¿Qué pasa con los derechos civiles y políticos en México?
27 de noviembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega), Isis Alves y Laurence Blattmer (@ Doms_at_UN) México recibió recomendaciones en más de 20 temas por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU, derivado de la evaluación de la que fue sujeto hace unas semanas. Organizaciones de la Sociedad Civil presentamos información ante el Comité para exponer la grave situación de los derechos humanos que vivimos. Asimismo, estuvimos presentes en Ginebra (Suiza) durante los días de la evaluación, momento en el que pudimos confirmar los grandes retos que se tienen en la materia en temas como la militarización del país, los altos niveles de violencia de género, la impunidad, la situación de las víctimas, la libertad de expresión, la migración, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, la discriminación racial y las grandes fallas del sistema judicial. La delegación mexicana que asistió a la sustentación mencionó los avances principalmente en el marco jurídico, así como las nuevas acciones y medidas que se están adoptando; no obstante, el Comité mostró preocupación por la falta de respuestas precisas, principalmente con respaldo en datos y estadísticas. En algunos casos la información mencionada no correspondía exactamente a la pregunta hecha; o había mención a una acción del gobierno y procesos en desarrollo, pero no se logró demostrar los resultados concretos de estas medidas. Las autoridades mexicanas admitieron la existencia de problemas graves como la violencia de género, la falta de información sobre poblaciones específicas como la LGBTI+ y los altos índices de desaparición forzada. Sin embargo, la delegación se negó a reconocer varios puntos importantes colocados en la discusión, por ejemplo el hacinamiento en las cárceles federales y las intervenciones médicas forzadas en personas menores de edad intersexuales. Tras el examen, el Comité emitió sus observaciones finales2, algunos de los asuntos de mayor interés y preocupación son los siguientes: Sistema de Atención a Víctimas El Comité mencionó que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido insuficiente, lo cual ha violentado directamente a las víctimas en su proceso de atención y reparación. Se reconoció que varias entidades federativas aún no cuentan con un organismo encargado de aplicar la ley y los existentes tienen grandes carencias financieras. Sobre el personal que ahí labora se señaló que no está adecuadamente calificado para brindar la atención especializada que se necesita en el trato con víctimas del delito, lo que hace del reconocimiento de la calidad de víctima un aparato burocrático que a menudo resulta revictimizante. El Comité recomendó a México generar las condiciones necesarias para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral que atienda aspectos culturales y de género. Además de proveer de los recursos necesarios y del personal capacitado en tan importante tarea. Violencia de Género El Comité mostró su preocupación por el aumento en los niveles de violencia contra las mujeres que el Estado mexicano no ha podido atender y por la falta de armonización del delito de feminicidio en los códigos penales estatales. Además, reconoció la necesidad de que el Mecanismo de la Alerta de Violencia de Género debe ser fortalecido financieramente y hacer de su implementación un proceso de máxima transparencia. Recordó que todos los hechos violentos en contra de mujeres y niñas deben ser investigados con perspectiva de género y diligentemente, facilitando el acceso a la justicia y la reparación integral. Modelo de seguridad militarizado El Comité mencionó que el Estado mexicano debe alejarse del enfoque militarizado que ha adoptado en los últimos años y que se mantiene con la Guardia Nacional; señaló la importancia de garantizar que sea constituida como una fuerza de carácter civil y a su vez, que se establezca un plan gradual y ordenado que haga real la retirada de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. De igual forma realizó recomendaciones en materia del uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades estatales, así como, su debida investigación y sanción. Política migratoria El Comité informó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes: casos de tortura, extorsión y trata de personas, entre otras. Reconoció que le preocupa bastante la nueva política migratoria adoptada por el gobierno que pareciera estar caracterizada por el uso generalizado de la detención y la fuerza pública. Entre las recomendaciones que emitió se encuentran la importancia de evitar la detención administrativa de solicitantes de asilo y migrantes, abstenerse de privar de la libertad a niños y niñas migrantes o solicitantes de asilo y la separación de sus familias. Libertad de expresión y asociación El Comité reconoció el alto de nivel de violencia e intimidación al que se enfrenta las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, así como la falta de una política integral por parte el Estado mexicano en materia de su protección, además de que las medidas existentes son insuficientes. Se instó a fortalecer el Mecanismo de Protección desde la integración de una perspectiva de protección integral, la asignación adecuada y suficiente de recursos y el personal capacitado para la atención. Finalmente, tras esta evaluación, el Estado mexicano tiene dos años para informar sobre la aplicación de todas las recomendaciones hechas por el Comité, para lo cual debe responder de manera integral y efectiva, cumpliendo con sus responsabilidades internacionales en la materia y su deber de avanzar en la protección de los derechos de todas y todos en el país. *Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., Isis Alves y Laurence Blattmer (@Doms_at_UN) son colaboradoras de la organización Dominicans For Justice and Peace O.P. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
