Treinta años del Frayba
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 06 de abril de 2019 Miguel Concha El obispo Samuel Ruiz García fue sensible y visionario al fundar en 1989 un espacio de defensa de derechos humanos en la diócesis de San Cristóbal de las Casas: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido familiarmente como el Frayba. Desde entonces, este centro atendió las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas de la región de los Altos de Chiapas, aportándoles solidaridad, información y acciones efectivas en la defensa de sus derechos. Vale la pena citar partes de la Carta Fundacional del Frayba, pues no sólo se trata de una declaración de principios, sino sobre todo de un camino a seguir en y con los pueblos. Con aquellas y aquellos que históricamente han sido excluidos. El Frayba se entiende, pues, como sujeto de su propio destino, aprendiendo a caminar en su lucha de resistencia y en la construcción de la esperanza los caminos de la liberación que caminaron nuestros antepasados. Y es que su andar se articula con El Caminante, es decir, con el propio don Samuel, quien sin reparo alguno se colocó al lado de los más pobres. Él, con la Iglesia liberadora, leyó acertadamente los signos de los tiempos. En ese entonces, cuando creó el Frayba, eran los tiempos de las secretas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de las riesgosas reformas al artículo 27 de la Constitución, a punto de concretarse. Eran también los años convulsos por el fraude electoral registrado en 1988 y los de los gobiernos represores en Chiapas y en diversos lugares de la República Mexicana. Fue en ese contexto cuando don Samuel vio la necesidad de generar un espacio institucional para la defensa de los derechos humanos. Treinta años después El Caminante continúa vivo en el Frayba, y quienes han colaborado y ahora colaboran en este centro de derechos humanos, han contribuido con su dedicación y entrega al trabajo colectivo por la justicia, la dignidad de los pueblos y los derechos humanos. En un contexto político como el de ahora hacer memoria de nuestras organizaciones, inspiradas muchas de ellas en las espiritualidades liberadoras, nos ayuda a entender el presente desde la comprensión de nuestra historia en la defensa de los derechos. Y así tenemos que conforme pasan las décadas se desarrolla una particular mística en el acompañamiento a pueblos y comunidades, en el caminar junto a las víctimas, en la defensa de sus derechos y en el entretejido de organizaciones locales y de base que buscan hacer de este mundo un lugar más solidario y digno. Un lugar donde se cuida toda forma de vida, frente al criminal y depredador sistema capitalista. El Frayba es un emblemático ejemplo de esta mística en la defensa de los derechos humanos. Retomando de nuevo su Carta Fundacional, en el Frayba sus integrantes se saben, desde sus orígenes, seguidores de esa mística emancipadora, pues su andar, comprometido en las luchas de liberación, y en la tradición de una Iglesia involucrada en la situación de los pueblos excluidos y marginados, destinatarios del anuncio de liberación y constructores de alternativas al sistema de muerte, está marcado con la visión de la esperanza. (Pueblos) desde el principio sujetos de derechos y en búsqueda de la paz con justicia y dignidad de la mano. Estos 30 años han sido ejemplo de cómo, siendo sensibles a las demandas de las comunidades, se viven los derechos desde abajo. Y de cómo solidarizarse haciendo vivas las propuestas alternativas que ellas nos presentan frente a la crisis de civilización en el mundo. Las y los compañeros del Frayba no dudan en asegurar que los derechos humanos son una herramienta fundamental para el fortalecimiento de procesos organizativos en la defensa y el ejercicio de un proyecto de vida en el que se construyen alternativas frente a la exclusión y marginación de este sistema patriarcal y capitalista neoliberal. Por lo que también declaran estar en contra de la cultura de violencia que éste nos impone. Desde esta mística de la liberación, la historia de nuestras organizaciones defensoras de derechos humanos nos alienta a que vengan muchos más años de trabajo. Hasta que la justicia sea una realidad. Hasta que se reviertan las estructuras de dominación y cesen las violaciones de derechos humanos. Mientras exista la injusticia y la violencia, nuestro trabajo no claudicará. Además, estos 30 años del Frayba también coinciden con la celebración de una década de trabajo de la organización Voces Mesoamericanas, y con la realización de la 58 Asamblea de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas y Todos. Dadas las denuncias en el contexto del #MeToo, en dicha asamblea las organizaciones acordaron un total rechazo a la violencia contra las mujeres y la salvaguarda de sus derechos (https://t.co/0EwuArBgSc). Celebremos estos 30 años del Frayba. Celebremos la vida y nuestros esfuerzos colectivos autónomos, materializados en las organizaciones sociales que luchan dignamente contra toda dominación patriarcal, capitalista y colonial. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Resultados del XXVII Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo
A los medios de comunicación, A la opinión pública. Reciban un cordial saludo a nombre de las organizaciones que este año nos hemos sumado al trabajo de organización y entrega del XXVII Premio Nacional de Derechos Humanos “Don Sergio Méndez Arceo. El pasado miércoles 20 de marzo se llevó a cabo la Sesión de Jurado de este Premio y al respecto les comunicamos lo siguiente: Este año, en la Categoría Grupal de este premio, recibimos un total de 5 registros de candidaturas postuladas para recibir este Premio y que a continuación se enlistan. Centro Madre Antonia/Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C. promoción y atención a la mujer. La Casa Mandarina A. C. Tequio Jurídico A. C. Trabajadoras de Intendencia del IEMS en resistencia Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA28) En la Categoría Individual de este Premio, se recibieron 7 candidaturas que se enlistan a continuación. Antonio Jorge Benito Guerrero de la Torre Indalecio Benítez Mondragón José Humbertus Pérez Espinoza Lydiette Carrión Rivera María de los Ángeles Corte Ríos Manuel Amador Velázquez Teresa Castellanos Ruiz Verónica Rosas Valenzuela Vidulfo Rosales Sierra Este año el ganador en la categoría Grupal es: Tequio Jurídico A. C. ; en la Categoría Individual se entregará el premio a: Teresa Castellanos Ruiz. El Premio consiste en un Diploma y 10,000 pesos en la categoría Grupal y un Diploma y 5,000 pesos en la categoría Individual. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo sábado 13 de abril a las 4pm en la Capilla Abierta de la Catedral de Cuernavaca (Hidalgo #17, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, México. CP: 62000). También se invita al Foro “Los Derechos Humanos en la Cuarta Transformación” que se realizará el mismo 13 de abril a las 10am en el Salón Mariano ubicado en el segundo piso del claustro de la misma Catedral. Como ponentes asistirán: Beatriz Torres Abelaira directora del CAMeNA (Centro Académico de la Memoria de Nuestra América) Teresa Castellanos Ruiz del Frente de Pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos Antonio Cerezo Contreras del Comité Cerezo México. Comisión de Difusión del Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo Mayores informes al teléfono: (01777) 318-37-72 o a través del correo electrónico fundaciondonsergio@gmail.com Teresa Castellanos Ruiz A partir de que la comunidad de Huexca se enteró que se construiría un planta termoeléctrica en su territorio, la organización comunitaria se dio para detener dicho proyecto y se decidió hacer un plantón que duró casi seis meses hasta ser reprimido por la policía. Durante este tiempo se conformó el comité Huexca en Resistencia y Teresa fue nombrada por la asamblea como coordinadora del mismo. Las actividades desarrolladas durante ese tiempo fue principalmente mantener el plantón, informar a la gente que llegaba a apoyar y llevar información a todos los pueblos de Ayala que desconocían sobre el proyecto y la intención de construir un acueducto que se llevaría el agua del río Cuautla. Así, Teresa junto con otras y otros compañeros visitaron pueblo por pueblo de los afectados de este proyecto en Ayala, participando en asambleas, foros y encuentros, siempre llevando la voz de su pueblo. Antes de que el Proyecto Integral Morelos llegara (PIM) a Huexca, Teresa nunca había participado en ninguna actividad política, era ama de casa, madre de tres niñas, pero la indignación y la preocupación por el peligro a la seguridad y la vida de sus hijas y de toda su comunidad la hicieron participar,. Otra lucha que Teresa ha emprendido al ser defensora de derechos humanos es contra el machismo. Primero con su expareja, que provocó incluso la separación por su actividad política, el machismo en su comunidad que a pesar de haber sido elegida en asamblea para coordinar las actividades del comité, no ha podido librarse de los comentarios y acciones que la juzgan por no ser una mujer normal y hacer solo lo que normalmente hacen las mujeres en la comunidad, a pesar de esto Teresa ha continuado con su trabajo durante más de 6 años en pro de defender a su comunidad de este proyecto. Cuando el plantón de Huexca fue reprimido Teresa fue golpeada por la policía junto con otras compañeras. A pesar de la represión Huexca y Tere continuaron con la lucha, cuestión complicada ya que la CFE instrumentó toda una estrategia en la comunidad que dejó una división profunda entre sus habitantes, desanimando a muchos y bajando drásticamente la participación de muchos vecinos, por lo que estos años un trabajo muy importante que ha realizado Tere es animar, motivar, convocar a las y los compañeros para que continúen participando en la defensa de la vida. También ha participado en un sin fin de foros, encuentros, asambleas, coloquios, conversatorios para hablar del PIM y la lucha de Huexca. Desde hace más de tres años Tere se incorporó activamente a la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos (APPM). Apoya en la estrategia legal, motivando y ayudando a recopilar información en la comunidad, Firma uno de los amparos en representación de sus hijas por el riesgo que corren a la vida por el segundo gasoducto que se está construyendo en estos momentos. Apoya en la búsqueda de información, careos y diligencias que se desarrollan del segundo amparo. Del primer amparo firmado por varias familias del pueblo se logró la suspensión provisional del acueducto por afectación al medios ambiente. Lamentablemente, la empresa no acató lo dicho por el juez. Con el amparo firmado por Teresa Castellanos se logró la suspensión definitiva para verter el agua contaminada de la termoeléctrica en el río Cuautla. En 2018 junto con otra compañera ganó el premio internacional “ a la creatividad de la mujeres en el mundo rural” impulsado por la Fundación Cumbre Mundial. Desde 2017 y 2018 Tere ha vivido diferentes conatos de violencia, amenazas y golpes hacia ella y su familia. Su hermano fue golpeado por 6 personas dejándolo grave. Sus hijas y ella fueron amenazadas por los líderes de un grupo de choque de Huexca. Además de que una de sus hijas en
Red TDT rechaza violencia machista denunciada por movimiento #MeToo
