Una reforma constitucional para los pueblos y comunidades indígenas
El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado y enmarcando la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas. 29 de agosto de 2019 Por: Ana Gómez, Ashley Semington y Carlos A Ventura La situación de los pueblos y comunidades indígenas se ha caracterizado por una histórica falta de acceso a sus derechos, por ejemplo, como resultado de la falta de acciones aplicadas por parte Estado para asegurar el mínimo esencial en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, o por acciones dirigidas a violentar a las comunidades indígenas por medio de la limitación o denegación de su derecho a la libre determinación y autonomía, el cual representa el eje central para la realización plena de todos sus derechos. Ante la falta de reconocimiento y de respeto, diversos pueblos y comunidades indígenas se han organizado y encabezado movimientos por la lucha de sus derechos; éstas no han partido de una perspectiva formalista anclada en el Estado moderno, sino desde la reivindicación histórica de sus propias formas organizativas. Uno de los ejemplos más citados es el del surgimiento público en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ya que marcó un precedente al apropiarse del derecho nacional e internacional para exigir y reivindicar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, dando un significado abismalmente distinto a la percepción general que existe sobre quiénes y cómo debe ser utilizado y aplicado el derecho, ya que esta facultad había sido reservada únicamente al Estado. Así pues, el proceso del EZLN también derivó en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, donde se plasmó la obligación del Estado de reconocer y garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Por desgracia, dichos acuerdos fueron mutilados en posteriores procesos legislativos; fue evidente que el Estado mexicano traicionó lo acordado con el EZLN y llevó a cabo una insuficiente reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas a inicios de la década de 2000. Esto resultó en un reconocimiento sólo individual de los derechos de las personas indígenas, y no en uno colectivo y adecuado a la forma organizativa de las comunidades y pueblos indígenas, debilitando el margen de protección y ejercicio de sus derechos. Se impidió su reconocimiento constitucional como sujetos de derechos público. El derecho a la libre determinación y autonomía está parcialmente reconocido constitucionalmente, sin embargo continúa limitado por una supuesta “unidad nacional” establecida como límite máximo de la autonomía y libre determinación. Lo cual reduce la capacidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas sólo a entidades de interés público, y no de sujetos de derecho público, ya que lo segundo implicaría el respeto a las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas como sujeto colectivo de derecho. Por lo mencionado anteriormente, y para dar una respuesta a esta deuda histórica, el actual gobierno federal se ha dado a la tarea de lanzar una propuesta de Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, para entender la trayectoria de la historia de la relación entre los pueblos y comunidades indígenas y el Estado mexicano, es necesario recordar que los puntos expresados en esta propuesta de reforma no son del todo innovadores, sino más bien una reiteración de los temas centrales en los Acuerdos de San Andrés. De esta forma, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha iniciado un proceso de consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en territorio mexicano y con aquellos que residen en el extranjero. El objetivo de estos espacios construidos como foros es discutir al menos los 16 temas que componen la propuesta, los cuales se podrían enmarcar en cinco puntos: la libre determinación y autonomía, el derecho a la tierra, el territorio y la consulta, el derecho a la participación efectiva, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y finalmente los derechos de grupos de atención focalizada. Tal como lo han expresado comunidades y pueblos indígenas y sus organizaciones acompañantes, los foros de consulta que concluyeron el pasado 9 de agosto, pueden ser perfectibles, dado que es considerable la necesidad de ampliar la difusión y participación. De ahí que exista una seria preocupación para que toda la información referida a las propuestas del INPI, recogidas en estos foros, así como el proceso legislativo, lleguen a los pueblos y comunidades indígenas y afros, quienes son los sujetos centrales de esta reforma constitucional. Por ello, es necesario continuar facilitando y abriendo espacios de comunicación y diálogo entre los pueblos y comunidades indígenas, y los distintos actores involucrados en este proceso. Ojalá esta reforma se logre conforme al interés de los sujetos principales que son los pueblos. Incluso, que esta reforma sea una respuesta efectiva para avanzar en uno de los pendientes históricos que México tiene con las y los indígenas. Ana Gómez*, Ashley Semington** y Carlos A Ventura** *Universidad de Wisconsin Madison **Colaboradores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Consultar artículo en Contralínea. Imagen destacada: Contralínea | Cuartoscuro
Riesgos de ilegalidad e inconstitucionalidad
Sábado 10 de agosto de 2019 Miguel Concha Como se sabe, el gobernadorde Tabasco, Adán Augusto López Hernández, envió el pasado 24 de julio al Congreso del estado una iniciativa consistente en una serie de reformas a diversas disposiciones del Código Penal de la entidad, que fue aprobada por una amplia mayoría de los diputados locales. Tal iniciativa ha sido nombrada por algunos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil como la ley garrote, precisamente porque gran parte de las reformas, al ser aplicadas, propiciarían un escenario donde se criminalizará el derecho de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la protesta social. Ley que, por razones meramente económicas y políticas de grupos con intereses muy particulares, pone en riesgo principios constitucionales e instrumentos internacionales de derechos humanos. Después de un proceso opaco, en el que no hubo procedimientos de participación ciudadana, ni se convocó a mesas de parlamento abierto para poder escuchar a personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, la iniciativa fue aprobada sin obstáculos. La famosa ley garrote argumenta en su iniciativa que por muchos años Tabasco ha presentado altos índices delictivos relacionados con el delito de extorsión, lo cual ha repercutido directamente en la economía local, reportando para ello diversos casos de grupos que extorsionan o piden una cuota económica