El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis socio-política en Nicaragua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició en abril con protestas en contra de una injusta reforma al régimen de seguridad social. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de julio de 2018 Miguel Concha Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, sufre desde hace tres meses una crisis profunda que inició el 18 de abril con protestas generalizadas contra una reforma injusta al régimen de seguridad social, misma que día con día se encamina hacia la renuncia del gobierno que lideran Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se registran ya casi 400 personas asesinadas y más de mil 200 heridas, como resultado de las manifestaciones populares llevadas a cabo en calles y recintos universitarios, en cuyo seno el régimen autoritario de Ortega-Murillo ha ejercido represión por medio del aparato policial y grupos paramilitares que durante la noche infunden pánico entre la población. La tierra pinolera acumula una larga historia de luchas revolucionarias. La que se emprendió en contra de la dinastía de los Somoza constituye quizá la más sangrienta y duradera de todas. Fueron casi 45 años en que el pueblo nicaragüense aguantó los embates de una dictadura que cometía incontables asesinatos y torturas, y gobernaba sin legitimidad popular. El inicio del fin de tal dinastía comenzó con la famosa gesta del poeta Rigoberto López Pérez, quien en 1956 le puso fin al poderío de Anastasio Somoza García y dejó el camino abierto al grupo que 20 años después se formó bajo los ideales de Augusto César Sandino y terminó por expulsar del país a Anastasio Somoza Debayle. Nadie, ni siquiera el partidario más ferviente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hubiera podido imaginar que hoy, en pleno siglo XXI, esta nación tuviera que padecer de nuevo violencia generada por las decisiones de despóticos que llegaron al gobierno para lograr su objetivo: hacerse de fortunas de tipo familiar, a costa del pueblo nicaragüense. A la pareja presidencial le corresponde el dominio de casi todos los canales de televisión nacional, cadenas hoteleras y negocios de casas comerciales. Los cuales les permiten a sus hijos satisfacer todo tipo de caprichos personales. Con la complicidad de Murillo, y siendo el líder absoluto del FSLN, Daniel Ortega logró en 2007 su tan ansiado objetivo, como ganador de unas elecciones que todavía se tienen por muy cuestionadas. Ahora, y a pesar de retóricas disfrazadas de lenguaje pacifista, como Nicaragua quiere paz, Aquí Nicaragua libre, Basta de odio, la única paz y amor que ha recetado al pueblo son balas de francotiradores que, para intentar destruir esfuerzos organizados de diferentes marchas nacionales, se han apostado estratégicamente en lugares altos del territorio. En la protesta del Día de las Madres, el 30 de mayo, alrededor de 15 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares armados, y apenas el martes éstos cobraron tres muertos más y decenas de heridos, al recuperar el control policial de Monimbó, en la ciudad de Masaya. Contrario a lo que se pudiera pensar, y luego de ver a las turbas orteguistas infundiendo miedo en las calles y asesinando a quemarropa a familias completas, lo cierto es que los nicas ya le perdieron el miedo a ese gobierno. Existe un descontento contra Ortega en más de 90 por ciento de la sociedad. Sobre el Diálogo Nacional, sabemos que es una iniciativa que la Conferencia Episcopal de Nicaragua convocó, en su carácter de mediadora, para que tanto el gobierno, como quienes participan en las coaliciones que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pudieran hallar alternativas no violentas ante la crisis socio-política en Nicaragua. Estudiantes, movimientos campesinos, sindicatos e intelectuales se presentaron al diálogo con una serie de 40 opciones que se dirigen a una refundación del Estado y al adelanto de elecciones generales propuestas para marzo de 2019. Sin embargo, el gobierno se ha mantenido con la idea firme de que primero debían quitarse los tranques (retenes), pues los reclamos del sector gubernamental insisten en el tema de ellos y la obstrucción que éstos generan para la economía nacional. Incluso se afirmó que la Alianza lo único que desea es un golpe de Estado suave contra el Gobierno de Reconciliación orteguista. mediante la defensa de sus derechos frente a un poder dictatorial ya tambaleante, los nicaragüenses buscan una victoria definitiva. Resulta además necesario apuntar un último aspecto: la Iglesia, asumiendo un papel de garante en el diálogo, se ha destacado por su apoyo firme al proceso de paz. Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, y monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por conducto de su defensa del pueblo y su denuncia al gobierno, han encarnado un ejemplo de cristianismo liberador. Si tomamos en cuenta la presión interna y el desprestigio internacional que Daniel y Rosario se han ganado por sus inhumanas acciones, sería oportuno decir que su gobierno autoritario está llegando a su fin. Se hace oportuno entonces que las distintas expresiones populares disciernan colectivamente el mejor camino para encontrar una solución pacífica al conflicto, y una alternativa política viable a la situación actual. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Katie Simmons [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Crisis de DH en México ante próximo Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El informe «La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA» da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 17 de julio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas El próximo 7 de noviembre México se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para ser sujeto del Examen Periódico Universal (EPU), donde se evaluará la situación de los derechos humanos en el país. A través de este semanario realizamos una primera entrega donde explicamos la relevancia del EPU, sus objetivos, alcances y el papel de México en este mecanismo (Contralínea 5 de junio de 2018). En esta segunda entrega se abordará el contexto y situación de derechos humanos con el que llega México a su próxima evaluación, a partir del informe paralelo a la información oficial el gobierno actual, presentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC (CDH Vitoria), organización independiente y sin fines de lucro con más de 30 años en la defensa de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerabilizados, y la Dominicans for Justice and Peace, asociación de derecho suizo y representante de la Orden de Predicadores (Dominicos) ante las Naciones Unidas en Ginebra, creada en 1998, con estatus consultivo ECOSOC desde el año 2002. El informe titulado La impunidad, el acceso a la justicia y la justiciabilidad de los DESCA es un documento que presentaron ambas organizaciones como insumo para el EPU de México, y da cuenta de la falta de voluntad y/o incapacidad de parte del Estado mexicano para reconocer y enfrentar la grave crisis de derechos humanos. Asimismo, hace explícita la falta de compromiso en materia de cumplimiento y seguimiento de acuerdos y recomendaciones que ha recibido México por parte de mecanismos internacionales y relatores del sistema de Naciones Unidas. El diagnóstico paralelo señala que el sistema de justicia mexicano carece de políticas sólidas y eficaces para el acceso e impartición de justicia, y la ausencia, distorsión y manipulación del mismo han resultado en un contexto de violencia generalizada y de violaciones graves a derechos humanos. A pesar de importantes avances en materia legislativa, éstos se vuelven nulos frente a la falta de capacidad técnica de las instituciones encargadas de aplicar los estándares y políticas de derechos humanos, y la ausencia de un efectivo acompañamiento y espacios poco efectivos de participación para las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil. En gran medida, de ahí se explica la impunidad estructural en el país. La violencia generalizada, se explica en el informe, deriva de un proceso histórico, en donde primero estuvo focalizada y era de tipo selectiva hacia personas y/o grupos que se encontraban en contextos de resistencia; sin embargo, a partir de la estrategia de combate en contra del crimen organizado que instauró el gobierno de Felipe Calderón, la violencia se ha generalizado, y existe una falta de respuesta efectiva por parte del Estado mexicano y ha incrementado el número de víctimas. Asimismo, se señala que los grupos históricamente discriminados y vulnerabilizados se encuentran ante un panorama de mayor adversidad y riesgo, dado que las políticas y medidas diseñadas para enfrentar esta situación resultan deficientes y con grandes limitaciones, ya que las acciones en su mayoría son reactivas más que preventivas; resulta evidente la falta de una perspectiva integral, interseccional y preventiva en la política estatal y en las instituciones para atender a estos grupos. Se abunda sobre situaciones graves que enfrentan las personas y colectivos. El caso Ayotzinapa evidenció la práctica generalizada de tortura y tratos inhumanos y degradantes en el país, y el involucramiento por parte de las fuerzas de seguridad en éstas acciones. El aumento de violaciones a la libertad de expresión y la protesta social son una constante, y el uso excesivo de la fuerza deriva en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, sumado a la aprobación de legislación discrecional y ambigua en la materia; tal es el caso de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior o la llamada Ley Bala en Puebla. La