El tema despertó una honda reflexión en el contexto de la LVIII Asamblea de la Red TDT realizada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Creemos en la palabra de las mujeres que denunciaron. En la red no toleraremos ningún hecho de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos ni en contra de ninguna mujer. En el contexto de la exigencia de justicia global emblematizada en el proceso de denuncia pública por parte de mujeres organizadas denominado #MeToo, la Red TDT informa a la opinión pública su posición ante diversos casos en los que integrantes de sus organizaciones han sido denunciados como agresores. La Asamblea, máxima instancia de decisión de la Red TDT ha asumido una postura de cero tolerancia ante los casos de violencia sexual y de género recientemente denunciados a través del #MeTooActivistasMexicanos que en algunos casos han involucrado a hombres de organizaciones que forman parte de la Red TDT. En la red no toleraremos ningún hecho de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos ni en contra de ninguna mujer. Creemos en la palabra de las mujeres que denunciaron partiendo del hecho de que, los casos de acoso y abuso sexual se dan en un contexto de privacidad en donde en la mayoría de las ocasiones el testimonio de las víctimas es la única prueba. Tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, y fuera retomado por un Juzgado de Distrito mexicano en este último caso el año pasado, el testimonio de la víctima toma especial relevancia ya que esta es la única forma para garantizar que se incorpore una perspectiva de género. Ante la grave situación de violencia contra las mujeres que vivimos en el país, en donde durante 2018 se denunciaron 41,398 delitos sexuales y reconociendo que la violencia sexual no es denunciada por un proceso estructural de estigmatización de las victimas por parte de las autoridades; consideramos urgente tomar medidas contundentes ante los hechos denunciados. Por lo anterior, durante la LVIII Asamblea General de la Red TDT, realizada del 28 al 30 de marzo de 2019, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, estas denuncias fueron expuestas ante el pleno llegando este a las siguientes determinaciones: Se modificaron los lineamientos para integrar en ellos, un mecanismo de actuación y un Comité de Acompañamiento a Víctimas de Violencia Sexual de la Red TDT (CAVVS Red TDT) con la participación de defensoras expertas en el tema, para garantizar que todos los casos sean tratados y en su caso sancionados con toda la seriedad que ameritan. Exhortamos a todas las organizaciones e instituciones que conforman la Red TDT a que fortalezcan sus mecanismos institucionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que se traduce en la creación de protocolos o medidas de atención urgentes. La Red TDT es consciente del contexto que atenta contra los derechos de las mujeres y no permitirá un clima de permisividad dentro de esta red de organizaciones. ¡NINGUNA LUCHA SOBRE NOSOTRAS! Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.);
Empoderamiento ciudadano
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los cuarenta años que cumple este año el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de marzo de 2019 Miguel Concha Año de 1510. Desembarca en la isla La Española, hoy Santo Domingo, la primera comunidad de frailes dominicos. Entre ellos viene Fray Antón de Montesinos. Llegan a evangelizar a las tierras recién descubiertas. Al arribar les impacta la terrible situación en la que están los indios. Bajo el sistema de la encomienda (grupo de indios encomendados a un español) son tratados con brutalidad, desgastados, expoliados, esclavizados. Esta injusticia estructural causa sufrimiento y muerte. Pensando y actuando antisistémicamente, Montesinos denuncia, a nombre de su comunidad, que no hay religión ni fe ni creencia que legitime y justifique esta barbarie. Y lanza su famoso grito: “¿Con qué derecho…?”. El Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM) cumple en este 2019 cuarenta años de lucha y anhelo por construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, donde viviendo en auténtica fraternidad quepan todos los seres humanos. Siempre con una mirada que considera a la par de una ética liberadora, cuya raíz es el cristianismo de liberación, y la perspectiva de género como eje transversal a los derechos humanos como el trasfondo profundo de su quehacer. El CAM ya ha recorrido un largo camino en el fortalecimiento de sujetos sociales, para que sean ellos quienes decidan y construyan de manera digna su vida y su porvenir. Su metodología ha consistido en proporcionar herramientas formativas y capacitación para que diversos actores sociales adquieran habilidades y destrezas para gestionar las necesidades vitales que les permiten un buen vivir en las diferentes dimensiones de su existencia: síquica, social, económica, política, cultural y espiritual. Esto es lo que llamamos reconocer y fortalecer el poder de las personas para actuar en sus comunidades como ciudadanos que aportan ideas y estrategias para la incidencia en lo público y en las políticas que abonan al buen vivir y al bien común, a nivel comunitario, municipal y estatal. Así, el CAM ha sido un actor civil que ha colaborado en el impulso a la democracia representativa que en las décadas de los años 60 y 70 se fue conquistando como elemento radicalmente importante para el ejercicio del derecho a la participación política y social. El derecho a la participación en el ámbito público hace que los actores puedan contribuir en el diseño, seguimiento, implementación y evaluación de las políticas públicas. En los años 90 fue una de las organizaciones que, junto con muchas otras, aportó a la formación y