Inconveniencias y riesgos de la nueva iniciativa de Ley de la FGR
La última reforma a la Ley de la FGR pretendía ofrecer un trato digno, tanto a las víctimas como a las personas imputadas. Sus avances están en riesgo por una nueva iniciativa que pretende abrogarla.
Nahuatzen y el derecho a la libre determinación
📰 El conflicto de Nahuatzen se trata de un caso claro de criminalización, táctica usada para infundir miedo entre personas defensoras de los derechos colectivos de sus comunidades indígenas.
Colectivo ¿Dónde están? Acámbaro
Guanajuato tiene mucho camino que avanzar para establecer una verdadera política de búsqueda de personas desaparecidas, la cifra oficial es de al menos 2,439 personas sin localizar.
Derechos Humanos desde abajo
📰 ¿Cómo es que se ha ido generando un contenido contrahegemónico y crítico de los derechos humanos? Ello ha sido posible gracias a los procesos organizativos de actores sociales y populares en el mundo, particularmente del sur global
Defender derechos humanos en tiempos de Covid
📰 Han empeorado las condiciones para defender los derechos humanos en México y Centroamérica, así como las condiciones y situaciones de vida de las personas defensoras desde la llegada del Covid-19
Ayotitlán: una potencial solución paradigmática
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Gisel Mateos González 06 de octubre de 2020 El pasado 22 de julio el Estado mexicano notificó su intención de explorar el procedimiento de solución amistosa para lograr un acuerdo entre las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán (en adelante “comunidad”) y México. Y lo hizo a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”) para dirigirse a los representantes de las víctimas de la comunidad indígena de Ayotitlán, a saber, la Red Jalisciense de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, y la Unión de Pueblos de Manantlán (en adelante “peticionarias”). El posible acuerdo que nazca de esta solución amistosa será paradigmático por dos razones: definirá los límites territoriales entre los estados de Jalisco y Colima, y reconfigurará el andamiaje jurídico interno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, conforme a los estándares nacionales e internacionales más altos de derechos humanos. Así, para comprender la complejidad de este caso, es necesario conocer al menos parte de su proceso de exigencia, porque, aunque la comunidad ha habitado las tierras y territorios desde tiempos ancestrales, el Estado mexicano no ha reconocido formalmente su adscripción como parte de los pueblos indígenas nahua y otomí, ni la posesión de sus tierras ni su libre determinación se hayan reconocido, y por ello tampoco la protección especial que les debe ser garantizada. La historia y posesión de las tierras de la comunidad ancestral indígena nahua data desde la época de la Colonia, en 1756. La Corona Española le otorgó una extensión de terrenos de 70 mil hectáreas, mediante Merced Real, ahora ubicadas en los estados de Colima y Jalisco, las cuales son ricas en recursos naturales y albergan el yacimiento de hierro más importante a nivel nacional. Ahora bien, la tenencia de la tierra se transformó a partir de 1917, y se creó la propiedad social como una reivindicación de los pueblos indígenas y el campesinado. Por ello, la población nahua solicitó que se reconocieran sus territorios, poseídos tradicionalmente bajo la figura de “bienes comunales”. Dada la carencia de la Merced, en vez de bienes comunales se crearon “tierras ejidales” a través de la publicación de un decreto presidencial. Así, el gobierno decidió crear tierras ejidales con el fin de evitar conflictos internos entre las personas ejidatarias y la comunidad indígena nahua que poseía las tierras. Es decir, la posesión de una parte de la comunidad indígena nahua no fue beneficiada por el decreto presidencial de dotación de tierras ejidales. Y pese a que siguieron poseyendo las tierras de facto, no tuvieron reconocimiento ni protección a la tenencia de su territorio. De esta forma la comunidad no fue beneficiada por la justicia social posrevolucionaria, ya que sus reclamos de tierra y reconocimiento fueron invisibilizados en el reparto agrario. Además, no se consultó de forma libre, previa e informada a la comunidad sobre las actividades no consentidas como decretar sus territorios como zona protegida, la operación de empresas mineras y el establecimiento de personas no originarias de la comunidad en sus tierras. Por si esto no fuera suficiente, existe un conflicto territorial entre Colima y Jalisco, lo cual les ha privado de su derecho de acceso a una jurisdicción, debido a que no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable y luz, ni tampoco seguridad ciudadana y justicia. Esto ha permitido la comisión de delitos del crimen organizado, las múltiples violaciones a derechos humanos por parte de autoridades de diferentes ámbitos y niveles de competencia, así como la explotación y desgaste de sus tierras por la extracción de hierro a cielo abierto, realizada impunemente por consorcios mineros. Todo esto ha tenido como resultado la precarización de la vida, el desplazamiento forzado y la falta de oportunidades a una vida digna de todos las personas de la comunidad. Han sido interpuestas numerosas denuncias ante las autoridades para dar a conocer esta grave situación, ya sea por delitos, violaciones a derechos humanos o daños ambientales, pero ninguna ha prosperado. Por ejemplo, pese a la Recomendación 122/1995, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documentó este contexto de violencia sistemática y estructural contra la comunidad por parte de agentes estatales y particulares, los gobiernos de los estados de Colima y Jalisco no han cumplido totalmente la Recomendación. Por otro lado, desde 1995 hasta el día de hoy no han sido resueltas las controversias territoriales que fueron iniciadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y están radicadas en el Senado. Esto orilló en 2008 a la comunidad a acercarse a las peticionarias con el fin de interponer una denuncia ante la CIDH sobre la violación sistemática a sus derechos, la cual no ha había sido atendida por las autoridades mexicanas. En este sentido, algunas personas de la comunidad han hecho públicos sus reclamos de justicia y verdad, por lo que han sido blanco de ataques. De hecho, el último tuvo lugar en la Conmemoración de la “Matanza de Timbillos”, con el objetivo de dar un mensaje claro, como hace 100 años: persuadir a la comunidad para que desista de su lucha por la verdad y justicia. Finalmente, celebramos la intención del Estado mexicano de buscar una solución amistosa ante la CIDH, pero a la vez lo llamamos a reparar integralmente las violaciones contra la comunidad indígena de Ayotitlán, reconociendo así su proceso de exigencia, y con ello siente un precedente que irradie el sistema jurídico mexicano para que éste respete y garantice el pleno goce y ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. * Gisel Mateos González es colaboradora del CDH Vitoria.
Justicia para Abigail
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Angélica Díaz Por: Miguel Concha Sábado 03 de octubre de 2020 Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3 mil 894 mujeres fueron asesinadas entre enero y agosto, de las cuales sólo 626 están siendo investigadas como víctimas de feminicidio. Es decir, 16 por ciento. Las entidades con mayor número de feminicidios son estado de México, Veracruz, Ciudad de México (CDMX), Nuevo León, Puebla y Jalisco. La capital ocupa el tercer lugar a escala nacional, ya que se han registrado 48 casos en el año. Es pertinente recordar que el 7 de septiembre de 2017 varias organizaciones solicitaron la alerta por violencia de género contra las mujeres (AVGM) para la CDMX. Justicia Pro Persona, AC y el Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC, junto con Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), demandaron este mecanismo de emergencia, debido a la gravedad de la existencia y persistencia de la violencia feminicida, así como por una cuestión de acceso a la justicia. El proceso de la AVGM ha sido complejo, porque no sólo no se ha declarado, sino porque ha tenido que implicar la promoción de recursos legales, como el amparo, interpuesto ante el intento oficial por su sobreseimiento. Y si bien es cierto que la CDMX tiene una declaratoria de alerta, ésta se deriva del mecanismo local y no ha tenido el mismo procedimiento que la solicitud realizada por las organizaciones en 2017, cuyo proceso se halla en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el 9 de julio pasado la ministra Ana Margarita Ríos Farjat hizo suyo el escrito para ejercer la facultad de atracción. Así, la SCJN tiene de nuevo la oportunidad de atraer el caso por su trascendencia e interés, y con ello resolver a favor de los derechos de mujeres que habitan o transitan por la capital. En este contexto de violencia feminicida, el pasado 28 de septiembre el tribunal de enjuiciamiento del sistema procesal penal de la CDMX dictó fallo condenatorio contra Juan Velázquez Clemente por el feminicidio agravado de Mayra Abigail Guerrero Mondragón perpretado el 11 de diciembre de 2016. Mayra Abigail, o Abi, como le llamaban su madre, hermanas y amistades, tenía sólo 20 años cuando le arrebataron la vida