Simulacros de justicia: a cuatro años del #19s
En el marco del 4to aniversario del #19s, podemos decir que las consecuencias del sismo no son atribuibles exclusivamente a factores externos, pues existen responsabilidades estatales que cuando son incumplidas violentan los derechos humanos.
A cuatro años del 19-S
En términos de derechos humanos, se cometen violaciones antes, durante y después de los siniestros, debido a la acción u omisión del Estado. A 4 años del #19s siguen las reflexiones y cuestionamientos de fondo.
A tres años del 19s
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Alberto Ledezma Por: Miguel Concha Sábado 19 de septiembre de 2020 Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres. Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado. En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985. Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares. De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.
#19S: a 2 años de un desastre socialmente construido
08 de octubre de 2019 Por: CDHVitoria En días pasados se conmemoraron 2 años del sismo del 19 de septiembre de 2017 (en adelante #19S) y 34 años del acaecido durante el 19 de septiembre de 1985. Por tal motivo, diversos colectivos, académicas, organizaciones, ciudadanas y ciudadanos, entre ellos madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, participamos en las actividades conmemorativas del #19S, solidarizándonos y acompañando a numerosas víctimas del sismo. Entre las actividades estuvieron el acto religioso donde una vez más comprendimos que lo espiritual también es político, cuya celebración estuvo a cargo del padre Miguel Concha en el edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan y en el que igualmente participó el Ensamble Vocal Experimental “No Coro”. Después tomamos parte en el minuto de silencio en punto de las 13:14 horas, a la altura de la Calzada de Tlalpan y la Avenida del Taller, en el que alzamos nuestro puño izquierdo durante 60 segundos en memoria de las personas que murieron. Luego, en el mismo lugar, presenciamos la acción de protesta ante diversos medios de comunicación, que fue realizado por compañeras y compañeros de Damnificados Unidos de la Ciudad de México y de Bolívar 168. Aunque lo anterior es de suyo loable, creemos que si narramos este segundo aniversario únicamente desde lo sentimental, sólo veríamos (recordando una técnica del Nobel de Literatura Ernest Hemingway), la punta del iceberg y no todo lo que está debajo del agua. Ahora bien, si observamos detenida y concienzudamente lo que está debajo, descubriremos que la conmemoración del segundo aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (teniendo también en la memoria el de 1985), nos lleva a constatar una verdad dolorosa e incuestionable: el desastre que desencadenó el #19S no sólo no ha terminado, sino que continúa, porque como terminantemente nos dijo una de las personas afectadas del Multifamiliar Tlalpan, “la emergencia real apenas comienza”. A este respecto, la Recomendación 12/2018, publicada el 18 de septiembre de 2018 por la entonces Comisión de Derechos del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), permite identificar que el #19S hizo que emergieran o se agravaran diversas problemáticas, entre ellas, obstáculos en el acceso a la justicia para las víctimas, desplazamiento forzado a causa del desastre, ineficiencia en la garantía del derecho a la vivienda adecuada, digna y segura, así como ausencia de una cultura de prevención de riesgos y deficiencias en la garantía del derecho de acceso a la información y la transparencia. (https://bit.ly/2SpRZnD) Si analizamos esto desde el enfoque de los derechos humanos –de la mano de la Recomendación 12/2018–, estaremos en condiciones para decir que antes, durante y después del #19S se cometieron hechos violatorios de derechos humanos, concretamente, a un nivel de vida y a una vivienda adecuados, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad jurídica y principio de legalidad, a la propiedad privada y a la información, por mencionar sólo algunos ejemplos. Evidentemente, el gobierno de la Ciudad de México se vio rebasado el #19S, debido a que fue incapaz de brindar una respuesta efectiva ante un sismo de semejantes magnitudes. Asimismo, en otros espacios hemos suscrito una tesis surgida a partir de la elaboración del informe Documenta Desde Abajo, el cual fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e igualmente a través de la colaboración con personas especialistas, organizaciones, movimientos, y muy especialmente mediante el contacto directo con víctimas. (https://bit.ly/2lmAR7C) Así pues, la tesis es la siguiente: el #19S es un desastre socialmente construido. De este modo, consideramos que las devastadoras consecuencias del #19S, y por consiguiente las