Justicia transicional
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Indulto, amnistía, excarcelación, revisión de expedientes… ¿Qué rutas son posibles? [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 23 de febrero de 2019 Miguel Concha Va lenta la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país. Cada día que pasa es un día más de prisión injusta para alrededor de 100 personas, presas por motivos políticos que todavía esperan la justicia, y con ello la libertad. Qué más quisiéramos que de un plumazo salieran todos y se rencontraran con una vida trunca por la injusticia. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja, y la voluntad política presidencial no es tan grande como pensamos. ¿Qué opciones tenemos que seguir impulsando para lograr la libertad de todos los luchadores sociales presos injustamente? Hay por lo menos cinco posibilidades. Trataremos de ir una por una, de la más noble, hasta la más restrictiva. La primera opción, la más completa y más rápida, es que se promulgue la Ley de Amnistía General. Sus beneficios no nada más son los de liberar a todos los presos por motivos políticos, también incluiría el cese de la persecución que obliga a muchos defensores de derechos humanos a seguir huyendo del largo brazo de la injusticia y permitiría, además, que en muchos casos, como el de los hermanos Cerezo –que cumplen precisamente 10 años de haber obtenido la libertad–, se limpie su fabricado expediente criminal. La amnistía también es el único reconocimiento explícito del Estado mexicano de que existen personas, injustamente, presas por disentir con el modelo económico neoliberal, incluso si alguno de estos luchadores sociales hubiera cometido algún delito, como el de ataques a las vías de comunicación o motín, se le liberaría, al reconocer que fue obligado a cometer dichos delitos ante la cerrazón del Estado para resolver de fondo las problemáticas sociales que dieron origen al ejercicio del derecho humanoa la protesta. Esta salida no es además un perdón a delitos, cometidos o no, sino que es la libertad arrancada por años de lucha de familiares y organizaciones sociales. Es un mecanismo que urge al Presidente mismo a presentar una iniciativa de ley para que la mayoría de los legisladores de Morena la apruebe. Necesitamos mayor voluntad política que haga realidad esta opción de libertad para esa gente en prisión. Una segunda opción de excarcelación, mucho más limitada, es la que se ha empleado en los 16 primeros casos de presos que recién han obtenido su libertad, y consiste en el desistimiento de la acción penal por desvanecimiento de pruebas. Esta opción es la envoltura jurídica de la voluntad política presidencial de liberar a los presos por motivos políticos. Sus desventajas son, debemos señalarlas, que se limita a los actualmente presos; no incluye a los perseguidos y tampoco reconoce las injusticias que se cometieron contra aquellos que tienen que vivir con el pesado estigma de tener antecedentes penales. Lo cual por supuesto no les facilita la vida, ni la laboral ni la social. Una tercera opción es la reposición del proceso, y en ese nuevo comienzo aplicar el desistimiento de la acción penal, como fue el caso de los seis presos defensores del agua de San Pedro Tlanixco, estado de México, que posibilitó la libertad inmediata de tres de ellos, y posiblemente permitirá la libertad de los tres restantes. Si bien se trata de una decisión política presidencial que toma forma jurídica, no quiere decir que la lucha de familiares, organizaciones de derechos humanos y sociales no haya sido fundamental. Al contrario, es la fórmula que le da celeridad a los casos. Sin embargo no es general, y por tanto los demás presos tienen que esperar su turno en la fila de la incertidumbre de la tan anhelada libertad. Una cuarta opción, más restrictiva, pero que también permite la libertad, es una revisión del expediente jurídico de tal manera que dé lugar a identificar los vicios del mismo proceso jurídico penal. Lo cual, como en la opción anterior, llevaría a la reposición del proceso y a la libertad y a que los presos salgan libres, por tecnicismos jurídicos. Es decir, debido al reconocimiento de que no se respetó el derecho humano al debido proceso. Aunque, como en el caso de Florence Cassez Crépin, la opinión pública mantenga la idea de que sí fueron culpables del delito de secuestro, y que la mala actuación del Estado permitió su libertad. Lo que es lo más importante. Una quinta opción es el indulto, fórmula que casi ningún preso por motivos políticos quiere, ya que significa un perdón presidencial de delitos que no cometieron, pero que, sin embargo, se convierte en una opción política para casos como el del profesor Alberto Patishtán, que ante el costo político generado por las organizaciones de derechos humanos, sociales y parte de la sociedad civil, obligaron al entonces presidente Enrique Peña Nieto a otorgar este perdón no solicitado. Las últimas cuatro opciones también pueden beneficiar a los que están siendo perseguidos por motivos políticos y que por azares del destino pudieron escapar y viven huyendo. Aunque ahí la cifra y lo nombres son un asunto que debe partir de los perseguidos mismos o de sus familiares. Y de ponerlos a la vista para saber quiénes son y cómo pueden ser liberados de esas cadenas invisibles que no les permiten vivir libres del todo. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Barragán [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 21 de enero de 2019 Por: Aurélie Innaurato y Carlos A. Ventura Callejas * Apenas electo, Andrés Manuel López Obrador instruyó algunas acciones relacionadas con procesos de justicia y verdad; él o integrantes de su gabinete con toda prisa se pronunciaron con términos como “perdón”, “amnistía”, y anticiparon “comisiones de la verdad” y reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos con claridad propuesta alguna de política de Estado para hacer frente a la crisis de derechos humanos y atender a las víctimas. Desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, los temas de violencia, corrupción, impunidad y víctimas, que estuvieron constantemente presentes en su campaña presidencial, poco a poco van desapareciendo de su discurso, sustituidos algunos de ellos por la preocupante estrategia de seguridad pública que planteó, que vale decir, es contradictoria con la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, y con un nuevo modelo de justicia en transformación y disruptiva con el pasado. A excepción de sus acciones sobre la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, asunto que celebramos y respaldamos, el nuevo Presidente de la República no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña. Los denominados Foros por la Paz impulsados por el presidente electo quedaron lejos de ser percibidos como un ejercicio efectivo de consulta para las víctimas. Por ello, hablar tan precipitadamente de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que comúnmente se denomina como justicia transicional, resultó contraproducente, ya que estos conceptos se percibieron a veces como impuestos desde arriba, sin una real oportunidad de apropiación por parte de las víctimas. Por otro lado, tampoco se entiende muy bien a qué se debe el silencio del gobierno ya en funciones durante el último mes, en relación con la situación de las víctimas del país; lo cual genera inquietudes y preguntas respecto a la continuidad en la práctica de falta de cumplimiento de acuerdos y atención con los movimientos de víctimas, cosa que en gobiernos anteriores se hizo “pan de todos los días”. Sin embargo, la desaceleración de los esfuerzos gubernamentales, que tal vez encuentra entre una de sus justificaciones los recursos limitados en algunas oficinas del gobierno actual, quizás no es del todo negativa, debido a que también representa una oportunidad de replantear un tema de suma importancia: la participación de las víctimas en el diseño de cualquier política pública que les concierne y los procesos que ellas mismas pueden gestionar para incidir y ser escuchadas. Todavía existe la oportunidad de compensar los malentendidos que surgieron durante los foros mencionados anteriormente y, en este sentido, evitar el fracaso de la política pública que resultaría eventualmente. Ejercicios como el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos: por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas[1], celebrado noviembre de 2018, en Nochixtlán, Oaxaca, son un claro ejemplo de cómo las víctimas en compañía de organizaciones sociales impulsan la generación de sus propios espacios, comparten sus dolores y construyen sus propuestas. La voz de las víctimas debe de encontrarse en el centro del proceso que el nuevo gobierno pondrá en marcha, esta es la única manera de entender sus necesidades, así como de conocer la realidad que enfrenta México. Debido a esto, el diálogo directo con las víctimas es totalmente imperativo en aras de asegurar una implementación efectiva y transformadora de la política pública que se está por proponer. De esta manera, podemos también evitar que instrumentos legales, que tienen un óptimo diseño normativo, se vuelvan totalmente ineficientes en la práctica. Además de ser necesaria para la implementación de los procesos de justicia, verdad, reparación y no repetición, la participación de las víctimas en su funcionamiento es la condición sine qua non para el restablecimiento de su dignidad. Únicamente al saberse tomadas en cuenta, en el marco de la construcción de propuestas que les conciernen, las víctimas muy seguramente podrán sentirse valoradas. Al pensar por ejemplo en un programa de reparación, su participación permite que éstas lo perciban como un derecho y no como un simple donativo asistencial por parte del Estado. Asimismo, quizás se podrá restaurar una relación de confianza entre ellas y las autoridades, puesto que nadie puede realmente pensar que el alto índice de votos con el que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales será suficiente para lograr este fin. La consulta con las víctimas es una herramienta que fortalece la democracia como medida que autoriza la intervención directa del pueblo en las decisiones gubernamentales, puesto que permite a cualquier política adquirir cierta legitimidad que requiera para ser efectiva. Finalmente, tengamos presente el hecho de que la participación de los grupos de víctimas y sus familias en todas las etapas necesarias de la realización de una política pública, es decir, en su diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, es una obligación planteada por el artículo 22 de la Ley General de Víctimas, el cual pone en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución. Ahora bien, necesitamos una participación de las víctimas que sea institucionalizada como eje central de todo proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, valdría la pena