a empresas para dejarlas realizar sus proyectos, con lo que provocan que éstas decidan abandonar su inversión en la zona. Sin embargo, la reforma presentada dista bastante entre lo que se pretende atender y lo que se propone. Una serie de aumentos en las penas y sanciones económicas; la ampliación de supuestos en varios delitos, y la creación de un nuevo tipo penal denominado Impedimento de ejecución de trabajos u obras, han sido las principales características de esta nueva ley, ahora ya vigente, que han generado una gran discusión y preocupación por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. Más allá de querer sancionar y erradicar el delito de extorsión, pareciera más bien que se pretende castigar a todo grupo o personas que, en oposición a la construcción de megaproyectos, protesten en espacios públicos. En efecto, la manera como se redacta esta reforma nos ofrece la posibilidad de percibir que la extorsión queda en un segundo plano, pues en todo el texto se da un gran énfasis como causal de un delito a la oposición a la cons-trucción de alguna obra, tanto pública como privada, como si éste fuera el tema principal, y se reduce a una simple agravante el asunto respecto al lucro económico. Esto lo podemos ver reflejado en los artículos 199 bis, 299 y 308 del Código Penal de Tabasco, que a letra dice: artículo 196 bis. “Al que, careciendo de facultad legal impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras privadas (y públicas en el caso del ar-tículo 299), se le impondrá prisión de seis a 13 años. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal o de maquinaria al lugar destinado para la ejecución, artículo 308. Se aplicará prisión de uno a ocho años y multa de 80 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), al que obstruya, interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación, obstaculizando alguna vía local de comunicación. A la luz de los derechos humanos, la reforma que se plantea puede ser considerada regresiva e incluso inconstitucional, especialmente en relación con los derechos de reunión, libertad de expresión y a la protesta social, pues parece que no se previeron los múltiples alcances que puede llegar a tener su aplicación, ya que es limitante y restrictiva para el adecuado ejercicio de estos derechos. Además, al dejar en su redacción diversas disposiciones del Código Penal en una forma tan amplia y laxa, pueden usarse en su práctica de manera discrecional, inclusive en contextos de manifestaciones. Situación bastante alarmante, especialmente en un país como México, donde en la década pasada personas defensoras de la tierra y el territorio han sido perseguidas y criminalizadas por oponerse a la construcción de megaproyectos. Aprobar una iniciativa, en la forma como se hizo, es ignorar décadas de historia de movimientos y colectivos sociales en nuestro país. Es olvidar las historias de personas que fueron encarceladas y perdieron la vida por conquistar nuestro derecho a la protesta social. Gracias a ellas podemos hoy en día salir a las calles a ejercer nuestros derechos y posicionar nuestras exigencias. Ante un escenario tan contradictorio, en el que la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Tabasco ha puesto a consulta su actuar legal y su posicionamiento político, abdicando de sus obligaciones y olvidando las características propias de los derechos humanos, sería oportuno que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudiera atender debidamente los reclamos populares en torno a esta ley, y conforme a sus facultades analizara su inconstitucionalidad y la presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Protesta social creativa
Sábado 03 de agosto de 2019 Miguel Concha El alza al transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara y la aprobación de la llamada ley garrote en Tabasco, tienen algo en común: la criminalización de la protesta social. Ambos acontecimientos violan y ponen en riesgo varios derechos humanos importantes, cuyo reconocimiento ha sido la consecuencia de una larga serie de luchas sociales a lo largo de la historia. Por ejemplo, los derechos a la libertad de reunión y asociación, a la libertad de expresión, de petición y de participación, los cuales se expresan de una manera particular mediante la protesta social o manifestación pública. Es pertinente volver a repetir que la protesta social tiene entre sus principales cometidos colocar en el espacio público exigencias o denuncias de personas o grupos afectados por la acción, omisión o aquiescencia de las autoridades en torno a una problemática legítima que no ha sido debidamente atendida o resuelta, buscando ante la sociedad su visibilización para incidir en actores clave, contar con el apoyo social y lograr que el Estado actúe adecuadamente y restituya los derechos violentados. Resulta por ende necesario volver también a preguntarnos qué podemos hacer ante este contexto que pareciera que sigue absurdamente criminalizando la protesta social y cómo podemos generar mecanismos ciudadanos creativos para realizarla. Además de la indispensable lucha constitucional, legal y política, de la que nos ocuparemos en nuestra próxima colaboración, organizaciones de la sociedad civil (OSC) nos proporcionan una vez más una guía concreta para responder a los cuestionamientos anteriores, el Manual de Protesta Creativa, realizado por el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), conformado por diversas OSC y personas defensoras de los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social. Sólo para puntualizar más el fondo del asunto, recordemos que un manual es un instrumento, que además de ser un texto de divulgación, caracterizado por su fácil comprensión, tiene como finalidad principal brindar una serie de pasos específicos para que personas o grupos logren un determinado propósito. Tal es el caso del Manual de Protesta Creativa, el cual contiene valiosas recomendaciones para realizar creativa y eficazmente protestas sociales. Básicamente, el manual propone las siguientes siete herramientas: 1) Planeación y creación, con el fin de modificar el orden de cosas injustas o de situaciones que violentan los derechos humanos. Lo cual exige indiscutiblemente un conjunto de acciones colectivas cargadas de planeación. Es decir, de visión u horizontes, objetivos generales, específicos y estrategias (jurídicas, políticas, organizativas, comunicativas) que nos ayuden a cumplir las metas, así como de acciones concretas para la creación de un cambio social. 2) Generación de procesos creativos, con lo cual se busca potenciar la creatividad de las organizaciones y/o colectivos sociales, para que éstos desarrollen estrategias de comunicación y protesta que incidan eficazmente. 