UPOV-91: Semillas en peligro
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por:Ana Kuhn Velázquez y Víctor Manuel Chima* 📅 01 de julio de 2020 Lo primero que nos viene a la mente al pensar en nuestro país es su comida: tacos, tlacoyos, pozole, sus chiles, tlayudas… y la lista sigue. Nuestra cultura alimentaria es resultado de siglos de interacción entre los habitantes de estas tierras y la biodiversidad que los rodea, evolucionando junto con las plantas y animales que se volvieron símbolos de nuestra identidad. La comida no es solo nuestro vínculo más cercano al medio ambiente, sino parte integral de quienes somos, reflejando nuestros valores como sociedad y las infinitas relaciones con el territorio del que somos parte. Estas relaciones se han ido moldeando a lo largo de los años, haciendo de México uno de los países más biodiversos y culturalmente ricos del mundo. Ahora, esta diversidad vital está en peligro con la nueva iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, planteada tras la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), este año, y el Tratado Transpacífico (TPP) en 2018. ¿Cómo inicia el camino hacia el T-MEC y el TPP? En 1990 se empezó a gestar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que privilegió las relaciones comerciales con empresas transnacionales, dando inicio a una etapa de abandono al campo mexicano, a comunidades campesinas e indígenas, y despojo de territorios y bienes comunes en nuestro país. El TLCAN entraría en vigor el 1 de enero de 1994. En 2018 -22 años después-, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó una “modernización” del TLCAN, resultando en un nuevo acuerdo comercial entre los mismos 3 países de América del Norte, al que llamaron USMCA (US Mexico Canada Agreement), o T-MEC en español. El 13 de marzo de 2020 se anunció la aprobación final por los 3 países, con fecha de entrada en vigor para este 1 de julio. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), por otro lado, fue firmado en 2018 por once naciones de la región Asia-Pacífico, y en el que se encuentran Chile, Perú y México, de Latinoamérica; aquí, Estados Unidos no firmaría. Ambos Tratados establecen en sus cláusulas, que México deberá adherirse al UPOV-91. La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales1 (UPOV) es una organización que busca proteger la propiedad intelectual de los llamados «obtentores». Aunque en un inicio reconocía el derecho de los campesinos al libre intercambio y utilización de sus semillas, en su versión más reciente de 1991 resulta en el despojo y privatización de estas, aplicándole la misma lógica empresarial y mercantilista a todos los productores, ignorando sus particularidades y tratando a las semillas como si fueran un bien de mercado en lugar de la base sobre la cual se construye la vida. México se encuentra actualmente en la versión de 1978, pero con la firma del T-MEC y del TPP, se busca que entre en la versión de 1991, lo cual podría traer resultados desastrosos tanto a nivel social como ambiental. Esta no es una situación hipotética, sino que ha sido vivida en países vecinos, como fue el caso de Colombia quienes tras firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en 2011 sacaron la Resolución 9.70, la cual al incluir a las semillas campesinas y nativas dentro de las definiciones utilizadas, provocó su criminalización. En un país que, como México, sufre de hambre, toneladas de arroz fueron destruidas y sus productores acusados de piratería y delincuentes, sin que estos hayan sido ni consultados ni informados de los cambios en la normativa2. Estas y otras violaciones a derechos humanos —así como las malas cosechas resultantes de que las semillas importadas no estaban adaptadas a la realidad colombiana— fueron uno de los factores que llevó al paro agrario que paralizó al país en el 20133. Al entrar en la UPOV91 Colombia profundizó las desigualdades, reforzando a los grandes productores y multinacionales en detrimento de su propia población y soberanía alimentaria. Una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada en marzo de este año por el diputado Eraclio Rodríguez, y con proximidad para discutirse en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, de la Cámara de Diputados, pone en mayor riesgo a las semillas nativas, que principalmente han sido afectadas por el TLCAN (ahora T-MEC) y el TPP. Esta iniciativa de Reforma estaría facilitando que México se adhiera a la versión de UPOV-91, con lo que los daños serán aún más graves. Por un lado, las empresas transnacionales tendrían la facilidad de registrar semillas que han sido mejoradas, intercambiadas y protegidas por las mismas comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado, el intercambio libre de semillas sería criminalizado, estableciendo “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas, las pencas de nopales y los esquejes de plantas que han heredado”4. El caso de Colombia es un claro ejemplo de la gravedad de adherirse a la versión de UPOV-91, con la que la diversidad de semillas nativas en nuestro país -que además es centro de origen del maíz, el cacao, el nopal, el jitomate, el frijol, entre otras-, el medio ambiente, la salud de mexicanas y mexicanos, estarían en un riesgo inminente5. Otro elemento a considerar es el valor intrínseco de la naturaleza y sus derechos, en este caso las semillas y toda la biodiversidad que depende de ellas. Las semillas tienen que ser defendidas no solo por lo que aportan a los humanos, sino por su papel esencial en la cadena trófica y por el simple hecho de también ser seres vivos. Poder patentar semillas abre la puerta a la apropiación de la vida misma. Esta advertencia toma un sentido mayor en el contexto de la pandemia de SARS-COV2, en el que se hacen evidentes
Campaña Sin Maíz No Hay País en defensa de los derechos campesinos e indígenas y de las semillas en México
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reafirma su carácter social, diverso y con propuestas a favor de la Soberanía Alimentaria.