violencia generalizada impacta de manera diferenciada a las mujeres, y la impunidad es una constante por la falta de perspectiva de género de instancias encargadas de atender e investigar las denuncias, resultando, en la mayoría de los casos, en la revictimización y criminalización de las mujeres. La falta de voluntad por parte del Estado mexicano queda en evidencia al no establecer mecanismos sólidos de prevención y respuesta, y la falta de reconocimiento de los altos índices de feminicidio en el país, además de la negativa a instrumentar acciones efectivas en contra de la violencia de género. La aplicación del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no ha frenado el aumento de asesinatos y actos en contra de estas personas. En particular, la defensa de derechos en procesos de tierra y territorio encuentra una mayor adversidad y criminalización al enfrentarse a acciones por parte del Estado y actores privados. Diversos grupos que exigen la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se ven afectados por la legislación contraria a estos derechos. Ejemplo de ello es la reforma en materia energética, que ha dejado de lado la consulta a pueblos y comunidades indígenas, y les ha sometido a los intereses corporativos y empresariales. Enfrentamos un contexto de crisis en materia de derechos humanos y el EPU servirá para evaluar la administración de Enrique Peña Nieto debido al periodo que comprende esta tercera evaluación (2013-2018). Es necesario evidenciar los grandes retos a los que deben hacer frente los actores políticos que asuman la nueva administración, para que retomen efectivamente las denuncias y propuestas que organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas han expuesto en informes paralelos para esta evaluación, e incorporarlas a la agenda de derechos humanos que enfrente de manera contundente la violencia y el contexto de violaciones y
La sociedad civil en la nueva transición
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. En tiempos de reconciliación, aún de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 07 de julio de 2018 Miguel Concha Todo indica que iniciaremos una etapa de cambios en la vida pública. La demanda social expresada en las urnas; la oferta de cambios de fondo, y la obsolescencia de los modelos económico y político, así lo anuncian y lo hacen necesario. No sabemos sin embargo qué tan hondo se avanzará. Está el objetivo, pero falta aún el programa para realizarlo. El rezago político no permitió que las compañas fueran la ocasión para discutir los cómo, pero claramente tenemos el qué. Y por ello en este tiempo oportuno para el cambio necesitamos responder a la pregunta ¿cuál es el papel que le toca a la sociedad civil? Respuesta indispensable, porque quedaron en el aire temas surgidos a partir de la expresión desconfío de todo eso que llaman sociedad civil. En tiempos de reconciliación, aun de aquello que no sabemos si estuvo confrontado, es útil proponer varias aclaraciones. La primera es que en la sociedad civil, como en cualquier ámbito social, hay diversas orientaciones políticas e ideológicas que en la historia reciente del país se han expresado. La sociedad civil que se hizo visible en la solidaridad con los damnificados del sismo en 1985; la que propició el diálogo como salida al levantamiento indígena en Chiapas, estableciendo un cinturón de paz y una conferencia civil por la paz, entre otras iniciativas; la que logró el reconocimiento de la institución autónoma de derechos humanos y la independencia del Ejecutivo del órgano electoral, era ésa en la que predominaba el compromiso con lo popular y con los derechos económicos y sociales. Después del 2000 aparecieron nuevas agendas que destacaron la lucha contra la corrupción, el mejoramiento de la administración e impartición de justicia y la seguridad. Cada una con sus aliados y sus preferencias políticas, enfatizaron los derechos civiles y políticos. En una perspectiva de integralidad de derechos ambas son legítimas y en una de interdependencia de los derechos las dos son necesarias, pues no se pueden pensar las libertades sin la igualdad y viceversa. Además, en una perspectiva de autenticidad de los comportamientos concretos, éstos dependen de la argumentación, los resultados, la independencia respecto a los poderes y la sujeción al escrutinio social. Con el concepto de sociedad civil se comprende a todos aquellos que luchan por un cambio para democratizar la vida pública; por la justicia, el bienestar y el reconocimiento de la diversidad. Por ello le toca ser no aliada, sino punta de lanza de los cambios. Y por ello quienes tienen poder de decisión y comparten la vocación de cambio tendrán que escuchar e interactuar corresponsablemente. Lo que quiere decir, cada quién con su responsabilidad en la construcción del programa para el cambio que ordenó la sociedad mexicana. Habrá ocasiones para demostrar que esta corresponsabilidad es posible. Propongo cuatro. 