Universidad, poder y humanismo
La esencia de la universidad como institución no puede estar aislada de su historia, cuestionándose por su quehacer y su insustituible función de ayer y hoy como creadora y replicadora de cultura
CDH Vitoria, 36 años de transformaciones compartidas
Cada año de trabajo nos recuerda que reconocemos al otro o a la otra como parte de nuestras historias y vidas. Es cuando tomamos partido y nos hacemos parte de los trabajos y esfuerzos por la dignidad, la justicia y la paz.
Prioridad y garantía de derechos
En la discusión reciente sobre los fideicomisos hubo sólidos pronunciamientos llamando a evitar el atentar directamente contra los derechos de personas y grupos que se verían afectados y la desatención de obligaciones internacionales y constitucionales.
Defender derechos humanos en tiempos de Covid
📰 Han empeorado las condiciones para defender los derechos humanos en México y Centroamérica, así como las condiciones y situaciones de vida de las personas defensoras desde la llegada del Covid-19
Fraternidad y amistad social
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Rufino Tamayo Por: Miguel Concha Sábado 17 de octubre de 2020 Como analizó magistralmente Bernardo Barranco en su colaboración del pasado miércoles, el 3 de octubre el papa Francisco firmó su cuarta Encíclica, sobre la fraternidad y la amistad social. En ella recoge y profundiza de manera estructurada sus mensajes, homilías y alocuciones, asumiendo también el parecer de diversas conferencias episcopales, y complementa su anterior Encíclica en materia social sobre el cuidado de la creación. Escrita originalmente en castellano, no en latín, ni en francés, ni en inglés, lleva en italiano como título, en todas sus versiones lingüísticas, una frase paradigmática de quien ha sido su faro inspirador durante los siete años y medio que ha estado al frente de la Iglesia católica romana: Fratelli Tutti, Todos Hermanos, de un cristiano que fue fiel al evangelio de Jesucristo, sin glosa alguna, Francisco de Asís. Ya se ha dicho con razón que en ella el Papa condena el dogma del neoliberalismo y rechaza la absolutización del mercado, así como la globalización vigente, que en todo caso nos hace socios, pero no hermanos. Y que, en consonancia con la crítica de muchos teóricos sociales y filósofos actuales, pone en duda el antropocentrismo de la civilización industrial y tecnológica moderna, causa de muchas de las densas sombras que padecemos, y propone en cambio un nuevo paradigma: el del hermano, el de la fraternidad y la amistad social, que en términos cristianos es la expresión máxima de la caridad. Dada la riqueza conceptual de la Encíclica, que según Leonardo Boff constituirá para la Iglesia católica en adelante un marco nuevo social, se han sugerido para entenderla mejor varias claves de lectura. En México, el Observatorio Eclesial, un espacio de articulación ecuménica de análisis socio-religioso y de formación socio-teológica, que agrupa a distintos centros ecuménicos y de inspiración cristiana, propone siete, que no por ser ya muy repetidas en nuestros medios por algunos y algunas hoy en día, dejan de ser urgentes: 1) Que la humanidad dé un salto después de la pandemia a una nueva forma de vida. 2) Que caminemos todos juntos, como hermanos y hermanas, desde abajo, cada uno con la riqueza de su fe, sus convicciones y su propia voz. 3) La igualdad radical y misma dignidad de todos los seres humanos, así como el reconocimiento de todos los derechos de todos. 4) El respeto a la dignidad del ser humano y el reconocimiento de sus derechos como fuente de creatividad e ingenio. 5) La entrega sincera de sí mismo a los demás, como condición de su desarrollo y plenitud. 6) La cultura del diálogo como camino, de la colaboración común como conducta, y del conocimiento recíproco como método y criterio; y 7) la paradoja de que muchas veces quienes se dicen no creyentes viven mejor la voluntad de Dios que los creyentes. Pero dado que el Papa en el capítulo segundo de la Encíclica hace un análisis riguroso de los diversos personajes que entran en escena en la parábola del buen samaritano, a propósito del Evangelio de Lucas 10,25-35, y los aplica a la economía política, culminando con la pregunta ¿con quién te identificas? (con el malherido en el camino; con el sacerdote indiferente; con el levita que pasa de largo, o con el samaritano adversario y despreciado que lo auxilia), me ha parecido importante retomar casi literalmente el análisis que hace de la Encíclica el teólogo jesuita Víctor Codina. 