3) Diseño de la protesta. Se recomienda pensar detenidamente cómo diseñar la campaña para impulsar cambios sobre ideas, valores, políticas y/o prácticas en la sociedad. Dicho diseño comprende algunos pasos. Por ejemplo, elaborar un mapa de actores que influyen o trabajan el problema. 4) Creatividad y protesta en acción. Su intención es poner sobre la mesa los elementos básicos de las protestas sociales para que, a partir de ellos, se propongan una serie de herramientas, técnicas y sugerencias que potencien el diseño creativo de las organizaciones y/o colectivos sociales. 5) Amplificación del mensaje. La elaboración de una estrategia de comunicación debe ser un elemento imprescindible en las protestas sociales creativas, porque ella permitirá que llegue a más personas mediante la difusión efectiva, empleando, por ejemplo, una cobertura mediática, las redes sociales y/o las calles. 6) Seguimiento. Una protesta no sólo tiene un antes y un durante, sino también un después. De ahí que éste sea clave para valorar el impacto obtenido por la protesta creativa o la campaña. Informar al público y mejorar futuras acciones son también parte del seguimiento. 7) Redirección. Lo cual significa enfrentarse a situaciones indeseadas o inesperadas. Esto implica que nos preguntemos si la forma en que estamos realizando la protesta es la mejor para no quemarla acción. Por ello, en caso de ser necesario, debemos considerar el cambio de la acción de protesta creativa, incluso cuando esté en marcha. Sin temor a equivocarnos, el Manual de Protesta Creativa es una herramienta para reflexionar y hacer, para planear y actuar, para tomar las calles y levantar puños, voces, mantas y carteles, para luchar y exigir derechos, para organizarnos y manifestarnos creativa y pacíficamente en el espacio público, aún en medio de contextos que criminalizan la protesta social. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FLEPS
Exigencias al gobierno mexicano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversas redes defensoras de Derechos Humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de junio de 2019 Miguel Concha El Colectivo de Información y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste, integrado por organizaciones defensoras de derechos de las personas en contextos de movilidad en México, ha venido realizando desde el último trimestre del año pasado una estricta vigilancia de la situación que viven las personas que transitan, buscando mejores oportunidades de vida, y en muchos casos incluso salvaguardarla, principalmente por territorio chiapaneco. Realizan supervisión en los lugares en los que el Instituto Nacional de Migración, en colaboración con otras fuerzas de seguridad del Estado, lleva a cabo el control migratorio, así como en centros de detención, como la Estación Migratoria Siglo XXI, y en garitas a lo largo de la costa chiapaneca. Con la finalidad de fortalecer este trabajo, alrededor de una veintena de organizaciones y colectivos, provenientes de Centroamérica, México y Estados Unidos, realizaron del 29 al 31 de mayo un trabajo de documentación y reuniones de estudio con albergues de la sociedad civil, autoridades federales y municipales de cinco ayuntamientos de la costa de Chiapas, Organismos Públicos de Derechos Humanos y oficinas de agencias de las Naciones Unidas, como el Alto Comisionado para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Internacional para las Migraciones. La estrategia de desgaste, control y disuasión para que las personas migrantes y solicitantes de protección no sigan su camino; la mirada perdida de niñas, niños y adolescentes al ser detenidos por agentes migratorios y de seguridad pública; la desesperación de mujeres y hombres al ser subidos a los camiones que los llevarían a la Estación Migratoria más grande de América Latina; la incertidumbre de las personas que esperaban bajo la lluvia a ser atendidas en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las condiciones precarias en las extensiones migratorias, fueron imágenes constantes durante el trabajo de vigilancia. De cara a esta situación, las autoridades federales y municipales argumentaron de manera constante la insuficiencia de recursos financieros, humanos y de infraestructura; la falta de claridad de la política migratoria del Estado mexicano y de facultades y protocolos de actuación, como los relacionados con el uso de la fuerza; la escasa coordinación entre diversas instituciones y, sobre todo, la vinculación con el tema de la seguridad pública y la seguridad nacional. Algo que se observó y documentó puntualmente fue el actuar de la Guardia Nacional en labores de revisión y salvaguardia de la Estación Migratoria. Y ello incluso antes de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores respecto a que se enviarían a la frontera sur 6 mil agentes de ese cuerpo de seguridad. Ante esta situación, redes, como el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, formulan al gobierno mexicano una exigencia para, a) transitar hacia una política de Estado garantista de derechos no sólo en el contexto federal, sino también en el estatal y municipal, y no únicamente desde el punto de vista migratorio; b) brindar una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil; c) eliminar la detención migratoria como una medida de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional y como una estrategia de disuasión para la defensa de sus derechos, como es el derecho al asilo; d) resolver de manera inmediata y con garantías de no repetición asuntos de salud física y mental, como pueden ser deshidratación, problemas gastrointestinales, crisis nerviosas y depresión, sobre todo en los grupos considerados con mayores condiciones de vulnerabilidad, como pueden ser el de menores de edad, el de las mujeres embarazadas o el de las personas con algún padecimiento particular; e) ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de adhesión a la protección internacional y a la regularización migratoria, ya que muchas de las personas serán deportadas sin que necesariamente se haya realizado una valoración seria de sus casos y sin que las causas estructurales por las que salieron de sus lugares de origen hayan mejorado. Esto, además, contribuiría a evitar la incertidumbre y desincentivación, así como a erradicar la corrupción y los abusos tanto de autoridades como de particulares. Hacen, además, un llamado al Poder Legislativo para que el próximo año se asigne un presupuesto suficiente para la operación efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas, como pueden ser la Comar y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Por último, y haciendo eco de las opiniones respecto a los recientes acontecimientos de la agenda entre Estados Unidos y México en materia migratoria, solicitan al Estado mexicano no contribuir a discursos y políticas violatorias de derechos humanos de los gobiernos de la región, en particular del vecino del norte. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Colectivo Monitoreo Sureste [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Los derechos de las OSC