1) El 31 de mayo próximo el Ejecutivo tendrá que enviar a la Cámara de Diputados la formulación del Plan Nacional de Desarrollo. Pero a diferencia de los sexenios anteriores ésta será la primera vez en que el Legislativo no sólo lo conocerá, sino que también lo aprobará. La mayoría del partido del Ejecutivo en el Congreso le asegura la aprobación, pero será la ocasión para demostrar que hay un real aprecio por la opinión de la sociedad, oyendo y tomando en cuenta sus propuestas. Como condensación clara del cambio, para ello la sociedad civil deberá pugnar por un gobierno y un parlamento abiertos. 2) Se demanda el fin de la corrupción. El diagnóstico del candidato triunfante se centró en ella. Hay instrumentos surgidos no sólo del gobierno anterior, sino con la participación de la sociedad civil, que se diseñaron para combatirla. El nuevo gobierno tendrá que manifestar su decisión de consolidar el Sistema Anticorrupción, y con ello de paso diferenciarse del anterior, el cual fue omiso en cumplir con el acuerdo legislado. 3) La corrupción es resultado de otros problemas, de la impunidad ciertamente, y ésta a su vez de la falta de equilibrio entre poderes. Los beneficios de una reforma del régimen político, que asegure independencia y redistribución de funciones entre ellos, trascenderán sin duda al periodo de gobierno por iniciar. Éste tiene la responsabilidad y la oportunidad única de impulsarla. Dado que el próximo presidente tiene la mayoría en el Congreso, no podrá prestarse a interpretaciones de que semejante reforma tendría dedicatoria. No sabemos si más adelante se repita esta convergencia. Por ello la sociedad civil debe poner el tema en la agenda pública. 4) El mandato social es de cambio, de fin de la corrupción. Es necesario, pero no suficiente para cambiar. La demanda de cambio es también de mejores condiciones de vida, de empleo, de seguridad social, de recuperación del campo, de mejor educación. Recuperar la agenda de los derechos sociales, relegada por la violencia y la opacidad, será otra tarea de la sociedad civil ante el posible cambio de régimen en el país. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Scott Campbell [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cuarto Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Su desempeño ha generado una desconfianza profunda en la sociedad por la inconsistencia de sus fallos y por el exceso y frivolidad en el uso de sus presupuestos. -La integración actual de la Sala Superior genera recelo a partir de la extensión indebida del mandato de cinco de sus siete integrantes, guiada por acuerdos políticos indeseables. -En el 2017 la Sala Superior del TEPJF avaló todas las irregularidades cometidas y denunciadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. -En lo que va de proceso electoral 2017-2018, el Tribunal ha echado abajo medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dirigidas a inhibir la compra y coacción del voto; se ha otorgado facultades discrecionales para anular elecciones; ha restringido la defensa de los derechos humanos; ha permitido que un candidato con visiones ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticas compita por la Presidencia de la República y ha avanzado la cultura de la simulación constitucional. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral hace un llamado a toda la población, a los organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral a vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a denunciar cualquier acto o decisión que aleje a ese Tribunal de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener. La Sala Superior del TEPJF es una institución que se encuentra históricamente en deuda con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, pues no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral. Desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país. Existen algunas señales ominosas sobre la actuación de la Sala Superior del TEPJF en funciones que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia: 1. Poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos integrantes de la Sala Superior del TEPJF se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección . Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en el año 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos. La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró así, avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años. 2. La Sala Superior echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General de INE, conocidas como Piso Parejo, que no tenían otro objetivo que el buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación. (Sentencias del TEPJF: SUP-RAP-232 y SUP-RAP-607). 