1. Los asaltantes son aquellas personas y estructuras económicas, sociales y políticas del neoliberalismo y del populismo; corporaciones y multinacionales que producen víctimas, desigualdades, descartados, refugiados (…); no ayudan a que todos tengan techo, trabajo y tierra, fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una globalización que destruye culturas y busca únicamente el lucro, las ganancias y el bienestar material etcétera. 2. El hombre herido son todas las víctimas del sistema. Ha habido un retroceso respecto del pasado y la pandemia ha desnudado estas situaciones de marginación y vulnerabilidad de los pobres, los recursos sanitarios para todos y las diferencias sociales entre países y continentes. Existe el peligro de que la vacuna no llegue a todos. 3. Los que pasan de largo son dirigentes políticos, sociales e incluso religiosos que no se comprometen, buscan sus intereses nacionales o populares, se limitan a pronunciamientos, se dejan corromper, no cumplen lo prometido, cierran los ojos a los desastres de las multinacionales, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la técnica todo lo arreglará, o por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay remedio. 4. El buen samaritano representa a todas las personas de buena voluntad que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de los demás. Son aquellos que van más allá de su cultura y nación. Que se abren a toda la humanidad, al extranjero, al pobre y al necesitado. Haciendo la salvedad que no se trata de un cambio global de sociedad.
Los cómplices de #LaOtraEpidemia
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Víctor Manuel Chima 22 de septiembre de 2020 Recientemente en México se han cumplido 6 meses desde que inició la contingencia debido a la pandemia por la COVID-19, enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy poco más de 73 mil defunciones han sido registradas de manera oficial, y el número de casos positivos estimados es de alrededor de 713 mil.1 Conforme avanzó la pandemia, se identificaron comorbilidades, es decir, factores de riesgo que hacen que las personas tengan mayores probabilidades de desarrollar complicaciones al contraer la COVID-19, entre ellas algunas relacionadas con la hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo.2 Particularmente la obesidad y la diabetes son padecimientos relacionados con nuestra salud alimentaria. Por lo tanto, la pandemia de la COVID-19 vino a resaltar los problemas de salud pública y alimentaria que durante los últimos 35 años se han agravado, derivados de un modelo agroalimentario industrial, de políticas públicas poco eficientes para garantizar el derecho a la salud y a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; de la influencia de las industrias de alimentos procesados en la toma de decisiones gubernamentales, y del poco interés de funcionarias y funcionarios públicos en la materia. Algunos datos De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)3, desde 1975 la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de 1900 millones de personas adultas tenían sobrepeso a nivel mundial, y 650 millones de personas más padecían obesidad. Cada año se registra un total de 2.8 millones de muertes a causa de la obesidad y el sobrepeso. Con respecto a la diabetes4, en México fue la segunda causa de muerte para el año 2017, resultando en el 15.3% de todas las defunciones registradas de manera oficial. En 2016 el 9.4% de toda la población tenía un diagnóstico de diabetes, siendo la principal causa de complicaciones derivadas como la ceguera, enfermedades cardiovasculares y renales, así como la amputación de miembros inferiores. “Los cómplices de la otra epidemia” ¿Qué papel jugaron la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y exfuncionarias y exfuncionarios de estas instituciones en el aumento de los índices de sobrepeso, obesidad y diabetes, y por ende, en elevar el número de víctimas mortales por la COVID-19? El pasado lunes la Alianza por la Salud Alimentaria estrenó el minidocumental “Los cómplices de la otra epidemia”5, que nos muestra cómo exfuncionarias y exfuncionarios rechazaron políticas