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las OSC son un activo de una sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 08 de junio de 2019 Miguel Concha Como se ha reiterado, en México existe una sociedad civil organizada que desde su origen se comprometió con los problemas nacionales, el logro del bienestar, los derechos humanos y la democracia deliberativa. A pesar de la situación crítica que enfrentan, hoy las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) continúan impulsando esos valores y estrategias, ya que tienen un compromiso especialmente con los diversos grupos en exclusión, con los que contribuyen a transformar su perspectiva en clave de derechos. Con ello impactan también en el entorno social, la cultura de la no discriminación y la incidencia en la elaboración de las políticas públicas. Las OSC y otras expresiones articuladas, como frentes y movimientos sociales y comunitarios, han hecho una contribución sustantiva a la alternancia en el poder y a la incorporación de los derechos humanos en la gestión de los poderes del Estado exigiéndoles el cumplimiento de sus obligaciones. Dada la diversidad de las OSC que actúan en la nación y de aquellas que en las pasadas tres décadas han luchado por un cambio de paradigma democrático y se consideran parte de la izquierda social –de la que proviene el actual gobierno–, en la coyuntura electoral de 2018 emergieron múltiples agendas. Han sido críticas ante decisiones contrarias a los derechos y animan a la ciudadanía a defenderlos. Por ejemplo, frente a los proyectos que se impulsan desde los ámbitos federal o local, defender el derecho a la consulta previa, libre e informada entre las poblaciones que habitan en los territorios involucrados. Durante más de una década las Organizaciones de la Sociedad Civil abogaron por una cobertura legal, lo que dio lugar en 2004 a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC. Un marco legal quizás insuficiente, pero que por el reconocimiento de estas organizaciones como actores de interés público, y porque ofrece argumentos claros y fundamentados para su fomento y participación, hace la diferencia. Dicha ley, motivo de múltiples propuestas de reforma, especialmente para asegurar una efectiva política pública de fomento en toda la nación, adquiere vigencia y relevancia ante la suspensión de recursos públicos para los procesos y proyectos de las OSC que han actuado con transparencia, autonomía y, claro, con apego a la normatividad. Por ello diversas OSC se han encontrado para reflexionar sobre el cambio de escenario político con el nuevo gobierno, esperando correspondencia con la agenda de quienes luchan por las mismas causas. Pero ahora, y como consecuencia de sus declaraciones y decisiones –que las desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos de personas con las que trabajan, así como frente a las instancias nacionales e internacionales que históricamente las han reconocido y han sido solidarias con su compromiso en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos– coinciden en que no se vale hacer tabula rasa de todas ellas. Considerando el horizonte colocado por el Presidente, de una profunda transformación (la Cuarta Transormación), pensamos que la construcción de una nueva relación gobierno-sociedad no es imaginable sin la participación activa de la sociedad civil organizada, la cual tiene mucho que aportar desde su experiencia, capacidades y compromiso social. Lo que implica, en reconocimiento de sus derechos, un entorno que lo facilite. Un entorno favorable para la sociedad civil que está determinado por una serie de prácticas interrelacionadas (normas legales, administrativas, fiscales, informativas, etcétera) que contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades para participar de manera efectiva y contribuir en los procesos de desarrollo sustentable. Como ha sido reconocido desde distintos instrumentos internacionales, con base en la experiencia internacional se han identificado en efecto principios, normas y buenas prácticas que facilitan y contribuyen a que las OSC sean eficaces en el cumplimiento de su papel. Tales como la libertad de asociación, el derecho de reunión, el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y, al mismo tiempo, a ser reconocidas legalmente y operar sin interferencia del Estado para cumplir con sus propósitos legales. Incluidos además los derechos a buscar y obtener recursos y la obligación positiva del Estado de proteger sus derechos. Las OSC no necesariamente son un camuflaje de la democracia en un régimen neoliberal. Son un activo de la sociedad con una visión progresista que reivindica su derecho a organizarse, expresarse y participar en la esfera pública. Las democracias sólidas fomentan una sociedad civil fuerte y en favor del ejercicio libre de acciones que no la desincentiven o vulneren. Frente a las actuales circunstancias, las estrategias que las OSC relevan son cuidar y defender sus derechos; revertir el descrédito en el que han sido colocadas; visibilizar lo que hacen y pretenden, y avanzar en una nueva relación gobierno-sociedad, componente fundamental en el tránsito hacia la Cuarta Transformación y a la gobernanza, bajo los valores de autonomía, solidaridad y actitud crítica. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Congreso sobre resistencias y espiritualidades
