Fomento y protección del maíz nativo
Sábado 21 de marzo de 2020 Miguel Concha México es el centro de origen del maíz. Durante miles de años esta planta ha sido elemento fundamental en la vida de mexicanas y mexicanos, y las comunidades campesinas e indígenas han preservado no sólo esta semilla nativa, sino también sus formas tradicionales de mejoramiento y producción, como su adaptación, de acuerdo con las condiciones climáticas y de los suelos, el intercambio entre comunidades de distintas regiones, así como el sistema de la milpa y el resguardo de alimentos, como el propio maíz, el frijol, la calabaza y el chile, los cuales conforman una alimentación saludable y aportan nutrientes necesarios para un buen vivir. Es inmensa la diversidad de alimentos derivados de las 64 razas distintas de maíz que tenemos en México. Estos alimentos se encuentran presentes en las cocinas tradicionales de distintas culturas, incluso más allá de nuestras fronteras. La cocina mexicana no se podría imaginar sin los colores y sabores del maíz nativo: rojo, verde, azul, dulce, blando, palomero y cacahuazintle, entre muchos otros. El grano, además de ser sustento para el bienestar económico y social, tiene un valor histórico y cultural para las comunidades y los pueblos originarios, especialmente los mesoamericanos, ya que ha permitido también la resistencia ante la colonización, la imposición del pensamiento occidental y el capitalismo en su fase neoliberal. Así, resulta fundamental la construcción de un modelo agroalimentario que asegure la soberanía alimentaria y garantice el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo enuncia la Constitución. Esto sólo será posible mediante la generación de políticas públicas y programas de apoyo para su producción, y por medio delegislaciones que establezcan la obligatoriedad del Estado al respecto, ya que debido a la producción de maíces transgénicos, el maíz nativo está en riesgo, incluso los procesados, los cuales contaminan genéticamente al maíz y abren la puerta a la extinción de muchas razas que aún se conservan. Cabe señalar que en abril de 2019 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), la cual fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre y turnada a la Cámara de Dipu-tados. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria discutió en la cámara el pasado 10 de marzo el dictamen de la iniciativa de ley, el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión el 18 de marzo. La LFFPMN tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y su diversificación constante en todo lo relativo con las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo, como patrimonio alimentario y cultural nacional directamente vinculado con los derechos humanos alimentarios y culturales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución. Esta iniciativa de ley, que por cierto se corresponde con tratados internacionales firmados por México, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, sentará un precedente en materia jurisdiccional, ya que establecerá mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo, a través de medidas que prevengan su contaminación. Por ejemplo, la identificación y delimitación de las áreas geográficas de producción, al igual que el establecimiento de los sistemas tradicionales. En adelante será obligación del Estado garantizar y fomentar, a través de autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en su diversificación constante, así como al de sus productos derivados. Por otro lado, a partir de la ley, se creará el Consejo Nacional del Maíz (Conam), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Conam estará integrado por autoridades del gobierno federal y tendrá representación de la sociedad civil, campesinas y campesinos, pueblos y comunidades indígenas, e integrantes de la academia, quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo. Porque precisamente son las propias comunidades y organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos y las colectividades dedi-cadas al cuidado del medio ambiente, quienes han empujado esta ley. Aunque la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no es suficiente para garantizar su protección, fomentar su producción y resguardar su valor histórico y cultural, es un paso importante en la defensa del maíz en la protección de sus variedades vegetales nativas y en la promoción de los derechos humanos de las comunidades campesinas, productoras, consumidoras y consumidores, pues #SinMaizNoHayPais. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Crisis capitalista y empresas sistémicas
Sábado 13 de marzo de 2020 Miguel Concha En la reciente reunión anual del Foro Económico Mundial, llevado a cabo en Davos, Suiza –por cierto, la número 50–, a la que acuden líderes mundiales de todos los órdenes con el propósito de proponer recomendaciones y estrategias que mejoren la situación del mundo, particularmente en las áreas sociales y económicas, se llegó a la siguiente conclusión: los resultados de la economía social de mercado, en la que hemos vivido inmersos los pasados 40 años, no han sido los esperados. Muy por el contrario, se han generado pobreza, desigualdad creciente, inestabilidad laboral y un fuerte deterioro del medio ambiente. Se señaló expresamente que en la globalización de la economía de mercado se descuidó el hecho de precisar que las empresas son organismos que participan en el logro del bienestar de la sociedad, y no únicamente entes con fines prioritarios de lucro; y que es indispensable que incluyan en su misión la responsabilidad que tienen con el bienestar de las personas que forman los grupos de interés que de hecho las integran y las hacen viables. Los llamados stake holders. Y ello a pesar de que desde la década de los años 70 del siglo pasado se ha promovido, reconocido e incluso premiado progresivamente en Estados Unidos, Europa y América Latina el compromiso social de las empresas con sus grupos de interés internos y externos, para restaurar la confianza del público, en el respeto de sus derechos sociales y humanos. El fundador de Davos, el Dr. Klaus Schwab, declaró en forma categórica que tal como se está gestionando el capitalismo