Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 21 de enero de 2019 Por: Aurélie Innaurato y Carlos A. Ventura Callejas * Apenas electo, Andrés Manuel López Obrador instruyó algunas acciones relacionadas con procesos de justicia y verdad; él o integrantes de su gabinete con toda prisa se pronunciaron con términos como “perdón”, “amnistía”, y anticiparon “comisiones de la verdad” y reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos con claridad propuesta alguna de política de Estado para hacer frente a la crisis de derechos humanos y atender a las víctimas. Desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, los temas de violencia, corrupción, impunidad y víctimas, que estuvieron constantemente presentes en su campaña presidencial, poco a poco van desapareciendo de su discurso, sustituidos algunos de ellos por la preocupante estrategia de seguridad pública que planteó, que vale decir, es contradictoria con la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, y con un nuevo modelo de justicia en transformación y disruptiva con el pasado. A excepción de sus acciones sobre la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, asunto que celebramos y respaldamos, el nuevo Presidente de la República no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña. Los denominados Foros por la Paz impulsados por el presidente electo quedaron lejos de ser percibidos como un ejercicio efectivo de consulta para las víctimas. Por ello, hablar tan precipitadamente de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que comúnmente se denomina como justicia transicional, resultó contraproducente, ya que estos conceptos se percibieron a veces como impuestos desde arriba, sin una real oportunidad de apropiación por parte de las víctimas. Por otro lado, tampoco se entiende muy bien a qué se debe el silencio del gobierno ya en funciones durante el último mes, en relación con la situación de las víctimas del país; lo cual genera inquietudes y preguntas respecto a la continuidad en la práctica de falta de cumplimiento de acuerdos y atención con los movimientos de víctimas, cosa que en gobiernos anteriores se hizo “pan de todos los días”. Sin embargo, la desaceleración de los esfuerzos gubernamentales, que tal vez encuentra entre una de sus justificaciones los recursos limitados en algunas oficinas del gobierno actual, quizás no es del todo negativa, debido a que también representa una oportunidad de replantear un tema de suma importancia: la participación de las víctimas en el diseño de cualquier política pública que les concierne y los procesos que ellas mismas pueden gestionar para incidir y ser escuchadas. Todavía existe la oportunidad de compensar los malentendidos que surgieron durante los foros mencionados anteriormente y, en este sentido, evitar el fracaso de la política pública que resultaría eventualmente. Ejercicios como el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos: por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas[1], celebrado noviembre de 2018, en Nochixtlán, Oaxaca, son un claro ejemplo de cómo las víctimas en compañía de organizaciones sociales impulsan la generación de sus propios espacios, comparten sus dolores y construyen sus propuestas. La voz de las víctimas debe de encontrarse en el centro del proceso que el nuevo gobierno pondrá en marcha, esta es la única manera de entender sus necesidades, así como de conocer la realidad que enfrenta México. Debido a esto, el diálogo directo con las víctimas es totalmente imperativo en aras de asegurar una implementación efectiva y transformadora de la política pública que se está por proponer. De esta manera, podemos también evitar que instrumentos legales, que tienen un óptimo diseño normativo, se vuelvan totalmente ineficientes en la práctica. Además de ser necesaria para la implementación de los procesos de justicia, verdad, reparación y no repetición, la participación de las víctimas en su funcionamiento es la condición sine qua non para el restablecimiento de su dignidad. Únicamente al saberse tomadas en cuenta, en el marco de la construcción de propuestas que les conciernen, las víctimas muy seguramente podrán sentirse valoradas. Al pensar por ejemplo en un programa de reparación, su participación permite que éstas lo perciban como un derecho y no como un simple donativo asistencial por parte del Estado. Asimismo, quizás se podrá restaurar una relación de confianza entre ellas y las autoridades, puesto que nadie puede realmente pensar que el alto índice de votos con el que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales será suficiente para lograr este fin. La consulta con las víctimas es una herramienta que fortalece la democracia como medida que autoriza la intervención directa del pueblo en las decisiones gubernamentales, puesto que permite a cualquier política adquirir cierta legitimidad que requiera para ser efectiva. Finalmente, tengamos presente el hecho de que la participación de los grupos de víctimas y sus familias en todas las etapas necesarias de la realización de una política pública, es decir, en su diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, es una obligación planteada por el artículo 22 de la Ley General de Víctimas, el cual pone en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución. Ahora bien, necesitamos una participación de las víctimas que sea institucionalizada como eje central de todo proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, valdría la pena