capacitación de actores sociales y civiles comprometidos con la lucha por el ejercicio de la democracia, participando junto con ellos en articulaciones que ayudaron a la transición democrática. Entre ellas, Alianza Cívica y el Movimiento Ciudadano por la Democracia. Sin esta lucha histórica, hoy tendríamos una ciudadanía resquebrajada, insignificante y considerada sólo como beneficiaria. Ha coadyuvado en ese mismo sentido para que las mujeres reconozcan sus derechos y luchen por el ejercicio de los mismos, tanto en sus propios hogares como en sus comunidades, logrando, por ejemplo, colocar regidoras de equidad de género en sus municipios. También ha logrado que grupos de campesinos intercambien saberes para el desarrollo de proyectos sustentables en lugares donde falta el agua; donde existe contaminación de las tierras, y donde el deterioro del campo ha causado su abandono por las nuevas generaciones para buscar oportunidades en las ciudades. Y en relación con actores eclesiales (personas creyentes vinculadas orgánicamente a grupos u organizaciones de iglesias), el CAM es una de las organizaciones civiles que desde su fundación ha aportado reflexión ética y teológica, así como estrategias prácticas para que grupos y comunidades, cuya inspiración de sentido está fundamentada en el cristianismo, puedan articular una fe con sentido transformador y liberador con las dinámicas sociales, políticas y culturales. Articulación que se hace siempre respetando la laicidad y la secularidad de los procesos civiles, de modo que su acción no sea desde la confesionalidad, sino desde el compromiso ciudadano, ético liberador y humanista. En los últimos años el CAM se ha especializado en la prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual, elaborando informes con la finalidad de incidir en la política pública sobre el fenómeno. Así lo ha venido haciendo, tejiendo para ello alianzas estratégicas y participando en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México con el fin de que se dé cumplimiento a las líneas de acción de dicho programa, y con ello se pueda erradicar este fenómeno que va en aumento en nuestro país y afecta sobre todo a mujeres, niños y niñas. Cuarenta años han significado un caminar que apuesta por el derecho a la participación ciudadana, esperanzadora y siempre abierta a los desafíos que la realidad compleja de México plantea cada día. El CAM ya es parte de esta historia de búsqueda de un México con paz, y en justicia, derechos y dignidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CAM [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Las OSC y la democracia en México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es necesario que el Presidente de la República distinga a las OSC que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 09 de marzo de 2019 Miguel Concha Durante el siglo XX losregímenes autoritarios, posteriores a la Revolución tuvieron en el presidencialismo, el partido de Estado y las formas clientelares y corporativas, la fórmula de un control político basado en mucho gobierno, poca sociedad civil y grandes privilegios para pequeños grupos. Este modelo está en los orígenes del enriquecimiento de unos cuantos y la polarización profunda de la sociedad mexicana, a tal grado que en 2019 un puñado de 10 personas tiene en su haber lo mismo que ganan en un año 118 millones de personas. En 1981 el modelo económico capitalista de nuestro país empezó a formar parte de la estrategia política y económica del neoliberalismo que a partir de entonces fue acumulando mayor riqueza con base en salarios bajos, sindicalismo corporativo, represión, incremento de la violencia, tolerancia del narcotráfico y creciente corrupción en la administración pública federal. En México el neoliberalismo no implica sólo gobiernos corruptos, sino políticas de enriquecimiento de pocos, represión, desorganización de las oposiciones y destrucción del medio ambiente. Frente a esta política, desde principios de la década de los 60 empezaron a surgir agrupaciones ciudadanas autónomas de gobiernos, iglesias y partidos políticos, interesados en participar en el bien público, para impulsar la promoción de todos los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, que tomaron la forma de asociaciones civiles no lucrativas. Después del movimiento estudiantil de 1968 se multiplicaron los entonces llamados organismos no gubernamentales (ONG) especializados en diferentes campos como la libertad de presos políticos y asociaciones de profesionales para impulsar políticas de salud pública, educación popular y derechos humanos. Entre éstos los derechos de las mujeres, los niños, así como la vivienda popular y asesorías en proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente, las culturas indígenas y otros campos de la vida de la sociedad nacional. Estas organizaciones, instituidas entre los gobiernos y los individuos, nunca se situaron en una lógica del llamado clientelismo político, ni como intermediarias de recursos públicos, sino como instrumentos para combatir las causas de la pobreza y generar opciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el cuidado del medio ambiente, al lado de las organizaciones y movimientos populares y sociales. Desde la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 6 de febrero de 2004, aún vigente, el Estado mexicano ha fomentado las actividades de las denominadas OSC mediante recursos aprobados en la Cámara de Diputados que se ejercen conforme a reglas de operación; convocatorias abiertas y transparentes para proyectos de coinversión; dictaminación por órganos tripartitas integrados por gobierno, academia y sociedad civil, sujetos a rendición de cuentas