El Sínodo de la Amazonia
Sábado 19 de octubre de 2019 Miguel Concha Del 6 al 27 de octubre, el papa Francisco convocó en Roma al Sínodo de obispos para la región panamazónica. El anuncio se dio desde el 15 de octubre de 2017, y por medio de 65 mil consultas y 2 mil 200 reuniones, en su preparación participaron 87 mil 200 personas. En estos días se reúnen en aquella ciudad 180 obispos, arzobispos y cardenales con otros tantos especialistas, teólogos, laicos y agencias católicas de desarrollo. En la Iglesia católica un sínodo es un grupo de obispos, escogidos de varias regiones de la Tierra, que en determinadas épocas se reúnen para fomentar la unión estrecha entre ellos y el Papa, en orden a robustecer la integridad e incremento de la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, prestarle ayuda con sus consejos, y para tratar los temas relativos a la acción de la Iglesia en el mundo. El documento preparatorio, que suele elaborarse a partir de las opiniones de las conferencias nacionales de obispos de la región, sirve para orientar los temas a debatir durante los sínodos, pide en lenguaje teológico para este Sínodo señalar nuevos caminos. Es decir, pasar de una pastoral y ministerios de visita esporádica, dado lo alejado de las comunidades, sobre todo indígenas, y la insuficiencia de los sacerdotes célibes para atenderlas, así como la ausencia de la mujer de las instancias de decisión de la Iglesia, a una pastoral y ministerios de presencia. Lo que implica abrirse de nuevo en la Iglesia al espinoso debate de la posibilidad de la ordenación sacerdotal, ahora para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por sus comunidades, aunque ya tengan una familia constituida y estable, y al acceso de la mujer al ministerio ordenado diaconal. Pide también que los pueblos originarios se adueñen de la Iglesia, y que en un proceso deinculturación de la fe sean sujetos activos de la evangelización, y la Iglesia adquiera un rostro amazónico. En contraste, el misionero debe dar el protagonismo a la comunidad local. Todo esto implica cambios estructurales que de algún modo han venido siendo preparados, aunque sea remotamente, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida, Brasil (2007). Pero también el reconocimiento de derechos fundamentales postergados en la Iglesia, como el que tiene toda comunidad cristiana a sus ministerios ordenados y a la misma celebración eucarística, fuente y culmen de la vida cristiana, y que no es tanto una prerrogativa, cuanto más bien un derecho. De acuerdo con la enseñanza de Francisco, en su Encíclica Sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo de 2015, el documento de trabajo pide que la Iglesia supere la ecología verde y asuma junto al pobre, aunque escuchándolos, el cuidado de la casa común (la Tierra), con todas sus implicaciones. Como se sabe, la Panamazonia es una región que comparten nueve países latinoamericanos –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guyana y Guyana Francesa– y está habitada por 34 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos. Muchos de sus desafíos, empero, son compartidos por otras naciones de la región y el mundo, México entre ellas. Como explica en uno de sus últimos textos a este respecto, el teólogo colombiano Edgar Beltrán, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, también buscó la conversión estructural de un ministerio sacerdotal importado a un ministerio sacerdotal autóctono indígena, fruto de sus mismas comunidades. No creía en el diaconado permanente (de varones casados), porque no solucionaba el celebrar la Eucaristía, y en cambio le restaba al laico lo poco que ya había adquirido. No obstante, llegó a ordenar unos 400 diáconos permanentes indígenas. Pero intuyó siempre ese ministerio como una etapa necesaria a escala antropológica, histórica y sacramental, hacia un sacerdocio autóctono en sus mismas comunidades indígenas. Para allá iba en su proceso pastoral. Con un grupo de obispos, a escala colegial, quiso llegar a la ordenación sacerdotal de indígenas. Esta acción de potestad colegial la había explicitado el Concilio en el número 4 del decreto sobre los obispos, y un buen número de ellos estaba conformando esa potestad colegial para la ordenación sacerdotal de indígenas. Pero el mismo Concilio, a petición de Paulo VI, requería que el Papa aprobara cualquier acción colegial o la aceptara libremente. Y eso no fue posible en este caso. Todos esos diáconos eran realmente viri probati, varones probados. No en el sentido usado vulgarmente de ancianos de sexo cansado. Estaban arraigados en sus comunidades y eran parte permanente de ellas, con una pastoral de permanencia. Las comunidades necesitaban la Eucaristía, los candidatos a celebrarla estaban probadamente listos, y así lo demandaban a su pastor. Pero la autoridad eclesiástica suprema lo impidió. ¿Será posible ahora? Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Vatican News
Criminalización de los campesinos mexicanos