actualmente, ya no es sostenible, y que de hecho se está autodestruyendo. Una de las conclusiones del Foro Económico de Davos 2020, en el que participaron líderes mundiales, figuras clave de las Naciones Unidas y la Unión Europea, así como jefes de grandes empresas, entre otros, fue la necesidad de que se aplique en las empresas globalizadas la práctica del denominado capitalismo de los grupos de interés ( stake holders). Es decir, lograr que las empresas asuman su responsabilidad no únicamente con sus accionistas, sino también con sus empleados, trabajadores, agentes, clientes, proveedores, gobiernos y comunidades. En una palabra, preocuparse solidariamente por el bienestar de todos ellos. En síntesis, está entonces fuera de toda duda que incluso en esta instancia de consulta mundial el modelo socioeconómico actual debe modificarse, y de hecho reinventarse, de tal manera que la riqueza creada por las empresas se distribuya tomando en cuenta auténticamente la responsabilidad social que tienen con los grupos de interés que las conforman, respetando sus derechos humanos y tomando en cuenta los valores morales de las sociedades en las que están establecidas. A lo que ahora habría que agregar su responsabilidad con la conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. En este contexto, se considera que la economía de mercado sigue siendo el mejor medio para generar riqueza, aun cuando también se piensa que es ineludible que el Estado debe vigilar activamente que se desarrolle respetando la auténtica competencia y evitando monopolios, monopsonios y prácticas oligopólicas. Quisiera concluir este artículo relacionando las recomendaciones y propuestas del Foro con la actitud reciente de los grupos empresariales de nuestro país. Hace algunas semanas, un grupo de 100 empresas se comprometió en forma pública a cubrir a sus trabajadores cuando menos el equivalente a dos salarios mínimos como remuneración por jornada de trabajo. En mi opinión es una decisión acertada, acorde con el espíritu de responsabilidad social de las empresas, que incluso sería deseable que se generalizara. Y en semanas pasadas se publicó también un decálogo empresarial, que en alguna forma recoge las recomendaciones del Foro Económico Mundial de Davos. Desde mi punto de vista, lo hace en forma amplia y con evidentes buenas intenciones. Pero a mi parecer, está lejos de establecer un auténtico compromiso empresarial con la responsabilidad social que tiene con los grupos de interés que se expresa en el comunicado del Foro. Aunque en este sentido vale la pena subrayar los principios 6, 7 y 8 de responsabilidad social del nuevo decálogo: 6) Demostrar nuestra obligación moral con la sociedad; participar activamente en el desarrollo de las comunidades y construir mejores condiciones de vida para los mexicanos. 7) Asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 8) Privilegiar la sustentabilidad en nuestras actividades económicas y un uso más consciente de los recursos naturales. Ojalá que estos principios no se queden, como muchas veces ha sucedido, en buenas intenciones y bellas declaraciones retóricas, sino en criterios que realmente informen nuevos códigos de conducta y buenas prácticas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Encuentro Nacional de Usuarios : Los DH como herramientas de lucha y emancipación | Participación de Miguel Concha
Participación durante el Encuentro Nacional de Usuarios convocado principalmente por la ANUEE en las instalaciones del SME Agradezco mucho la invitación que nos han hecho, a mí y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., a este Encuentro Nacional de Usuarios, con el que se busca construir un movimiento nacional que genere un plan de acción conjunto entre todas y todos los presentes, en medio de esta coyuntura tan particular. Saludo con afecto a Martín Esparza Flores, Secretario General del SME; a Enrique Enríquez, Secretario General de la Sección 9 de la CNTE; a Jorge Herrera Ireta, Vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores; y a la Dra. Elena Burns, de Agua para Todos; a Juan Carlos Escalante, Coordinador Nacional de la ANUEE, y a todas y todos los miembros del presídium. Deseo comenzar esta participación saludando especialmente la lucha que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) ha emprendido desde hace casi 10 años. Ustedes nos han enseñado muchas cosas durante todo este tiempo, entre las cuales se destaca una lección muy importante: el profundo potencial emancipatorio y liberador de las luchas populares que realizan los movimientos sociales de base; aquellos que vienen desde abajo y dejan de ser espectadores, para convertirse en actores y protagonistas de la historia. Una vez más quiero reconocer públicamente que el pueblo de México ha contraído una deuda con movimientos sociales como la ANUEE o Agua Para Todos, Agua Para la Vida, porque sus luchas de resistencia y rebeldía son un rayo de esperanza (Pleyers, 2017: 6), ya que no sólo buscan bienes particulares, sino sobre todo bienes comunes que beneficien a muchas más personas; por ejemplo, una tarifa social justa en lo que respecta al suministro de la energía eléctrica, y el acceso equitativo y sustentable al agua. Considero importante señalar que los movimientos sociales, con características como los de ustedes, desafían frontalmente el “orden” establecido por el capitalismo en su fase neoliberal, el cual, por ejemplo, acentúa las desigualdades y permite que autoridades y empresas violen los derechos humanos de personas y grupos que sólo desean construir un mundo más justo y digno, menos desigual y más democrático (REDESCA, 2019). De una u otra forma los movimientos sociales, a través de sus luchas, intentan responder a una eterna pregunta: “¿cómo cambiar el mundo?” (Pleyers, 2018: 16), especialmente en un contexto de violencia sistémica y sistemática que, aunado a otros de los grandes problemas estructurales, como la inseguridad, ha desencadenado una crisis humanitaria y de derechos humanos sin igual en un “México en llamas”; es decir, en un México feminicida, donde mueren 10 mujeres al día; y donde 10 de cada 100 pesos se pierden debido a la corrupción y la impunidad. En el que existen más de 60 