violaciones a derechos humanos, no sólo se deben a un fenómeno natural provocado por la liberación de energía a partir del desplazamiento de la corteza terrestre, sino por la falta de prevención, planificación y acción humana adecuadas (véase Recomendación 12/2018). De lo que se sigue que las 228 personas que murieron en la Ciudad de México y las más de 30 mil damnificadas (atendiendo las cifras oficiales), tal vez hoy estarían en medio de nosotras y nosotros y vivirían en el calor de su hogar, de no ser por las violaciones a derechos humanos cometidas antes del sismo, entre otras razones por la no implementación de políticas gubernamentales de prevención y reducción de riesgos (como la publicación de un Atlas de riesgos), las cuales habrían reducido sobremanera los impactos. Sin embargo, no todo sucedió antes y durante el #19S, sino que nuestra tesis del desastre socialmente construido nos lleva a constatar que las violaciones a derechos humanos continúan, porque las víctimas siguen padeciendo múltiples afectaciones. Prueba de ello son: 1) el carpetazo dado a diversas investigaciones relacionadas con el #19S por parte de autoridades de la pasada administración, o bien, el intento de hacerlo como en el caso de Bolívar 168; 2) los retrasos temporales y los incrementos de costos en la reconstrucción de diversos inmuebles afectados, por ejemplo, en el Multifamiliar Tlalpan; e igualmente 3) los múltiples problemas a los que se han enfrentado las personas damnificadas, tales como enfermedades físicas y psicológicas, divisiones, desatención de las autoridades y políticas de castigo, dificultades con las empresas constructoras, así como las muertes de personas después del terremoto. Si bien el gobierno de la Ciudad de México ha emprendido acciones para atender a las víctimas del #19S, como la creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, las compensaciones a algunas personas damnificadas y la reconstrucción de viviendas, es igualmente oportuno señalar que las autoridades deben garantizar plenamente los derechos de las víctimas y reconocer en mayor medida sus obligaciones para con las personas damnificadas, a fin de que éstas participen activamente en todo el proceso y estén siempre al centro. Finalmente, una de las tantas vías que el Estado puede seguir para garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos de las víctimas del #19S, es el hecho de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México provea las debidas diligencias y la línea de investigación más idónea, entre ellas la inclusión de peritajes o
Dos años sin justicia y atención adecuada para víctimas del sismo del #19S
Sin avances significativos para esclarecer los hechos en el caso de Bolívar 168 Mediante amparo otorgado a familias, se evita la impunidad y el cierre de investigaciones. Han pasado dos años desde el 19 de septiembre de 2017, cuando la Ciudad de México enfrentó un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, recordándonos, a la vez, al también trágico 19 de septiembre de 1985. El sismo del 19 de septiembre de 2017 dejó a su paso una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales. Del mismo modo, el #19S también fue reflejo y consecuencia de las prácticas ilegales de empresas inmobiliarias apostadas en la Ciudad de México desde hace años, así como de un actuar de gobiernos anteriores caracterizados por la implementación de políticas públicas guiadas por la explotación inmobiliaria desmedida y el otorgamiento de permisos de construcción de manera indiscriminada, dejando de lado criterios y estándares internacionales y normatividad correspondiente en materia tanto ambiental como de desarrollo urbano. Después de dos años de los hechos del sismo, a través de diversos informes e investigaciones, tanto de organismos públicos de derechos humanos como de organizaciones de la sociedad civil, y grupos de personas académicas, se ha logrado documentar que, si bien los hechos del 19 de septiembre, por su propia naturaleza, corresponden a un sismo con una gran fuerza, sus consecuencias se agravaron de una manera alarmante por una gran cantidad de factores humanos. Por lo tanto, el #19S no solamente debe considerarse como un fenómeno natural, sino también como una catástrofe socialmente construida. El incumplimiento por parte de las autoridades en sus obligaciones de vigilar e inspeccionar el adecuado respeto a la reglamentación en la materia, al igual que su participación en el otorgamiento de permisos que propiciaron crecimientos inmobiliarios desmedidos, contribuyeron enormemente a que de manera activa u omisiva fueran responsables de violaciones a derechos humanos, dado el incumplimiento de sus obligaciones de mitigación y prevención de riesgos. Esta situación fue documentada y descrita ampliamente también en la Recomendación 