Sábado 12 de octubre de 2019 Miguel Concha El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) reconoce la importancia de la autosuficiencia alimentaria y la crisis que vive el campo. Establece que el sector agrario ha sido uno de los más devastados por las políticas neoliberales, y que las políticas oficiales han favorecido la implantación de agroindustrias y megaproyectos (que) han condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios. Ello no obstante, el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, del grupo parlamentario de Morena, presentó el pasado 19 de febrero una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) de 1996, que no sólo contradice lo establecido en el PND, sino que pone en riesgo a nuestros alimentos básicos y a millones de pequeños y medianos productores, pues criminaliza el libre intercambio de semillas nativas entre campesinos. Entre sus motivos iniciales, la propuesta expresa que se requiere imperativamente una política de Estado que incremente en el mayor grado posible el desarrollo y acceso a las innovaciones de última generación en materia de variedades vegetales y semillas que contribuya a la producción de alimentos en México (autosuficiencia alimentaria) bajo un modelo de sustentabilidad, además de asegurar la conservación y aprovechamiento de nuestra biodiversidad, así como la generación de empleos bien remunerados que propicien el arraigo al medio rural. Menciona que, en caso de no atenderla, se pone en riesgo la productividad del campo e incluso se favorece el aumento en la importación de alimentos y, en consecuencia, la dependencia alimentaria. Por ello, la reforma concluye que para revertir la situación es necesario reconocer la propiedad intelectual sobre las innovaciones en materia de variedades vegetales, y que, con ello, se ampliaría el abanico de opciones disponibles de semillas de nuevas y mejores variedades en los diversos cultivos estratégicos y de alto valor para México. El proponente de esta LFVV ignora el sistema milenario de agricultura mexicana, la domesticación de una gran variedad de especies vegetales nativas de nuestro país, como maíz, chile, frijol, calabaza, aguacate y amaranto, entre muchas otras, y que este libre intercambio da lugar a nuevas variedades de plantas en cada ciclo agrícola. De aprobarse su contradictoria e incoherente propuesta se afectaría directamente a cerca de 3 millones de pequeños y medianos productores, que representan 85 por ciento de la producción nacional, al criminalizar el libre intercambio de semillas nativas. Además, se privatizarían las semillas; se fomentaría la agroindustria; se protegerían los intereses de grandes trasnacionales, a costa de los campesinos y de los sectores económicamente más vulnerables; se promovería la propagación de semillas transgénicas y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. Lo que pondría en riesgo nuestra biodiversidad y permitiría el monopolio de la agricultura por trasnacionales, violentaría nuestros derechos humanos fundamentales y pondría en riesgo la existencia misma de comunidades enteras. La propuesta de reforma a la LFVV plantea, además, en el artículo 54 criminalizar con penas de entre dos a seis años de cárcel y multas de entre 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización (UMA) a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas. A pesar de la magnitud del castigo propuesto, los mecanismos y las atribuciones para vigilar, analizar y juzgar dichos delitos carecen de claridad y transparencia, pues se dota al Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (Snics) de atribuciones autoritarias, siendo necesaria sólo una petición del acusador para tomar medidas preventivas contra el acusado, sin necesidad de pruebas o evidencia. Textualmente, sólo basta con la declaración de una posibilidad de sufrir un daño irreparable o el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren. Una receta, pues, para la impunidad, el abuso de autoridad, la extorsión y las prácticas empresariales desleales. La reforma tampoco toma en cuenta la alta probabilidad de contaminación de cultivos de manera involuntaria, ya que según los mecanismos descritos, al aprovecharse de una variedad vegetal protegida, la víctima se convertiría en un criminal y, así, su cosecha sería requisada o destruida, y él sería sujeto a un juicio penal. Pero eso no es todo. Las atribuciones totales del Snics no sólo lo facultan para vigilar, analizar y castigar este nuevo tipo de delitos. Le permiten también para fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con la violación a los derechos del obtentor. Es decir, tiene la posibilidad de ser al mismo tiempo juez y parte. Lo cual es aberrante. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
#19S: a 2 años de un desastre socialmente construido