y estudiaba el primer semestre de la licenciatura en derecho, además, de ser buena estudiante, trabajaba para colaborar en el gasto desu casa. Era una joven responsable y se hacía cargo de la cocina y ayudaba en las tareas escolares a su hermana más pequeña. Entre sus planes se contraba terminar su carrera y abrir un restaurante. Como muchas jóvenes víctimas de feminicidio, Abigail tenía un proyecto de vida, sueños y esperanzas. Ahora bien, existieron numerosas dificultades en el proceso penal sobre su caso, que evidencian aún más los graves problemas estructurales de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia. En lo que respecta a la etapa de investigación, hubo autoridades que maltrataron a la madre de Abigail; fue obligada a declarar inmediatamente después del feminicidio de su hija, sin tomar en cuenta el impacto por su pérdida ni su estado sicoemocional. Por otra parte, no se incluyeron pruebas o indicios vitales, y existieron filtraciones de información a medios periodísticos, lo cual afectó la dignidad de Abigail y causó la revictimización de su familia. Igualmente, elMinisterio Público responsable perjudicóel caso de diversas formas. La etapa de judicialización tampoco fue la excepción; el caso fue judicializado como feminicidio, aunque sólo por los signos de violencia sexual, sin considerar la forma en que Abigail fue privada de la vida, ni tampoco las múltiples agresiones que sufrió, las cuales constituyen signos de lesiones inhumanas y degradantes. Estas lesiones pudieron vincularse en el proceso gracias a la interposición de un recurso promovido por las asesoras jurídicas de Abigail y su familia, con lo cual el tribunal finalmente falló tres razones presentadas en el feminicidio: signos de violencia sexual, lesiones infamantes y degradantes, así como la exposición del cuerpo en un lugar público. Por último, es oportuno resaltar la admiración hacia Araceli Mondragón Sánchez, madre de Abigail, quien incansablemente buscó verdad y justicia para su hija. En sus propias palabras, ella dice que seguirá apoyando a otras madres, sobre todo ahora que la consideran una persona defensora de derechos humanos. Pero también resulta necesario reconocer el trascendental acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, como Justicia Pro Persona y el OCNF, especialmente los de Ana Yeli Pérez Garrido y Katherine Mendoza Bautista, ambas comprometidas y entregadas a la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, a quienes también agradezco su colaboración para la redacción de este artículo.
A tres años del 19s
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada Web original | Imagen : Alberto Ledezma Por: Miguel Concha Sábado 19 de septiembre de 2020 Hoy conmemoramos el tercer aniversario del terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19s), y 35 años de los ocurridos en 1985. Sin embargo, después de este tiempo, el 19s no se olvida, y ésto no sólo por todo aquello que ha quedado guardado en la memoria colectiva, sino porque el desastre sigue afectando a las personas damnificadas y a la sociedad en su conjunto. Hablando del desastre, la falta de prevención, de planificación y de acción estatal adecuada genera que fenómenos naturales, como los sismos, devengan en desastres. Y si bien es cierto que los terremotos no pueden impedirse, sí es posible reducir al máximo los daños que probablemente causarán. Como lo expone el informe Documenta desde abajo, elaborado por estudiantes, académicos, colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos. Los efectos catastróficos de los fenómenos naturales generalmente obedecen a factores socialmente construidos (https://bit.ly/2lmAR7C). Y así, el 19s es un desastre socialmente construido, debido a las violaciones a los derechos humanos, antes, durante y después del siniestro, por la acción, omisión o aquiescencia del Estado. En este sentido, la recomendación 12/2018, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDHCM), identificó violaciones a derechos, como los siguientes: nivel de vidaadecuado, a una vivienda digna, a la vida, ala integridad personal, a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, así como el derecho a la información. Por ejemplo, en el caso del edificio que colapsó en Simón Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca, donde lamentablemente fallecieron 15 personas, entre ellas doña María Teresa Lira Infante y María Elena Sánchez Lira, las autoridades responsables, al no supervisar ni inspeccionar integral y diligentemente el edificio antes del 19s, cometieron omisiones respecto a varios de estos derechos. Al igual que en Zapata 56, Saratoga 714 y Álvaro Obregón 