En Defensa del Campo y las Semillas, y en contra de la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales
Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.
Decreto por el maíz nativo
Editoriales | 📰 Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | 📷 Imagen : Twitter Por: Miguel Concha Sábado 📅 13 de junio de 2020 Sabemos que los bienes comunes naturales están hoy amenazados por intereses de grandes capitales nacionales e internacionales. Se hace por ello aún más necesaria la efectiva defensa de éstos, a los que no podemos asignar un precio, pues guardan en sí mismos una importancia vital para la existencia y reproducción de la vida en el planeta. Con base en este principio, y dada la preocupación que nos ha generado la presencia de maíces transgénicos en nuestros territorios, un grupo amplio de personas y organizaciones solicitamos al titular del Ejecutivo federal acciones contundentes en favor de los maíces nativos y los derechos de los campesinos y comunidades indígenas. Retomando las declaraciones del Presidente al tomar posesión en 2018, y al cumplirse los primeros 100 días de su mandato, cuando expresó que en México no se permitirían las siembras de maíces transgénicos, este grupo plural y diverso de personas nos animamos a presentar una petición de decreto presidencial. Éste debiera establecer condiciones suficientes para una política integral de bioseguridad en México, en la que se incluyan legislaciones y políticas públicas de gobierno que aseguren derechos colectivos, así como la preservación de la integridad de nuestra nación como centro de origen del maíz y de otras especies fundamentales para la alimentación humana y animal, y la riqueza histórica y cultural que existe en nuestro país en torno a las semillas. Esta petición fue entregada el pasado 30 de junio de 2019 pero, por desgracia, a casi un año de ello, no hemos tenido respuesta a nuestra solicitud. Sin embargo, mediante la entrega y publicación de otra carta, con fecha próxima, renovamos e insistimos en nuestra petición, y ahora, frente a más amenazas actuales para el maíz, la milpa y la biodiversidad en general, con mayor razón. Entre éstas, por un lado, está la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y, por otro, nuevas propuestas legislativas de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales, que criminalizan a campesinos y pueblos indígenas, y los despojan de sus semillas. Además, la intención de algunos sectores de gobierno para que México se adhiera al Acta 1991 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV91), acción contraria a la protección de la biodiversidad y a la prohibición de los organismos genéticamente modificados (OGM), a los que, por cierto, el propio Presidente de la República se ha referido y señalado como ser susceptibles de prohibirse. En nuestra petición renovada volvemos a subrayar la importancia de proteger la diversidad agrícola en México. En efecto, se hace cada vez más necesaria la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea en su fase experimental, piloto o comercial en el territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas, como edición genética o mutagénesis. Por ejemplo, una medida urgente de política pública efectiva a este respecto sería implementar el compromiso de Diconsa de no distribuir granos de maíz importado en sus más de 25 mil tiendas y almacenes, así como transparentar regularmente resultados sobre detección de OGM en territorio mexicano. Este decreto podría ser una señal clara del compromiso de la actual administración con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas, y con la protección de la biodiversidad, así como un avance significativo en la garantía del derecho a la alimentación y a la salud de las personas que habitamos o transitamos por México. Los cientos de personas y organizaciones que se han sumado a esta nueva petición de decreto son conscientes de que en medio de una crisis como la que enfrentamos por la pandemia del Covid-19, es fundamental transitar gradualmente hacia otros paradigmas de relacionamiento con la naturaleza, poniendo en el centro el cuidado de los bienes comunes y de toda forma de vida en el planeta. Nuestra petición de decreto no es troglodita, como muchos sectores privilegiados han querido suponer. Es más bien una acción social organizada que nace de la imperiosa tarea de cuidar la naturaleza, centrando esfuerzos en la milpa y en los productores de alimentos de pequeña y mediana escala. Necesitamos un paradigma agrícola liberador y ecológico, como el que practican pueblos y comunidades indígenas y campesinas. De seguir con el modelo industrial vigente, atentamos contra la reproducción de la vida misma y restamos nuestras capacidades para enfrentar la crisis civilizatoria actual en sus diversas facetas. La actual administración tiene la oportunidad de construir verdaderamente las bases de un nuevo proyecto de país, el cual pasa por darle institucionalidad a las propuestas que desde las diversas organizaciones, colectivas y movimientos sociales hemos elaborado y presentado en sintonía con exigencias de comunidades y pueblos indígenas y campesinos. Esperamos que esta vez se recoja nuestra petición.