08 de octubre de 2019 Por: CDHVitoria En días pasados se conmemoraron 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017 (en adelante #19S) y 34 años del acaecido durante el 19 de septiembre de 1985. Por tal motivo, diversos colectivos, académicas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, entre ellos madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, participamos en las actividades conmemorativas del #19S, solidarizándonos y acompañando a numerosas víctimas del sismo. Entre las actividades estuvieron el acto religioso donde una vez más comprendimos que lo espiritual también es político, cuya celebración estuvo a cargo del padre Miguel Concha en el edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan y en el que igualmente participó el Ensamble Vocal Experimental “No Coro”. Después tomamos parte en el minuto de silencio en punto de las 13:14 horas, a la altura de la Calzada de Tlalpan y la Avenida del Taller, en el que alzamos nuestro puño izquierdo durante 60 segundos en memoria de las personas que murieron. Luego, en el mismo lugar, presenciamos la acción de protesta ante diversos medios de comunicación, que fue realizado por compañeras y compañeros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y de Bolívar 168. Aunque lo anterior es de suyo loable, creemos que si narramos este segundo aniversario únicamente desde lo sentimental, sólo veríamos (recordando una técnica del Nobel de Literatura Ernest Hemingway), la punta del iceberg y no todo lo que está debajo del agua. Ahora bien, si observamos detenida y concienzudamente lo que está debajo, descubriremos que la conmemoración del segundo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (teniendo también en la memoria el de 1985), nos lleva a constatar una verdad dolorosa e incuestionable: el desastre que desencadenó el #19S no sólo no ha terminado, sino que continúa, porque como terminantemente nos dijo una de las personas afectadas del Multifamiliar Tlalpan, “la emergencia real apenas comienza”. A este respecto, la Recomendación 12/2018, publicada el 18 de septiembre de 2018 por la entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), permite identificar que el #19S hizo que emergieran o se agravaran diversas problemáticas, entre ellas, obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas, desplazamiento forzado a causa del desastre, ineficiencia en la garantía del derecho a la vivienda adecuada, digna y segura, así como ausencia de una cultura de prevención de riesgos y deficiencias en la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia. (https://bit.ly/2SpRZnD) Si analizamos esto desde el enfoque de los derechos humanos –de la mano de la Recomendación 12/2018–, estaremos en condiciones para decir que antes, durante y después del #19S se cometieron hechos violatorios de derechos humanos, concretamente, a un nivel de vida y a una vivienda adecuados, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la propiedad privada y a la información, por mencionar sólo algunos ejemplos. Evidentemente, el gobierno de la Ciudad de México se vio rebasado el #19S, debido a que fue incapaz de brindar una respuesta efectiva ante un sismo de semejantes magnitudes. Asimismo, en otros espacios hemos suscrito una tesis surgida a partir de la elaboración del informe Documenta Desde Abajo, el cual fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e igualmente a través de la colaboración con personas especialistas, organizaciones, movimientos, y muy especialmente mediante el contacto directo con víctimas. (https://bit.ly/2lmAR7C) Así pues, la tesis es la siguiente: el #19S es un desastre socialmente construido. De este modo, consideramos que las devastadoras consecuencias del #19S, y por consiguiente las violaciones a derechos humanos, no sólo se deben a un fenómeno natural provocado por la liberación de energía a partir del desplazamiento de la corteza terrestre, sino por la falta de prevención, planificación y acción humana adecuadas (véase Recomendación 12/2018). De lo que se sigue que las 228 personas que murieron en la Ciudad de México y las más de 30 mil damnificadas (atendiendo las cifras oficiales), tal vez hoy estarían en medio de nosotras y nosotros y vivirían en el calor de su hogar, de no ser por las violaciones a derechos humanos cometidas antes del sismo, entre otras razones por la no implementación de políticas gubernamentales de prevención y reducción de riesgos (como la publicación de un Atlas de riesgos), las cuales habrían reducido sobremanera los impactos. Sin embargo, no todo sucedió antes y durante el #19S, sino que nuestra tesis del desastre socialmente construido nos lleva a constatar que las violaciones a derechos humanos continúan, porque las víctimas siguen padeciendo múltiples afectaciones. Prueba de ello son: 1) el carpetazo dado a diversas investigaciones relacionadas con el #19S por parte de autoridades de la pasada administración, o bien, el intento de hacerlo como en el caso de Bolívar 168; 2) los retrasos temporales y los incrementos de costos en la reconstrucción de diversos inmuebles afectados, por ejemplo, en el Multifamiliar Tlalpan; e igualmente 3) los múltiples problemas a los que se han enfrentado las personas damnificadas, tales como enfermedades físicas y psicológicas, divisiones, desatención de las autoridades y políticas de castigo, dificultades con las empresas constructoras, así como las muertes de personas después del terremoto. Si bien el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones para atender a las víctimas del #19S, como la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, las compensaciones a algunas personas damnificadas y la reconstrucción de viviendas, es igualmente oportuno señalar que las autoridades deben garantizar plenamente los derechos de las víctimas y reconocer en mayor medida sus obligaciones para con las personas damnificadas, a fin de que éstas participen activamente en todo el proceso y estén siempre al centro. Finalmente, una de las tantas vías que el Estado puede seguir para garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las víctimas del #19S, es el hecho de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México provea las debidas diligencias y la línea de investigación más idónea, entre ellas la inclusión de peritajes o
Pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País | X Aniversario de la conmemoración del Día Nacional del Maíz
Durante 12 años la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ha luchado por revalorar el campo mexicano y por defender el maíz nativo y su biodiversidad. También ha luchado por dignificar a los y las productoras que haciendo milpa, alimentan a quienes habitamos y transitamos por México. En 2009, la Campaña lanzó una iniciativa ciudadana para instituir la celebración del Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, con la intención de unir a todos los mexicanos y mexicanas, a los del campo que nos ofrecen alimentos y a los de las ciudades, que es donde mayormente los consumimos. Además, durante este día se refuerza la lucha que desde las organizaciones campesinas e indígenas, desde las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, impulsamos para recuperar la soberanía alimentaria de nuestro México. Este Día Nacional del Maíz es símbolo de la vida comunitaria en los pueblos, de las experiencias de defensa de nuestros maíces nativos y del cuidado de la naturaleza y los bienes comunes que implica el trabajo campesino. Es un día en que se celebra la biodiversidad, que celebra a las y los campesinos, que celebra la milpa y que celebra la comida hecha de maíz. Celebramos el Día Nacional del Maíz, haciendo eco de las demandas emprendidas desde hace por lo menos 35 años, que son un llamado urgente frente al abandono del campo mexicano por los malos gobiernos, que permitieron el avance de las empresas transnacionales, y la entrada de semillas y productos transgénicos a nuestro país y a nuestra comida. Este día hacemos llegar también una demanda a las autoridades para revalorar y defender la producción que proviene de las comunidades campesinas e indígenas y la recuperación agroecológica de los territorios. Saludamos y reconocemos la iniciativa del actual Gobierno Federal, al asumir y celebrar el Día Nacional del Maíz y el trabajo realizado desde las comunidades y organizaciones para la defensa de los maíces nativos. Al mismo tiempo exhortamos respetuosamente al Presidente Andrés Manuel López Obrador a comprometerse con esta lucha y firmar el Decreto que prohíba efectivamente el ingreso y producción del maíz transgénico en todo nuestro territorio. Asimismo, hacemos un llamado a la SADER y a la SEMARNAT para que se sumen a la instrucción presidencial de “nada de semillas transgénicas”. Y a que se comprometan con el impulso a la soberanía alimentaria de nuestro país. En los últimos meses hemos visto logros muy importantes, como la reciente aprobación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz, en las comisiones legislativas y en el pleno del Senado de la República. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación ante el retraso de una respuesta más favorable y expedita ante la exigencia de una política de Estado de protección al maíz nativo, la prohibición de maíz genéticamente modificado, el impulso de la soberanía alimentaria y la protección de los derechos de las y los campesinos y de los pueblos originarios. Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País hemos señalado, desde nuestra fundación, la urgente necesidad de hacer realidad el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo señalan la Constitución Federal y diversos tratados en materia de derechos humanos que ha firmado México. Esto conlleva la aplicación efectiva del enfoque de derechos humanos en toda política del Estado, encaminada a garantizar los derechos relacionados con nuestra alimentación, nuestra salud, el cuidado del ambiente y el impulso del campo mexicano en manos de los pueblos, comunidades, colectivos y familias productoras. De igual manera, nos pronunciamos a favor del etiquetado frontal en alimentos y bebidas ultraprocesados. Es momento de recuperar nuestros campos, de recuperar y conservar nuestros maíces nativos, de revalorar nuestra cultura, y de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, juntos, gobierno y ciudadanía, para hacer efectivos nuestros derechos y acceder a alimentos sanos y suficientes, nutritivos y de calidad. Es momento de hacer milpa. Celebremos así el Día Nacional del Maíz. Les invitamos a unirse en la defensa del maíz, de la soberanía alimentaria, de los alimentos sanos y de calidad desde los diversos territorios que conformamos este país. Viva México, viva el campo mexicano, vivan las y los campesinos que nos dan de comer, viva la soberanía alimentaria, viva la milpa, viva el maíz. Porque sin maíz no hay país. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Víctor Manuel Chima
Día Nacional del Maíz