públicas a favor de la salud pública para favorecer la industria de alimentos procesados y velar por sus intereses, en detrimento de la población mexicana. Retirar la comida chatarra de las escuelas, regular de manera efectiva la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y promover un etiquetado de advertencia con información asequible, verídica y científicamente comprobada, son medidas importantes que, de haber sido aplicadas adecuadamente, habrían ayudado a atender de mejor manera las llamadas Enfermedades No Transmisibles (ENT), como la obesidad y la diabetes. Medidas que, además, han sido ampliamente recomendadas por organismos nacionales e internacionales, como la OMS o la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Sobre la medida de retirar la comida chatarra de las escuelas, Josefina Vázquez Mota, exsecretaria de Educación (2006 – 2009), se negó a su implementación, optando por firmar acuerdos que mantuvieron a las empresas refresqueras Coca-Cola y PepsiCo en las instituciones educativas públicas, permitiéndoles la venta de sus productos, cuando sabemos que el consumo de bebidas azucaradas en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de diabetes infantil. Así justificó estos acuerdos con la promoción de “estilos de vida saludables” por parte de las refresqueras. Ahora bien, la regulación efectiva de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes encontró dificultades para ser implementada como política pública durante la gestión de Salomón Chertorivsky como Secretario de Salud (2011-2012), optando por un fallido código de autorregulación que no reconoció los daños ocasionados a la salud de niñas, niños y adolescentes por el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. Años más tarde, la misma Secretaría de Salud reconocería que dicha autorregulación de la industria fue una simulación.6 El exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (2011-2018), Pablo Kuri, y el excomisionado Federal de la Cofepris (2011-2016), Mikel Arriola, apoyaron un etiquetado frontal diseñado por la misma industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, el cual no brindaba información precisa sobre los contenidos calóricos de los productos, y que representó un riesgo para la salud. Sobre el exsecretario de Salud (2016-2018), José Narro Robles, quien en 2013, siendo Rector de la UNAM y durante la presentación del libro “La obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, reconoció las dimensiones del problema de salud pública que representaba en ese entonces la obesidad, y por ello recomendó que las propuestas de políticas públicas enunciadas en dicho libro debían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, durante su gestión como funcionario público no atendió las mismas recomendaciones que años atrás había respaldado, y contrariamente actuó cercano a los intereses de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas. “Los cómplices de la otra epidemia” nos recuerda la urgente necesidad de implementar políticas públicas que gradualmente y de manera complementaria mitiguen los efectos dañinos en la salud de niñas, niños y adolescentes, de consumidoras y consumidores en general, ocasionados por el consumo de la comida chatarra. Además, siguiendo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos Humanos7, el Estado mexicano deberá regular las actividades de la industria de alimentos procesados y bebidas azucaradas, para contrarrestar de manera decidida la influencia indebida de las empresas en la adopción de decisiones gubernamentales. Finalmente, el etiquetado frontal de advertencia, una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia, el aumento del impuesto a las bebidas azucaradas y la salida de la comida chatarra de las escuelas, no sólo ayudarán a
Personas y organizaciones defensoras