Manifiesto del Día de la Tierra
La pandemia del virus Covid-19 Corona es una llamada de atención planetaria de la Tierra a la humanidad.
México, el maíz y su diversidad
Editoriales | 📰 Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | 📷 Imagen : Victor Manuel Chima Por: Víctor Manuel Chima y Logan Miller* 02 de abril de 2020 El maíz es base de la alimentación en México. Es fuente principal de potasio, ácido fólico, vitamina A, y cuando es maíz nixtamalizado es una fuente importante de calcio. La planta del maíz forma parte de la milpa, sistema agrícola tradicional utilizado por comunidades indígenas durante generaciones y que persiste al día de hoy, en el que coexiste con el chile, la calabaza, el frijol y los quelites. Es prácticamente imposible imaginar nuestro país sin el maíz, pero en las últimas décadas la soberanía alimentaria se ha visto amenazada, y con ella, la existencia y preservación de las distintas variedades de maíz nativo. Desafortunadamente, hoy en día nos confronta la posibilidad de perder su gran diversidad, junto con las culturas en las que se encuentra presente. ¿Por qué las campesinas y campesinos son importantes en la protección del maíz nativo? En los últimos años, campesinas y campesinos que conservan las semillas del maíz nativo han sufrido las implicaciones de las políticas neoliberales, el cambio climático y la violencia ocasionada por el crimen organizado. Tratados internacionales como el TLCAN abrieron la puerta a maíces híbridos, transgénicos y baratos, importados de Estados Unidos y otros países, afectando considerablemente la producción, distribución y consumo de los maíces nativos, y la soberanía alimentaria en general. El Estado Mexicano, además, redujo los programas de apoyo para el campo, empeorando aún más la situación de las comunidades campesinas, y resultando en el despojo de las tierras y los territorios por parte de proyectos extranjeros. Aún más, el cambio climático sigue afectando a comunidades campesinas e indígenas, dada la inestabilidad del clima, y las sequías cada vez más frecuentes en las últimas décadas. Las condiciones en las que el campo mexicano se encuentra dificultan la producción del maíz nativo, semilla de la que muchas comunidades dependen para subsistir, y que es un elemento esencial en la cultura y la alimentación en el país. Sin las comunidades campesinas cultivando el maíz, perderemos las raíces y tradiciones ancestrales que nos hacen quienes somos. ¿Una ley que protege al maíz nativo y la vida campesina? Por suerte, hay esperanzas para el maíz nativo. La iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (de ahora en adelante, la llamaremos Ley Maíz) es una propuesta de ley que busca que el Estado mexicano garantice la protección de las distintas razas de maíz nativo que se producen, y que a partir de acciones y políticas públicas se fomenta su producción, distribución y consumo informado. Además, que se reconozca al maíz nativo como un patrimonio alimentario y cultural, directamente vinculado con los derechos humanos culturales y a la alimentación, reconocidos en el artículo 4to. de la Constitución. Fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre de 2019 en el Senado de la República, y el 18 de marzo pasado en la Cámara de Diputados, con modificaciones que se aprobaron recientemente, el 24 de marzo pasado, nuevamente en el Senado. Ha sido turnada al Ejecutivo Federal y sólo hace falta que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor. La aprobación de La Ley Maíz fue muy esperada y muy bien recibida, ya que representa un cambio histórico y trascendental en el futuro del campo mexicano, puesto que impulsará la producción del maíz nativo, que además tiene un valor nutricional mayor que los maíces híbridos que se consumen actualmente en el país, y así garantizar a mexicanas y mexicanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. La creación de bancos comunitarios de semillas que preservarán y distribuirán las variedades de maíz es una medida contemplada en esta Ley, de la mano de la conformación del Consejo Nacional del Maíz, organismo que buscará la participación activa de las instituciones gubernamentales, académicas y académicos, investigadoras e investigadores, sociedad civil, campesinas y campesinos de comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de apoyo al campo mexicano y en relación con el maíz. Que el maíz vuelva a estar en las manos de campesinas y campesinos, que se promuevan los sistemas de producción tradicionales, como el sistema de la milpa, que se reactive la economía campesina y que sean las comunidades quienes obtengan los mayores beneficios. ¿Cuál es el horizonte para el maíz nativo y para el campo mexicano? Mientras que la aprobación de la Ley Maíz es un gran paso en la dirección correcta, aún nos falta desarrollar una amplia política pública de agricultura sostenible, enfocada en garantizar los derechos humanos, la conservación del medio ambiente, y la protección de las variedades vegetales de nuestro