Sábado 28 de septiembre de 2019 Miguel Concha Cada 29 de septiembre, durante los pasados 10 años, la campaña nacional Sin Maíz No Hay País ha celebrado el Día Nacional del Maíz. La campaña es una articulación de organizaciones campesinas, defensores de derechos humanos y colectividades dedicadas al cuidado de los bienes comunes y del medio ambiente, así como a la defensa de la tierra y de los territorios. Es una red de redes viva y actuante, que en los pasados 12 años ha impulsado la soberanía alimentaria y arraigado su presencia mediante décadas de lucha social por el campo, sus campesinos y comunidades. La celebración del Día Nacional del Maíz se ha convertido en un día central para mostrar el relieve que esta planta tiene en la vida de nuestra nación. Es pertinente recordar que México es el centro de origen del maíz, en el que se dio un proceso histórico de constitución de lo que hoy conocemos como milpa: pequeño ecosistema capaz de producir alimentos suficientes y sustentables para alimentarnos, como maíz, calabazas, chile, jitomate y demás plantas comestibles que conviven en ese sistema. Sobre éste se forjó buena parte del desarrollo histórico de Mesoamérica y se generó en la región un sentido simbólico, espiritual y social, imprescindible en la construcción de la vida de pueblos y comunidades. Durante todos estos años esas celebraciones –que se caracterizan por revalorizar al maíz como elemento clave para hacer frente a las crisis que hoy enfrentamos en todas sus dimensiones: derechos humanos, climática y económica; en pocas palabras, la crisis de la civilización occidental–, se han multiplicado en muchas partes del país e incluso en la mayor parte de Centroamérica. La milpa en su conjunto, con sus maíces diversos, es piedra de toque y esperanza para transformar a la nación. La diversidad de actores que han mostrado interés en la protección del grano ha realizado acciones trascendentes en el campo judicial. Tal es el caso de la Colectividad en Defensa del Maíz Nativo, conformada por personas y organizaciones dedicadas a este cultivo, quienes interpusieron una demanda colectiva al constatar que desde los pasados dos sexenios existió la irresponsable contaminación de maíces nativos por granos transgénicos. Proceso judicial de más seis años de trabajo en defensa de nuestros derechos y por el cuidado de nuestros maíces frente a empresas trasnacionales. Durante el sexenio pasado la Colectividad enfrentó además el litigio de instituciones del gobierno en contra de esta demanda. Recién más de 200 personas y 30 organizaciones solicitaron al Presidente un decreto para asegurar un México sin transgénicos y una política pública eficaz sobre medidas de bioseguridad (https://bit.ly/2lNEqnm). En continuidad con estos esfuerzos, saludamos que el Senado haya aprobado la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, así como la declaración del Día Nacional del Maíz cada 29 de septiembre; lo que hace justicia a esta celebración surgida en la sociedad. Por otro lado, son indudables los retos que enfrenta la 4T para hacer efectivos el respeto y protección de los campesinos en un cambio de régimen, focalizando esfuerzos hacia los pequeños y medianos productores, el cuidado de la naturaleza y la protección de las más de 64 razas de maíces nativos e infinitas variedades. Organizaciones sociales y movimientos campesinos seguiremos por ello impulsando el ejercicio efectivo de nuestra soberanía alimentaria, el rescate del campo, el ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, y la urgente centralidad de la milpa en las políticas públicas del Estado en torno al desarrollo rural y agrícola. Además de reconocer que en el actual gobierno se da un lugar importante al campo, enmarcado en un proyecto de país acompañado de la prohibición de transgénicos. Resulta muy importante estimular la participación de las mujeres y las juventudes en este objetivo de rescate del campo y defensa de la tierra y el territorio. Secretarías, como las encargadas del medio ambiente, la agricultura, el bienestar social y el desarrollo agrario tienen el reto de coordinarse entre sí para fortalecer esta estrategia: incentivar la producción campesina con perspectivas de género y de juventudes, interseccional e intergeneracional, encaminadas a brindar buenos y nutritivos alimentos a la población que habita o transita por el país, así como el cuidado y fortalecimiento de los territorios y la vida que en ellos surge. Porque de eso se trata, de apostarle a fortalecer al campo, el cual se abandonó en décadas pasadas, y con notable celeridad desde la entrada en vigor del TLCAN. Este año no faltará la celebración del maíz. Mediante diversos actos tendrá lugar desde las 10 y hasta las 18 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde ahí seguiremos diciendo contundentemente ¡Sin Maíz No Hay País! Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Propuesta de presupuesto ignora emergencia climática asignando recursos millonarios a gas y petróleo