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 12 de septiembre de 2020 Incontables personas y organizaciones defensoras de derechos humanos tienen un papel fundamental en nuestro país, pues contribuyen de manera esencial al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los derechos de personas y comunidades. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que complementan no sólo el rol de los estados, sino del mismo Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su conjunto. Ahora bien, es cierto que debemos reconocer la diversidad en lo que respecta a personas y organizaciones. Y lamentablemente existen algunos espacios que promueven intereses particulares y buscan mantener las cosas como están. No obstante, existen muchas otras organizaciones que contribuyen a la construcción de un México en paz, con justicia y dignidad, y que lo hacen desde una opción o posición fundamental que transversaliza su ser y quehacer: la transformación de las estructuras y del mundo del trabajo por las personas más pobres. Debido a ello, asumen perspectivas de derechos humanos críticas, alternativas, progresistas y contrahegemónicas. Desde esta opción, acompañan movimientos, organizaciones sociales y colectivos integrados por quienes históricamente se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad y opresión, víctimas de tratos inequitativos y desiguales. Esto provoca su sometimiento, discriminación, marginación y exclusión. Entre estos grupos están niñas, jóvenes y mujeres, así como personas migrantes y refugiadas, la comunidad LGBTTTIQA+, y los pueblos y comunidades indígenas. Desde esta opción fundamental caminan de la mano con víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos en sus procesos de exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Impulsan del mismo modo agendas, como la participación ciudadana, la libre determinación, el cuidado del medio ambiente y de todas las formas de vida, la soberanía alimentaria, la libertad de expresión, el acceso a la justicia, la igualdad de género y la no discriminación. Generan espacios de formación política, de diálogo y pensamiento crítico entre juventudes, constituyéndose así como semilleros de generaciones que impulsan cambios sociales trascendentales. Asimismo, desde esta opción, fungen como nodos para articular y generar interlocuciones fecundas con y entre diversos actores sociales. Por ejemplo, con víctimas, movimientos sociales más amplios, colectivos, organismos internacionales, academia, autoridades en todos su ámbitos y niveles e incluso con la iniciativa privada. Defienden también su derecho a defender derechos humanos, cuidando su autonomía frente a cualquier intento de cooptación o desviación de su misión. En este sentido, la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU reafirma los derechos indispensables para que las personas y las organizaciones gocen y ejerzan plenamente su derecho a defenderlos. Entre ellos la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, así como el derecho a presentar propuestas y a acompañar procesos de defensa. Su derecho, además, a ejercer legítimamente su labor como defensoras y a recibir solidariamente recursos financieros, incluso del extranjero, que contribuyan a su sostenimiento, guardando siempre su capacidad de tomar libremente sus propias decisiones. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a asumir una política de Estado que respete, proteja, promueva y garantice su derecho a defender los derechos humanos, así como a prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos de las personas y organizaciones defensoras. En este sentido, la CIDH considera que un Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida, la libertad personal y la integridad de aque-llas personas y organizaciones que defienden derechos humanos, como lo ha establecido en el Caso Valle Jaramillo y otros contra Colombia. Por su parte la Resolución AG/RES. 1671 (XXIX-O/99), de la Organización de Estados Americanos, exhorta a los estados parte a proveer respaldo a la tarea que desarrollan quienes defienden los derechos humanos, y a reconocer su invaluable contribución para su respeto, promoción, protección y garantía (https://cutt.ly/ffTjmFB). Por ello, es fundamental que las autoridades de nuestro país se abstengan de imponer obstáculos que dificulten la importante labor social de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, y más bien faciliten los medios necesarios para que libremente realicen sus actividades. Y, por el contrario, que las proteja cuando sean objeto de amenazas, para evitar atentados contra su vida e integridad. Y esto, más allá del mecanismo existente para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, mediante la generación de las condiciones efectivas para la erradicación de violaciones por parte de agentes estatales o de particulares.