e informes oportunos. Sin embargo, en este periodo los recursos para el fomento de las actividades de las OSC han sido escasos, como lo expresa el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins: sólo el equivalente a la cuarta parte del promedio internacional; a la quinta parte del promedio en los países desarrollados y a menos de la mitad que en las naciones en desarrollo. Aparte del escaso monto de las partidas asignadas a las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 69.4 por ciento fue entregado en 2007 a organizaciones paraestatales y sólo 30.6 por ciento llegó a las verdaderas OSC. Es entonces necesario que el Presidente de la República distinga a las organizaciones de la Sociedad Civil que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, trabajando sin descanso para impulsar la democracia, el cuidado del medio ambiente, la atención a personas vulnerables y la promoción de los derechos humanos, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas. El fondo del problema es que las sociedades modernas impulsan con energía las organizaciones intermedias entre gobierno y ciudadanos, precisamente para llevar adelante iniciativas de la sociedad civil que difícilmente pueden ser atendidas por los gobiernos. Organizaciones que instituyen mediaciones profesionales y empáticas con los grupos más vulnerables como migrantes, mujeres violentadas, familiares de personas desaparecidas. Mediaciones que promueven colectivos para impulsar la democracia y el cuidado de la naturaleza y que colocan, siempre en el centro la vigencia plena de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las personas vulnerables como sujetos de derechos, el agua como derecho humano (no como mercancía), la justicia y la democracia, son contrapesos necesarios para evitar nuevas formas de autoritarismo y corporativismo, buscando siempre abordar las causas de los problemas que han generado tanto la corrupción como el autoritarismo y el neoliberalismo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDHVitoria [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Presos políticos y de conciencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de febrero de 2019 Miguel Concha Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Prisión preventiva oficiosa
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa, que es riesgosa en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante diaria. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de febrero de 2019 Miguel Concha El Senado de la República aprobó el pasado 6 de diciembre, con 91 votos a favor y 18 en contra, un proyecto por el cual se busca reformar el artículo 19 de la Constitución, con el propósito de aumentar el catálogo de delitos, cuya prisión preventiva es de carácter oficioso. Entre ellos destacan el abuso sexual contra menores; el feminicidio; la desaparición forzada; la desaparición por particulares; el robo a transporte en cualquiera de sus modalidades; el uso de programas sociales con fines electorales, así como delitos en materia de hidrocarburos y corrupción. Cabe señalar que la prisión preventiva es una medida cautelar contemplada en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y consiste en una excepción a la libertad, que tiene por finalidad, de acuerdo con las normas, garantizar la integridad y seguridad de las víctimas y testigos, evitando así que el indiciado se sustraiga de la justicia. Es pertinente mencionar que si un delito no es contemplado en el catálogo de conductas sujetas a prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público, como lo señala el citado artículo constitucional, puede solicitarla, siempre y cuando sea justificable, obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas, y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar su seguridad. Diversos organismos internacionales de derechos humanos han externado su preocupación respecto a esta iniciativa. En múltiples comunicaciones emitidas al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mencionado que esta figura, además de atentar contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, es utilizada como una pena anticipada, calificándola también como una intervención directa del Poder Legislativo en el Judicial, al dictar de qué manera éste debe proceder al valorar el uso de esta medida. La CIDH ha señalado, asimismo, que cuando la aplicación de la prisión preventiva se hace con base en criterios, como el tipo de delito por el que se procesa a la persona, y por tanto se vuelve obligatoria por imperio de la ley, la situación es aún más grave, porque está codificando por vía legislativa el debate judicial, y por tanto limitándose la posibilidad de los jueces de valorar su necesidad y procedencia de acuerdo al caso en específico. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha manifestado en este mismo sentido que la imposición de la prisión preventiva automática u oficiosa para ciertos delitos constituye una eliminación de la presunción de inocencia, pues aquellos acusados de dichas ofensas son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención, distintas a la privación de la libertad. Tal situación es especialmente preocupante en un país como México, en el que las detenciones arbitrarias y la falsa imputación de delitos es una constante, impactando, por ejemplo, en personas de escasos recursos, defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. Ante tal situación, no podemos ser omisos sobre la realidad de nuestra nación. La de un México que atraviesa su peor crisis en materia de derechos humanos, caracterizada por las altas tasas de delitos que quedan en la impunidad. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Si bien es cierto que es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, es imperativo regular el uso de la prisión preventiva bajo los principios de excepcionalidad, justificación, legalidad y necesidad, siempre en apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Esto, además de la necesidad de enfocar nuestras críticas y exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Espacios donde se gesta el ciclo de la impunidad y la corrupción. Esta iniciativa será discutida en el periodo ordinario de sesiones que inicia la Cámara de Diputados la próxima semana, para lo cual, en un formato de audiencias públicas, se ha convocado a la instalación de mesas de trabajo con la participación de diversos académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de profundizar más en su discusión y análisis. Lo que, dado las opiniones diversas que se han manifestado, es más que pertinente. Pienso que al igual que en otros temas, en el Congreso de la Unión no debieran precipitarse y mucho menos constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la nación. Sería oportuno, además, no convertir a la Constitución en un manual de casuística, habiendo como hay, o debe haber, otro tipo de ordenamientos jurídicos y sobre todo de procedimientos institucionales eficaces, para hacer efectiva la justicia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Juanky Pamies Alcubilla [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Incertidumbre ciudadana y derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores aprobados en la Constitución de la Ciudad de México que ahora deben ser defendidos e implementados. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 26 de enero de 2019 Miguel Concha El 5 de febrero de 2017 se aprobó la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), uno de los documentos de mayor profundidad que se han producido en las décadas recientes en América Latina. La centralidad de los derechos humanos, de la participación ciudadana y el derecho a la ciudad son algunos de los temas innovadores que, a la vez, expresaban las principales demandas de quienes habitamos en este espacio. Sin embargo dos años después, cuando debe entrar en vigor una de las principales leyes derivada de esta constitución, la Ley Constitucional de Derechos Humanos, prevalece la incertidumbre sobre su contenido. El artículo octavo transitorio de la CPCDMX estableció el primero de febrero de 2019 para el inicio de vigencia de la mencionada ley. Ahora bien, el pasado diciembre fue aprobada por mayoría de dos tercios del Congreso, como debe serlo toda ley constitucional. Pero es la hora en que el texto aprobado aún no se publica ni en la Gaceta del Congreso ni en la Gaceta de la Ciudad de México. Esta omisión ha generado diversas hipótesis de explicación. Por un lado están quienes señalan que este retraso se debe a las observaciones de la Jefatura de Gobierno, pues la propia constitución le da al Ejecutivo la facultad de hacer observaciones a las leyes y decretos aprobados por el Congreso. Éste además está obligado a discutirlas con dos opciones, incorporarlas, o bien ratificar lo aprobado por mayoría de dos tercios. Con lo cual el texto inicial queda en firme. Es difícil, sin embargo, pensar que ésta sea la razón, puesto que la propia CPCDMX exceptúa de este proceso a las leyes constitucionales, como es el caso de la de derechos humanos. En efecto, el artículo 30, 5, en el que la Constitución establece el proceso que se sigue de las observaciones del Ejecutivo, se señala que “Quedan exceptuadas las reformas constitucionales, las normas aprobadas mediante referéndum, las leyes constitucionales, las normas de funcionamiento del Congreso…”. Desechada entonces la hipótesis de las observaciones del Ejecutivo, aparece otra, la de las debilidades internas de la ley constitucional. Para su elaboración se presentaron tres iniciativas, la de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, la del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, y la de una diputada del grupo parlamentario del PAN. Las dos primeras eran al menos fáciles de conciliar. Por ello resulta sorprendente que a última hora los diputados –y algunas organizaciones no muy conocidas– hayan introducido añadidos y omisiones de primera importancia, que no abonaron a la mejoría de la ley y sí a su confusión. Pusieron además en cuestión el proceso participativo que había seguido la comisión de derechos humanos del Congreso, que si bien no fue todo lo amplio que hubiera sido conveniente, sí lo fue más que las opiniones de quienes introdujeron cambios de última hora. Por tanto, puesto que aún no hay publicación oficial, desde la ciudadanía no hay certeza sobre el resultado. Indagando se me envío un texto que se presenta ya como el decreto surgido del Congreso y suscrito por su presidencia. Si ese fuera el producto resultante, sería de suma preocupación que entrara en vigor el próximo primero de febrero. Veamos algunas de sus dificultades. Es difícil encontrar diferencia de fondo entre algunos artículos, pues por un lado el artículo 18 establece que las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución federal, la Constitución local, el programa de derechos humanos y los diagnósticos realizados por el sistema integral, (junto) con los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables; y por otro lado el artículo 128 prescribe que Las políticas públicas tendrán como guía para su diseño, ejecución y evaluación el derecho internacional de los derechos humanos, los diagnósticos realizados por el sistema, los aportes de los organismos nacionales e internacionales relevantes en la materia, y la información estadística generada por las instancias locales y federales responsables. Además, se habla de que hay un programa de derechos humanos, al cual se le menciona, pero no se le define. La CPCDMX sí lo hace con toda claridad. Pero en la ley no hay ni siquiera una referencia a los artículos correspondientes. Se habla del sistema integral, aunque en el glosario de la ley éste nunca aparece, como que sí aparece con toda claridad en la Constitución. No es cualquier cosa omitir la función del sistema integral de derechos humanos, ni la del programa que le corresponde elaborar. Justo en ellos la CPCDMX incorporó la participación de la ciudadanía. Esperemos que no sea ésta la causa de la omisión de estas importantes figuras. Es difícil encontrar alternativas legales a tan grandes problemas. Es en cambio de sabios rectificar. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 21 de enero de 2019 Por: Aurélie Innaurato y Carlos A. Ventura Callejas * Apenas electo, Andrés Manuel López Obrador instruyó algunas acciones relacionadas con procesos de justicia y verdad; él o integrantes de su gabinete con toda prisa se pronunciaron con términos como “perdón”, “amnistía”, y anticiparon “comisiones de la verdad” y reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos con claridad propuesta alguna de política de Estado para hacer frente a la crisis de derechos humanos y atender a las víctimas. Desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, los temas de violencia, corrupción, impunidad y víctimas, que estuvieron constantemente presentes en su campaña presidencial, poco a poco van desapareciendo de su discurso, sustituidos algunos de ellos por la preocupante estrategia de seguridad pública que planteó, que vale decir, es contradictoria con la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, y con un nuevo modelo de justicia en transformación y disruptiva con el pasado. A excepción de sus acciones sobre la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, asunto que celebramos y respaldamos, el nuevo Presidente de la República no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña. Los denominados Foros por la Paz impulsados por el presidente electo quedaron lejos de ser percibidos como un ejercicio efectivo de consulta para las víctimas. Por ello, hablar tan precipitadamente de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que comúnmente se denomina como justicia transicional, resultó contraproducente, ya que estos conceptos se percibieron a veces como impuestos desde arriba, sin una real oportunidad de apropiación por parte de las víctimas. Por otro lado, tampoco se entiende muy bien a qué se debe el silencio del gobierno ya en funciones durante el último mes, en relación con la situación de las víctimas del país; lo cual genera inquietudes y preguntas respecto a la continuidad en la práctica de falta de cumplimiento de acuerdos y atención con los movimientos de víctimas, cosa que en gobiernos anteriores se hizo “pan de todos los días”. Sin embargo, la desaceleración de los esfuerzos gubernamentales, que tal vez encuentra entre una de sus justificaciones los recursos limitados en algunas oficinas del gobierno actual, quizás no es del todo negativa, debido a que también representa una oportunidad de replantear un tema de suma importancia: la participación de las víctimas en el diseño de cualquier política pública que les concierne y los procesos que ellas mismas pueden gestionar para incidir y ser escuchadas. Todavía existe la oportunidad de compensar los malentendidos que surgieron durante los foros mencionados anteriormente y, en este sentido, evitar el fracaso de la política pública que resultaría eventualmente. Ejercicios como el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos: por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas[1], celebrado noviembre de 2018, en Nochixtlán, Oaxaca, son un claro ejemplo de cómo las víctimas en compañía de organizaciones sociales impulsan la generación de sus propios espacios, comparten sus dolores y construyen sus propuestas. La voz de las víctimas debe de encontrarse en el centro del proceso que el nuevo gobierno pondrá en marcha, esta es la única manera de entender sus necesidades, así como de conocer la realidad que enfrenta México. Debido a esto, el diálogo directo con las víctimas es totalmente imperativo en aras de asegurar una implementación efectiva y transformadora de la política pública que se está por proponer. De esta manera, podemos también evitar que instrumentos legales, que tienen un óptimo diseño normativo, se vuelvan totalmente ineficientes en la práctica. Además de ser necesaria para la implementación de los procesos de justicia, verdad, reparación y no repetición, la participación de las víctimas en su funcionamiento es la condición sine qua non para el restablecimiento de su dignidad. Únicamente al saberse tomadas en cuenta, en el marco de la construcción de propuestas que les conciernen, las víctimas muy seguramente podrán sentirse valoradas. Al pensar por ejemplo en un programa de reparación, su participación permite que éstas lo perciban como un derecho y no como un simple donativo asistencial por parte del Estado. Asimismo, quizás se podrá restaurar una relación de confianza entre ellas y las autoridades, puesto que nadie puede realmente pensar que el alto índice de votos con el que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales será suficiente para lograr este fin. La consulta con las víctimas es una herramienta que fortalece la democracia como medida que autoriza la intervención directa del pueblo en las decisiones gubernamentales, puesto que permite a cualquier política adquirir cierta legitimidad que requiera para ser efectiva. Finalmente, tengamos presente el hecho de que la participación de los grupos de víctimas y sus familias en todas las etapas necesarias de la realización de una política pública, es decir, en su diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, es una obligación planteada por el artículo 22 de la Ley General de Víctimas, el cual pone en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución. Ahora bien, necesitamos una participación de las víctimas que sea institucionalizada como eje central de todo proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, valdría la pena