Aumenta en 72% presupuesto de Sener, 95.7% de éste va para gas y petróleo. 73% de los recursos para combatir cambio climático se utilizan para transportar gas natural. El análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020 (PPEF 2020), recientemente entregado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación, no es congruente con una política enfocada a atender el cambio climático lo que es preocupante ante el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. El análisis de este documento refleja la continuidad y profundización de una política pública que prioriza la explotación de hidrocarburos como fuente de energía y de ingresos públicos, que en 2020 recibe 11.21% del presupuesto total del sector público presupuestario, con un total de 683.6 mil millones de pesos (mmmp). En línea con lo ocurrido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 (PEF 2019), se siguen aumentando recursos para la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) en proyectos de gas y petróleo, con el objetivo de aumentar la producción de petróleo crudo, que pretenden que pase de 1,697 miles de barriles diarios en 2019 a 1,951 mbd en 2020. Así, de aprobarse el PPEF 2020 la Secretaría de Energía (SENER) recibiría un aumento real de 72% de su presupuesto con respecto al presupuesto de 2019, con un total de 48.5 mmmp, de los cuales 95.7% va dirigido a temas de petróleo y gas natural. La prioridad de dicha Secretaría parecería no ser de “energía”, sino únicamente de hidrocarburos. En particular, 46.3 mmmp se dirigirán a inversión en Pemex y, de estos, 41.3 mmmp a la nueva refinería de Dos Bocas. En esta línea, es importante recordar que en 2019 ya se había aumentado el presupuesto de la Sener en 961.3% en términos reales respecto a 2018, al pasar de 2.5 mmmp a 27.2 mmmdp, de los cuales 25 mmmp fueron para inversión en Pemex. Para 2020, a esta empresa productiva del Estado se le está asignando un presupuesto de 290.7 mmmp para Programas y Proyectos de Inversión, una cantidad millonaria que irá directamente a inversiones sucias en combustibles fósiles, causantes de la crisis climática en la que nos encontramos actualmente y ante la cual es urgente actuar. Entre los proyectos financiados destaca la asignación de 10.8 mmmp para explotar gas y petróleo mediante fracking, lo que aumentaría 58.4% en términos reales los recursos ya asignados para este fin en el presupuesto de 2019. Este hecho es alarmante, dado que el uso de esta técnica tiene un impacto aún mayor sobre el calentamiento global y supone la profundización de un modelo fósil que debemos abandonar en el corto plazo para evitar un calentamiento catastrófico de la temperatura del planeta. Además, esto es una contradicción con los anuncios realizados por el Presidente, quien ha señalado en diversas ocasiones desde el mismo día de su investidura que el fracking no se realizará en México. Si bien entendemos la intención del presente Gobierno de fortalecer la rectoría del Estado de la política energética, nos resulta sumamente alarmante que esto se haga fortaleciendo a Pemex y la explotación de gas y petróleo, política completamente insostenible ante la crisis climática actual. Es importante destacar que a diferencia del PEF 2019 en el que se asignaron 23.9 mmmp al Anexo Transversal para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, en 2020 se establece una contribución de 55.6 mmmp. Sin embargo, a pesar del incremento, 40.29 mmmp, es decir el 73% de los recursos de todo el anexo se destinan solamente al transporte de gas natural a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Resulta indignante que el fomento a los hidrocarburos permee aún en el presupuesto destinado a mitigar y adaptar el país a la crisis climática actual. Es un error delicado destinar recursos que podrían ser utilizados para reducir la vulnerabilidad del país y para atender la crisis climática a una actividad que más bien la agrava. El gas natural es un combustible fósil, compuesto principalmente de metano que es un gas poderoso de efecto invernadero, que no puede ser visto como un combustible puente, la urgencia y la evidencia científica nos insta a dejar de utilizarlo en el corto plazo. Por ello, desde las organizaciones firmantes consideramos que el gobierno en turno tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar acciones radicales y ambiciosas que permitan dirigir al país hacia una verdadera transición con un modelo genuinamente sostenible. Uno que le garantice a las presentes y futuras generaciones el derecho a un medio ambiente sano y la posibilidad de vivir una vida digna. Esto, entre otras cosas, implica el comenzar a reducir la extracción de hidrocarburos y evitar la construcción de más infraestructura que nos condiciona a seguir explotando y consumiendo este tipo de combustibles. En este sentido, hacemos un llamado a nuestras y nuestros representantes para que hagan un cambio de dirección y a que impulsen desde el sector público la transición energética justa hacia un modelo renovable y descentralizado. Imagen destacada: WildEarth Guardians
Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Causas de la desigualdad y la pobreza
Sábado 17 de agosto de 2019 Miguel Concha Estamos viviendo en la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a 2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones. Además, la población que carece de suficientes ingresos para su alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que explican esta realidad son diversas. Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos posibles. Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual. Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la experiencia nos lo ha probado. Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e indebidamente los precios de los productos, originando con ello de manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía. Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación, tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la vivienda. Considero indispensable que el salario mínimo se duplique gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al populismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Municipio en defensa del maíz