El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de DH y periodistas
Más de 1500 personas y organizaciones llamamos al las autoridades a abstenerse de estigmatizar el trabajo de personas defensoras y periodistas, así como generar un entorno propicio para su labor
Les queremos de vuelta
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Por: Miguel Concha Sábado 29 de agosto de 2020 Mañana 30 de agosto conmemoramos el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el cual nos convoca a expresar una palabra de solidaridad con las y los integrantes de los colectivos de familiares de víctimas de desaparición que existen en México, y en el contexto de la búsqueda de sus familiares, que realizan día a día, a mostrar apoyo a sus legítimas demandas. La lucha de estos colectivos, así como la de las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que trabajan coordinadamente con ellos, se ha convertido en pieza clave para descubrir rutas de salida a la todavía profunda crisis de derechos humanos en México, y a las constantes desapariciones que no paran. En México, conforme a lo que ha informado recientemente la Secretaría de Gobernación, existen más de 73 mil personas desaparecidas en el país, y la cifra sigue aumentando. Asimismo, se registran por desgracia al menos 37 mil cadáveres acumulados en instalaciones oficiales que aún no han sido identificados, así como cuerpos humanos desmembrados y fragmentos de éstos. Y, dada la falta de resultados en las instancias nacionales encargadas de investigar las desapariciones a escala federal y local, cada vez se hace necesario que las víctimas deban acudir a instancias internacionales para seguir buscando justicia y verdad. Sobre esto último, esta semana recibimos con beneplácito que el Ejecutivo federal haya ya enviado al Senado de la República su propuesta de declaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, con el fin de que éste pueda recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas víctimas de este delito, que se encuentren bajo la jurisdicción del Estado mexicano, o en nombre de ellas, tal como se contempla en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, vigente para México desde diciembre de 2010. Con ese mismo ánimo, sería pertinente que la Secretaría de Relaciones Exteriores invitara sin dilación a este Comité de la ONU, que desde hace años espera conocer más de cerca la situación de las desapariciones en el país, a una visita oficial a México. Sin embargo, como han expresado los colectivos de familiares de personas desaparecidas –muchos de ellos articulados en vibrantes y activas articulaciones nacionales, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)–, se requiere además ocuparse efectivamente de la política interna, e implementar acciones efectivas para hacer frente a esta crisis de derechos humanos. Por ello se ha impulsado la creación y consolidación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el cual ya ha sido creado por decreto el pasado marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, en diálogo con las instituciones del Estado, los colectivos de familiares y organizaciones sociales se encuentran en los correspondientes trabajos para su efectiva implementación. La actual administración deberá hacer todo a su alcance para que este mecanismo cuente con un grupo coordinador conformado por personas expertas, preferentemente en materia forense, y con la debida participación de las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil. Como hemos venido atestiguando, el impulso que los colectivos de familias dan a la agenda de derechos humanos para implementar, por ejemplo, acciones concretas que atiendan las graves violaciones a derechos humanos, en particular las desapariciones, han generado una institucionalidad que ahora debe actuar en consecuencia. Tal es el caso del Sistema Nacional de Búsqueda. Resulta interesante que en este sistema se den cita instancias del Poder Ejecutivo, así como órganos autónomos, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las fiscalías locales de justicia, de las cuales se tiene grande expectativa de que presenten resultados más efectivos en materia de investigación. Será fundamental por ello, tal como lo ha comunicado el MNDM, contar con toda la participación, coordinación y voluntad de la FGR y de las fiscalías locales, para implementar adecuadamente, por ejemplo el Protocolo Homologado de Búsqueda, establecido por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Por último, en el contexto de este 30 de agosto, el MNDM ha impulsado una campaña denominada #LesQueremosDeVuelta, con la que pretende visibilizar, en medio de la pandemia, vigente en buena parte del país, las exigencias y demandas de verdad y justicia, como las que hemos mencionado hasta ahora. Nos solidarizamos con ella. Para conocer más de este esfuerzo, puede ingresarse al sitio https://cutt.ly/rffEEsR Hay que agradecer siempre el esfuerzo que cientos de familias de personas desaparecidas hacen para resistir la situación de violencia, organizarse y seguir buscando a sus seres queridos. En esta ardua tarea, y para nuestra esperanza, están generando la construcción de bases sólidas para un México con verdad y justicia.
