el mundo contra la migración, los cuales más allá de las reales expresiones de sensibilidad, comprensión y solidaridad que han acompañado preponderantemente al éxodo centroamericano en nuestro país, han tenido, sin embargo, diversas manifestaciones en algunos individuos y grupos de México. En primer lugar, el estigma de calificarlos como personas analfabetas, pobres, holgazanas, pandilleras, asesinas, lo peorcito, expresiones clasistas y xenofóbicas que reproducen el odio y la discriminación que en otras latitudes se ejerce contra nuestros propios connacionales. Y ello sin siquiera asumir o percatarse que no representan la opinión de la mayor parte de nuestra población. En efecto, en México, según datos de la Encuesta Nacional 2017 sobre Discriminación (Enadis) más de la mitad (53 por ciento) opina que a los migrantes se les debe dar refugio hasta que puedan regresar a su país y una tercera parte (33 por ciento) piensa que se les debe documentar para que puedan vivir y trabajar aquí. Por lo demás, la opinión de que deberíamos cerrarles la frontera y devolverlos a su país es francamente irrelevante (1 y 12 por ciento, respectivamente). En segundo lugar, su criminalización, culpabilizándolos por ejercer su derecho a existir, huyendo, en la mayoría de los casos, de sus lugares de origen como única alternativa, y sin tomar en cuenta que estas personas no son sólo víctimas en sus propios países, sino también víctimas potenciales de delincuentes ocasionales, grupos del crimen organizado y autoridades en sus trayectos. Ciertamente, de conformidad con diversos diagnósticos, más de 10 por ciento de las personas migrantes en tránsito por México es víctima de algún delito que, en la mayoría de los casos, no se denuncia y mucho menos se persigue legalmente. En tercer lugar, el no considerar y rehuir la responsabilidad jurídica y política que tiene México a brindar, mediante una acogida integradora, atención humanitaria a quienes necesitan refugio y protección internacional, así como a colaborar regionalmente en la búsqueda de soluciones para combatir las causas estructurales que propician la migración irregular, el desplazamiento forzado y el tráfico de migrantes. El ayudar a estas personas y no a las nuestras nos perjudica, es otra de las supuestas razones completamente falsas, pues lo que verdaderamente nos ha hecho mucho daño desde hace años es la desigualdad de oportunidades y el déficit en el ejercicio pleno de derechos, con su consiguiente falta de recursos. Pensar lo contrario es simplemente defender los privilegios de algunas minorías, hacer caso omiso de nuestras obligaciones éticas, jurídicas y políticas, no participar en la disminución de las migraciones en Centroamérica, y negarse a aprovechar las aportaciones económicas, sociales y culturales de la región. Es igualmente cuestionable el hecho de argumentar que la migración nos quita empleos, pues en primer lugar ésta es una de sus causas, no la única, además de que la evidencia internacional demuestra que no implica competencia por los puestos de trabajo de la población nativa, ya que se concentra en segmentos laborales muy específicos en la base de la pirámide o en empleos muy especializados. El que la migración se nos presente ahora como masiva, por la búsqueda organizada de seguridad por parte de los migrantes, no significa comparativamente con otros países en el mundo que se trate de una invasión, pues son menos de 10 mil personas, la mayoría de las cuales ni siquiera busca establecerse en México como primera opción. Además, tal cantidad equivale apenas a 0.008 por ciento de nuestra población; es decir, únicamente 1 por ciento de la población mexicana nacida en el extranjero, cuando con cifras de 2017 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que alrededor de 68.5 millones de personas se encuentran desplazadas a la fuerza en todo el mundo, y que, de ellas, alrededor de 40 millones son desplazadas internas, en el caso de 25.4 millones se trata de personas refugiadas, y 3.1 millones solicitantes de asilo político. Como contraste con nuestra realidad, Alemania, Irán y Líbano han recibido alrededor de un millón de refugiados cada uno; Pakistán y Uganda cerca de millón y medio cada uno, y Turquía ha acogido a más de 3.5 millones. Finalmente, el pensar que si dejamos que entren éstos, llegarán más, tampoco es razón que valga para negarnos a la migración, pues a decir del Acnur, y en comparación con la población mundial, el número de migrantes internacionales y personas refugiadas y asiladas se ha mantenido relativamente estable desde la década de los años 60 del siglo pasado: alrededor de 3 por ciento. De cualquier manera, la solución no consiste en el cierre de fronteras y el rechazo a este flujo, sino en realizar los cambios que se requieren para evitar su emergencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Éxodo centroamericano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 03 de noviembre de 2018 Miguel Concha Organizaciones de la sociedad civil en México y