Sábado 27 de julio de 2019 Miguel Concha Con fundamento en las atribuciones que le otorgan la Constitución federal y estatal, así como las leyes locales y los ordenamientos municipales, y teniendo en cuenta los tratados, convenios y disposiciones legales internacionales, nacionales, estatales y municipales aplicables en la materia, el 19 de marzo se aprobó en la capital poblana el dictamen que permite emitir la declaratoria para La Protección De Los Maíces Nativos de ese ayuntamiento, uno de los documentos de mayor relevancia en la nueva administración municipal. Con ello adquiere una vez más protagonismo a escala local el interés de establecer instrumentos e implementar acciones encaminadas a proteger las razas de maíz nativo, ahora en el territorio agrícola del municipio de Puebla, con el firme propósito de preservar esta especie y sus variedades locales, garantizando su conservación y utilización sostenible e inhibiendo la siembra y cultivo de semillas genéticamente modificadas. Tal acontecimiento, que se aprobó por unanimidad de las diversas bancadas de los partidos políticos que integran ese cuerpo colegiado, tuvo lugar en sesión de cabildo. Esa disposición convergente demuestra que el ayuntamiento de Puebla está decidido a poner todo su empeño en prohibir el mal uso del suelo y evitar el problema de consumir organismos genéticamente modificados, salvaguardándose con ello la seguridad alimentaria. Lo que ha sido bien recibido por los críticos del gobierno de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco. Pareciera entonces que la ciudadanía municipal poblana cuenta con el respaldo de sus autoridades para rescatar la producción y consumo de productos-milpa cosechados de manera saludable. Con ello, la comuna deja en claro que se halla a la altura en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para que los pequeños productores puedan continuar conservando la diversidad genética, social, cultural y ambiental como parte de su patrimonio. Además, diversas dependencias municipales, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, la Secretaría de Turismo, la Coordinación General de Comunicación Social y la Secretaría de Desarrollo Social municipales, con las que se pretende asegurar el mejor manejo de la milpa en todo su territorio, tendrán un papel primordial en la política antitransgénica. La primera, por ejemplo, promoverá el uso de semillas nativas para conservar la biodiversidad en el municipio y fomentará la creación de un padrón de productores encargado de conservar y mejorar los recursos genéticos del maíz. Llevará a cabo acciones de muestreo con la finalidad de establecer un área geográfica libre de maíz genéticamente modificado e impulsará la mejora del suelo con vocación agrícola encaminada a la siembra de semillas nativas. Igualmente, estimulará con incentivos la producción de maíz entre quienes realicen las mejores producciones, ferias, intercambios y promociones de actividades productivas. La segunda, la Secretaría de Turismo, promoverá el patrimonio cultural del maíz, mediante la creación de rutas gastronómicas y agroecoturísticas relacionadas con la milpa, y asesorará proyectos turísticos que incluyan el maíz nativo, con el propósito de valorizar las tradiciones y el patrimonio tangible e intangible del municipio de Puebla. Finalmente fortalecerá la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas para promover el patrimonio biocultural, priorizándose el uso del maíz nativo e impulsando la gastronomía poblana como elemento de identidad. La tercera, la Coordinación General de Comunicación Social, propiciará el desarrollo de planes y programas de inclusión de enfoques de igualdad sustantiva de género en grupos indígenas y fomentará la incorporación del lenguaje incluyente y no sexista, el lenguaje de señas mexicano, así como la traducción a lenguas indígenas en los mensajes de comunicación gubernamental. Finalmente, la cuarta, la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá que impulsar el desarrollo de las capacidades de la población indígena, al promover su inclusión, la equidad social y la igualdad de género, con apego a su cultura y costumbres, su identidad y los derechos humanos, así como realizar acciones que mejoren las condiciones de vida de la población indígena y fortalezcan su identidad, con inclusión e igualdad entre géneros y generaciones. Los poblanos proyectan con todo ello la mejora en la productividad y competitividad, así como el mejoramiento en ingresos y en su calidad de vida, salvaguardándose siempre los derechos y la inclusión de la población indígena. Ahora se espera que el recientemente electo gobierno estatal ponga su granito de arena para que la política de la capital poblana permee en todo la entidad. Eso esperamos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Twitter