Activismo por el medio ambiente en América Latina
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Web Por: Miguel Concha Sábado 22 de agosto de 2020 América Latina y el Caribe guardan en su historia acciones esperanzadoras en defensa de los bienes comunes,así como experiencias ejemplares en torno al cuidado de la naturaleza. Muchas de éstas son de resistencia y protección de la vida en todas sus formas frente a los reiterados intentos de despojo y violencia por parte de empresas nacionales o trasnacionales que lastiman los derechos y territorios de comunidades enteras. Desde hace décadas esta región del mundo ha estado al filo de la navaja en la disputa por la vida. Cada vez escuchamos con más frecuencia acerca de conflictos socioambientales, en los que efectivamente se pone en juego la transformación desde abajo y la posibilidad de avanzar hacia un paradigma basado en el respeto de la madre naturaleza. Para estos tiempos complejos de pandemia se hace deseable reflexionar sobre los retos que para el cuidado y defensa de la vida nos presenta el siglo XXI. Ayuda conocer de manera directa las experiencias de lucha de comunidades, pueblos, colectivos y organizaciones sociales, por los diversos medios con los que contamos, ya sean impresos, presenciales o digitales. Por ello, es una buena noticia comentar e invitar a la lectura de un nuevo libro sobre el uso alternativo y crítico de los derechos humanos en la defensa de los bienes comunes, medio ambiente y cuidado de la vida. Me refiero al texto Activismo, Medio Ambiente y Derechos Humanos en América Latina, editado por la Universidad de Cuenca, Ecuador, coordinado por Sandra Hincapié y Julio Teodoro Verdugo, que se puede descargar libremente en https://cutt.ly/Jfwnn4W. En él se contienen sistematizaciones de algunas de las luchas por los bienes comunes en el continente, en las que se apela a los derechos humanos como recurso de movilización y politización. Y por lo que se conoce, a través de las experiencias que se describen en sus textos, se hace un uso crítico del derecho, y se intenta usar el talante liberador de los derechos humanos, poniéndolos a prueba en la práctica misma. El libro se enfoca en América Latina, con casos de México, Ecuador, Colombia y Perú, todos ellos, luchas dignas de contarse, de retomarse, y de aprender de ellos para seguir en el camino de la transformación hacia un mundo más digno y justo, con armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Satisface que se comparta este libro, porque logra transmitirnos lo que comunidades y organizaciones sociales han avanzado en sus trabajos colectivos, al tiempo que nos invita a dialogar con otros grupos que buscan proteger el medio ambiente, la biodiversidad, el acceso al agua potable o sus derechos culturales y colectivos. Asimismo, el texto nos puede ayudar a seguir pensando y construyendo otras estrategias que podemos usar para continuar exigiendo nuestros derechos en su dimensión más colectiva, desde cualquier lucha en la que nos involucremos. De México, particularmente, se recogen experiencias muy significativas, como la que narra Irán Guerrero en torno a la defensa de los bosques en la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán. También se comparte la lucha por la defensa de la milpa y el maíz nativo, mediante acciones de justiciabilidad y exigibilidad, como la demanda colectiva contra el maíz transgénico, a través de un artículo de David Perlman y Carlos Ventura. Vale la pena conocer, en el caso del río Sonora, la defensa del derecho a participar en asuntos medioambientales, en la experiencia que nos cuenta María Julia Lamberti. Todas estas experiencias mexicanas se entretejen con otra media docena de textos de diversos países, cuyo eje común es la disputa por la vida, el cuidado de la naturaleza y la centralidad de los derechos humanos, vistos y usados como herramientas de emancipación. De la lectura de este texto surge un sentimiento de gratitud por el trabajo generoso realizado en estas luchas, y causa alegría saber que en estos esfuerzos en América Latina lo que importa y moviliza es cuidar el planeta, cuidarnos como personas y cuidar toda forma de vida. Hay que compartir, usar y difundir este material. Es necesario que se abran nuevas perspectivas, nuevas formas de entendimiento e intercambio de saberes en medio de una crisis tremenda: la crisis de la civilización. Hagámonos cargo de la realidad, carguemos éticamente con ella y encarguémonos de ella, pues hoy es innegable que el desastre medioambiental, ya tan presente en muchas regiones, nos exige cambiar el rumbo. No se puede postergar. Para ese cambio necesitamos aprender desde las vidas comunitarias, desde abajo, desde las experiencias sociales y populares. Este libro busca eso: comparticiones constantes entre quienes creen que otra realidad puede ser posible. Se requiere igualmente retomar los derechos humanos, evitando su sesgo antropocéntrico, intentando usarlos como herramienta útil para el cuidado de toda forma de vida.