Honduras, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han monitoreado y expresado su preocupación por las formas de violencia sistemática y sistémica en aquel país, y han hecho referencia al papel que juegan los problemas estructurales como la pobreza, la marginación, la corrupción y la impunidad en la migración forzada de personas. El pasado 13 de octubre se dio a conocer que cerca de siete mil personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, saldrían de Honduras con la finalidad de llegar a México y posteriormente a Estados Unidos. De conformidad con las propias personas parte de ese éxodo huyen de la violencia, de las pandillas y otras violaciones a derechos humanos, como producto de la pobreza y de la falta de oportunidades. Lo que se esperaría de México en este contexto es congruencia con lo que se pide al gobierno de Estados Unidos (EU) respecto al trato de migrantes mexicanos en el exterior. Sin embargo, por medio de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF), éste ha puesto en marcha operativos de control, llevando a cabo acciones de detención y amedrentamiento, como dejar a las personas migrantes, incluyendo niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas, varadas en condiciones climáticas extremas en el puente de la frontera entre Chiapas y Guatemala, sin agua, alimentación, ni servicios de salud y sanitarios. Algunas de las consecuencias de esta actuación pudieran significar tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y es un mensaje de aquello a lo que se enfrentarán si insisten en ingresar al territorio mexicano sin un documento acorde con lo establecido por la Ley de Migración y su reglamento. Diversas organizaciones civiles y albergues que trabajan en Chiapas y Oaxaca han logrado monitorear la situación y han denunciado la falta de información veraz sobre el derecho a solicitar y recibir asilo; el uso de la fuerza por parte de la PF; la privación de la libertad de personas que solicitan protección internacional en las estaciones migratorias; la falta de alimentación, agua, servicios de salud y sanitarios, y el condicionamiento a recibir servicios a cambio de entregarse al INM para comenzar su proceso de deportación. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, además de apoyar en la coordinación de la ayuda humanitaria, trabaja de la mano con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), intentando resolver un rezago de solicitudes de protección que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tuvo el año pasado más de 14 mil solicitudes, de las cuales 50 por ciento sigue sin resolución. Lo que representa que más de cuatro mil personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. En este contexto es fundamental que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos de las personas en contexto de migración internacional, por medio de: 1) el establecimiento de mecanismos de detección y atención integral, particularmente para mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y solicitantes de protección internacional, entre otros, brindándoles además asesoría legal sobre el derecho a solicitar y recibir asilo y atención a su salud física y sicológica. 2) No privar de la libertad por motivos migratorios a personas solicitantes de asilo, y mucho menos a niñas, niños, adolescentes y sus familiares. 3) Fortalecer el trabajo de monitoreo y denuncia de Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH) a escala federal y estatal, así como vigilar y dar seguimiento a la implementación de medidas cautelares solicitadas por la CNDH. 4) Implementar garantías de no repetición de actos de uso de la fuerza pública en contra de las personas migrantes, como los sucedidos el 19 de octubre. 5) Coordinar diversas entidades del Estado, como las Procuradurías de Protección a la Infancia, la Comar y los OPDH en el acompañamiento durante la ruta del éxodo centroamericano, y su coordinación con la sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 6) Elaborar estadísticas desagregadas por edad, nacionalidad, sexo y condición de viaje que permitan contar con una base de datos para la puesta en marcha de acciones humanitarias, acompañamiento legal y asignación presupuestal. 7) Garantizar la seguridad de las personas en albergues, casas de migrantes y centros de derechos humanos, así como el respaldo y facilitación de su trabajo de monitoreo. 8) Respetar el principio de no devolución y expulsión masiva. Es también imperante que en las acciones de ayuda humanitaria y de atención integral se tomen en cuenta las condiciones a las que se enfrentarán en el norte, como son las largas esperas para solicitar asilo en EU; las temperaturas, que pueden bajar a menos de 10 grados centígrados; el control del territorio por parte del crimen organizado, y las políticas del presidente Trump para que los países de origen y tránsito pongan en marcha medidas de control. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Espinosa [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia para Tepoztlán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de octubre de 2018 Miguel Concha En 1995 Tepoztlán llamó la atención del mundo por oponerse a la construcción de un club de golf que se anunciaba como el más moderno de América Latina. Este proyecto implicaba cortar árboles, sembrar hectáreas con un solo pasto, aplicar herbicidas, desperdicio, contaminación del agua y la construcción de un fraccionamiento de lujo. A todas luces un grave daño al medio ambiente. Para impedirlo, el pueblo luchó con el apoyo de personas avecindadas, y otras aliadas a escala nacional e internacional. La historia inició desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando para construir el club de golf algunos empresarios se apropiaron ilegalmente de 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán. En ese entonces el pueblo se opuso y lo detuvo con la movilización y una trágica muerte. Sin embargo, 30 años después el proyecto nuevamente revivió. En los años 90 el triunfo costó otra vida y el megadesarrollo se paró. En ese entonces se destituyó también a las autoridades que lo habían autorizado y se nombraron otras en asamblea. Con la fuerza acumulada, en 1999 el pueblo decidió acudir a los tribunales, pues sólo de esa manera se pensaba que no volvería la amenaza a su territorio. Con fundamento en la resolución presidencial, por la que el gobierno le reconoció a Tepoztlán la propiedad de 26 mil hectáreas, se planteó e inició un juicio de restitución en contra de la empresa Pirámide y Convento. El proceso judicial cumple 19 años y ha pasado por diversas instancias. Ha recibido cuatro resoluciones en su favor del Tribunal Unitario Agrario, y siete del Superior Agrario. Con poca fortuna, el pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un proyecto de sentencia que propone amparar a la empresa, el cual sería votado por su segunda sala. La resolución sería contraria a los derechos de la comunidad por varias razones. La primera, porque durante estos 19 años la empresa no ha logrado probar que la superficie en disputa es privada, pues la normatividad señalaba que para que éstas procedieran era necesario cumplir con estos requisitos: 1) La resolución presidencial debió señalar la existencia de propiedades particulares dentro de su perímetro comunal. Esta posibilidad no se abrió en la resolución de Tepoztlán. 2) La solicitud de exclusión debió presentarse dentro de los cinco años posteriores a la titulación de Tepoztlán (1929). Por tanto los interesados tuvieron hasta 1934 para iniciar el procedimiento de exclusión; lo que no sucedió. 3) Los interesados debieron acreditar la posesión cuando menos cinco años antes de la fecha de la solicitud del núcleo agrario (1921); lo que tampoco sucedió. 4) Dentro del supuesto procedimiento de exclusión se debió oír a la comunidad, y ésta debió manifestar su conformidad; lo que nunca tuvo lugar. 5) El procedimiento de exclusión debió culminar con una resolución administrativa del Cuerpo Consultivo Agrario, lo que tampoco sucedió, pues los oficios de exclusión presentados por la empresa fueron firmados por un funcionario menor, sin las atribuciones de ley, y por tanto resultan inválidos. En consecuencia la superficie en disputa es comunal, y por naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, el proyecto de la SCJN en ninguna de sus páginas hace alusión a alguna normatividad de origen nacional o internacional relacionada con pueblos originarios. ¿Dónde queda entonces la obligación de proteger los territorios indígenas establecida en los artículos 1, 2 y 27 constitucionales? ¿Y el parámetro de regularidad constitucional conformado por todos los instrumentos internacionales ratificados por México aplicables a estos pueblos? Ante esta omisión, el proyecto no puede ser aprobado. Se puede entender que el proyecto de sentencia que perfila la SCJN apoya los intereses económicos que están involucrados, como los del ex presidente Luis Echeverría y sus hijos; los de Óscar Fernández Malvido, del grupo Maizoro; los del empresario salinista Luis Slim Sayeg, del Grupo Carso; los de Xóchitl de Garay, Gabriel Haddad y Eduardo Abud, del Grupo ICA; así como los de Rafael Fernández McGregor, del Grupo Ixe; de Carlos González Barquera, de Té Laggs y de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, como lo documentó en 2012 el investigador Luciano Concheiro Bórquez en su libro Zapata cabalga por el Tepozteco. El tema de fondo es si se respeta la decisión de las comunidades de seguir manteniendo sus tierras, protegiendo el ambiente y conservando sus costumbres. En suma, decidir el modelo de vida que quieran seguir, o si se les impondrán ilegalmente proyectos depredadores llamados de muerte. Exigimos que la SCJN resuelva en favor de la comunidad de Tepoztlán y dé por concluido un problema que por tantos años genera tensión social y amenaza con la imposición de un club de golf. Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : EjAtlas [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