12/2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A lo largo de estos dos años, familiares de las víctimas del #19S han emprendido un largo recorrido para acceder a la justicia y a la verdad. Según ellos, dicho proceso se ha caracterizado, entre otras cosas, por investigaciones deficientes, demora en los tiempos, gran dificultad para acceder a la información relacionada con el caso, e incluso intentos para cerrar toda investigación. Un claro ejemplo de lo anterior es el caso de Bolívar 168, cuya carpeta de investigación se abrió desde el 29 de septiembre de 2017 y que, pese a ello, hasta el día de hoy no hay ningún responsable. De igual manera hubo intentos por parte de la Procuraduría capitalina de darle carpetazo, pues en el último día de la administración pasada se determinó el no ejercicio de la acción penal en las investigaciones de los hechos denunciados en relación con el sismo, aun sin haber realizado todas las diligencias y peritajes necesarios para determinar semejante decisión. Cabe enfatizar que esta situación se revirtió mediante un amparo otorgado a las familias, cuando el Poder Judicial ordenó a la misma Procuraduría reabrir las investigaciones. Ante los intentos de dejar en la impunidad y en el olvido las investigaciones relacionadas a propósito del sismo del 19 de septiembre de 2017, seguimos buscando junto a las víctimas justicia y verdad, al igual que investigaciones claras y eficientes que abran otras líneas de investigación que busquen determinar la posible responsabilidad de las diversas autoridades y servidores públicos involucrados por su acción u omisión, y escuchar y tomar en cuenta las diversas aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil y los organismos públicos de derechos humanos que pueden coadyuvar en las investigaciones. Finalmente, a dos años del sismo hacemos un llamado a las autoridades federales y locales para redoblar esfuerzos y garantizar a las víctimas el pleno acceso a sus derechos, haciendo todo lo necesario a su alcance para implementar cambios estructurales que posibiliten la no repetición de estos altos impactos hacia las personas y comunidades en futuros desastres, como el sismo del #19S. ATENTAMENTE Familiares de víctimas del edificio Bolívar 168 y Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P., A.C Imagen destacada: Alberto Ledezma
En riesgo verdad y justicia para víctimas del derrumbe de Bolivar 168 el #19S
Resolución de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México permite omisión de autoridades para investigar responsabilidades y corrupción tras derrumbe de edificio Familiares de víctimas mortales del #19s insistimos en la obligación de autoridades para evitar impunidad tras colapsos A lo largo de dieciséis meses, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México han sido omisas para investigar a probables responsables de los derrumbes ocurridos el día 19 de septiembre del 2017. Dicha inacción se ve reiterada luego de que, el día de ayer, la Jueza en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 73, María del Carmen Mora Brito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, decidiera confirmar la determinación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) sobre el no ejercicio de la acción penal en el caso del inmueble de Bolívar 168. Familiares de víctimas y quienes acompañamos este caso sabemos que los desastres, lejos de ser “naturales”, son ocasionados por las condiciones sociales en las que ocurre un evento natural, como es el caso de cualquier sismo. Por ello, las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a investigar con debida diligencia las responsabilidades de quienes propiciaron las irregularidades del inmueble, relacionadas tanto con los permisos de uso de suelo y reglamentos pertinentes, como con la evidencia, mostrada en peritajes, del peso excesivo que cargaba su estructura y que presumiblemente causó el derrumbe. Estos elementos señalan la presencia de corrupción inmobiliaria y, por lo tanto, de personas responsables de la tragedia. Con la resolución dictada ayer por la Jueza María del Carmen Mora Brito se perpetuaría la situación de impunidad ante la corrupción de las empresas inmobiliarias, teniendo como cómplice la inacción del gobierno capitalino para erradicarla. Por lo anterior nos vemos en la necesidad de interponer un amparo en tiempo y forma, a fin de que se salvaguarden los derechos humanos de las víctimas y se investigue con exhaustividad y apego a derecho los hechos denunciados, por lo que serán las autoridades federales quienes determinen sobre la continuidad en la investigación. Exigimos que una vez llegado el momento, se analice el caso en dicha instancia con enfoque de derechos humanos y se consideren los más altos estándares internacionales a fin de que se garanticen los derechos humanos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas. Atentamente Familiares de víctimas del derrumbe en Bolivar 168 Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Justicia para víctimas del sismo #19S en riesgo