El T-MEC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Frente a la imposición del T-MEC, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos el reto de no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias que conocemos en el país mismo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de junio de 2019 Miguel Concha Ante la ratificación del dictamen sobre el nuevo acuerdo de libre comercio o Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por parte del Senado de la República, es necesario reflexionar seriamente y advertir algunas de las graves consecuencias de su aprobación para nuestro país, en su controversial estado actual. Especialmente dos, que de manera indiscutible están relacionadas con los derechos humanos: la participación ciudadana y las serias afectaciones que el T-MEC traerá en diversos ámbitos. Uno de ellos el que comprende al mundo agrícola, al cuidado de la naturaleza y al rescate del campo. De conformidad con lo dicho, una primera problemática del T-MEC es la violación del derecho a la participación ciudadana, estrechamente vinculado con el de información. Por desgracia, el éxodo centroamericano de miles de personas que siguen cruzando nuestro país para llegar a Estados Unidos, en búsqueda de una vida mejor, así como la amenaza de la administración del presidente Trump de imponer aranceles a México, si no detiene a como dé lugar los flujos migratorios, entre otros acontecimientos, han sido el escenario perfecto para que las autoridades mexicanas implicadas en el T-MEC lo negocien en la oscuridad y a espaldas de la opinión pública. Por ello, más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil solicitaron el lunes pasado a las senadoras y senadores la aplicación del Parlamento Abierto en las deliberaciones acerca del T-MEC, antes de su ratificación. Recurso que no buscaba otra cosa que la puesta en marcha de los derechos a la información y a la participación que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para conocer con transparencia lo que realmente sucede, con el fin de poder emitir nuestra opinión sobre las decisiones que afectan al país, y que ésta sea considerada, una de ellas precisamente la ratificación del T-MEC. Sin duda alguna, la aplicación del Parlamento Abierto habría generado las condiciones para transparentar el proceso de la negociación del T-MEC y contrarrestar los intereses empresariales y del sector privado que están comprometiendo el ejercicio de los derechos humanos, así como para fortalecer la democracia mediante la participación ciudadana de personas expertas, académicas e integrantes de las distintas organizaciones civiles y sociales con especial interés en el T-MEC, y la de los grupos más directamente implicados. Ahora bien, una segunda problemática radica en las afectaciones que el T-MEC traerá a diversos ámbitos, debido a las asimetrías y desigualdades económicas, políticas, tecnológicas y culturales entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles son, pues, algunos de esos ámbitos? Entre ellos destacan el laboral, el campesino, la salud, la alimentación, las mujeres, el medio ambiente, la resolución de controversias entre empresas y Estados, el enfoque intergeneracional y los movimientos sociales. Sólo para explicitar ciertas afectaciones a uno de esos ámbitos, pongamos por ejemplo la vulnerabilidad agroalimentaria que traerá la ratificación del T-MEC, porque, de conformidad con declaraciones de personas investigadoras y especialistas, permitirá, entre otras cosas patentar genes y variedades de semillas, limitará el uso e intercambio de éstas por parte de los agricultores, atentará contra la biodiversidad y abrirá la posibilidad del cobro de regalías por parte de empresas trasnacionales. Asimismo, por el consumo de alimentos potencialmente dañinos y riesgosos para la población, como son los procedentes de numerosos cultivos transgénicos, los ultraprocesados, y aquellos con aditivos químicos, la ratificación del T-MEC afectará el derecho a una buena alimentación. Dicho de otra manera, por no exigir suficientes barreras y restricciones que verdaderamente lo garanticen, la ratificación del T-MEC violará el derecho humano a la alimentación. Desde la falta de transparencia en las negociaciones, hasta la afectación contra los grupos más vulnerables y más directamente implicados de la sociedad, resulta evidente que la presurosa ratificación del T-MEC por parte del Senado mexicano pondrá en riesgo la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho a la alimentación de las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, es indispensable manifestar el desconcierto de la ciudadanía por la falta de apertura a la aplicación del Parlamento Abierto, por la ausencia de la discusión pública y la participación ciudadana, así como por las afectaciones que empiezan a tener la ratificación del T-MEC. Pero no sólo eso, sino que, frente a su imposición, y con la convicción de que este tratado no es la única ni la mejor salida, tenemos un gran reto por delante: no declinar en el propósito de seguir pensando creativamente alternativas de modelos o formas distintas de relaciones económicas, echando mano de las valiosas experiencias de comunidades, movimientos, redes, organizaciones, productores, y personas expertas y académicas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Bernardino Hernández, Cuartoscuro. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