Mártires de la UCA
Sábado 09 de noviembre de 2019 Miguel Concha El próximo 13 de noviembre se cumplen 30 años de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, y dos de sus trabajadoras, por efectivos del batallón de élite Atlacatl. Se tiene además noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos despeja el camino para extraditar, por fin, al coronel salvadoreño que ordenó su muerte. Ellas y ellos son, Elba Ramos, ama de llaves; su hija adolescente, Celina; Ignacio Ellacuría, rector; Ignacio Martín-Baró, vicerrector y jefe del Departamento de Psicología; Segundo Montes, profesor de teología; Juan Ramón Moreno, director espiritual y ex presidente de la Conferencia de Religiosos de Panamá y Nicaragua; Amando López, profesor de filosofía, y Joaquín López y López, director de los Colegios Fe y Alegría de El Salvador. En entrevista concedida el pasado 24 de octubre al semanario estadunidense National Catholic Reporter (https://www.ncronline.org), el P. Jon Sobrino S.J., quien venturosamente se libró de ser ejecutado, por encontrarse en esos días en una conferencia de teología en Tailandia dirigiendo un taller sobre Jesús crucificado, recuerda el coraje que le dio el asesinato de las dos primeras personas, pues al fin y al cabo el de los jesuitas en aquellos días era hasta cierto punto previsible, pero el de las dos mujeres inocentes resultaba totalmente inexplicable. En un mundo entonces políticamente polarizado entre el oriente, ateo y comunista, y el occidente, cristiano y democrático, era muy fácil, en efecto, estigmatizar en bloque a los partidarios de la teología de la liberación como absolutamente marxistas y comunistas. Y un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (1993) planteaba que el objetivo principal de la agresión era el rector Ellacuría, y que los demás fueron asesinados para eliminar testigos. Recuerdo que entonces la Universidad Nacional Autónoma de México publicó, de manera extraordinaria, en los principales diarios de circulación nacional una esquela en la que subrayaba la saña con la que los soldados se habían cebado contra la cabeza de Ignacio Ellacuría, destruyéndola a culatazos, como símbolo de la aversión que le producía su pensamiento estructural sobre la injusticia y la violencia de la oligarquía salvadoreña. Vano intento por tratar de aniquilar la libertad de pensamiento y el compromiso ético de la inteligencia por la verdad y la justicia, pues hoy en día son muchas las investigaciones que se han venido haciendo para comprender mejor y desarrollar su pensamiento, y muchas de las cátedras e instituciones académicas que, sobre todo en Iberoamérica, llevan su nombre o se encuentran inspiradas por él. Prueba de ello es el libro Ignacio Ellacuría en las Fronteras, coordinado por Óscar Arturo Castro Soto, Luis Mauro Izazaga Carrillo y Helena Varela Guinot, de la cátedra de análisis de la realidad política y social, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que también lleva su nombre, y que próximamente será presentado en varias sedes y exposiciones, dentro y fuera del país. Como explica Jon Sobrino en el reportaje mencionado, para Ellacuría los males que debían superarse, y que de alguna manera desgraciadamente siguen, eran obvios: pobreza, empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, así como la perversión de los avances reales en democracia y la manipulación ideológica de los derechos humanos. Como explican los autores del libro mencionado, para Ellacuría Las violaciones a los derechos humanos son en sí mismas aspectos negativos de la historia y la humanidad tiene que liberarse de ellos. Sin embargo, el proceso de liberación tiene que caminar hacia algo distinto, hacia la utopía de un mundo mejor. Así, la liberación no es la libertad en abstracto, sino el tránsito de una situación negativa a otra positiva en permanente reconocimiento y construcción histórica (p. 11). Por ello, en repetidas ocasiones habló contra la deshumanización, la degradación y la prostitución del espíritu, sobre las cuales se decía y todavía se dice muy poco. Para Sobrino, como para Ellacuría, su mentor, para sanar a una civilización que está muy enferma, necesitamos de alguna manera el aporte de los pobres y las víctimas. Y por cierto, a propósito de Jesús crucificado, del que se ocupaba Sobrino en Tailandia, mientras sus hermanos eran salvajemente ejecutados, el 15 de octubre pasado, con ocasión del 40 aniversario del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el teólogo español Juan José Tamayo recordaba en un conversatorio que cuando sacaban de su habitación el cadáver de Ignacio Ellacuría, cayó inesperadamente de uno de los estantes sobre su cuerpo el libro de Jüngern Moltmann El Dios crucificado, la cruz de Jesucristo como base y crítica de toda teología cristiana, el cual quedó impregnado con la sangre del rector recién sacrificado. Lo que desde entonces dejó profundamente impresionado a su autor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Comunica EDU