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Del 28 al 30 de mayo se realizó en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de mayo de 2019 Miguel Concha La violencia global tiene diversos rostros, escenarios y procesos, así como muchas causas que la explican. Afecta radicalmente, tanto a la humanidad entera, como a la casa común que compartimos con 8 millones de especies animales y vegetales, de las cuales, según reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, un millón está hoy en riesgo de extinción. Los movimientos sociales de las llamadas víctimas sistémicas no sólo padecen los estragos de esta crisis civilizatoria, sino que al mismo tiempo son fuente de resistencias para defender de la inminente catástrofe a la humanidad y a la casa común. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y la comunidad artística están en este escenario de violencia sistémica en estado de vigilancia crítica para colaborar, mediante experiencias, miradas y alianzas, que nos permitan tejer nuevos lazos de vida en común, en la superación de esta crisis. Del 28 al 30 de mayo se realizará con este fin en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Para analizar las violencias, cuatro ejes transversales serán el cauce de 11 mesas de conversación: la economía extractivista, los patriarcados, los desplazamientos forzados y el retorno de la ultraderecha. En cada mesa se escucharán diversas voces de los movimientos sociales en resistencia, la sociedad civil organizada, la academia y las teologías. Como una narrativa provocadora, las artes se harán presentes por medio del grabado, el teatro popular centroamericano y la coreografía de cuerpos emancipados. Preguntando por lo que nos permite mantener viva la utopía de un cambio de mundo en esta hora incierta, cada una de estas narrativas abonará, con sus experiencias y reflexión crítica, con sus territorios vulnerados en cuerpos y subjetividades negadas, a buscar caminos en defensa de la vida común. La revista internacional de teología Concilium es una de las instituciones convocantes, fundada en 1965, al concluir el Concilio Vaticano II de la Iglesia católica, fue una de las publicaciones pioneras de teología moderna que puso en práctica, en diálogo con las ciencias naturales y sociales, la interpretación de los signos de los tiempos, con sus anhelos de emancipación, justicia y pluralismo cultural, en relación con la presencia salvífica de Dios en la historia, que el cristianismo ha recibido como anuncio para la humanidad. Fue concebida por un grupo de teólogos que participaron como asesores conciliares y pensaron el aggiornamiento o actualización de la vida y el pensamiento cristiano en una década marcada por la emancipación de los movimientos estudiantiles en las sociedades autoritarias, así como por la irrupción de los pobres en un mundo dominado por la civilización del mercado. A lo largo de medio siglo, Concilium ha logrado consolidar en teología un trabajo interdisciplinario, con el sello del pensamiento intercultural y ecuménico. Además, con énfasis en lo ecuménico y en la equidad de género, en los recientes lustros ha acontecido un cambio generacional, por lo que hoy integra en su consejo editorial a 20 teólogas y teólogos de los cinco continentes. Los pasados congresos se realizaron en París, en 2016, sobre las racionalidades teológicas diversas; en 2017, en Manila, sobre la inculturación de la fe en contextos asiáticos y del Sur global, y en 2018, en Fráncfort, en torno a las ciudades como desafíos globales. Subrayando con nuevo vigor la incidencia social del conocimiento, para contribuir a la generación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y pacífica, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con Concilium, aporta a este congreso su inspiración ignaciana. Por su parte, el Centro Universitario Cultural de los dominicos ratifica con este congreso su vocación de ser un espacio de diálogo con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la línea de dos coloquios memorables, el de 1974, sobre Liberación y cautiverio, y el de 1989, sobre la teología de la liberación, en un momento crítico, luego de la caída del Muro de Berlín, un foro para la teología latinoamericana. El congreso de 2019 contará con la participación de 55 ponentes y dos conferencistas para animar el diálogo crítico: Rita Laura Segato y Raúl Zibechi. Para escuchar a los movimientos sociales de víctimas, con sus resistencias, sabidurías e indignaciones éticopolíticas y espirituales, que contribuyen a la vivencia de la esperanza crítica en el corazón de la historia rota de la humanidad, en diálogo con las teologías católica y ecuménica el congreso encuentra en el pensamiento colonial, propio de las epistemologías del Sur, su inspiración. Quienes deseen participar, pueden inscribirse endiplomados.ibero.mx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y el futuro de México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Si bien las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil han causado revuelo y confusión, son también la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de mayo de 2019 Miguel Concha Las declaraciones del presidente López Obrador sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han causado revuelo y confusión. Aunque también son la oportunidad para reflexionar acerca del aporte que han hecho y sobre el papel que podrían tener en la construcción de la vida pública de México. Un grupo numeroso de personas que han participado desde décadas atrás en las organizaciones civiles del país, constituyeron con esta pretensión una plataforma a la que llamaron las cuatro D, en referencia a los valores fundamentales que orientan a una posición de izquierda contemporánea: la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sustentable y la diversidad, a partir de la cual elaboraron un pronunciamiento que denominaron Las Organizaciones Civiles en el Futuro de México, La Jornada 2/5/2019. No es propósito de ese pronunciamiento convencer al Presidente, aunque sería magnífico que éste fuera uno de sus resultados. Lo que sí se quiere es contribuir a un profundo proceso de reflexión, en interlocución con los diversos sectores sociales, entre las propias OSC, para responder a la interrogante sobre lo que a cada quien le toca hacer para lograr el tan anhelado cambio verdadero del país. El manifiesto aclara que las OSC no son toda la sociedad civil, pues ésta es diversa. “Una parte de ella –dice–, muy amplia, y que se manifiesta a través de múltiples organizaciones, desde hace décadas ha sido defensora de innumerables causas populares, de los derechos humanos, de la democracia y de los intereses nacionales”. El recuento que realizan es breve, pero en cada uno hay sin duda una parte de la historia contemporánea del país que hoy todos vivimos, como lo fue el apoyar el diálogo, contribuir a la construcción de la paz e impedir el genocidio en Chiapas como respuesta al levantamiento del EZLN; oponerse al despojo de tierras de indígenas y campesinas; apoyar a las víctimas de los sismos del 85 y de 2017, e iniciar la observación electoral, de la que por cierto el primer caso fue en Tabasco. Lo anterior y mucho más como parte de un sentido histórico más amplio. Por ello afirman: “De esa manera hemos combatido al neoliberalismo; también lo hemos hecho pugnando por políticas económicas que dejen de ser concentradoras del ingreso y promotoras de la desigualdad, y por políticas sociales que no se limiten a distribuir dádivas entre ‘beneficiarios’, sin que se atiendan las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza”. Eso llevó a las OSC a promover lo que es aún un pendiente de importancia. Vale