3. La Sala Superior del TEPJF prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el Instituto Nacional Electoral, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa una violación a la obligación que la Constitución les impone. 4. La Sala Superior se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018). Resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización. Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable. 5. La Sala Superior avaló la candidatura independiente del señor Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República, a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el Instituto Nacional Electoral detectó en la recolección de firmas. Esto permitió que un discurso de odio, enarbolado por un personaje que ha demostrado una y otra vez su desprecio a la ley, esté presente en la contienda electoral. Mediante una resolución jurídicamente frágil la máxima autoridad electoral permitió que partícipe en la campaña presidencial un candidato que expone en forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe. En manos de la Sala Superior del TEPJF se encuentra todavía la posibilidad de enmendar la historia de sospecha que ha rodeado al órgano desde su creación, por lo que hacemos un llamado enérgico para que haga uso de las facultades que ostenta, cumpliendo con las obligaciones de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia de fuente nacional e internacional a las que se vincula en virtud de su carácter como órgano jurisdiccional con rango constitucional. Firman: Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona,
México, a Examen Periódico Universal
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales respecto a sus responsabilidades de proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 05 de junio de 2018 Por: Donovan Jiménez Ortega y Carlos A Ventura Callejas Este 2018 el Estado mexicano acude a distintos mecanismo internacionales para ser evaluado por la comunidad internacional en relación con su desempeño en el cumplimiento de sus responsabilidades respecto a los Derechos Humanos. Una de esas evaluaciones es ante la comunidad conformada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pretendemos, en diferentes entregas a este medio, abordar uno de esos mecanismos: el Examen Periódico Universal (EPU) al Estado México. En esta primera entrega abordaremos lo que significa el EPU, sus objetivos y alcances. Asimismo, los tiempos del EPU 2018 y el papel de México en dicho mecanismo internacional. El 15 de marzo de 2006 se estableció el Consejo de Derechos Humanos (CDH) como un órgano de la Asamblea General de la ONU con facultades para revisar la protección y cumplimiento de los derechos humanos en todos los países miembros. Dicho Consejo cuenta con el mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros de la ONU y, de esa forma, mejorar la situación de derechos humanos en todos los países. Dicho proceso cuenta con tres etapas claves. La primera, relacionada con el examen de la situación de los derechos humanos del Estado examinado. La segunda tiene que ver con la implementación de las recomendaciones recibidas, las promesas y compromisos voluntarios hechos. Y, por último, informar en la próxima revisión de la implementación de las recomendaciones y la situación de los derechos humanos desde la evaluación anterior. Para poder realizar esta evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, la presentada por el Estado revisado en forma de un Informe Nacional, que consiste en un reporte de la condición a nivel nacional de los derechos humanos. Otra fuente es la información de personas expertas independientes en derechos humanos y grupos conocidos como procedimientos especiales, cuyo mandato ante la ONU es brindar informes y asesoría que abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, políticos y sociales. También retoma de manera importante información de otras partes interesadas, en las que se incluyen las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la “institución nacional de derechos humanos” (INDH), que para México sería la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La revisión de la información presentada es responsabilidad de una selección de tres Estados miembros del Consejo elegidos al azar, llamada Troika. En la fase de diálogo del examen participan los 47 Estados miembros y pueden asistir otros Estados de la ONU aunque no sean parte del Consejo de Derechos Humanos, así como otros actores interesados como las ONG y la INDH. La sesión tiene una duración de 3 a 5 horas y se realiza en el Palais des Nations, la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. El objetivo del ejercicio es que el Estado examinado corrija las deficiencias en la vigencia y cumplimiento de todos los derechos humanos. Durante la sesión debe informar sobre