Comisiones de la verdad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos, también para evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que permitieron las graves violaciones a los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 15 de diciembre de 2018 Miguel Concha Como se sabe, el pasado 3 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Verdad para conocer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El establecimiento de una Comisión de la Verdad para tal caso no sólo es necesario y urgente, sino que puede ser el inicio de un proceso de verdad, justicia, reparación integral y medidas de no repetición para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la pregunta que salta a la vista es la siguiente, ¿y las demás víctimas de desaparición forzada no merecen también una Comisión de la Verdad? Estamos hablando de más de 40 mil desapariciones reconocidas por el anterior gobierno, y de una cifra que va desde las 70 mil hasta las 300 mil desapariciones forzadas denunciadas por los familiares y organizaciones de derechos humanos y populares. Además, en los pasados 12 años más de 170 luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada y cerca de 250 fueron ejecutados de manera extrajudicial. Pensamos, entonces, que no sólo debe considerarse que es necesaria, sino que también es urgente una Comisión de la Verdad para todas las víctimas de desaparición forzada. Y ello como un primer paso para conocer su paradero y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, y a los beneficiarios y los facilitadores de esta grave violación a los derechos humanos. Para ello el gobierno tiene que abandonar la política de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Lo que significa terminar con la política de seguridad de los gobiernos neoliberales anteriores, y con ello renunciar al terrorismo de Estado y sus dos pilares: la militarización y la paramilitarización. Las comisiones de la verdad históricamente se han propuesto investigar y develar los hechos ocurridos en un determinado lapso de tiempo. Lo que incluye no sólo garantizar a las víctimas el derecho humano a la verdad, sino también evidenciar las políticas económicas, sociales y de seguridad que fomentaron, permitieron o facilitaron las graves violaciones a los derechos humanos, así como visibilizar a las personas, grupos e instituciones que se vieron beneficiados por éstas, para que lo que sucedió nunca más vuelva a suceder. Desde la perspectiva de los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad son una de las formas de intentar garantizar el derecho a la verdad, tomando en cuenta que este derecho se debe tratar en su integralidad; es decir, en su interdependencia con el derecho a la justicia, a la memoria, la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Por lo general, las comisiones de la verdad surgen por la exigencia de los pueblos de conocer lo que sucedió en un determinado periodo histórico, y están mediadas por la voluntad política de los gobiernos para develar la verdad de los hechos acontecidos. Sin la voluntad política real del gobierno, una comisión de la verdad sirve para tratar de legitimar a las nuevas autoridades, y se convierte en una instancia que simula buscar la verdad. Como expresa el Comité Cerezo México, la voluntad política del nuevo gobierno debe traducirse en adoptar políticas que permitan garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en tres grandes periodos. Primer periodo (1968-1994), con el fin de atender la demanda de conocer el paradero real de todas las víctimas de desaparición forzada en el contexto de la llamada guerra sucia. Segundo (1994-2000), con el propósito de atender las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo de lucha contrainsurgente contra el EZLN y el EPR, así como las de la represión política contra los movimientos populares e indígenas, principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Tercer periodo (2000-2018), para atender la demanda de dar a conocer el paradero real de las víctimas de desaparición forzada en el país. Para ello deberán contemplarse principalmente dos tipos de poblaciones: las que por su militancia política o su labor de defensa de los derechos humanos son víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial y amenazas de muerte; y las que sin tener una participación o militancia política contra el gobierno en turno son víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. El punto central para que funcione este proceso de verdad, de manera que responda a las exigencias de los millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, y esté en concordancia con los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es que las víctimas, sus familiares, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones populares e indígenas, así como los expertos en la materia, académicos, intelectuales y periodistas comprometidos, participen activamente en su construcción. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas de México