Violencias e interseccionalidad
Sábado 26 de octubre de 2019 Miguel Concha El pasado 15 de octubre se llevó a cabo un seminario de derecho crítico titulado Violencias extremas y cotidianas: una mirada interseccional, el cual tuvo como objetivo reflexionar, en un diálogo plural, sobre violencias extremas dirigidas a personas y sus cuerpos, grupos, comunidades y modos de vida particulares, como el feminicidio, el genocidio y la desaparición forzada. Con una visión interseccional, se discutieron además aquellas violencias cotidianas vividas por causa del entramado social en que nos encontramos, mismas que están sostenidas por categorías cuestionables que atraviesan la realidad de las personas: raza, género, clase, etnia y orientación sexual, entre otras. Se identificó una estructura política, social y económica que impone un sistema de jerarquías desde el que se valora que existen vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica se dirigió hacia otras categorías que generan barreras lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar esas violencias extremas, así como hacia las corporalidades y comunidades que son objeto de ellas. Para referir la violencia extrema contra mujeres indígenas se problematizó igualmente la base teórica, jurídica y el uso de conceptos como feminicidio o genocidio, cuestionando si el uso de una u otra favorece la explicitación de la forma y el sentido en que operan las violencias estructurales o si tienen el efecto de invisibilizar la propia cosmovisión de las comunidades. Otro de los ejes de la discusión fue el análisis de la interrelación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo en el mantenimiento de una estructura de poder mediante distintos mecanismos operados en muchas ocasiones por acción u omisión del Estado. Por ejemplo, la violencia y el control ejercidos de manera selectiva contra mujeres y pueblos indígenas. Y de la misma manera la violencia del crimen organizado en la región latinoamericana, expresada en la desaparición forzada y la explotación de la vida en favor de la concentración de la riqueza. Todo lo cual está relacionado con despojos de bienes comunes y con el desplazamiento de comunidades campesinas que habitan territorios de gran interés para capitales trasnacionales. Estas estructuras de poder, con ejercicios extremos de violencia vividos cotidianamente, han generado en décadas recientes una gran cantidad de víctimas y sobrevivientes, a quienes los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la verdad para conocer las razones por las que fueron violentadas. Así como su acceso a la justicia, y ésta no sólo desde sistemas occidentales. Para ello es indispensable que los Estados incorporen las aportaciones de los distintos campos disciplinares que se aproximan a una comprensión integral de las violencias, como es el caso de las nuevas ciencias forenses que favorecen el acceso a la verdad de las víctimas, pues problematizan y documentan las violencias con un enfoque diferenciado. Por otra parte, la antropología permite comprender y esclarecer quiénes son las personas que están siendo afectadas por conflictividades actuales. Y de esta manera, en la medida en que se identifiquen las prácticas diferenciadas y focalizadas de violencia, se podrán impulsar mejor los procesos de justicia y la reparación para las diversas víctimas. Por consiguiente, es obligatorio que los Estados dispongan de recursos para llevar a cabo acciones encaminadas a la verdad y la justicia, garantizándose igualmente la reparación integral. Es cierto que la violencia extrema genera pérdidas irreparables, como la vida, por lo que vale la pena preguntarnos ¿qué entendemos por reparación y para qué buscarla? En el seminario se abordaron a este respecto prácticas de pueblos indígenas en las que la reparación es un proceso colectivo que busca que los perpetradores entiendan y reconozcan los agravios cometidos y las afectaciones al territorio, buscando un proceso afianzado en su relación con la naturaleza. Es decir, al hablar de reparación se hace necesario generar narrativas transformadoras y reivindicativas sobre los distintos modos de vida. Es necesario contraponerse a los ejercicios revictimizantes de las instituciones y sus esquemas de mantenimiento de estructuras de poder violentas. De ahí que también la reparación, como una de las principales medidas de no repetición, busque transformar al Estado. Finalmente, el seminario convocado por el Ciesas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, forma parte de la larga y fecunda relación de diálogos y reflexiones articulados entre colectivos de víctimas de violencia, academia y organizaciones de la sociedad civil. Por lo que estos lugares apuntan a ser fundamentales para la participación amplia de diversos actores en la construcción de espacios de reflexión y acción que permitan vislumbrar condiciones de vida más justas y dignas. Consultar artículo en La Jornada Imagen destacada: Angélica Díaz Molina