Sin argumentos basados en elementos de prueba, decisión de Procuraduría de CDMX amenaza impedir conocer la verdad, combatir la corrupción y fincar responsabilidades. Parcial voluntad de Gobierno de la CDMX para atender las demandas de acceso a justicia de víctimas del sismo El día 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más tristes en su historia. Aproximadamente a la una de la tarde de ese día, nos tomó por sorpresa un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos. La fuerza de este sismo dejó múltiples inmuebles dañados, y algunos de ellos se derrumbaron en cuestión de segundos, provocando la muerte de un gran número de personas. Ejemplo de esto fue el caso del inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 168, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este edificio colapsó dejando atrapadas a diversas personas, así como víctimas mortales. Si bien los sismos generalmente son entendidos como “fenómenos” de la naturaleza que no se pueden evitar, también diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos han documentado, en diversos informes e investigaciones, una gran cantidad de factores que son omitidos para posibilitar disminuir los riesgos ante tales fenómenos; identificamos prácticas de corrupción y la omisión por parte de diversas autoridades en las tareas de inspección y revisión de la seguridad de los edificios, situaciones que aumentaron vulnerabilidades y daños, por lo cual es pertinente hablar de desastres socialmente construidos. En este marco, el día 29 de septiembre del 2017, se abrió una carpeta de investigación para investigar los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra, homicidio y lesiones en el caso del inmueble ubicado en Bolívar 168. Desde ese entonces, ha pasado más de un año en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha omitido brindar información y avances efectivos en sus investigaciones; incluso se ha dificultado recabar pruebas debido a la omisión de diversas autoridades, así como las trabas para acceder a la carpeta de investigación, pues ésta constantemente era llevada de un lado a otro sin que se informara a las víctimas y sus asesores, violentando con ello el derecho de las víctimas a conocer y contribuir en las investigaciones. En días recientes, fue notificado a familiares y víctimas que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal para el caso de Bolivar 168. En la exposición de su criterio menciona que no encuentra elementos suficientes que determinen una conducta penal y atribuye el resultado al sismo mismo. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toman en cuenta las múltiples observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), mismas que derivaron en recomendaciones; tampoco consideran los diversos medios de prueba que integrados en la carpeta de investigación. Es importante, señalar que se determinó el no ejercicio de la acción penal sin haber investigado las irregularidades relacionadas a los permisos de uso de suelo y reglamentos en la materia, y sin considerar los peritajes emitidos por expertos que develan que la causa del colapso es el sobrepeso del inmueble. Para las víctimas y esta organización defensora de derechos humanos acompañante del caso de Bolívar número 168, es evidente que la PGJ-CDMX incurre en arbitrariedades y omisiones al momento de resolver de esta manera. Con ello, impide el acceso a la justicia para las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Derivado de esta determinación, corresponde resolver al juez de control en turno revocar el no ejercicio de la acción penal y ordenar una investigación apegada a derecho que considere los derechos de las víctimas y se valoren todos los elementos de pruebas a fin de que se pueda judicializar el caso, para que de esta manera las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia, sentándose un precedente para la no repetición de este tipo de casos. Exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver tomando en cuenta los más altos estándares en derechos humanos y valorando los medios de prueba que integran la carpeta de investigación, a no cerrar las investigaciones de éste ni de ningún caso relacionado con el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de ordenar que se realicen los peritajes pertinentes y diligencias necesarias para evitar la impunidad, estableciendo adecuadamente responsabilidades, y asegurando de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas. De igual manera exhortamos a la PGJ-CDMX para que se ocupe y realice las investigaciones con estricto apego a derecho, sin favorecer a algunas de las partes y tomando en cuenta los más altos estándares en materia internacional de los derechos humanos de las víctimas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Documenta #19s: una narrativa no oficial del sismo