país. Aún hay amenazas fuertes al campo mexicano, y no podemos cerrar los ojos y fingir que no existen. La próxima entrada en vigor del T-MEC, el cambio climático y la dominación de los mercados por la industria extranjera ponen en riesgo la soberanía alimentaria y por eso es urgente dar seguimiento y continuidad a la Ley Maíz, desarrollar una política pública que respete la diversidad y, con esto, afrontar la multitud de peligros que tiene el maíz nativo y el campo mexicano. Desde la sociedad civil, las comunidades campesinas, y como consumidoras y consumidores, continuaremos luchando por los bienes comunes de mexicanas y mexicanos, por la preservación de nuestras culturas, por la exigencia del respeto a los derechos humanos y la protección del maíz nativo, porque #SinMaízNoHayPaís. *Víctor Manuel Chima es colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C, (@CDHVitoria). Logan Miller es estudiante de School of Sustainability de la Arizona State University.
El Tmec y el campo mexicano
Editorial | Columna en la Revista Contralínea 📰 24 de marzo de 2020 Por: Víctor Manuel Chima | Davy Perlman El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) fue firmado en noviembre de 2018 por el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Después de 1 año de negociaciones y modificaciones, y ya durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el Tmec fue ratificado por la Cámara de Senadores en México a finales de 2019, y luego por el Poder Legislativo de Estados Unidos en enero de este año, por lo que ahora sólo falta la aprobación por parte de Canadá para que, después de 90 días de su ratificación absoluta, el tratado entre en vigor reemplazando al actual Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con la entrada en vigor del TLCAN hace más de 25 años no sólo se redujeron los apoyos directos a la producción agrícola, como los precios de garantía, sino que tampoco se desarrollaron políticas públicas de acceso a financiamiento e infraestructura que permitieran a productoras y productores campesinos ingresar a mercados de exportación. La parte del Tmec enfocada en la agricultura es, en muchos aspectos, una continuación del TLCAN debido a que, entre otras cosas, refuerza la imposición de políticas de libre mercado en regiones que aún conservan su colectividad, y en las que hace falta apoyo financiero y tecnológico que favorezcan la producción de alimentos de consumo local y nacional, para poder competir con grandes productores y preservar las formas de producción tradicionales. Así, las políticas del libre mercado buscan los mayores índices de producción al menor costo, lo que deriva en un mayor consumo. Por otro lado, el modelo agroindustrial que se impuso desde el TLCAN y se hereda ahora en el Tmec, se enfoca en la producción masiva sin atender la inocuidad, la calidad y el valor nutricional de los alimentos, ni tampoco los daños que ocasiona en el medio ambiente, en la salud de productores y consumidores, y en elementos bioculturales de las comunidades campesinas, como los procesos tradicionales de modificación de semillas y las mismas semillas nativas. Con respecto a la propiedad privada, un punto problemático del Tmec es el requerimiento al Estado mexicano de confirmar el Acta de 1991 del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que establece la capacidad de patentar nuevas variaciones de semillas, particularmente por parte de empresas. México había confirmado el Convenio UPOV de 1978 con la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pero todavía no ha firmado la actualización de 1991. Quienes proponen la confirmación del acta UPOV 91 sostienen que es necesaria para crear un incentivo de inversión en la creación de nuevas variedades de semillas más resistentes a las sequías o con mayor rendimiento, pero no consideran los daños que ocasionará en las comunidades campesinas, en las variedades de semillas de maíz, incluso las violaciones a derechos humanos, ya que no permitieron la participación por la parte de las comunidades afectadas por los cambios en la ley. El diputado federal Eraclio Rodríguez Gómez presentó en febrero de 2019 una iniciativa de reforma a la LFVV que, en sintonía con el acta UPOV 91, no sólo facilita la privatización de semillas nativas, sino que también criminaliza a “quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento”, con sanciones de dos a seis años de prisión, entre otras medidas similares. El sistema informal de intercambio de semillas por parte de comunidades campesinas ha permitido la diversificación del maíz con más de sesenta razas, las cuales pueden crecer en climas y suelos distintos. A simple vista no es posible identificar una semilla protegida, por lo que las amenazas de prisión y multas considerables reducirían la eficacia del sistema de intercambio que ha existido desde siglos atrás. El artículo tercero de la iniciativa de reforma a la LFVV dice que un propósito de la ley es “proteger el uso de variedades vegetales utilizadas por las comunidades