Comisiones de la verdad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos, también para evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de diciembre de 2018 Miguel Concha Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos. Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización. Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder. Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad. Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos. Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra sucia. Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos humanos ante la Cuarta Transformación
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó y los grandes retos que tenemos como nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de diciembre de 2018 Miguel Concha Para la sociedad mexicana es indudable la trascendencia histórica y política, tanto del primero de diciembre, como del primero de julio del año que termina. El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que su victoria es producto de una expresión popular y nacional contra la corrupción y la impunidad. La implicación de esto es que, más allá de su protagonismo personal indiscutible, lo que es muy claro es el mandato popular. El saldo del sexenio pasado es de más de 37 mil personas desaparecidas –independientemente de que hayan aparecido asesinadas o vivas, sin conocer su situación– más de 150 mil ejecutadas; nueve feminicidios diarios; crisis migratoria sin precedente, y más de 500 conflictos socioambientales. Además de casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos, como los de Tlatlaya, Ayotzinapa y Nochixtlán, y de corrupción en las altas esferas del gobierno, como los de la Casa Blanca, Odebrecht y la Estafa Maestra. La esperanza generalizada de este momento de cambio no debe matizar la brutalidad del sexenio que recién terminó, debe ser un recordatorio de los grandes retos que tenemos como nación. En esta lógica, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todospresentó el 29 de noviembre el informe Desde la Memoria… la esperanza, donde documenta 161 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio, entre las que se encuentran defensores de territorios, pero también activistas sociales, periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos, personas que buscan a sus familiares y sindicalistas, entre otros. A los que hay que añadir 40 periodistas, asesinados a causa de su labor y 201 personas constructoras de democracia, en un país que se ostenta democrático y oficialmente no se halla en guerra. Con la claridad de que vivimos un momento histórico de transformación, pero que también es necesario salvaguardar la memoria del dolor y de la resistencia. El informe destaca motivos y territorios de estas afrentas, 26 por ciento de las 161 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena; entre los que se encuentran los pueblos yaqui, rarámuri, wixárika, purépecha, nahua, zapoteco, mixteco, tzotzil, mixe y triqui. Y 40 por ciento de los asesinados defendían los derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de éstos se enfocaban en la defensa de la tierra y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El documento informa que los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28 por ciento de los casos), Oaxaca (20 por ciento) y Chihuahua (11 por ciento). Sin embargo, este informe les pone rostro a las cifras y a las luchas. Rostros como el de Rocío Mesino, nacida y crecida en Atoyac de Álvarez, donde su familia fundó la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba trabajos de rehabilitación en un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel o el de Juan Francisco Kuykendall, Kuy, como le decían sus amigos, fue un activista y dramaturgo que impulsó el teatro callejero y apoyó las luchas dignas desde los años 70. Resultó herido durante la represión del primero de diciembre de 2012, y murió por un paro cardiorrespiratorio en enero de 2014. Así, el informe documenta de manera contundente y dolorosa cómo el sexenio fue letal para las voces disidentes. La claridad de este diagnóstico y la contundencia del mandato popular obligan a traducir en retos concretos el compromiso del Estado y la expectativa ciudadana. En este sentido, el responsable de estos retos parece ser Alejandro Encinas, quien ha dado un primer paso al abrir un diálogo histórico sobre el caso Ayotzinapa, que sin duda protagoniza la corrupción, violencia e impunidad que tanto ha lastimado y unido al pueblo de México. La realidad multiplica por miles los casos emblemáticos. Por ello, los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto con las mil-es de mujeres víctimas de violencia cotidiana, son punta de lanza de un grito de justicia al que se suman muchas realidades dispersas en todo el país. En razón de ello, se requiere una política de derechos humanos de Estado, que considere y garantice estas luchas y demandas. Mañana, 9 de diciembre, se cumple el 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre personas defensoras. No olvidamos a las personas asesinadas por comprometerse con un mundo más digno y justo. En su nombre reivindicamos el derecho a defender derechos humanos como herramienta de lucha, resistencia y memoria. Ese debe ser el piso mínimo de la Cuarta Transformación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia transicional mexicana