Desarrollo, democracia e independencia judicial
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado de enero de 2019 Miguel Concha Al asumir el pasado 2 de enero la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea reivindicó, entre otras cosas, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes y órganos del Estado, aunque significativamente añadió que independencia no es aislamiento, independencia no es intolerancia, independencia no es romper el diálogo. En el mismo sentido, aunque con distintas palabras, se expresó el pasado 7 de enero el magistrado Rafael Guerra Álvarez al tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “No sólo somos en ocasiones un notorio contrapeso –dijo-, sino más bien el reforzamiento social que implica que estamos para ayudar a aplicar la justicia pronta, imparcial y expedita, no para retardarla o destruirla. Para lo cual somos independientes y autónomos”. La autonomía, sin embargo, no debe tampoco confundirse con la autorreferencia, ni basta para garantizarla la voluntad política de sus actores o los necesarios cambios administrativos para generar una mayor confianza en la ciudadanía. Son indispensables cambios institucionales que aseguren reformas estructurales urgentes en la forma de administrar justicia. Un paso adelante se dio en este sentido con la nueva Constitución de Ciudad de México, al abrirse la Judicatura, acotar la presidencia del Tribunal Superior a un solo año y al contar con un Consejo Judicial Ciudadano designado de manera indirecta por el Congreso local, que será el encargado de nominar las ternas de las que el Legislativo elegirá a los magistrados. Todo ello, desde luego, dependiendo de que el Congreso de la ciudad elabore oportuna y congruentemente las leyes constitucionales que harán posible su vigencia, previniendo que alguien vaya a tener la mala ocurrencia de querer retroceder en conquistas ciudadanas tan importantes, avaladas por la SCJN, para apoyar la continuidad inercial en el ámbito federal. Y por lo que se refiere a los órganos autónomos, aunque en ocasiones sus integrantes hayan sucumbido también a la tentación del uso de su poder, no en beneficio de la sociedad sino de su persona o grupo político, hay que admitir que sin duda han aportado a la democratización de la vida pública del país. Ello no obstante, pensamos que para incrementar su vínculo con la sociedad, debe darse un paso adelante. La naturaleza especializada de su actividad hace que se piense en que los que ocupen sus espacios ciudadanos sean seleccionados en función de su prestigio, aunque ello no los exima de tener lazos fuertes y amplios con la sociedad y sus liderazgos. Constituye en efecto una tarea pendiente complementar su estructura con instrumentos para un contacto permanente y efectivo con amplios sectores de la ciudadanía. Añadamos que la transformación del régimen político y sus instituciones no es sólo un asunto de democracia, sino también de desarrollo. No puede haber consensos sobre la producción y distribución de los bienes generados por el país, si no se dan espacios para poder decidir democráticamente cómo incentivar la producción para crecer y distribuir a la vez. La falacia neoliberal de que primero hay que crecer y luego distribuir fue el pretexto para posponer indefinidamente la redistribución, conteniendo por la vía política los salarios y negando los recursos para salud y para educación. Las experiencias de los países llamados desarrollados demuestran que sólo se puede tener crecimiento sostenido y estabilidad política si se hacen las dos cosas a la vez. Y por supuesto que el criterio de democratización y desarrollo tiene que ser la garantía irrestricta e integral de todos los derechos humanos. En síntesis, un régimen político tiene que ser capaz de ampliar la democracia, el desarrollo y, en consecuencia, los derechos humanos para la transformación de la nación. Y para ello se requiere gobernar con la mirada puesta mucho más allá del sexenio. Es indispensable un régimen de transición que tenga como meta un futuro mejor para los mexicanos, sobre todo para los niños y los jóvenes. Para todos aquellos cuya esperanza parece a veces ser la única capaz de lograr los cambios que anhelamos y cuya frustración podría conducir a que en la desesperanza se vuelva la mirada a los mismos de siempre, o a los nuevos que propongan lo mismo de siempre. La cara del siglo XXI tiene ya tres rasgos indiscutibles: la democracia, con amplia participación de la sociedad en los asuntos públicos; un desarrollo que permita a las personas desenvolver sus potencialidades en los ámbitos económico, social, político y cultural, y los derechos humanos, única posibilidad de afirmar la dignidad de la persona. Hay sociedad que tiene propuesta y fuerzas para impulsarlos, si esto se complementa con un gobierno capaz de comprender su tarea de colaborar para construir el futuro. Podríamos entonces pensar que la patria para todos, que siempre hemos anhelado, comienza a convertirse en realidad. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Marte Merlos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