Fotografía: Fernando Escobedo| A un año del 19S no podemos abordar el sismo solo como un fenómeno natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos, cuyos efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de las fallas e irregularidades del Estado que derivan en violaciones a derechos humanos. 18 de septiembre de 2018 Por: Adèle Lepoutre y Carlos A. Ventura Callejas* La dignidad en nuestras manos A casi un año del sismo, se presentó el informe ciudadano elaborado por Documenta Desde Abajo, que nos proporciona información detallada sobre violaciones y afectaciones a derechos humanos sufridos por las personas damnificadas. Este trabajo colectivo está integrado por más de 40 brigadas formadas por 120 estudiantes y docentes de diversas universidades, así como de colectivos y organizaciones de derechos humanos, y ha dado como resultado este informe que documenta las afectaciones a derechos humanos que sufrieron y siguen padeciendo las personas damnificadas, e identifica las fallas y responsabilidades en materia de derechos humanos del Estado. A un año del sismo, si bien las autoridades publicaron un censo sobre las afectaciones a edificios, este no retrata los daños sufridos por las personas, por lo que es imprescindible recabar información de forma independiente para identificar esos daños en términos de derechos y responsabilidad, para permitir así a las personas damnificadas exigir justicia, así como el respeto y garantía de sus derechos. En las primeras etapas de la emergencia, el Estado es responsable por la ausencia de una política adecuada de vivienda temporal: se abrieron menos albergues oficiales que campamentos civiles, y los albergues oficiales cerraron más rápido y en mayor proporción. Para el 14 de octubre, solo quedaban 14 albergues oficiales abiertos, de los 48 iniciales. Por múltiples razones como la larga duración de los procesos de reconstrucción o la insuficiencia de los tres mil pesos mensuales otorgados a personas damnificadas, el cierre prematuro de albergues dejó a las personas desalojadas sin estancia temporal, afectando así su derecho a una vivienda digna. También cabe destacar los altos porcentajes de abusos e irregularidades por parte de las autoridades en albergues y campamentos, así como la inexistencia de políticas específicas para atender a poblaciones más vulnerables : infancias, mujeres, comunidades indígenas, entre otras. Las afectaciones no fueron únicamente patrimoniales: las personas siguen padeciendo daños físicos, psicológicos y psicosociales, o con relación al trabajo, la vivienda, el acceso a servicios públicos y a la justicia. Más del 50% de las personas entrevistadas siguen sufriendo afectaciones psicológicas. El sismo también ha resultado en un empobrecimiento generalizado de las y los damnificados: además del aumento de los gastos del hogar por las necesidades de vivienda temporal, casi el 20% de los entrevistados reportaron que el jefe o jefa de hogar perdió su empleo después del sismo. Un 98% de las personas entrevistadas declararon problemas o irregularidades por parte de las autoridades en relación a sus obligaciones de demoler o reconstruir. El Estado no proporcionó información transparente y precisa sobre las evaluaciones técnicas del estado de los inmuebles, o las condiciones para acceder a medidas de demolición y reconstrucción. Muy a menudo las autoridades “brillaron por su ausencia”, por ejemplo en las labores de búsqueda y rescate (22% de las personas encuestadas refirieron esto), el resguardo de objetos (96%) y el anuncio de decisiones sobre reconstrucción (85%). También se pone énfasis en las desigualdades de tratamiento que enfrentaron las personas damnificadas según su origen geográfico y socioeconómico, ya que en las delegaciones más pobres y periféricas, se denunció mayor ausencia de autoridades delegacionales, mayores problemas con los autoridades centrales por falta de apoyo, y menor provisión de servicios básicos que las delegaciones menos pobres: una vez más, la justicia es selectiva. En conclusión, y con base en el informe de Documenta Desde Abajo, creemos que no podemos mirar y abordar el desastre del sismo como un fenómeno únicamente natural, sino también como un conjunto de procesos sociales y políticos: un desastre no se puede detener, pero sus efectos se pueden controlar, ya que son el resultado de ausencias, fallas e irregularidades del Estado que desembocan en violaciones y afectaciones a derechos humanos. Frente a la acción fallida de las autoridades estatales ; la sociedad civil se movilizó en las