mil personas desaparecidas y casi 300 mil asesinadas. Donde siete de cada diez niñas y niños que nacen en situación de pobreza vivirán así el resto de su vida, por citar sólo algunas referencias. Asimismo, en la última década los movimientos sociales en México se han enfrentado constantemente a la apatía, a la indiferencia, a las descalificaciones, al rechazo, a los prejuicios y a la discriminación de diversos sectores; entre ellos la extrema derecha, movimientos neofascistas y autoridades que, entre otras cosas, les colocan etiquetas como “revoltosos”, “flojos”, “problemáticos”, “chairos”, “conservadores”. También han luchado contra las injusticias, la represión, el autoritarismo y el conservadurismo diseminado, en gran medida, por las redes de complicidad entre el Estado, las empresas y el crimen organizado. Así pues, frente a esta crisis humanitaria y de derechos humanos que desgarra al país, y de cara al orden hegemónico y patriarcal que ha sido implantado mediante el capitalismo en su fase neoliberal, los movimientos sociales representan una chispa de esperanza a partir de la cual es posible imaginar otros mundos posibles. Por tal motivo quiero proponerles una herramienta efectiva para lograr semejante propósito: los derechos humanos, los cuales ya son viejos conocidos de todas y todos ustedes, porque históricamente muchos de ellos se nos revelan y los ejercemos y gozamos gracias a las luchas de los movimientos sociales. De este modo, cabe preguntarnos qué son los derechos humanos. Hay quienes dicen que éstos son prerrogativas, facultades que tenemos todas las personas para hacer o no hacer algo; o bien, condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano. Todo esto es cierto. Ello no obstante, verlos como una gran caja de herramientas de exigibilidad y justiciabilidad nos abre un gran horizonte, porque así podemos comprenderlos y usarlos también como medios de emancipación para luchar y construir mundos más dignos, democráticos y equitativos, con paz, justicia y dignidad para todas las personas que habitan o transitan por el país. Por lo tanto, hay que desempacar los derechos humanos de sus cajas para ponerlos en acción (Serrano y Vázquez, 2013), pero no desde perspectivas capitalistas, patriarcales y coloniales, sino a partir de comprensiones y usos críticos, alternativos y contrahegemónicos, porque entendidos y empleados de esta manera tendrán un papel transformador y una gran capacidad catalizadora para propiciar las condiciones mínimas de emancipación y reivindicación, debido a que los derechos humanos también son una fuente de energía radical para las luchas de los movimientos sociales. Tracemos para ello una ruta de acción de por lo menos tres pasos. Primero, es indispensable que antes que cualquier otra cosa identifiquemos las obligaciones generales de todas las autoridades en sus diferentes niveles de competencia con respecto a los derechos humanos: respetar, proteger, garantizar y promover. Esta tarea la hicimos semanas atrás junto a la ANUEE en una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación ante funcionarias y funcionarios de distintas dependencias federales, a quienes les recordamos algo que se supone deberían saber. De igual modo, es necesario conocer los principios que permiten utilizar los derechos humanos con fines prácticos (Serrano y Vázquez, 2013); uno de ellos, la progresividad, que implica un avance paulatino de las condiciones mínimas para el ejercicio
Internet es un derecho y está en riesgo
19 de febrero de 2020 Por: Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun) y CDHVitoria El internet es una herramienta primordial para el desarrollo de la sociedad actual. No importa a qué te dediques o la naturaleza de tu proyecto, seguramente usas internet. Comercio, educación, comunicación, construcción, finanzas, entretenimiento, defensa de los derechos humanos, entre otros. Debido a que gran parte de la población lo utiliza en sus actividades cotidianas se ha vuelto un medio para ejercer nuestros derechos humanos. ¿Puedes imaginar un lugar en el cuál no tengas capacidad de participar o decidir libremente? Es por esto que tenemos que hablar de salvar internet y por lo tanto, de defender nuestros derechos. Internet es un espacio tanto de oportunidades como de riesgos para las personas y sus derechos, por los múltiples actores que participan, por sus agendas e intereses, pero también porque las personas lo han vuelto parte de su vida y han encontrado en este espacio diversas maneras para informarse, participar, visibilizar y denunciar activamente. Por lo que es necesario protegerlas, brindar toda la información necesaria para mantener su seguridad y confianza en la herramienta, y además defender el ejercicio de sus derechos humanos. ¿Pero a qué nos referimos con derechos humanos en internet? En primer lugar debemos entender que todas las personas tendríamos que tener la misma oportunidad para acceder y utilizar esta herramienta, así como, para manejarla libremente dependiendo de nuestros intereses y actividades. En segundo lugar, muchos de los derechos que todas las personas tendríamos que poder ejercer cotidianamente como la libertad de expresión, la protección de nuestra identidad, nuestra privacidad, la educación, el tener espacios libres de violencia también están reflejados en internet y los vivimos y ejercemos diariamente. No obstante, estos derechos también se pueden ver afectados y violentados por distintos actores, por el simple hecho de que sus intereses no están enfocados en el bienestar de las personas. ¿Y cómo se puede dar esta situación? Desde Estados que regulan fuertemente el acceso y los contenidos en línea, por la censura o casos de espionaje dirigidos por autoridades y empresas, e inclusive por realizar avances tecnológicos que no consideran la diversidad de realidades e identidades de las personas y que dificultan su uso e inclusive pueden llegar a ser discriminatorias. ¿Pero qué está pasando en México y por qué consideramos que nuestros derechos humanos en internet pueden verse violentados? El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está presentando una iniciativa de Reglamento a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) que