286, cabe señalar que en Bolívar 168 se presentaron numerosas irregularidades que presuntamente propiciaron el colapso del edificio, propiedad de Inmobiliaria Inmobico SA de CV, entre ellas, la antigüedad del inmueble, la ampliación de dos plantas respecto a la construcción original, el sobrepeso de los pisos tercero y cuarto, la colocación de una antena de telecomunicaciones, y la falta de rehabilitación estructural después de los terremotos de 1985. Ante las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, víctimas, sobrevivientes y colectivos, como Damnificados Unidos de la CDMX, llevan a cabo procesos de exigencia de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición. Y lo hacen mediante demandas, como la rehabilitación y la reconstrucción de las viviendas de una forma adecuada y segura, y realizadas con fondos públicos. Su lucha se ha encontrado con la revictimización; con políticas de castigo y desatención por parte de autoridades; con obstáculos interpuestos por las empresas constructoras, y con retrasos temporales en la entrega y calidad de las viviendas reconstruidas, así como con diversas dificultades, como las afectaciones físicas, síquicas, emocionales y espirituales. Sin embargo, su lucha tiene una función transformadora, debido a su gran capacidad catalizadora para reforzar la organización y la genuina determinación en la defensa de los derechos humanos que surge desde abajo, reivindicando su posición como sujetos de derechos, no como objeto de discursos. Prueba de ello es la Jornada de lucha por la verdad y la justicia, que junto a otras personas damnificadas, organizaciones, colectivos, movimientos y sociedad en general emprenderán hoy, y que se extenderá hasta el 26 de septiembre y el 2 de octubre. Por todo lo dicho, autoridades capitalinas, como aquellas de la Comisión para la Reconstrucción, las de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Secretaría para el Desarrollo Urbano y Vivienda, y del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, por mencionar algunas, tienen el deber constitucional e internacional de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido antes, durante y después del 19s, lo cual, según la recomendación de la CDHCM requiere de una conjunción de esfuerzos, asumida como obligación de Estado, y no como labor filantrópica o de gestión de asuntos administrativos o intereses particulares. De esta manera, se eliminarán los obstáculos para el acceso a la justicia y se logrará la certeza y claridad sobre las condiciones del suelo de la capital, así como la adecuada atención a la infraestructura urbana y la garantía del derecho a una vivienda digna. Por otro lado, para que el 19s nunca más vuelva a repetirse se promoverá la responsabilidad del Estado, una cultura de derechos humanos, la prevención de riesgos, el acceso a la información y la atención a grupos de atención prioritaria con enfoque diferencial.
Resistencia LGBT+, defender nuestras vidas
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político Web original | Imagen : Web Por: Jorge Luis Aguilar y Leslie Joryet 11 de septiembre de 2020 De algunos meses a la fecha han resaltado en medios diversos casos de asesinatos a personas LGBT+ en nuestro país, y aunque las latitudes son distintas, los crímenes están emparentados por las evidentes señales de violencia y saña con las que quien les atacó buscó imprimir su odio en los cuerpos de las víctimas. No sabemos quiénes son los o las culpables, pero las notas periodísticas enuncian disparos con armas de fuego, mutilaciones, arrollamientos e incineraciones como formas de tortura; que, además, de forma similar a como se ha insistido al hablar sobre uno de los signos que distinguen a la forma más extrema de violencia contra las mujeres -un feminicidio- muchos de estos ataques también terminan con los cuerpos de las víctimas abandonados en vía pública, como si de basura se tratara, intentando evidenciar el grito del perpetrador de “tú no vales nada”. En pleno 2020 persiste la discusión de si algunas personas son válidas y otras no, en donde las diversas formas del rechazo a la diferencia se cobijan del sistema cultural patriarcal que en ciertos casos discrimina y excluye sistemáticamente, en otros arrebata de manera violenta la propia vida y bajo otras formas ofrece a través de lo que podría ser considerado como tortura, la supuesta “cura” ante lo que por pura semántica es, entonces, lo “desviado”, lo “enfermo” o lo “anormal”. La discusión es tan añeja como argumentar si alguien tiene el derecho de votar, de sentarse en la parte de enfrente de un autobús o si puede vestirse como su identidad le dicte. Las personas activistas