La persistente discriminación racial en México
18 de septiembre de 2019 Por: Donovan Ortega (@donoortega) México fue sujeto a evaluación por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) el pasado 08 y 09 de agosto en Ginebra, Suiza. El Comité muy oportunamente señaló la necesidad de combatir la discriminación racial estructural que históricamente ha estado presente en México, y afecta principalmente a las comunidades y pueblos indígenas, y a la población afromexicana. Organizaciones de la sociedad civil presentamos información al CERD para exponer la situación de discriminación racial que viven estas comunidades y pueblos, y para denunciar el racismo estructural e institucional presente en el Estado mexicano contra los grupos históricamente marginalizados y discriminados. Pusimos especial énfasis en la falta de políticas integrales y efectivas para erradicar la discriminación racial; las recientes “consultas” relacionados a megaproyectos que impactan directamente en la vida y en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas; la política migratoria adoptada por la nueva administración que pone en una grave situación de vulnerabilidad a las personas migrantes y refugiadas; asimismo, la dificultad en el acceso a la justicia para las comunidades y pueblos indígenas, en especial, la discriminación que viven las mujeres indígenas al pretender acceder a la justicia. Gran parte de estas problemáticas fueron señaladas por parte del CERD y cuestionadas a la delegación mexicana encabezada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Sin embargo, y después de las reuniones de trabajo, el Comité emitió alrededor de 40 recomendaciones en la materia. Algunas de las principales recomendaciones son: Tipificar como delitos los actos de odio y discriminación racial: debido a la falta de homologación en todas las entidades federativas sobre la definición y prohibición de la discriminación racial, además de asegurar que estos actos sean considerados como agravantes en actos delictivos. Elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación: el Estado mexicano debe construir una política integral y efectiva que considere la participación de todos los grupos que se enfrentan a actos de discriminación racial. Proporcionando todas las capacidades institucionales, financieras y humanas para su implementación. Consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para las comunidades y pueblos indígenas: se debe asegurar que todos los procesos de consulta consideren las condiciones y realidades particulares de los pueblos y comunidades indígenas, y que su realización se de en contextos seguros y libres de cualquier tipo de amenaza, al igual que debe brindarse toda la información necesaria para que la participación sea efectiva y exista representatividad de los distintos grupos. Este tema es de especial interés debido a las consultas relacionadas en casos de megaproyectos como el tren maya o el corredor transístmico, en las cuales el Comité señala que no se han respetado estos principios y se han dejado de lado los intereses de las comunidades afectadas. Discriminación racial relacionadas con el género: se deben tomar las medidas necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación que viven las mujeres indígenas y afromexicanas. Garantizar su acceso a la salud reproductiva y sexual con pertinencia cultural, erradicando las prácticas existentes de violencia obstétrica. Erradicar la discriminación racial dentro del sistema de justicia y el sistema penitenciario: persisten las prácticas discriminatorias en el sistema de justicia que afectan principalmente a las comunidades y pueblos indígenas. El Estado mexicano debe adoptar medidas efectivas e integrales para garantizar su acceso a la justicia, y combatir la corrupción existente en ambos sistemas. Asimismo, reconocer, respetar y fortalecer los sistemas de justicia indígenas.1 Las organizaciones de la sociedad civil reconocemos la importancia de esta evaluación que pone especial énfasis en la urgencia de adoptar medidas integrales para erradicar la discriminación racial y los discursos de odio y atender a las poblaciones afectadas por éstos. Finalmente, es importante decir que es de suma importancia que el Estado mexicano atienda sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos derivados de este tipo de evaluaciones, por ejemplo, a través de un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, el cual se configure a partir de un proceso participativo donde se involucren de manera integral a las comunidades afectadas, a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. He aquí más tareas para la cuarta transformación. __________________________________________________________- * Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Internet
Ayotzinapa: daños para la verdad