pone en riesgo la neutralidad de la red. Entendemos como Neutralidad de la red a este principio de equidad, donde no importa si eres una empresa gigantesca o un estudiante escribiendo un blog, tú página se debe consultar con la misma velocidad que la de cualquier otra persona. Este principio actualmente se ha transgredido por falta de una legislación adecuada y también porque las autoridades no cuentan con la capacidad técnica para revisar y sancionar a las compañías proveedoras de internet. ¿Cuál sería un ejemplo de vulneración a la neutralidad del internet? Cuando contratas un plan de telefonía móvil y hay páginas o aplicaciones que puedes visitar “libremente” o sin costo, mientras que cualquier otra usará los datos que hayas contratado. Esto actualmente pasa y podría empeorar. En 2014 se realizó una reforma a la LFT en la que si bien se estableció que todas las empresas deberían respetar la neutralidad de la red, no se redactaron ni aprobaron las reglas específicas de esta ley. Una ley sin reglamento está muerta, y así estuvo la LFT hasta ahora, pues tras 5 años de retraso el IFT ha presentado su iniciativa de Reglamento. Esta propuesta de Reglamento, sin embargo, abre el paso a que las grandes empresas proveedoras de internet vulneren la neutralidad de la red, estableciendo la posibilidad de que manejen tarifas discrecionales para que unas páginas puedan ser más rápidas que otras. ¿Y si no tenemos dinero para pagar?, ¿y si no queremos? Esto no está resuelto en la actual propuesta de Reglamento. Debemos entender que cuando pagamos por el servicio de internet, lo hacemos justamente por el acceso a toda la red, no a páginas específicas. ¿Qué pasa si una empresa de noticias acepta y paga una tarifa diferenciada de internet para que se pueda entrar más rápido?, ¿qué pasará con las que no pueden pagar como microempresas, medios de comunicación locales, artistas, etc? La actual propuesta es confusa y carece de las protecciones mínimas a la privacidad de las personas y al ejercicio de sus derechos, pues para poder saber qué páginas deben abrir más rápido, podrán monitorear cotidianamente el tráfico de internet, tus actividades cotidianas en línea, vulnerando directamente tu derecho a acceder a la red y tu privacidad. En resumen, si tu página no paga, será lenta, independientemente de los megas de tu servicio de internet, si pagas, pues tu sitio será más rápido. Por todo el mundo han ocurrido este tipo de intentos de las empresas proveedoras de internet para aumentar sus ganancias y establecer monopolios en internet. A veces les han funcionado y a veces no. Hoy el riesgo está sobre nuestro país y sobre el ejercicio de nuestros derechos humanos en internet. El IFT abrió un breve periodo de consulta que termina el próximo 6 de marzo. En este periodo recibirá opiniones, contrapropuestas y críticas a su iniciativa de reglamento. Diversas organizaciones de la sociedad civil están impulsando la campaña #Salvemosinternet en la cual explican los riesgos y posibles amenazas a la neutralidad de la red y nuestras libertades. Es momento de participar, informarse y defender nuestros derechos humanos en internet, recordar los principios de promoción, protección y disfrute del internet que obligan a los Estados a proteger estos derechos, reconocer su naturaleza mundial y abierta, y garantizar su libre acceso y nuestros derechos, ¡salvemos la neutralidad de la red! *Este texto fue escrito en colaboración con la Cooperativa Tierra Común (@tierra_comun), que facilita procesos de capacitación para la reapropiación tecnológica y el uso de software libre. La organización forma parte
Iniciativa legal ciudadana por el agua
Sábado 15 de febrero de 2020 Miguel Concha Siete años después del límite constitucional para contar con una Ley General de Aguas centrada en los derechos humanos, la semana pasada la energía ciudadana y de los pueblos desbordó el Congreso de la Unión, al presentar una iniciativa ciudadana para el nuevo marco legal. Su propuesta cumple cabalmente con la reforma al artículo 4 de la Constitución de febrero 2012, que mandata una ley que siente las bases para el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación de la ciudadanía, respetando la autodeterminación de los pueblos. Está naciendo una nueva etapa en la gestión del preciado líquido en México. La actual Ley de Aguas Nacionales, de 1992, buscó sujetar los bienes de la nación a las fuerzas del mercado, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estableció la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad del líquido, sin contrapesos, vulnerable a los incentivos y presiones de los intereses. Desde entonces esta institución ha repartido más de 537 mil concesiones de aguas nacionales. Objetos de compraventa, en violación de vedas, disponibilidades y derechos de los pueblos. Enfrentamos ahora el saldo de esta política fallida: 70 por ciento de nuestras aguas concesionadas están en manos de 2 por ciento de los titulares, incluyendo 77 mil concesiones otorgadas a terceros en territorios indígenas, sin consultar ni informar a los afectados. El presupuesto federal asigna sólo 4 mil millones para obras locales de agua y saneamiento, mientras gastamos 70 mil millones anuales en agua embotellada y 34 millones de mexicanos reciben agua en sus hogares sólo tres veces por semana, en ocasiones menos. Además, 60 por ciento de nuestros cuerpos de agua están contaminados. La iniciativa ciudadana propone remplazar el actual ejercicio arbitrario de la autoridad con planes rectores aprobados en consejos mayoritariamente compuestos por representantes de asambleas de pueblos originarios, afectados/as hídricoambientales, investigadores, sistemas comunitarios, juntas municipales, agricultores para la autosuficiencia alimentaria, defensores de derechos humanos y ambientales y empresas sustentables. Los funcionarios de los tres órdenes de gobierno se convertirían en “ejecutores“ de los planes y decisiones de los consejos, bajo la vigilancia de la Contraloría Social del Agua. Se reconocería el derecho de los pueblos a administrar el líquido en sus territorios y los sistemas comunitarios autogestionados contarían con personalidad jurídica y serían reconocidos como sujetos