Convocantes y participantes de este 1er Encuentro apuestan a la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas Se dieron más de 500 asistentes, entre víctimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de diversos estados del país. Entre el 19 y 21 de noviembre tuvo lugar, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Acudieron aproximadamente 500 asistentes entre vícitimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales; provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Ciudad de México, así como de Alemania, Argentina, Colombia, Chile y Guatemala. El Encuentro tuvo como propósito impulsar la construcción de un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias. El cual tenga lugar desde la participación central de las víctimas, vistas como dinamizadoras de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia. Con base en las diversas experiencias, se plantea que la justicia transicional sea una herramienta que se construye por medio de procesos colectivos que le permitan ser llevada a la práctica y fortalecer los procesos de memoria. Esto implica que no puede ser impuesta desde arriba, sino que tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. Acudieron familiares y víctimas de diversas violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, feminicidios o ejecución extrajudicial. También participaron, en representación, diferentes comités de víctimas como el Comité 68, la Representación de Arantepakua, el Comité Cerezo, el Comité de Víctimas de Nochixtlán, Sabuesos Guerreras, entre varios más. Desde el sentir de las víctimas y sobrevivientes se identificaron algunas necesidades y propuestas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, caracterizado por la centralidad de las victimas. A partir de ahora se busca discutir de manera colectiva y organizada cuáles son los mecanismos pertinentes para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, según las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Además se destacó la voluntad de continuar con la realización de foros permanentes, al igual que conformar una comisión integrada por víctimas, sobrevivientes y participantes, con miras a dar continuidad a las propuestas aquí planteadas y hacerlas llegar al gobierno entrante. ATENTAMENTE Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C.
Justicia transicional mexicana
La importancia del encuentro de Nochixtlán radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, desde donde se debe socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Sábado 24 de noviembre de 2018 Miguel Concha Bajo el nuevo escenario que han dejado en México las últimas elecciones, y con el propósito de desatar, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, entre el 19 y 21 pasados tuvo lugar en Nochixtlán, Oaxaca, un Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas sobre esta importante materia. Acudieron aproximadamente 500 personas, muchas de ellas víctimas y sobrevivientes de la violencia, aunque también personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, estado de México y Ciudad de México, así como personas expertas en la temática de Alemania, Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y España. Durante el encuentro se consideró que los procesos de justicia transicional se componen de diversas herramientas teóricas que pueden permitir abrir horizontes que posibiliten que cada una de las víctimas pueda construir desde su experiencia procesos de justicia que abonen a la reconstrucción del tejido social y a la generación de mecanismos operativos que hagan efectiva la justicia y la garantía de los derechos humanos. Planteamientos que también nos llevan a la discusión sobre cómo se tendría que superar el dolor y la adversidad después de las violencias ejercidas en los cuerpos, la tierra y los territorios. Sin embargo, el conjunto de víctimas y sobrevivientes se mostró en este encuentro con cautela ante un proceso de justicia transicional desde el Estado, ya que, aunque se percibe la intención de atender de manera integral las graves violaciones a los derechos humanos, es importante y necesaria la centralidad y participación de las víctimas, quienes no sólo deben ser concebidas como pasivas, sino como activos dinamizadores de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia, dentro y fuera de las organizaciones y colectivos. Son además las que han fortalecido activamente los procesos de exigencia, a partir de la organización y movilización social. Se resaltó por ello que para que los tiempos de esta justicia tan necesaria se den desde sus propios tiempos, habría que organizarse desde las propias víctimas y las organizaciones que las acompañan. Se identificaron además algunas necesidades y propuestas concretas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, para lo cual es fundamental respetar el papel de las víctimas, reconociéndolas como actores y sujetos de derechos. Y desde su diversidad y la de los sobrevivientes se consideraron algunas tareas a fortalecer y construir que tendrían que tener en cuenta los siguientes aspectos comunes. 1) La construcción de redes y alianzas con otras organizaciones para sumar esfuerzos, saberes y experiencias. 