labores de rescate, resguardo de objetos personales, atención a afectaciones psicosociales, acopio, donaciones, entre otras. Cabe destacar que la población demostró una fuerte capacidad a auto-convocarse y organizarse ; no sólo para cubrir las necesidades más urgentes, sino sobre todo en caso de las personas damnificadas, para construir una organización colectiva y exigir el cumplimiento de sus derechos. Se conformó por ejemplo la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que hoy en día sigue teniendo asambleas desde hace casi un año, empujando para que el Estado asuma su responsabilidad y proteja sus derechos. A un año del sismo, ¿qué sigue?; Numerosos grupos de damnificados siguen sufriendo afectaciones a sus derechos humanos, y el Estado debe de proporcionarles el restablecimiento de sus derechos, así como garantizar la no repetición de afectaciones que no pudieron ser evitadas. Sin embargo, no debemos de pensar que esa lucha solo es de ellas y ellos, como damnificados, el informe Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S nos permite entender que las consecuencias desastrosas del sismo en cierta medida se pueden evitar, ya que resultan también del no cumplimiento por el Estado de sus obligaciones jurídicas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y desastres. Es imprescindible, por tanto, exigir que las autoridades estatales hagan lo necesario para que en caso que suceda un nuevo desastre, no suframos los mismos daños. El informe enfatiza por ello recomendaciones concretas en base a las normas internacionales y nacionales, que pueden servir de fundamento sólido a nuestras reivindicaciones de derechos: Prevención: reducción de las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad socio-económica, con evaluación de riesgos y protección de los derechos económicos y sociales. Protección y garantía de derechos durante la emergencia: adopción de protocolos de rescate, dictaminación y demolición, políticas de
Documentar desde abajo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de septiembre de 2018 Miguel Concha A días de conmemorar el aniversario del sismo del pasado 19 de septiembre, la iniciativa académica y ciudadana Documenta Desde Abajo 19s presentó un informe denominado Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S. En él se da cuenta de omisiones y fallas del Estado mexicano para atender necesidades y garantizar derechos de las personas que se vieron afectadas por el sismo. Documenta desde abajo 19s es un proyecto de documentación de afectaciones desde un enfoque de derechos humanos que incluye no sólo los daños patrimoniales más visibles, sino también datos significativos sobre las mayores repercusiones en derechos humanos, como los perjuicios inmediatos a la vida, a la integridad personal, a la salud física y sicológica, y al tejido social. Así como afectaciones de más largo aliento a los derechos sociales, económicos y culturales, derivadas de la imposibilidad definitiva o temporal de volver a hogares, fábricas, escuelas, lugares de recreación y espacios que antes habitaban. Este esfuerzo articula a organizaciones defensoras de derechos, academia, sociedad civil y brigadas de estudiantes de diversas universidades, quienes los meses posteriores al terremoto se dieron a la tarea de documentar directamente dichas afectaciones en albergues siniestrados, entre damnificados y entre familiares de quienes perdieron la vida. Se trata pues de un trabajo inédito que ha construido un archivo no oficial de las afectaciones causadas por los sismos. El informe, que se dio a conocer el pasado miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC), se da también cuenta de la difícil situación que enfrentaron las personas y comunidades por esa circunstancia, y se subraya la responsabilidad del Estado por acción u omisión en esas afectaciones. Algo fundamental es que este informe se centra en las personas y no en los edificios que registraron daños, y porque nos muestra que los colapsos de estos inmuebles han generado daños de muy distinta índole para las personas que los padecieron. Vale decir, que es un documento que incluso se adelanta a las informaciones oficiales que a un año del sismo debieran de dar autoridades de los ámbitos federal y local, así como instituciones autónomas de derechos humanos. Se hace pues necesario leer y retomar este informe en virtud de varios de sus aspectos. Por un lado por su innovación, profesionalismo y compromiso contundente con los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Y por otro porque desde un enfoque de derechos contiene un aspecto metodológico que es relevante para documentar desastres naturales o desastres socialmente construidos. Me refiero a su particular metodología relacionada con recabar información de manera independiente desde brigadas