colectivos de derecho público. La iniciativa ciudadana no sólo prevé instancias democratizadas, además propone los instrumentos requeridos. Cualquier obra o proyecto que pudiera vulnerar el derecho humano o de los pueblos al agua requeriría de un dictamen de impacto sociohídrico favorable, que tendría que demostrar que este derecho básico no sería violado y que la población potencialmente afectada haya dado su consentimiento previo, libre e informado, en cumplimiento de la observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No se permitiría la compraventa de concesiones y se disolverían los bancos del agua. Para poner fin a la sobrexplotación, el acaparamiento, la contaminación y la impunidad, los consejos regionales se enfocarían en los grandes concesionarios, esto es los que se beneficien con volúmenes mayores a mil millones de litros anuales. Estas concesiones serían bianuales (actualmente son hasta por 30 años) y su renovación sería automática, con ajustes por disponibilidad, y siempre que el titular compruebe que haya cumplido con sus obligaciones de medición, pago de derechos y la eliminación progresiva de contaminantes en sus descargas. Una defensoría del agua contaría con recursos públicos y abogados especializados para interponer litigios estratégicos y hacer que los grandes concesionarios violadores de la normatividad cubran el costo de la restauración a las comunidades y ecosistemas que hayan dañado. Lograr esta ley será una lucha en sí: los intereses han compenetrado la legislatura, y los principales cargos en Conagua están ocupados por funcionarios coludidos desde los tiempos de Calderón y Peña Nieto, salvo la directora general, quien intenta mantener la ley actual hasta 2023. Mientras tanto, miles de luchas por el agua en todo el país se están articulando para lograr una ley general que potencie sus esfuerzos en favor de la vida y frene los abusos de poder. A través de acuerdos de asamblea para proteger los territorios de la minería tóxica y el fracking; de acciones para revertir el derroche de recursos públicos en megaobras cuestionables; la elección de gobiernos locales mandatados para desprivatizar los servicios municipales; la oposición a cerveceras en zonas de estrés hídrico; de acciones de presión desde las vastas zonas populares que se han quedado en secas; la formación de comités de microcuenca; la elaboración de planes hídricos y las luchas por democratizar los distritos de riego, el proceso de construcción del buen gobierno del agua no se detendrá. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Empresas y derechos humanos
Sábado 08 de febrero de 2020 Miguel Concha La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el 23 de abril de 2019 la resolución 24/2019, en la que constata los daños ocasionados a la salud de pobladoras y pobladores, así como la muerte de 21 personas del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la contaminación de un basurero operado por la empresa Proactiva Medio Ambiente Tuxtla SA de CV, instalado cerca de esa comunidad. Cabe señalar que en nuestro país se han presentado numerosos casos similares a los de ese ejido, casos en los que, si bien es cierto que se denuncian violaciones a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca), el Estado no interviene para sancionar a los responsables y reparar los daños. A este respecto la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH publicó en noviembre de 2019 el informe Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos, resultado de los esfuerzos por identificar las obligaciones internacionales de los estados en torno a los derechos humanos y a las acciones de empresas que vulneran los Desca. Y así, uno de los principales objetivos de este informe es presentar un análisis regional de la situación de las empresas y los derechos humanos, para luego, con base en ello, formular recomendaciones a los estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) y al propio sector empresarial. La CIDH resalta en este informe la labor de la sociedad civil, ya que además de participar en las mesas de trabajo, para la elaboración de este documento, monitorea el seguimiento y la implementación de las recomendaciones propuestas, tanto para prevenir medidas que violenten los Desca, como para cerciorarse de que, ante las violaciones de las empresas, el acceso a la justicia y las medidas de reparación estén al alcance de la población. De este modo, cada Estado de la OEA debe asegurarse de que las actividades empresariales no se lleven a cabo a expensas de los derechos y las libertades fundamentales de las personas, pueblos, comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Cuando hablamos de personas, pueblos y comunidades indígenas, las afectaciones implican, además, el despojo de sus territorios, lo que muchas veces termina en desplazamientos forzosos y en ataques directos a defensoras y defensores de la tierra, los territorios y el medio ambiente. Por ello, una de las medidas propuestas por la CIDH es consultar de manera previa, libre e informada, y se entiende que también culturalmente adecuada, a las personas, pueblos y comunidades indígenas, antes de que cualquier proyecto afecte sus tierras, territorios y los bienes comunes que históricamente han tenido a su cargo, e igualmente tomar medidas que reduzcan los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales e, incluso, los que afecten sus cosmovisiones. La aplicación extraterritorial de las obligaciones de los estados, en el contexto de las actividades empresariales, implica la adopción de marcos normativos claros para asegurar que las empresas realicen, entre otras cosas, evaluaciones de los efectos de sus actividades en el extranjero sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que las víctimas accedan a la justicia ante los tribunales del Estado de origen. Esto se puede ejemplificar muy bien con los casos de distintas mineras canadienses que, instaladas en países como México y Guatemala, han ocasionado graves daños al medio ambiente y violentado los Desca de sus habitantes. En el contexto latinoamericano, en el que históricamente se han sufrido abusos de poder por parte del Estado, muchas veces en complicidad con