2) La construcción de estrategias de comunicación para visibilizar las diversas luchas. 3) La generación de procesos de memoria colectiva y la reapropiación de espacios públicos contra el olvido. 4) La generación de más espacios de diálogo y reflexión en torno al significado y la utilidad de la justicia transicional, con el objeto de identificar sus implicaciones. 5) La consideración de la necesidad de generar herramientas jurídicas y de acompañamiento psicosocial. 6) La generación de un diagnóstico certero e integral para identificar las raíces de las causas de las violencias, y 7) Que los familiares deben seguir generando y fortaleciendo espacios seguros y de confianza para dialogar y diseñar procesos en común que pueden variar y son una oportunidad para encontrarse y narrar las historias, y sanar espiritual, emocional y físicamente. Se consideraron igualmente algunos puntos controversiales, como el iniciar un proceso de justicia transicional cuando los responsables están identificados y son parte del gobierno, así como el construir un proceso de justicia transicional en el que no se tomen en cuenta las condiciones de precariedad y constante despojo de territorios y bienes comunes, y el importante papel de las juventudes en estos procesos. Es imprescindible, se reiteró, reconocer a las víctimas colectivas en los casos de despojos de tierras y territorios, y deben discutirse los posibles aportes que puede generar la conformación de la Fiscalía Autónoma de la República. La importancia de este encuentro radica en que fue desde las víctimas, a quienes debe ponerse al centro, ya que ningún proceso de justicia transicional se ha dado sin ellas, preocupándose genuinamente por socializar y recoger inquietudes sobre un proceso temporal en México de justicia transicional. Por otro lado, el encuentro reconoció la iniciativa del Comité de Víctimas de Nochixtlán, quien tomó la iniciativa, lo convocó y lo enriqueció con sus propias experiencias y las de las víctimas de otros colectivos y movimientos sociales, como las de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Recomendaciones internacionales a México
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El EPU (Examen Periódico Universal) tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la ONU, permite exponer al escrutinio internacional, la situación y desempeño de cada país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 29 de septiembre de 2018 Miguel Concha El Examen Periódico Universal (EPU), establecido en marzo de 2008, es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene como objetivo revisar la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la Organización. Con su funcionamiento genera una serie de recomendaciones que, de implementarse, podrían ayudar a superar las deficiencias que se tengan en el cumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos humanos. Su relevancia se debe a que es un ejercicio político de alto nivel que permite exponer y conocer la situación de los derechos humanos en cada país. Además, las recomendaciones se hacen entre pares, por lo que tiene un impacto político directo en las agendas públicas de los Estados. Para realizar la evaluación, el mecanismo se basa en tres fuentes de información. Primero, en la presentada por el Estado sujeto a evaluación. Segundo, en la información recabada por expertos independientes y grupos de trabajo de la ONU. Y tercero, en la presentada por otras partes interesadas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil. Como aporte a la evaluación de México, más de 200 organizaciones civiles nacionales denunciaron, en un esfuerzo de articulación, la crisis de derechos humanos que padecemos en nuestro país, por conducto del Colectivo EPU MX. En él se parte de un diagnóstico sobre las causas estructurales que derivan en las graves violaciones a derechos que conocemos. De la misma manera, se enfatiza la triple crisis que afecta la vida de miles de personas en la nación: violencia, corrupción e impunidad. El informe reconoce avances en materia legislativa, que en su mayoría ha sido el resultado del trabajo de organizaciones y movimientos que históricamente buscan hacer efectivos sus derechos. Ello no obstante, y a pesar de contar con un marco normativo avanzado, la implementación de dichas leyes es deficiente. La falta de reconocimiento de la crisis de derechos humanos por parte del Estado mexicano, ante los mecanismos internacionales, ha impedido, además, que esta situación sea conocida del todo por parte de otros Estados. En los últimos dos periodos del EPU, México recibió 267 recomendaciones, y, salvo algunas excepciones, la mayoría fueron aceptadas. Sin embargo los mecanismos de seguimiento para éstas fueron limitados, y, como se expone en el informe, ello ha provocado su nulo o parcial cumplimiento. Se identifican al menos cinco aspectos generales en este mecanismo internacional que merecen ser recomendados a México, que son además demandas que organizaciones de la sociedad civil han impulsado para hacer frente a la crisis que vivimos en el país. Primero, la conformación de un mecanismo de asistencia internacional contra la impunidad, que pueda coadyuvar con el Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias que permitan una efectiva investigación de delitos y graves violaciones