ciudadanas y usando los derechos humanos como guía. De lo que resulta información importante para prevenir, denunciar y atender violaciones a los derechos humanos. Además, mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales. Incluso, gracias a la organización ciudadana hoy sabemos que hubo atención a personas que se quedaron sin hogar, pues el Estado había ya retirado su apoyo en los albergues. El documento da cuenta también de que los damnificados padecen ahora por desgracia una agudización de sus afectaciones, pues se registran pérdidas de empleo, empobrecimiento, además de que se han tenido que enfrentar a un constante abuso por parte de diversas autoridades. De conformidad con la información contenida en el documento, hoy podemos también identificar y denunciar que el trato que recibieron fue diferenciado. En efecto, quienes elaboraron el informe sostienen que hubo una evidente desigualdad en la presencia y actuar del gobierno entre la población que habita delegaciones más y menos pobres y periféricas. En estás últimas se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad y falta de atención adecuada, dado el desamparo en que los dejó el gobierno. Además de los datos que nos proporciona y analiza este informe, nos ofrece también una clave de lectura y de interpretación frente a estas situaciones, cuando sostiene que los desastres no pueden comprenderse sólo como fenómenos naturales, sino sobre todo como procesos sociales en los que hay responsabilidad de las autoridades en términos de derechos humanos, ya sea porque dejaron de cumplir algunas de sus obligaciones, o porque cometieron actos que los violan. Con la finalidad de desplegar al interior del Estado las condiciones de cumplimiento de sus obligaciones frente a desastres socialmente construidos, y para garantizar que no haya repetición de estas desgracias, se hace urgente que se retomen las recomendaciones formuladas en este informe. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : _LennaRarara_ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alto a las agresiones y hostigamiento contra vecinas y vecinos damnificados del Multifamiliar Tlalpan
30 de junio de 2018 Las organizaciones firmantes externamos nuestra preocupación por la seguridad e integridad de las y los representantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan pues el día de jueves 28 de junio, mientras se encontraban reunidos durante una asamblea vecinal enmarcada en su trabajo de organización y defensa fueron agredidos de forma directa por un grupo de personas ajenas a los campamentos y quienes en un primer momento se acercaron a documentar sin autorización y a amedrentar a quienes se encontraban en el lugar. La Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan ha luchado por la reconstrucción digna y segura de sus hogares – que fueron afectados por el sismo registrado el pasado 19 de septiembre – y ha logrado grandes avances en el reconocimiento de las responsabilidades de autoridades, así como en los compromisos alcanzados para la reconstrucción de sus viviendas. En medio de los avances significativos que han ganado las vecinas y vecinos del Multifamiliar Tlalpan, vemos con preocupación e indignación las agresiones sufridas por las y los representantes de la Asamblea Vecinal, en virtud de que han conformado un actor que se moviliza por medio de la protesta social. Como lo han señalado las y los integrantes de la Asamblea Vecinal, la intención del ataque era mitigar su movilización, aspecto que violenta el derecho a la protesta social reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Ante los hechos y el contexto específico de vulnerabilidad en que se encuentran las y los compañeros del Multifamiliar Tlalpan, exigimos : PRIMERO. Las autoridades deben garantizar la seguridad de todas las personas representantes de la Asamblea Vecinal del Multifamiliar Tlalpan y de los predios de Damnificados Unidos de la CDMX. SEGUNDO. Las autoridades deben investigar y sancionar a quienes resulten responsables de las agresiones y amenazas que han recibido integrantes de la Asamblea, en especial de quienes se encuentran en la vocería : Israel Ballesteros y Francia Gutiérrez. TERCERO. Que las autoridades otorguen medidas cautelares y acompañamiento para garantizar la seguridad e integridad de las y los integrantes de la Asamblea, así como acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del DF para garantizar la seguridad de los vecinos. CUARTO. El cumplimiento de compromisos y acuerdos a los que la Asamblea ha llegado con las autoridades tras meses de trabajo por la reconstrucción. ATENTAMENTE: Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) Documenta desde Abajo 19S Resonar Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Clóset de Sor Juana A.C. COLECTIVAS Agrupación Civil