Sábado 14 de septiembre de 2019 Miguel Concha A unos días del quinto aniversario de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer un golpe tremendo contra la lucha de los familiares por la verdad: la liberación de Gildardo López Astudillo, señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría tenido un papel relevante en esos lamentables hechos. Tras considerar un juez que no había pruebas suficientes y lícitas en contra de López Astudillo, fue absuelto y salió del penal en el que había estado por cerca de cuatro años, pues fue aprehendido a unos días del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, llevándose consigo información valiosa para dar con el paradero de los jóvenes. Las familias reaccionaron con una indignación que es perfectamente justificable y tiene también lamentables antecedentes y advirtieron que, de no enderezarse el actuar de los ministerios públicos, lo mismo podría suceder con decenas más de personas involucradas. Tanto las familias como los peritos, entre ellos el experimentado Equipo Argentino de Antropología Forense, habían advertido desde los inicios de la investigación que había irregularidades en el proceder de las autoridades y que la evidencia existente no se correspondía con las presuntas declaraciones de las personas presentadas como probables responsables. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió no sólo de la imposibilidad fáctica de la teoría oficial del caso, sino que señaló graves irregularidades en la actuación de las autoridades investigadoras. A esto se sumó el informe Doble Injusticia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual expuso la existencia de fuertes elementos de convicción, para concluir que al menos en contra de 34 de 63 personas imputadas existió tortura. Al analizar los recursos de amparo interpuestos por la defensa de varios acusados, un tribunal colegiado de Tamaulipas reconoció la falta de exhaustividad e imparcialidad en la investigación, así como la tortura contra los detenidos, y ordenó reponer el procedimiento, creando una comisión investigadora con la participación de las familias y sus representantes, de expertos internacionales y de la CNDH, en acompañamiento al Ministerio Público. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a seguir las recomendaciones del GIEI y del tribunal colegiado de Tamaulipas y encubrió a quienes torcieron la investigación hasta el último día de la pasada administración. Al momento de escribir estas líneas estas personas, que actuaron contra el derecho a la verdad y la justicia de los 43 jóvenes y sus familias, no han rendido cuentas por tan grave, doloroso e impune modo de actuar. El cambio de gobierno trajo nuevas expectativas, y con la materialización de la Comisión Presidencial para asegurar el acceso a la verdad y la justicia, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, se renovó la esperanza de hallar a los muchachos. Lamentablemente, el impulso que han mostrado los funcionarios integrantes de esta comisión no ha sido del todo acompañado por quienes tienen la investigación penal en sus manos desde hace al menos 10 meses: no se han corregido las deficiencias cometidas por la PGR, no se han presentado nuevas acusaciones, ni se ha actuado contra quienes sembraronlos errores que hoy han llevado a la caída de los procesos contra personas relevantes. Incluso hace apenas dos meses se nombró al fiscal especial para el caso, en quien las familias han depositado gran confianza. La liberación de El Cabo Gil es la primera absolución que consigue un acusado en la desaseada investigación armada por la PGR para imponer una versión mediante todo tipo de violaciones al proceso y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia. Pero podría haber más. Las familias, por su parte, con su enorme y digna lucha, han conseguido que el caso no se cierre mediante verdades fabricadas a modo, mientras que los organismos internacionales han colaborado mostrando caminos relevantes para este caso y para decenas de miles más. Ahora es realmente urgente que las personas que tienen en sus manos el caso se apresuren a evitar que más personas con información sobre el paradero de los estudiantes eludan la justicia. Aunque también, como expresó La Jornada en su editorial del 6 de septiembre pasado, “por la fuerza ejemplar del caso Iguala, en tanto emblema de la violencia perpetrada con la connivencia de las autoridades, la liberación de El Cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación; es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o ex empleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias”. Añadiendo que dicha pesquisa no estará completa si no se voltea hacia los jueces que han hecho gala de generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Jorge Aguilar
Antimilitarización y antimilitarismos