las empresas trasnacionales, tienen que tomar relevancia los procesos de verdad, justicia, reparación del daño y no repetición, así como la efectiva rendición de cuentas de los actores económicos. Todo lo cual hará que las empresas adopten cada vez más medidas que atiendan las problemáticas del cambio climático, y que, por mencionar sólo algunos ejemplos, se limite su participación e influencia en la toma de decisiones públicas. Por último, y a pesar de que este informe brinda pautas a los estados para el actuar de las empresas privadas en relación con los derechos humanos, las recomendaciones emitidas siguen siendo insuficientes en una nación como la nuestra, donde se sigue permitiendo que las empresas violen los derechos humanos en nombre del desarrollo. Un país en el que continúa la impunidad de casos como la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de Grupo México, y en el que se realizan además varios megaproyectos promovidos por el Estado y las empresas. Resulta, por consiguiente, necesario el cumplimiento y seguimiento de los instrumentos y mecanismos internacionales que México ha ratificado, como es el caso de este informe, así como la revisión, adecuación y vigilancia de los marcos normativos internos para garantizar el goce y ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por la República Mexicana. Consultar artículo en La Jornada. 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Responsabilidad del Poder Judicial federal
Sábado 04 de enero de 2020 Miguel Concha Homún es un pueblo maya del estado de Yucatán, con características que lo hacen privilegiado por albergar en su territorio áreas naturales protegidas. Entre ellas, las denominadas Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de los Cenotes y Parque Estatal Lagunas de Yalahau, certificadas como sitios fundamentales por el Convenio sobre Humedales de Importancia Internacional. Una de las actividades económicas más importantes de la zona es la turística, de la cual se beneficia un amplio porcentaje de la población. A pesar de ser una de las principales reservas de agua de la península de Yucatán, en 2017 diversas autoridades, entre ellas el presidente municipal de Homún, la Secretaría de Medio Ambiente de Yucatán y la Comisión Nacional del Agua, otorgaron permisos para la construcción y operación de una mega granja porcícola que albergaría aproximadamente 49 mil cerdos, propiedad de Producción Alimentaria y Porcícola (Papo), poniendo en riesgo un elemento trascendental como lo es el agua. Dicha granja comenzó a operar en septiembre de 2018, no obstante la oposición de la comunidad de Homún. Ante esto, y como parte de los diversos recursos jurídicos, que integrantes de la comunidad presentaron, un colectivo de niñas y niños indígenas mayas promovieron un amparo indirecto (1128/2018) en el juzgado cuarto de distrito del décimo cuarto circuito de Mérida. En él, la jueza Miriam Cámara Patrón determinó conceder la suspensión definitiva, con lo que se ordenó el cese de las operaciones de la granja, hasta que se resolviera el amparo. Frente a dicha determinación, Papo ha intentado por todos los medios reanudar su actividad, desde la presentación de múltiples recursos en contra de la determinación dictada por la jueza, hasta la violación a la suspensión. Ninguno ha prosperado. Ante ello, la empresa recurre ahora a una nueva estrategia de litigio, una chicanada, consistente en nombrar un nuevo representante legal, Pedro Carbajal Jiménez, quien fungía como abogado de la jueza del juzgado cuarto en un asunto que se ventila ante el Consejo de la Judicatura Federal. Este acto obligó a la jueza, quien se había mantenido firme frente a los intentos de levantar la suspensión, a declararse impedida para continuar conociendo y mantener el amparo. Frente al impedimento de la jueza, el juicio fue turnado al juez segundo de distrito de Yucatán, quien en otros casos presentados por personas de Homún se ha mostrado parcial en favor de la empresa porcícola. Al turnarse el asunto a un favorable a los intereses de la granja, una de las principales preocupaciones de la comunidad es que Papo vuelva a plantear el Incidente de Modificación de la suspensión, y que, con el nuevo juez, éste resulte favorable. Lo anterior significaría no sólo el levantamiento de la suspensión, con la consecuente reanudación en la operación de la granja, sino que podrían quedar sin efecto los Incidentes de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, y la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 647/201, bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mismos que resolverán sobre los recursos de revisión interpuestos por Papo, de la cual la comunidad de Homún solicitó que fueran atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y donde se abordarán temas de gran trascendencia, no sólo para este caso, sino para muchos otros, donde estén en juego los derechos humanos ambientales. La importancia y trascendencia que reviste el caso quedó en concreto determinada en la solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 116/2019, en la que la primera sala estimó que el presente caso representa una oportunidad para desarrollar diversos parámetros en torno a las medidas cautelares o suspensionales en materia del derecho a un medio ambiente sano. De igual forma, se estableció que “el desarrollo jurisprudencial de este alto tribunal en relación con el derecho a un medio ambiente sano resulta aún incipiente –por lo que– es necesario realizar un pronunciamiento que guíe el actuar de jueces y juezas al momento de resolver sobre las suspensiones solicitadas, tomando en cuenta el desarrollo internacional que existe sobre el tema”. Finalmente, otro de los asuntos que este alto tribunal podrá determinar al momento de resolver la revisión en Incidente de Suspensión 1/2019, bajo la ponencia de la ministra Piña Hernández, es sobre los principios de prevención y precaución. Sobre estos dos principios “… debe determinarse cómo operan en la materia de la suspensión, pues existe debate sobre los elementos a tomar en cuenta para determinar su aplicación”. Es indispensable que el Consejo de la Judicatura y la SCJN vigilen el actuar de los jueces y magistrados que tienen bajo su conocimiento los juicios del caso de Homún, para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, garante de los derechos fundamentales en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Empresas monopsónicas