decir, recuerdan, la democracia participativa, esto es, la obligación de abrir a la participación ciudadana el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. También por ello para estas OSC la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y su posterior aprobación en la Cámara de Diputados son la ocasión obligada para abrir los asuntos de interés fundamental a la opinión del público y tomar realmente en cuenta las propuestas que de él surjan. Los planteamientos anteriores, disponibles en la página http://bit.ly/lacuatrod, invitan a las OSC a participar en el debate de estos temas, a los que añado. ¿Durará todo el sexenio de AMLO su malestar con las OSC? Parece poco probable que eso ocurra, aunque para estas organizaciones no sería nuevo actuar sin la autorización del poder político, pues esa ha sido su experiencia desde hace décadas. Lo que de cara al futuro, y a las propuestas que ha reiterado el Presidente, queda en duda, es si los programas sociales que pretende llevar a cabo serán posibles sin el concurso de la sociedad civil. No para recibir recursos a través de ellos, sino para generar las capacidades organizativas de la población que les permitan desarrollar sus capacidades productivas. Si se pensara que tales propósitos serían alcanzados sólo con la participación de la burocracia, esto conllevaría el riesgo del fracaso económico o, peor aún, del intento de reconstruir el corporativismo estatal, contra el cual han luchado las organizaciones civiles y sociales, y cuyo resultado ha sido la apertura de caminos democráticos. Si no se pretendiera la confrontación permanente, entonces habrá que pensar cómo podría realizarse –con autonomía– la colaboración entre gobierno, organizaciones civiles y los múltiples actores de la sociedad. Su punto de partida deberá ser el diálogo, y para ello hay que crear condiciones; la primera es el reconocimiento mutuo. El diálogo deberá ser en torno de las prioridades del país –el Plan Nacional de Desarrollo es una estupenda ocasión– y por lo mismo sería también sobre la democracia, los derechos humanos, el desarrollo y la diversidad. México tiene ahora la oportunidad de cambiar, pero nadie puede lograrlo solo con los actores políticos. Se requiere también de la sociedad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
¿Qué sigue para México después de su Examen sobre Derechos Humanos?
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Cuáles son los resultados del Examen Periódico Universal y cuáles son los compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional para proteger y garantizar los derechos humanos? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 13 de abril de 2019 Por: Donovan Jiménez y Carlos Ventura A través de este semanario hemos realizado algunas entregas referentes al Examen Periódico Universal (EPU) del Estado mexicano (Contralínea 05/06/18; 17/07/18), reconociendo su importancia como un instrumento internacional que permite evidenciar la situación de los derechos humanos que se vive en nuestro país. Este mecanismo de evaluación, como lo hemos dicho, admite una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, al considerar sus aportes como algunos de los insumos de mayor importancia en el proceso de diagnóstico en el que se basa el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para realizar su evaluación. En la presente entrega, abordamos la importancia de esta tercera evaluación para México, los resultados y compromisos que ha adquirido el Estado mexicano a nivel internacional, y la importancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en este mecanismo. El 7 de noviembre de 2018, el Estado mexicano fue sujeto a su tercera evaluación frente a este mecanismo. Recibió un total de 264 recomendaciones de más de 100 Estados parte. La impunidad estructural; la falta de atención integral y el acceso a la justicia de las víctimas; los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres; los derechos de la niñez; y el reconocimiento y la protección a los grupos mayormente vulnerabilizados, discriminados y violentados en el país, fueron algunos de los temas que predominaron en las Recomendaciones. El 14 de marzo de 2019, durante el 40 período de sesiones del CDH, el Estado mexicano reconoció y se comprometió a cumplir 262 recomendaciones derivadas del EPU. Para las organizaciones sociales, las personas defensoras de derechos humanos, las colectivas y las víctimas es un punto de inflexión en un contexto que demanda tomar medidas urgentes para enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en México. Las recomendaciones en gran parte reflejan las demandas de amplios sectores de la sociedad y permiten identificar los asuntos que requieren mayor atención, por lo que su integración dentro del Plan Nacional de Desarrollo y en la definición de una agenda de Estado en materia de derechos humanos que las incorporé resulta necesario. La Delegación mexicana se comprometió a iniciar una efectiva ruta de seguimiento para la implementación de las mismas, reconociendo que en todo momento se construirá una agenda que involucre a los distintos poderes y niveles de gobierno, la académica y la sociedad civil. Asimismo, es importante enfatizar que el Estado mexicano cuenta con un gran número de Recomendaciones a nivel internacional en materia de derechos humanos (asciende a más de dos mil), por ello, es momento de exigir una correcta implementación y seguimiento a estos nuevos compromisos internacionales. Frente al contexto actual sobre cierta descalificación al trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos y sus organizaciones, esta tercera evaluación pone un énfasis particular en las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para asegurar y garantizar el derecho a defender derechos humanos, que incluye el respeto y promoción a sus figuras asociativas legalmente establecidas. Por lo que insistir en la construcción de un diálogo sincero y propositivo que involucre a todos las partes interesadas en atender esta crisis, se vuelve un elemento primordial para la implementación y seguimiento de las recomendaciones. La amplia colaboración entre las diferentes organizaciones sociales, los movimientos y colectivos ha permitido construir y abonar al proceso de democratización de México y la vigencia de los derechos. El reciente EPU representó una oportunidad única en la construcción de redes, ideas y mensajes comunes que buscaron exponer la situación del país en materia de derechos humanos, con el objetivo de obtener una hoja de ruta que permitiera tener una agenda de atención prioritaria en la materia. Desde diferentes redes, organizaciones sociales buscamos impactar tanto a nivel nacional como internacional en los diagnósticos