Sábado 24 de agosto de 2019 Miguel Concha Convocada por la Internacional de Resistencias a la Guerra, cada cuatro años se organiza la Conferencia Internacional Antimilitarismos en Movimiento. Este año tuvo por sede Bogotá, Colombia, del 31 de julio al 2 de agosto. La conferencia se realizó en estrecha colaboración con organizaciones y grupos locales que forman una red mundial antimilitarista y pacifista de base que trabaja por un mundo sin guerra. Si partimos de que la guerra es un crimen contra la humanidad, el compromiso radica en no apoyar ninguna de sus expresiones y erradicar todas sus causas. Así, la conferencia fue un espacio en el que personas de diversas partes del mundo compartieron prácticas y narrativas de resistencia a la guerra. Dos ejes facilitaron las discusiones: el antimilitarismo, referido a la resistencia contra modelos culturales, sociales y educativos que buscan interiorizar en las personas prácticas de ordenamiento militar de los cuerpos y cualquier expresión de la vida, y la antimilitarización, que es la oposición contra las estructuras sociales e institucionales que usan la fuerza armada pública o privada para imponer el control de las sociedades y economías. Estas aproximaciones permiten entender las estrategias y alianzas entre sistemas opresivos, como el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo que, a través de diversas intervenciones, con distintos grados de conflictividad social, resguardan intereses geopolíticos de países hegemónicos y grandes capitales. Dichas situaciones fueron ilustradas en la conferencia por distintas problemáticas interrelacionadas que, para erradicarlas, nos desafían a todas las sociedades del planeta. En los territorios de diversas regiones del mundo se observa el uso de armas y diversos tipos de agresiones por parte de cuerpos militares y paramilitares para permitir el control de territorios y de la tierra en favor de desmedidos modelos extractivistas de bienes comunes. Conflictos que además generan crisis de deterioro ambiental, desplazamiento forzado y asesinatos de defensores comunitarios de los derechos humanos. Estas incursiones se reflejan también en la externalización de las fronteras y en controles migratorios, como se dan en los casos de América Latina y África. Con respecto a las afectaciones del militarismo hacia la diversidad, nos encontramos con un modelo cultural de exclusión y discriminación de las identidades no heteronormadas, así como con la diseminación del miedo a todas aquellas personas o grupos diferentes. Estos controles se llevan a cabo por medio de discursos de odio y de estigmatización provenientes de distintas instituciones sociales. Se proveen, asimismo, entrenamientos militares y tecnologías para vigilar pautas colectivas que avizoren formas autónomas de organización social, como es el caso de Estados Unidos e Israel sobre los pueblos latinoamericanos y palestino, sólo por mencionar dos ejemplos. En la búsqueda de estados justos y democráticos, el control se ejerce por medio de modelos represivos a la protesta y la organización social en varias regiones del mundo, restringiéndose el espacio público; así como por medio de la militarización de las juventudes y el reclutamiento forzoso en varios países latinoamericanos y asiáticos. La militarización, igualmente, se lleva a cabo en las transiciones políticas de algunos gobiernos, al militarizar los cuerpos policíacos encargados de la seguridad pública. Por tanto, una apuesta de transformación hacia sociedades más pacíficas busca articulaciones en torno a procesos de paz paulatinos que sean sustentables, diversos y justos. Sustentables, con la finalidad de alcanzar una justicia climática para los ecosistemas mediante relaciones cooperativas en las que se garanticen para todas las personas el acceso al agua, los territorios y la movilidad, así como una distribución equitativa de la riqueza y la generación de economías alternativas. Para las diversas pacificaciones es también indispensable el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, con perspectiva de multiculturalidad, así como la incorporación de las reivindicaciones de los movimientos feministas y de mujeres, la diversidad sexogenérica y las de los pueblos y comunidades indígenas y afros. Mientras que las pacificaciones justas requieren dar lugar a nuevos modelos de justicia desde las comunidades, al igual que a formas efectivas de justicia transicional, disruptores con relación al pasado, sostenidos por paradigmas de memoria, restauración y restitución, los cuales también contemplen el diálogo con distintas espiritualidades y cosmovisiones para la construcción de la paz. Como propuesta para resistir desde el antimilitarismo y la antimilitarización de estructuras y relaciones sociales, la conferencia invita a contar con elementos de análisis y acción directa no violenta, aparte de los vínculos cotidianos que establecemos entre personas y comunidades para poder ser partícipes en la construcción de mundos pacíficos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Antimilitarismo en movimiento
La tortura en México
Sábado 13 de julio de 2019 Miguel Concha La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas. Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes. Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada. Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Acceso a la justicia
Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia Sábado 06 de julio de 2019 Miguel Concha Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal. Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián. Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos. Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo. La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado. Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial. Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla. Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Nochixtlán: tres años de impunidad