Sábado 21 de diciembre de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo a escala mundial un momento de malestar generalizado de las clases medias y pobres, que se ha venido expresando por medio de manifestaciones, disturbios y procesos electorales que ya han tenido efectos sociales, políticos y económicos en diversos países. En la mayor parte de esos países el malestar se origina por los altos niveles de pobreza, y aun de pobreza extrema que sufre su población. En algunos otros por la evidente desigualdad social que dificulta y hace ríspida la convivencia. Y en los países desarrollados por el estancamiento en el progreso de las clases medias. En nuestro país la pobreza alcanza niveles de más de 50 millones de personas, de los cuales nueve se encuentran en condiciones de pobreza extrema. Es decir, que no tienen ingresos suficientes para comprar sus alimentos básicos. Por el contrario, uno por ciento de la población obtiene 21 por ciento de los ingresos totales de la nación. Desde luego cabe preguntarnos si el modelo de economía global de mercado, utilizado para el desarrollo económico de prácticamente la totalidad de los países del mundo ha sido el origen y la causa de tal malestar. Como se sabe, la economía de mercado tiene un principio fundamental, que es otorgar al propio mercado la facultad de distribuir la riqueza creada colectivamente. Sin embargo, para que el mercado pueda cumplir su objetivo de repartir la riqueza en forma razonablemente equitativa, es condición imperativa que las transacciones de compra o venta de productos o servicios se den en un medio en el que prevalezca la competencia. Lo anterior implica la posibilidad de que los compradores, al tomar sus decisiones de adquirir los productos o servicios que desean, puedan elegir entre una amplia gama de oferentes los precios y condiciones que prefieran. Cuando la condición de competencia no se presenta, y el comprador no tiene opciones, sino que debe comprarle obligadamente a una empresa, se considera que esta empresa está efectuando prácticas monopólicas. Nuestro país está plagado de empresas cuyos resultados dependen fundamentalmente de su actividad monopólica, pese a que su práctica está expresamente prohibida en el artículo 28 de nuestra Constitución. Sin embargo, en esta ocasión me referiré a otra alteración del proceso de distribución equitativa de la riqueza generada colectivamente, y que se origina también por la falta de competencia. Me refiero a la que se denomina monopsonio, del griego mono, uno, y psonios, compra, que consiste en que los fabricantes vendedores de productos o servicios se encuentran ante el hecho de que en su mercado sólo participa un comprador, o en el mejor de los casos unos cuantos, quienes prácticamente fijan unilateralmente y a su criterio los precios y las condiciones de las compras, pues el proveedor no tiene otra opción, y se ve obligado a aceptar la propuesta que se le impone. En las transacciones de compra, la empresa monopsónica, generalmente de gran tamaño, incorpora conceptos intimidatorios, como son no te volveré a comprar y, ya efectuada la operación, amplia discrecionalmente los plazos de pago u otras prácticas similares. Las empresas gigantes que practican el monopsonio son las grandes cadenas comerciales. La mayor de ellas es una trasnacional estadunidense que por su volumen de ventas y número de empleados es una de las compañías más grandes del mundo. Estas empresas justifican la procedencia de su actuación por medio de eslogans como siempre los precios más bajos, y promocionando que supuestamente protegen al consumidor final. La realidad es que eventualmente lo logran, pero mediante imponer condiciones que acaban con la vida de sus pequeñas y medianas empresas proveedoras, y sin sacrificar nunca sus amplios márgenes de utilidad. Como información lateral, es interesante observar el efecto social que ha tenido la gestión de las cadenas comerciales monopsónicas en nuestra vida diaria, pues el desarrollo de las ciudades, y aun de las pequeñas poblaciones, se lleva a cabo en los grandes espacios de terrenos seleccionados por las cadenas comerciales para establecer sus instalaciones, con la consiguiente plusvalía que se crea en beneficio de desarrolladores y de las propias cadenas. Lo anterior ha traído también aparejada la desaparición de los tradicionales paisajes citadinos, de farmacias, tiendas de abarrotes, misceláneas, ferreterías, etcétera. Se puede afirmar que su efecto en la sociedad, de supuestos precios bajos, seguramente se daría también sin su presencia, que descansa en una buena parte en la presión que aplican sobre sus proveedores para obligarlos a reducir al mínimo sus gastos. Lo que también implica que sus trabajadores y empleados queden sujetos a salarios cada vez más bajos y aun a ser despedidos. Considero que la anterior situación y la competitividad son un reto y ofrecen una oportunidad real a la 4T para reducir la pobreza y la desigualdad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : La Jornada
Los peligros de una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