La importancia del encuentro de Nochixtlán radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, desde donde se debe socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Sábado 24 de noviembre de 2018 Miguel Concha Bajo el nuevo escenario que han dejado en México las últimas elecciones, y con el propósito de desatar, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, entre el 19 y 21 pasados tuvo lugar en Nochixtlán, Oaxaca, un Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas sobre esta importante materia. Acudieron aproximadamente 500 personas, muchas de ellas víctimas y sobrevivientes de la violencia, aunque también personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, así como personas expertas en la temática de Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y España. Durante el encuentro se consideró que los procesos de justicia transicional se componen de diversas herramientas teóricas que pueden permitir abrir horizontes que posibiliten que cada una de las víctimas pueda construir desde su experiencia procesos de justicia que abonen a la reconstrucción del tejido social y a la generación de mecanismos operativos que hagan efectiva la justicia y la garantía de los derechos humanos. Planteamientos que también nos llevan a la discusión sobre cómo se tendría que superar el dolor y la adversidad después de las violencias ejercidas en los cuerpos, la tierra y los territorios. Sin embargo, el conjunto de víctimas y sobrevivientes se mostró en este encuentro con cautela ante un proceso de justicia transicional desde el Estado, ya que, aunque se percibe la intención de atender de manera integral las graves violaciones a los derechos humanos, es importante y necesaria la centralidad y participación de las víctimas, quienes no sólo deben ser concebidas como pasivas, sino como activos dinamizadores de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia, dentro y fuera de las organizaciones y colectivos. Son además las que han fortalecido activamente los procesos de exigencia, a partir de la organización y movilización social. Se resaltó por ello que para que los tiempos de esta justicia tan necesaria se den desde sus propios tiempos, habría que organizarse desde las propias víctimas y las organizaciones que las acompañan. Se identificaron además algunas necesidades y propuestas concretas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, para lo cual es fundamental respetar el papel de las víctimas, reconociéndolas como actores y sujetos de derechos. Y desde su diversidad y la de los sobrevivientes se consideraron algunas tareas a fortalecer y construir que tendrían que tener en cuenta los siguientes aspectos comunes. 1) La construcción de redes y alianzas con otras organizaciones para sumar esfuerzos, saberes y experiencias. 2) La construcción de estrategias de comunicación para visibilizar las diversas luchas. 3) La generación de procesos de memoria colectiva y la reapropiación de espacios públicos contra el olvido. 4) La generación de más espacios de diálogo y reflexión en torno al significado y la utilidad de la justicia transicional, con el objeto de identificar sus implicaciones. 5) La consideración de la necesidad de generar herramientas jurídicas y de acompañamiento psicosocial. 6) La generación de un diagnóstico certero e integral para identificar las raíces de las causas de las violencias, y 7) Que los familiares deben seguir generando y fortaleciendo espacios seguros y de confianza para dialogar y diseñar procesos en común que pueden variar y son una oportunidad para encontrarse y narrar las historias, y sanar espiritual, emocional y físicamente. Se consideraron igualmente algunos puntos controversiales, como el iniciar un proceso de justicia transicional cuando los responsables están identificados y son parte del gobierno, así como el construir un proceso de justicia transicional en el que no se tomen en cuenta las condiciones de precariedad y constante despojo de territorios y bienes comunes, y el importante papel de las juventudes en estos procesos. Es imprescindible, se reiteró, reconocer a las víctimas colectivas en los casos de despojos de tierras y territorios, y deben discutirse los posibles aportes que puede generar la conformación de la Fiscalía Autónoma de la República. La importancia de este encuentro radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, ya que ningún proceso de justicia transicional se ha dado sin ellas, preocupándose genuinamente por socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Por otro lado, el encuentro reconoció la iniciativa del Comité de Víctimas de Nochixtlán, quien tomó la iniciativa, lo convocó y lo enriqueció con sus propias experiencias y las de las víctimas de otros colectivos y movimientos sociales, como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Alerta de género en Ciudad de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Teniendo en cuenta que la Alerta de Género es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta en la capital. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de noviembre de 2018 Miguel Concha El Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) presentó el pasado 30 de octubre el Informe Sombra, que ya ha sido respaldado por más de 132 organizaciones y siete personas. Tiene como propósito fundamental proporcionar al Grupo de Trabajo una herramienta que contribuya a la Declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en CDMX, ciudad en la que tan sólo de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. El comité es un órgano de ciudadanas provenientes de la academia, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, que nació por la preocupación de la grave situación de violencia feminicida que permea en la capital del país. Teniendo en cuenta que la AVGM es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta. Se trata de un ejemplo acerca de cómo la ciudadanía puede y debe apropiarse y hacer uso de los mecanismos institucionales. Es menester señalar que la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) propició la creación de la AVGM, mecanismo único en su tipo que pretende enfrentar y erradicar la violencia feminicida por conducto de acciones legislativas, judiciales y de política pública en determinados estados de la República que presentan situaciones graves de violencia de género. Ahora bien, el proceso de la declaratoria de la AVGM en Ciudad de México tiene una génesis muy concreta: la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las mujeres, así como la grave situación de violencia feminicida en la capital del país. Mediante la solicitud realizada al gobierno de la ciudad por parte de las organizaciones Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC, dicho proceso inició el 7 de septiembre de 2017. Razón por la que posteriormente se conformó el Grupo de Trabajo, entidad responsable de investigar y dictaminar la viabilidad o no de la declaración de la AVGM. El Informe Sombra se compone de siete capítulos, a través de los cuales el Comité presenta en sus páginas: 1. Los principales aspectos sobre los hallazgos del Grupo de Trabajo contenidos en las 20 conclusiones de su informe. 2. Las comprobaciones del propio comité a lo largo de la investigación sobre la identificación de la ejecución o incumplimiento del gobierno capitalino respecto a las conclusiones del Grupo de Trabajo, por medio de las solicitudes de información hechas a diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. 3. Lo que el comité propone como la esfera del deber ser, es decir, el ideal de lo que debería haber realizado el Estado mexicano para atender de manera adecuada las conclusiones del Grupo de Trabajo 4) La Mesa de Trabajo Interinstitucional, para dar seguimiento a los casos de muertes violentas. 5) La pertinencia de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Con base en lo anterior, el Comité Alerta CDMX consideró que las acciones estatales han sido hasta ahora insuficientes para enfrentar y erradicar los graves y altos índices de violencia feminicida en la capital del país, porque, entre otras cosas, y de acuerdo con la información que se obtuvo, el gobierno incumplió numerosos y cruciales indicadores fijados por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, la elaboración de planes de formación con perspectiva de género para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia y el clima de impunidad, que lejos de disminuir el problema, motiva la persistencia de la violencia feminicida y de la violencia de género. Si consideramos que la declaración de la AVGM se propone enfrentar la violencia feminicida de manera urgente y atender la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, entonces concluyamos los siguientes puntos: 1. La AVGM debe ser declarada en CDMX, lo cual no es sólo algo conveniente, sino absolutamente necesario para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en la capital de la República, pues con su declaratoria este mecanismo permite cambios estructurales. 2. La declaración de la AVGM obligará al Estado mexicano a realizar acciones de emergencia que, tal como señala el artículo 21 de la LGAMVLV, garanticen la seguridad de las mujeres, cese la violencia en su contra, y se eliminen las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 3. El informe del Comité Alerta CDMX debe ser considerado por el Grupo de Trabajo como un valioso insumo para la decisión de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Si desea consultar más información vaya a: derechoshumanos.org.mx/comitealertacdmx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Esx Queso [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensores y periodistas sin protección