rurales cuyo origen es el resultado de sus prácticas, usos y costumbres y que tendrán el derecho de explotarlas tradicionalmente, derecho que deberá expresarse claramente en el Reglamento de esta Ley”. Esta condición no es suficiente, ya que los intercambios son informales y también pueden incluir las semillas comerciales. Las semillas de los intercambios no vienen con documentación sobre sus orígenes, y por eso la frase “cuyo origen es el resultado de sus prácticas” es demasiado vaga. De este modo, existe el riesgo de que las semillas cuyo origen es el resultado de las prácticas tradicionales, también incluyan material genético de las semillas patentadas, poniendo en peligro a campesinas, campesinos, y a las mismas comunidades. Sin acceso a las semillas de intercambio, miles de campesinas y campesinos tendrían que decidir entre salir de sus comunidades para proveer de lo necesario a sus familias, o arriesgarse a ser dependientes de las semillas de las empresas. La privatización de las semillas es un peligro gigantesco en una sociedad en la que muchos campesinos y campesinas dependen del intercambio anual de semillas para siembra, lo cual es aún más peligroso en el caso de México, al ser el centro de origen de semillas como el maíz. El acervo genético de maíz mantiene su diversidad debido a que campesinos y campesinas intercambian las semillas. Por consiguiente, el derecho a la alimentación, el derecho colectivo a la biodiversidad y el derecho a la salud, se verán restringidos con la aprobación del T-MEC, y de ser aprobada la reforma a la LFVV, de igual manera los costos de producción incrementarían, y la agricultura para el autoconsumo sería afectada con el riesgo de prosecución por el uso de semillas patentadas, incluso si son resultado del intercambio
Fomento y protección del maíz nativo
Sábado 21 de marzo de 2020 Miguel Concha México es el centro de origen del maíz. Durante miles de años esta planta ha sido elemento fundamental en la vida de mexicanas y mexicanos, y las comunidades campesinas e indígenas han preservado no sólo esta semilla nativa, sino también sus formas tradicionales de mejoramiento y producción, como su adaptación, de acuerdo con las condiciones climáticas y de los suelos, el intercambio entre comunidades de distintas regiones, así como el sistema de la milpa y el resguardo de alimentos, como el propio maíz, el frijol, la calabaza y el chile, los cuales conforman una alimentación saludable y aportan nutrientes necesarios para un buen vivir. Es inmensa la diversidad de alimentos derivados de las 64 razas distintas de maíz que tenemos en México. Estos alimentos se encuentran presentes en las cocinas tradicionales de distintas culturas, incluso más allá de nuestras fronteras. La cocina mexicana no se podría imaginar sin los colores y sabores del maíz nativo: rojo, verde, azul, dulce, blando, palomero y cacahuazintle, entre muchos otros. El grano, además de ser sustento para el bienestar económico y social, tiene un valor histórico y cultural para las comunidades y los pueblos originarios, especialmente los mesoamericanos, ya que ha permitido también la resistencia ante la colonización, la imposición del pensamiento occidental y el capitalismo en su fase neoliberal. Así, resulta fundamental la construcción de un modelo agroalimentario que asegure la soberanía alimentaria y garantice el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo enuncia la Constitución. Esto sólo será posible mediante la generación de políticas públicas y programas de apoyo para su producción, y por medio delegislaciones que establezcan la obligatoriedad del Estado al respecto, ya que debido a la producción de maíces transgénicos, el maíz nativo está en riesgo, incluso los procesados, los cuales contaminan genéticamente al maíz y abren la puerta a la extinción de muchas razas que aún se conservan. Cabe señalar que en abril de 2019 fue presentada en el Senado la iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), la cual fue aprobada en lo general y lo particular el pasado 24 de septiembre y turnada a la Cámara de Dipu-tados. La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria discutió en la cámara el pasado 10 de marzo el dictamen de la iniciativa de ley, el cual fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión el 18 de marzo. La LFFPMN tiene por objeto reconocer el valor del maíz nativo y su diversificación constante en todo lo relativo con las prácticas relacionadas a su producción, comercialización y consumo, como patrimonio alimentario y cultural nacional directamente vinculado con los derechos humanos alimentarios y culturales reconocidos en el artículo 4 de la Constitución. Esta iniciativa de ley, que por cierto se corresponde con tratados internacionales firmados por México, como el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, sentará un precedente en materia jurisdiccional, ya que establecerá mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo, a través de medidas que prevengan su contaminación. Por