23 de octubre de 2019 Por: Víctor Manuel Chima Ortíz El pasado 19 de febrero, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Cabe señalar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 durante el mandato de Ernesto Zedillo y reformada por última ocasión en abril de 2012, recién iniciado el periodo de Enrique Peña Nieto. Según el artículo 1 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, ésta “tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales”, otorgando a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atribuciones como “fomentar y promover las actividades relativas a la protección de los derechos del obtentor”, “difundir las solicitudes de protección y las variedades vegetales protegidas”, y “actuar como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con daños y perjuicios derivados de la violación a los derechos de los obtentores”, de acuerdo con su artículo 3. En la iniciativa de reforma del diputado Eraclio Rodríguez, se contempla la posibilidad de generar y registrar nuevas variedades que estén adaptadas a nuestro territorio, además de “fortalecer las sanciones por violaciones a la ley para reducir la piratería de semillas, el uso de semilla ilegal y el engaño y daño a los agricultores causados por estos efectos”. Aunque uno de los argumentos presentados en esta iniciativa es favorecer la productividad del campo mexicano, lo cual reduciría la importación de alimentos y la dependencia alimentaria de nuestro país, la productividad de la que se habla en ella no contempla la participación de las comunidades productoras de pequeña y mediana escala ni el apoyo a formas tradicionales de producción agrícola, las cuales representan alrededor del 75 por ciento de la producción total en el país; por el contrario, únicamente beneficiaría a grandes productores –principalmente transnacionales– que producen industrialmente y con base en el monocultivo, permitiéndoles registrar variedades de semillas nativas como propiedad privada. En efecto, con la aprobación de esta iniciativa de reforma se corre el riesgo de privatizar y monopolizar las semillas nativas y variedades vegetales que ya se producen en México –y que son el sustento de dichas comunidades productoras y campesinas–, y de que nuestro país se ciña a las disposiciones en materia de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec), ratificado ya por el primero, por lo que con esta iniciativa se adoptarían las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales). El Acta UPOV 91, en términos generales, permite que variedades de semillas nativas sean patentadas y por lo tanto privatizadas, lo cual limita sobremanera a las productoras y productores campesinos, quienes las han utilizado e intercambiado de manera tradicional durante múltiples generaciones. Además, al introducir semillas híbridas patentadas al campo mexicano, los maíces nativos se contaminarían, lo que abre la posibilidad para que los maíces nativos con genes patentados pasen a ser propiedad de quienes poseen dichas patentes. De igual manera, el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales abriría la puerta a semillas transgénicas como el maíz, además de que se criminalizaría a quienes usen las semillas registradas sin permiso o autorización. Por lo tanto, es claro advertir por lo menos dos cosas: primera, que las semillas nativas están en serio peligro, y segunda, que con esta reforma las empresas transnacionales podrían patentar semillas que por generaciones han sido mejoradas con procedimientos basados en conocimientos de domesticación de semillas, practicados por comunidades campesinas. La iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales no busca atender la situación de riesgo en la que se encuentra la productividad del campo mexicano, sino que, por el contrario, afectaría las formas tradicionales de producción en comunidades indígenas y campesinas, a productoras y productores de pequeña y mediana escala, y particularmente a las diferentes razas de maíz nativo. Por tales motivos, desde la sociedad civil se han implementado e impulsado acciones jurídicas y de incidencia política para evitar que reformas como la presentada por Eraclio Rodríguez Gómez sean aprobadas, siempre con el fin de proteger las variedades vegetales nativas de México, defender a las comunidades campesinas, garantizar el libre intercambio de semillas entre ellas y fomentar las formas tradicionales de producción como la milpa. Por ejemplo, la Demanda Colectiva Maíz ha sido un esfuerzo que durante 6 años ha evitado que el maíz transgénico ingrese a nuestro país, y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, desde la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, apoya la producción de alimentos campesinos para alcanzar la soberanía alimentaria. Ahora que la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria revisará la iniciativa de reforma, ni ella ni la sociedad civil podemos permitir su aprobación, porque esta ley busca abrir las puertas a semillas transgénicas a partir de la ratificación del Tmec, que criminaliza abierta y contundentemente el libre intercambio de semillas nativas entre campesinas y campesinos. Finalmente, si bien es cierto que reconocemos los esfuerzos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han realizado en la materia durante los últimos meses, entre ellos el proceso de aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y la declaración del Día Nacional del Maíz, la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de las Variedades Vegetales no solo cuestionaría fuertemente la legitimidad de las estrategias para reactivar el campo mexicano, apoyar a los campesinos y campesinas y alcanzar la soberanía alimentaria de nuestro país, sino que también atentaría contra las pequeñas y medianas comunidades productoras y campesinas, contra los pueblos y comunidades indígenas, la biodiversidad y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de las mexicanas y los mexicanos. Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Pacto por la Casa Común
Sábado 02 de noviembre de 2019 Miguel Concha Evocando el llamado Pacto de las Catacumbas, por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común. Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir: 1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie. 2. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2). 3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado. 4. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística. 6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida. 7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente. 8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común. 9. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades. 10. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos. 11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real. 12. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad. 13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación. 14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público. 15. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