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los compromisos del gobierno federal no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de septiembre de 2018 Miguel Concha A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, y cuya principal medida fue la militarización del país, se agravaron las condiciones de riesgo para quienes defienden derechos humanos y quienes informan sin tapujos sobre las corruptelas y omisiones del gobierno, y sobre las atrocidades de grupos del crimen organizado. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas exigieron en 2010 una ley general que garantizara el ejercicio de su labor, su seguridad, su vida, integridad y libertad. Y por ello un conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas impulsó y redactó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Lppddhp). Dicha ley, de carácter federal, aprobada en 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, política pública cuyo fin es ofrecer medidas de protección para los integrantes de estos colectivos que, debido al ejercicio de su labor, se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación y está integrado por una junta de gobierno, órgano interinstitucional constituido por instancias oficiales y de la sociedad civil, por medio de su consejo consultivo. El mecanismo se encarga de analizar el riesgo de las personas defensoras y periodistas que solicitan su incorporación a él, y de diseñar planes de protección acordes a su situación de riesgo, incluyendo medidas físicas como cámaras, escoltas o refugio. El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el más violento en la historia de México. A propósito de personas defensoras y periodistas es necesario agregar, además de la violencia continuada de la guerra contra el narcotráfico, las agresiones causadas por las reformas estructurales y el impulso a proyectos de desarrollo. Desde el inicio del sexenio del presidente saliente, hasta el final de 2017, habían sido asesinadas 110 personas defensoras. Y en lo que va del sexenio han sido asesinados 45 periodistas. Sin embargo, ante esta grave situación de riesgo, el mecanismo es la única respuesta del Estado mexicano. Ello no obstante, si para el próximo mes de enero no cambia nada, el mecanismo será inoperante, pues el fideicomiso que dota de recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes, está próximo a quedarse sin fondos. Esto se debe a que la Secretaría de Hacienda sólo depositó en abril de 2018, 200 millones de pesos de los 300 solicitados. Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación pidió 126 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones de octubre de 2018 a marzo de 2019, tomando en cuenta que el presupuesto de 2019 se entrega en abril. Sin embargo sólo se ha confirmado la entrega de 76 millones, situación que aplaza el problema hasta enero. No contar con los recursos antes de enero implicaría que a inicios de 2019 el mecanismo tendría que retirar más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos, cuyo resguardo y protección está a su cargo. Vale la pena añadir que este es el segundo año consecutivo en que el mecanismo se queda sin recursos. Peña Nieto y la Conago hicieron públicas el 17 de mayo de 2017 una serie de acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, no fue hasta que cinco periodistas fueron asesinados a mayo de este año, cuando el Presidente de la República se comprometió y afirmó lo siguiente: Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas…. Y agregó: Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Ello no obstante, esto no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. México atraviesa una crisis de seguridad y de derechos humanos. En este contexto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental para luchar por condiciones de vida dignas en un país tan lastimado por la violencia y la impunidad. A meses de irse, este gobierno se encuentra ante una responsabilidad histórica que no puede ser obviada: garantizar la vida de quienes se comprometen a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. El futuro gobierno y el actual Poder Legislativo se encuentran con la necesidad de mejorar el contexto jurídico del mecanismo y volver real las demandas de la sociedad civil por una política pública integral que atienda las necesidades de estos colectivos y solucione las carencias de la actual ley federal de protección. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
Deudas con los periodistas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de junio de 2018 Miguel Concha México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada. Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos relatores del sistema universal y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos para con los periodistas. Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de derecho y de su gobernabilidad. Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12 comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de investigación y documentación constituyó la fuente principal para la labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad, pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales, altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares, carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la evidencia, entre otros problemas. En consecuencia, instaron a México a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado. Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el mecanismo de protección. Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las autoridades a derogarla. La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de transparencia y acceso a la información en el país. En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas. Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para la preservación de la democracia en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eduardo Jiménez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