Buscamos que este tercer aniversario de las agresiones contra la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de la masacre. Sábado 29 de junio de 2019 Miguel Concha Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Congreso sobre resistencias y espiritualidades
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Del 28 al 30 de mayo se realizó en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de mayo de 2019 Miguel Concha La violencia global tiene diversos rostros, escenarios y procesos, así como muchas causas que la explican. Afecta radicalmente, tanto a la humanidad entera, como a la casa común que compartimos con 8 millones de especies animales y vegetales, de las cuales, según reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, un millón está hoy en riesgo de extinción. Los movimientos sociales de las llamadas víctimas sistémicas no sólo padecen los estragos de esta crisis civilizatoria, sino que al mismo tiempo son fuente de resistencias para defender de la inminente catástrofe a la humanidad y a la casa común. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y la comunidad artística están en este escenario de violencia sistémica en estado de vigilancia crítica para colaborar, mediante experiencias, miradas y alianzas, que nos permitan tejer nuevos lazos de vida en común, en la superación de esta crisis. Del 28 al 30 de mayo se realizará con este fin en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Para analizar las violencias, cuatro ejes transversales serán el cauce de 11 mesas de conversación: la economía extractivista, los patriarcados, los desplazamientos forzados y el retorno de la ultraderecha. En cada mesa se escucharán diversas voces de los movimientos sociales en resistencia, la sociedad civil organizada, la academia y las teologías. Como una narrativa provocadora, las artes se harán presentes por medio del grabado, el teatro popular centroamericano y la coreografía de cuerpos emancipados. Preguntando por lo que nos permite mantener viva la utopía de un cambio de mundo en esta hora incierta, cada una de estas narrativas abonará, con sus experiencias y reflexión crítica, con sus territorios vulnerados en cuerpos y subjetividades negadas, a buscar caminos en defensa de la vida común. La revista internacional de teología Concilium es una de las instituciones convocantes, fundada en 1965, al concluir el Concilio Vaticano II de la Iglesia católica, fue una de las publicaciones pioneras de teología moderna que puso en práctica, en diálogo con las ciencias naturales y sociales, la interpretación de los signos de los tiempos, con sus anhelos de emancipación, justicia y pluralismo cultural, en relación con la presencia salvífica de Dios en la historia, que el cristianismo ha recibido como anuncio para la humanidad. Fue concebida por un grupo de teólogos que participaron como asesores conciliares y pensaron el aggiornamiento o actualización de la vida y el pensamiento cristiano en una década marcada por la emancipación de los movimientos estudiantiles en las sociedades autoritarias, así como por la irrupción de los pobres en un mundo dominado por la civilización del mercado. A lo largo de medio siglo, Concilium ha logrado consolidar en teología un trabajo interdisciplinario, con el sello del pensamiento intercultural y ecuménico. Además, con énfasis en lo ecuménico y en la equidad de género, en los recientes lustros ha acontecido un cambio generacional, por lo que hoy integra en su consejo editorial a 20 teólogas y teólogos de los cinco continentes. Los pasados congresos se realizaron en París, en 2016, sobre las racionalidades teológicas diversas; en 2017, en Manila, sobre la inculturación de la fe en contextos asiáticos y del Sur global, y en 2018, en Fráncfort, en torno a las ciudades como desafíos globales. Subrayando con nuevo vigor la incidencia social del conocimiento, para contribuir a la generación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y pacífica, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con Concilium, aporta a este congreso su inspiración ignaciana. Por su parte, el Centro Universitario Cultural de los dominicos ratifica con este congreso su vocación de ser un espacio de diálogo con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la línea de dos coloquios memorables, el de 1974, sobre Liberación y cautiverio, y el de 1989, sobre la teología de la liberación, en un momento crítico, luego de la caída del Muro de Berlín, un foro para la teología latinoamericana. El congreso de 2019 contará con la participación de 55 ponentes y dos conferencistas para animar el diálogo crítico: Rita Laura Segato y Raúl Zibechi. Para escuchar a los movimientos sociales de víctimas, con sus resistencias, sabidurías e indignaciones éticopolíticas y espirituales, que contribuyen a la vivencia de la esperanza crítica en el corazón de la historia rota de la humanidad, en diálogo con las teologías católica y ecuménica el congreso encuentra en el pensamiento colonial, propio de las epistemologías del Sur, su inspiración. Quienes deseen participar, pueden inscribirse endiplomados.ibero.mx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