y organizaciones no se han quedado con los brazos cruzados, pues los avances, sobre todo en la visibilización de las realidades a las que día a día enfrenta el colectivo, han empujado enormes logros y transformaciones en el país, pero que a su vez, esa visibilidad y presencia en muchos de los casos genera un reflujo, una respuesta de una tendencia conservadora que nos tornó más vulnerables al odio en el contexto de una cultura que permite la impunidad y que hasta nuestros días se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma cisgénero-heterosexual. De frente a una discusión que implica dos creencias que se oponen y chocan, las autoridades casi siempre se han visto rebasadas por la realidad y prefieren minimizar la gravedad de las circunstancias. En México fue necesaria una serie de protestas en diversos estados, huelgas de hambre e incidencia en diversos niveles para conseguir que algunas Fiscalías se comprometan a dar seguimiento a los crímenes evidentemente impregnados de odio que nos sacuden día tras día, sin esas voces sería aún más probable que los asesinatos de Mireya Rodríguez en Chihuahua, de Jonathan Santos y Julie Torres en Jalisco, de Javier Eduardo Pérez y de Elizabeth Montaño en Morelos, de Gabriela Reyes en Tabasco, de Samantha Rosales en Puebla y de Jeanine Huerta en Baja California, entre otros que difícilmente conoceremos, queden en la impunidad. ¿Cómo saber si los ataques, en algunos de los casos, fueron motivados por su activismo? ¿Cómo diferenciar un homicidio a un crimen de odio? ¿Por qué no es ocioso reconocer de manera clara cuando los asesinatos implican agravantes en ese sentido? ¿Cómo dejar en el pasado narrativas que de manera casi automática responsabilizan a las propias víctimas de que les hayan arrebatado la vida de esas formas inhumanas? ¿Cómo dejar de encuadrar investigaciones en suicidios, “crímenes pasionales” y “malas amistades” a voluntad de investigadores que no saben ni quieren hacer su trabajo? ¿Por qué como siempre son las familias de las víctimas y la sociedad civil organizada en quienes parece recaer la investigación, la aportación de pruebas y todo el trabajo de las fiscalías? Avanzamos en el reconocimiento jurídico, en la prohibición de la discriminación, en medidas incluyentes que atienden obstáculos específicos como el derecho a la identidad de las personas trans, mientras al mismo tiempo se ponen sobre la mesa pendientes urgentes como la construcción de protocolos que permitan a las autoridades atender a las víctimas con el enfoque diferenciado y especializado que requieren estos crímenes. De nada sirve, tal como ocurre en los casos de feminicidios, la existencia de códigos penales que identifican la problemática pero no terminan de ser aceptados ni puestos en práctica por el personal al momento de investigar o sancionar, pues se evita reconocer por todos los medios la evidente señal de la violencia extrema a su dignidad y sus cuerpos vulnerados, acciones que a su vez, desde los perpetradores de estos crímenes, tienen la finalidad de mandar mensajes sociales de advertencia, terror y apología al machismo más destructivo y violento. Por otro lado, ¿qué ha cambiado para las personas LGBT+ con las ardientes discusiones revisionistas en redes sociales que tienden a la “cancelación” como propuesta de solución? ¿Qué sentido tiene el golpeteo constante de las pantallas de celular en puntos ciegos que a veces no tienen clara conexión con las víctimas que siguen recibiendo agresiones en la calle? Mientras los hashtags sobre declaraciones actuales y obras musicales de hace décadas se suceden uno tras otro, las noticias siguen mostrando que esa buena intención de extirpar la homofobia de la sociedad sigue siendo una batalla que convoca a poner los cuerpos en la calle, a plantar cara a las autoridades ineficientes y arrancarles compromisos de la forma en que sea necesario. Una posición justiciera que en su búsqueda de un mundo mejor atiende cruzadas de “supremacía ética” presumible en Twitter, pero apenas se atreve a tocar nociones de superficie está destinada a caducar si no profundiza en las expresiones más dolorosas de la problemática o si no ofrece una red de confianza a quienes están enfrentando la homofobia en la carne, no en la teoría. Mientras estas luchas y exigencias se generan y llevan a cabo día a día, es importante recordar que la
El Gobierno de México debe abstenerse de estigmatizar la labor de personas defensoras de DH y periodistas
Más de 1500 personas y organizaciones llamamos al las autoridades a abstenerse de estigmatizar el trabajo de personas defensoras y periodistas, así como generar un entorno propicio para su labor