la implementación de recomendaciones anteriores y la situación nacional de los derechos humanos a partir de la última evaluación, además de responder a las preguntas anticipadas presentadas por otros Estados miembros. Posteriormente, a partir de un diálogo interactivo, el Estado examinado debe responder a los cuestionamientos de los que sea objeto. La Troika emite y presenta un informe que resume lo discutido en el Examen. Durante las primeras 2 semanas, el Estado puede realizar modificaciones editoriales y también aclarar cualquier punto expuesto por alguno de los actores en el proceso. El Estado mexicano ha sido revisado por el mecanismo de evaluación dos veces. La primera en 2009, de la cual recibió 91 recomendaciones principalmente en materia de justicia, seguridad, derechos de las mujeres, periodistas, niñez y pueblos indígenas. Mientras que la segunda evaluación se llevó acabo en 2013, y en ésta recibió 173 recomendaciones, enfatizando nuevamente en ciertas temáticas y agregando temas como derechos de las personas refugiadas, población lésbico gay bisexual transexual e intersexual (LGBTI), y personas con discapacidades. Conforme a lo revisado por más de 200 organizaciones sociales articuladas para el examen de 2018, se puede decir que el Estado mexicano ha incumplido con las recomendaciones señaladas por organismos internacionales y que ha avanzado poco respecto a los señalamientos de exámenes anteriores. La próxima revisión del Estado México está programada para el 7 noviembre de este año. Este ciclo pretende evaluar el periodo de 2013-2018, lo que resultaría de facto en una evaluación a la administración de Enrique Peña Nieto en materia de Derechos Humanos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México es el encargado de sintetizar los insumos presentados tanto por la CNDH, como por otras organizaciones o colectivos que hayan realizado algún informe. Se espera que para agosto se presente el informe nacional, con lo cual el mecanismo contaría con todos los insumos necesarios para realizar la evaluación. En nuestra próxima entrega abordaremos asuntos relacionados con el contexto y situación de derechos humanos con el que llega el Estado mexicano a la cita del EPU, desde su última versión hace 5 años. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Alianza por la tortilla
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En nuestras manos está la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos pues nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de junio de 2018 Miguel Concha Cuando se habla de alimentación, pocas veces se piensa que ésta sea una cuestión de derechos humanos, y, por ende, de legislación y política pública que atienda las obligaciones del Estado para garantizarla y protegerla. Esto es de suma importancia y urgencia, dado que actualmente se observan graves afectaciones a la salud de la población, como el incremento de la obesidad, la desnutrición y la diabetes, por mencionar algunos de los padecimientos más comunes. En la dieta de los mexicanos siempre ha existido un consumo considerable de alimentos preparados a base de maíz, siendo la tortilla el más ordinario. A pesar de ello, en el panorama nacional podemos observar desgraciadamente el gradual abandono de la dieta tradicional mexicana y de tradiciones culinarias cuya base es el maíz. Que bien podría llamarse el alimento milenario de México y de toda la región mesoamericana. Para la elaboración de tortillas es necesario que el maíz pase por un proceso llamado nixtamalización, que se lleva a cabo desde hace 3 mil 500 años aproximadamente, y consiste en la cocción del maíz con agua y cal para obtener así el nixtamal, el cual se muele para dar origen a la masa de maíz. Se ha comprobado científicamente que este proceso da lugar a cambios nutricionales en la tortilla, aumentando hasta 30 veces la cantidad de calcio, dando como resultado un alto valor nutritivo a nuestras tortillas nixtamalizadas, pues también son fuente de fósforo, hierro, zinc, fibra y proteínas, así como de vitaminas B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso de elaboración de la tortilla no se da de esta forma? Lo primero que notamos es un cambio sensible en su sabor, ya que al incluir productos procesados en su elaboración, o al ser resultado de algún tipo de maíz transgénico, pierde las propiedades naturales que la caracterizan, disminuyendo con ello su sabor original y sus propiedades nutritivas, llegando incluso a generar a largo plazo daños en el organismo a causa de los tóxicos que contiene. Ello no obstante, son pocas las veces en las que nos ponemos a pensar de dónde provienen las tortillas que consumimos. Algo realmente alarmante, pues gran parte de ellas contienen harinas procesadas, o dejan de ser completamente provenientes del maíz nativo y criollo, pues los