ejemplo, la identificación y delimitación de las áreas geográficas de producción, al igual que el establecimiento de los sistemas tradicionales. En adelante será obligación del Estado garantizar y fomentar, a través de autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo en su diversificación constante, así como al de sus productos derivados. Por otro lado, a partir de la ley, se creará el Consejo Nacional del Maíz (Conam), como órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal. El Conam estará integrado por autoridades del gobierno federal y tendrá representación de la sociedad civil, campesinas y campesinos, pueblos y comunidades indígenas, e integrantes de la academia, quienes tendrán voz y voto para participar en las políticas públicas para el fomento y protección del maíz nativo. Porque precisamente son las propias comunidades y organizaciones campesinas, la sociedad civil organizada, las defensoras y defensores de derechos humanos y las colectividades dedi-cadas al cuidado del medio ambiente, quienes han empujado esta ley. Aunque la aprobación de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo no es suficiente para garantizar su protección, fomentar su producción y resguardar su valor histórico y cultural, es un paso importante en la defensa del maíz en la protección de sus variedades vegetales nativas y en la promoción de los derechos humanos de las comunidades campesinas, productoras, consumidoras y consumidores, pues #SinMaizNoHayPais. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Aprueban en Comisión la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo
Diputados buscarán que esta ley tenga asignación presupuestal para que no quede sólo en papel.
Nuevo intento de privatizar nuestras semillas
EL DIP. ERACLIO RODRÍGUEZ INTENTA DAR ALBAZO Y MODIFICAR LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES. ¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL DIPUTADO ERACLIO? ¿DE LAS Y LOS CAMPESINOS, PUEBLOS ORIGINARIOS O DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES? UPOV 91 REPRESENTA RIESGO A NUESTRAS SEMILLAS La Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” alerta sobre el intento de albazo legislativo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez (presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria) de dictaminar modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Recordemos que México al firmar en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se vio obligado a ingresar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés). En 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Variedades Vegetales y en 1997 firmó el acta UPOV78. En la UPOV78 no se “patentan genes ni variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar libremente sus semillas, se favorece la diversidad genética y se permite que los campesinos obtengan nuevas variedades mediante cruzas de otras …” Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto, México ratificó el Tratado Transpacífico (TTP) y recientemente el Senado mexicano ratificó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Donde nuestro país tiene la obligación de ingresar a la UPOV91 en “máximo 4 años”, lo cual implica prácticamente la privatización de nuestras semillas. El Dr. Alejandro Espinosa explica que el acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada. Es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y los transgénicos. Permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por transgenes patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes. El artículo 54 de esta iniciativa, atenta contra el campo mexicano, las y los campesinos y los pueblos originarios y beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, ya que establece: “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4o. Bis y 4o. Bis 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente”. La intentona del diputado Eraclio de dictaminar y modificar dicha ley, en la próxima reunión de la comisión que él preside, que se realizará mañana jueves 28 de noviembre de 2019, atenta contra los intereses de las y los campesinos, de los pueblos originarios de usar e intercambiar sus semillas; atenta contra la autosuficiencia y soberanía alimentaria, abre paso a la utilización de semillas Genéticamente Modificadas (OGMs); atenta conta el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de rescatar al campo mexicano y la autosuficiencia y soberanía alimentarias, la prohibición de semillas transgénicas, etcétera. Exigimos al diputado Eraclio Rodríguez y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados: Que no aprueben el dictamen de la Ley Federal de Variedades Vegetales; 2. Aprueben en sus términos la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, boicoteada por el diputado y por la industria agroalimentaria; 3. Que protejan los intereses nacionales y no los de las empresas transnacionales. Atentamente Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Imagen destacada: Jorge Luis Aguilar