que fueron base para la última evaluación de México. Colaboramos en distintos niveles y con diferentes actores del sector social y público, teniendo siempre la intención de posicionar en coordinación con las víctimas, las comunidades y los grupos que han sido mayormente afectadas por esta crisis de derechos humanos, sus demandas y propuestas. A nivel nacional, buscamos generar un diálogo con instancias nacionales encargadas de recibir insumos y que posteriormente aportarían sus informes sobre la situación de los derechos humanos, siendo el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), espacios que presentaron algunas dificultades por la efectividad en la participación de las organizaciones sociales y la construcción de diagnósticos integrales. También, se buscó la colaboración con representaciones diplomáticas y con las agencias y organismos del sistema de la ONU en México. A nivel internacional, generamos diferentes alianzas para llevar las demandas de las víctimas, colectivos y personas defensoras de los derechos humanos. Realizamos diferentes eventos que buscaron hablar sobre la crisis de derechos humanos que vivimos, focalizando los temas de mayor atención, de los cuales derivaron distintas recomendaciones. Generamos espacios de intercambio entre redes de organizaciones con la representación mexicana en Ginebra, con distintas delegaciones presentes en el CDH de la ONU, y con personas defensoras de los derechos humanos de otros países para intercambiar prácticas, experiencias y herramientas de análisis y de resolución frente a estos graves contextos. En su mayoría, las demandas más sentidas de diferentes sectores de la sociedad se vieron reflejadas en las Recomendaciones de esta tercera revisión, por lo que su atención debe ser prioritaria al tratarse de situaciones que requieren acciones urgentes, y por el compromiso internacional que ha adoptado el Estado mexicano para su cumplimiento. Mecanismos internacionales como el EPU permiten reconocer que la pluralidad de ideas, demandas y diagnósticos, y la participación de múltiples actores sociales
Premio Sergio Méndez Arceo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El trabajo en la defensa de los DH requiere un constante compromiso, por eso desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de abril de 2019 Miguel Concha El trabajo en la defensa de derechos humanos requiere de un constante compromiso y fortaleza para la construcción de un mundo más justo. Razón por la cual desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades que defienden derechos humanos, mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Cada año éste reconoce a diferentes personas, colectividades u organizaciones que desde su praxis fortalecen experiencias comunitarias e individuales, dentro de cada coyuntura política particular. Este año por ejemplo resalta la coyuntura de un nuevo gobierno, que entre las múltiples interrogantes que suscita destaca aquella que nos hace reflexionar sobre el ejercicio de los derechos humanos y el respeto y protección de quienes los defienden. Al respecto es importante tomar en cuenta que es menester reconocer que, aunque México tiene un nuevo gobierno, existen otras formas de hacer y pensar en la izquierda, entre ellas las que apuestan a la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos. Como segundo elemento, es también importante no dejar de nombrar que el número de personas defensoras y periodistas asesinadas sigue arrojando cifras elevadas. Pensar entonces el ejercicio de los derechos humanos, así como la protección de quienes los defienden, implica reconocer que hay ciertos derechos que se ven garantizados, porque están de acuerdo con las propuestas políticas del nuevo gobierno. Pero también hay otros que parecen contraponerse con dichas propuestas. Ante ello, es importante no olvidar los principios en derechos humanos, que nos invitan a considerar su interdependencia y progresividad. La emisión número 27 del Premio Sergio Méndez Arceo, que hoy se entrega en Cuernavaca, se posiciona ante la coyuntura, y reconoce en la categoría individual a Teresa Castellanos Ruiz, y en la grupal a Tequio Jurídico AC. Teresa Castellanos Ruiz es una mujer que acompaña actualmente la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, defendiendo los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos, el agua, y una vida libre de violencia para las mujeres. Como coordinadora del Comité Huexca en Resistencia, inició su camino en 2011 en la defensa de los derechos humanos, ante la indignación y preocupación por la vulneración de su calidad de vida, la de sus hijas y la de su comunidad, a raíz de la construcción de una central termoeléctrica en Huexca, al nororiente de Morelos. Cuando la comunidad recibió la información de que una planta de esa magnitud se construiría en su localidad, las y los pobladores decidieron hacer un plantón que duró casi seis meses, hasta que fue reprimido por policías. Teresa, junto con otras compañeras, fue agredida físicamente. No obstante dicha represión, Teresa ha continuado en la defensa de su territorio, fungiendo también como mediadora de paz entre las y los habitantes de las comunidades que han experimentado diferentes actos de hostigamiento y división por parte de la CFE. Participa también activamente en diferentes espacios para vincular a los pueblos del estado de Morelos en resistencia a la imposición de megaproyectos, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Lo cual la ha llevado a enfrentar una serie de hechos, producto de la violencia de género que las defensoras suelen experimentar, al ser leídas como mujeres en un sistema patriarcal. Lección que le ha permitido alzar la voz no sólo en defensa de su territorio, sino también de las mujeres que lo habitan. Tequio Jurídico por su parte nació a finales de 1997, por iniciativa de estudiantes de Derecho, pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. Su motivación fue el compromiso con el trabajo comunitario y con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se inspiran en las luchas de las comunidades zapatistas, y su trabajo se centra en generar e implementar estrategias de formación, capacitación, investigación, difusión, asesoría y defensa jurídica, con el fin de aumentar las capacidades y habilidades organizativas de las comunidades, asambleas, autoridades agrarias y municipales, defensoras y defensores del territorio indígena, así como en la difusión de los derechos de las mujeres indígenas, la búsqueda de espacios que permitan el intercambio, y el rescate de los elementos de identidad indígena. Mediante acciones legales contra proyectos mineros que las amenazan, acompañan procesos de organización regional en comunidades que realizan la defensa del territorio chontal. Viven el tequio como práctica de un derecho colectivo que se funda en la cosmovisión de los pueblos, y tiene como fin el beneficio comunitario y la construcción de su autonomía. Su lema, Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía, hace frente al capitalismo neoliberal que se sostiene en el despojo, la represión, la explotación y la discriminación en todas sus formas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Sergio Méndez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La nueva relación gobierno-sociedad en la 4 T
Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reúnen para definir una nueva estrategia en la relación con el gobierno Consideran que las declaraciones del nuevo gobierno las debilitan y desacreditan ante la opinión pública y las personas con las que trabajan Defienden su derecho a asociarse y expresarse con libertad y a continuar trabajando en favor de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos Demandan el respeto al marco jurídico, institucional y fiscal que norma su constitución y sus actividades Exigen el fortalecimiento de los mecanismos de participación social y de incidencia en lo público El pasado 9 de abril tuvo lugar el Foro LA NUEVA RELACIÓN GOBIERNO- SOCIEDAD EN LA 4T, convocado por más de 20 organizaciones, con el objetivo de realizar un debate entre actores de la sociedad civil para una nueva relación sociedad-gobierno, en el marco de la gobernanza, con una participación de cerca de 100 representantes de sociedad civil. El Foro se desarrolló en tres momentos: i) Encuadre general del propósito del Foro y una ponencia introductoria de la trayectoria, aportes y evolución de las OSC; ii) Cuatro Mesas Temáticas, para propiciar el debate entre las y los participantes y definir estrategias desde la sociedad civil, a partir del entorno que percibimos en la actual coyuntura nacional, y iii) Sesión Plenaria de cierre para presentar las estrategias y medidas prioritarias de las OSC y concertar acciones conjuntas para la construcción de una nueva relación sociedad-gobierno. En la apertura Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que el Foro que realizamos entre muy diversas OSC, responde a las actuales y complicadas circunstancias en que nos ha colocado las declaraciones y decisiones del gobierno actual, que nos preocupan, desacreditan y debilitan ante la opinión pública y los grupos-personas con las que trabajamos, así como ante las instancias que históricamente nos han reconocido y han sido solidarias con nuestro trabajo comprometido a favor de la democracia, el desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Fue por ello que nos animamos a realizar un Foro con el objetivo de sostener un debate entre actores de la sociedad civil, sobre el trayecto, entorno, aportes y desafíos de las OSC, orientado a generar escenarios y estrategias para la construcción conjunta de una nueva relación sociedadgobierno, en el marco de la gobernanza. La construcción de esa nueva relación, considerando el anuncio y horizonte del Presidente del país, de una profunda transformación en el país (la 4T), no la imaginamos sin la participación activa y cualitativa de la sociedad civil que mucho tiene que aportar desde su experiencia, especificidades y compromiso social. Por tanto, afirmó Miguel Concha, nuestra expectativa –más allá del diagnóstico- es que en este Foro avancemos y consigamos definir acciones, medidas y estrategias conjuntas como sociedad civil, para hacer frente a las circunstancias actuales y contrarrestar los impactos de las decisiones de gobierno y construir escenarios viables para una relación novedosa sociedad-gobierno que sea un componente fundamental en el tránsito hacia la cuarta transformación. Clara Jusidman, fundadora de Incide Social por su parte, expresó que estamos frente a una forma distinta de ejercer el poder en donde los ciudadanos organizados parece que no tenemos cabida. Por ello, el reto que tenemos no es el de ver cómo convencemos a los ideólogos de la 4T que somos buenas, que hacemos el bien, que nos preocupamos por el bienestar de las personas y defendemos sus derechos, que aportamos una enorme cantidad de horas de trabajo voluntario, que hacemos trabajos que el estado es incapaz de llevar a cabo por su enorme tamaño y por su lentitud de respuesta ante problemáticas emergentes, que merecemos un ambiente propicio para desarrollarnos, que tenemos derecho a acceder a recursos públicos, que el Estado mexicano tiene compromisos internacionales vinculatorios que le obligan a trabajar y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil. Planteó que debemos pensar cómo continuamos defendiendo y preservando nuestro derecho a asociarnos y a expresarnos con libertad, cómo construimos sinergias y nos apoyamos, como hacemos visible nuestro trabajo y nuestra contribución al bienestar entre la población, cómo ampliamos el número de ciudadanos organizados y empoderados, cómo reproducimos nuestro trabajo en beneficio de las personas. Por tanto este foro nos brinda la oportunidad de ubicarnos correctamente frente a lo que está ocurriendo en términos de ruptura de paradigmas y cambio de régimen para evitar que la gran avalancha nos destruya y desanime y en cambio nos permita seguir contribuyendo, seguir participando, seguir exigiendo. En la ponencia introductoria del Foro, el investigador y activista Rafael Reygadas, entre otras tesis, planteó que las OSC somos parte de una extensa sociedad civil que ha resistido el autoritarismo del partido de estado y el ascenso del neoliberalismo, representando a la vez procesos de resistencia a megaproyectos y a la violación de los derechos humanos, a la vez que hemos generado nuevas instituciones y contribuido a hacer posible la realización de las elecciones en que se respetara el voto ciudadano en 2018. Como en las sociedades actuales, las OSC en México formamos parte de la gobernabilidad democrática de una sociedad moderna, que además de resistir, genera, propone e inventa rutas y metodologías autónomas y proyectos alternativos en los más variados terrenos de la sociedad mexicana actual. La 4ª T –afirmó Reygadas- no puede lograr sus objetivos sin la participación autónoma, crítica, solidaria y creativa de las OSC que trabajan por alternativas ante problemas que el gobierno por sí solo no puede resolver, ni bastan los programas de renta universal para sectores en exclusión y vulnerados. Entre los aportes de las organizaciones participantes en el Foro se afirmó que descalificar a las organizaciones de la sociedad que han sostenido luchas y principios, afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela o un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la