cultivos son por lo general transgénicos, aunados muchas veces al uso de insecticidas y pesticidas. Todo esto ha sido de poca o nula importancia para el Estado, que no ha llevado a cabo acciones para difundir la información acerca de la procedencia, ingredientes, procesos, aditivos y sustancias tóxicas de las tortillas industrializadas que se consumen a diario, violentando con ello el derecho a la información que tienen los consumidores para conocer la composición de los productos, sus características, calidad, precio real y riesgos que puedan representar. De igual manera, es importante mencionar que todas las personas que habitamos o transitamos por México tenemos derecho a recibir información por parte del Estado sobre una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y a contar con las condiciones suficientes en el país para producir maíz y tortillas de calidad y libres de riesgos para la salud. Por desgracia hoy en México este derecho a la alimentación y a la tortilla no está siendo garantizado, ya que, como se ha dicho, la tortilla industrializada contiene elementos químicos que generan daños a largo plazo en la salud, tanto de quienes la consumen como de quienes la producen, y daños al medio ambiente y a la biodiversidad. El suelo donde nacen las semillas de maíz, contaminado con agrotóxicos, pone en riesgo la calidad del alimento, así como la vida de los animales que habitan dentro del área. Siendo ésta una de las principales razones para apostar por los policultivos, es decir, cultivos vistos como pequeños ecosistemas, como por ejemplo el sistema milpa, en los que no se cosecha un único producto, sino múltiples, que a su vez favorecen la diversidad de plantas herbáceas y evitan de esta forma la susceptibilidad que los monocultivos tienen a las plagas, evitando así el uso de insecticidas o pesticidas. Este método, usado por nuestros ancestros se llevaba a cabo con éxito y sin la necesidad de productos ajenos durante su cultivo, pues se pensaba acertadamente que en la naturaleza existía un balance tan armónico y perfecto que no había necesidad de ellos. Por esta preocupación, y por los riesgos a la salud que las tortillas industrializadas pueden causar, por el uso de productos químicos, diversas organizaciones han decidido sumar voces y acciones para defender de la agroindustria al maíz mexicano y evitar la inclusión de productos químicos o procesados durante la elaboración de las tortillas. Y esto, para defender las tortillas que queremos. Quienes integran la Alianza por la Tortilla buscan exigir al Estado que garantice nuestros derechos como mexicanos, y en general como consumidores, toda vez que observamos que no se respeta nuestro derecho a decidir sobre los productos que deseamos consumir y no existe información sobre su procedencia. Debido a la falta de producción de tortillas cien por ciento nixtamalizadas, y a la ausencia de apoyos del Estado a los productores campesinos, se impone otro modelo alimentario. En nuestras manos está también la responsabilidad de decidir lo que queremos consumir, y la de defender al maíz como un patrimonio nacional, ya que existen en el país alrededor de 65 razas diferentes. Defendamos nuestra salud y nuestra biodiversidad cultural, pues también origina la diversidad gastronómica que poseemos, considerada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Thomassin Mickaël [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Segundo Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales. -Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1] -Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política. -La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones. -Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos. -Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias. -Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral. El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar. Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3] Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan. Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones. Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria. Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral. No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos. Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población. Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia. Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia. Honremos y defendamos nuestro voto y nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho. Firman: Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina. Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. [1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/ [2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018. [3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/ Más información: Nelly