de derechos humanos cometidos en años recientes. Asimismo, la urgente derogación de la Ley de Seguridad Interior y el seguimiento de manera decidida en la transición hacia un modelo de seguridad ciudadana, ya que resulta urgente que la militarización del país, que inició por lo menos el año 2006, termine de manera definitiva. Se requiere que se fortalezcan y reformen igualmente las instituciones civiles de seguridad, para que éstas asuman las tareas de seguridad pública, siempre desde un enfoque de protección a los derechos humanos. En este sentido se hace también oportuno un programa de retiro de las fuerzas armadas de los diversos territorios de México. Como tercer elemento es igualmente apremiante combatir la impunidad mediante la justicia penal, autonómica y eficaz. Y de ahí la importancia de contar con una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que se conduzca con la debida diligencia y tenga capacidad para atender integralmente las investigaciones. Otro pendiente se refiere al Sistema de Atención a Víctimas, pues a pesar de que contamos con la Ley General de Víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, éstos deben fortalecerse. Por tanto, se tiene que garantizar su debida implementación, asegurando que los procesos de atención sean adecuados, se cuente con personal eficiente y se atienda a víctimas respetando su dignidad humana, y evitando la revictimización desde las instituciones del Estado. Como quinto punto, en el informe se observa la relevancia de la coadyuvancia internacional para la implementación de las recomendaciones, así como la exposición de la situación de México en los diversos foros internacionales. El CDH de la ONU debe atender a México no sólo para reconocer su labor activa en organismos multilaterales, sino, sobre todo, para evidenciar la grave crisis que se vive en el país. Y ello con el afán de ayudar, desde la solidaridad internacional entre países, a revertir de manera efectiva la actual crisis de derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Selene González [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Malos tratos y huelga de hambre en el CEFERESO 2 Occidente (Puente Grande, Jalisco)
A la opinión pública, los que suscribimos Familiares, amigos y abogados del defensor de Derechos Humanos Enrique Guerrero Aviña. EXPRESAMOS nuestra preocupación y más enérgica condena ante la situación carcelaria actual que enfrenta nuestro compañero a manos de las autoridades penitenciarias y del gobierno de Enrique Peña Nieto, por las continuas vejaciones y malos tratos a los que reiterada y sistemáticamente es sometido desde su injusto encarcelamiento, mismos que hasta el dia de hoy no solo persisten, sino que se han recrudecido. EXIGIMOS a las autoridades penitenciarias y al gobierno Federal el cese inmediato de los malos tratos y vejaciones a los que el compañero Enrique Guerrero Aviña es sometido y que se han extendido al resto de la población como política penitenciaria, por atentar contra los derechos humanos y la dignidad de de las personas en situación de reclusión. EXIGIMOS se garantice la integridad física y psicológica de Enrique Guerrero Aviña, restableciendo de inmediato la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión, de conformidad con lo que establece la Constitución Mexicana, tratados y estándares internacionales en materia. Exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Enrique Guerrero Aviña, en estricto cumplimiento a lo establecido a la recomendación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidad en su opinión nº55/2015 del 74º periodo de Sesiones; como un acto de elemental justicia. Alto a la criminalización de la protesta social, alto a la criminalización y persecución política de los defensores de Derechos Humanos en Mexico. Agravios actuales ante la administración de José Luis Ruiz Flores: Falta de atención médica, así como de atención y seguimiento a las enfermedades crónicas o padecimientos que los reclusos han desarrollado a lo largo de su cautiverio. Denegación del derecho a actividades que contribuyen a la dignificación de las personas en situación carcelaria. Prácticas de segregación y confinamiento. Los alimentos que les otorga el CEFERESO a las personas privadas de su libertad es comida en mal estado. Falta de venta de material para taller (única actividad educativa). Demora excesiva en autorización de visita. Castigos arbitrarios como regla de trato y vejaciones. Demora, o falta en autorización en material educativo (libros, temarios, etc.) Se les priva del derecho al agua tanto para la visita como para las personas privadas de su libertad. Falta de condiciones para personas con alguna discapacidad física Falta de acceso a educación e inscripción a universidades y diversos grados educativos. Falta de insumos para aseo personal, entre otros. Comité Enrique Guerrero (Cega.enrique@gmail.com) Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. Colectivo Contra la tortura y la Impunidad Colectivo Bolivariano Colectivo Liquidámbar C.C.P. Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Preventivo y Readaptación Social. C.C.P. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Derechos Humanos en México. C.C.P Comisión Nacional de Derechos humanos Imagen destacada : Libertad Enrique Guerrero
