Resultados de la Misión Civil de Observación: Autonomía Purépecha, violencia y criminalización.
Del 17 al 19 de febrero, organizaciones de la sociedad civil y periodistas, realizamos una Misión Civil de Observación (MCO) en la Meseta Purépecha del estado de Michoacán, con el objetivo de conocer los procesos de las comunidades en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, y documentar las graves violaciones a derechos humanos de los que han sido víctimas. La Misión (MCO) permitió un fructífero encuentro entre las comunidades de Comachuén, Sevina, Arantepacua y Nahuatzen, además de que nos permitió conocer el importante papel que han tenido las mujeres Purépechas en los procesos comunitarios: formar parte y ser reconocidas en los Concejos es el resultado de un gran esfuerzo colectivo de las compañeras. Tras la visita, los Concejos Indígenas y el propio pueblo nos han dejado ver que la violencia, ejecuciones extrajudiciales, hostigamientos, criminalización, encarcelamientos injustos, y la sistemática intervención de Celerino Cruz contra los consejos, son una práctica sistemática que se han convertido en una estrategia del Estado para desmovilizar a las comunidades y obstaculizarles el derecho a su libre determinación y autonomía. Documentamos las violaciones de derechos humanos del 4 y 5 de abril de 2017 en Arantepacua, como la ejecución extrajudicial de 4 personas (entre ellas un menor de edad), uso excesivo de la fuerza pública, allanamiento, detención arbitraria de 48 comuneros (con tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención) y faltas al debido proceso. Hasta ahora, a casi 3 años de los hechos, las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente y la comunidad profundamente afectada, no han tenido acceso a la justicia y reparación, al contrario, siguen siendo víctimas de hostigamientos y amenazas. En Nahuatzen, el Concejo Ciudadano Indígena enfrenta un proceso de criminalización e intimidación mediante el encarcelamiento de dos Concejales, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, y un comunero, Gerardo Talavera; además de órdenes de aprehensión que mantienen en incertidumbre a dos concejales más. A estas situaciones se suman las agresiones perpetradas por actores de las fuerzas de seguridad púbica, así como la difamación y descrédito constante de su trabajo como Concejo. Estos actos violentos por parte de autoridades estatales y municipales, tienen el objetivo de desarticular la autoridad tradicional e impedir el ejercicio de su derecho a la autonomía comunitaria. En Comachuén hay actores comunitarios vinculados con el sistema de partidos y diversos funcionarios públicos que han intentado inhibir la participación de las mujeres en el Concejo, argumentando que no tienen derechos ni capacidades para cumplir con sus funciones. Esto ha implicado un constante cuestionamiento al gobierno comunitario, caracterizado por la gestión participativa y la buena administración de los recursos, a pesar de la retención ilegal del presupuesto por parte del Ayuntamiento. Muestra de ello es que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán ha ordenado la celebración de una asamblea el próximo domingo 23 de febrero para ratificar a las autoridades tradicionales, sin tener ningún fundamento legal y a pesar de que al Concejo le restan 2 años de administración. La comunidad de Sevina está impulsando un proyecto comunitario integral que implica un gobierno propio, recuperación de la lengua materna y capacitación a la comunidad para ejercer funciones públicas, entre otros. Fruto de esto, la sala regional de Toluca emitió una sentencia dictando que la comunidad tiene derecho a administrar sus recursos de manera directa, a pesar de esto no les fue entregado lo correspondiente a 2019, afectando la administración del Concejo y el acceso a servicios para la comunidad. Este año, ya les ha sido entregada una parte del ejercicio 2020. A estas trabas presupuestales para el ejercicio del Concejo, y al igual que en las otras 3 comunidades, se suman descrédito y cuestionamiento de las capacidades y poder de decisión de las mujeres para ejercer sus labores como concejalas. La Misión Civil de Observación, manifiesta su preocupación ante un posible escalada de violencia y hace un llamado a las autoridades estatales, municipales y federales para que: La Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes para que las familias de las personas ejecutadas extrajudicialmente en Arantepacua, tengan acceso a la justicia, reparación integral de los daños, medidas de no repetición y que se castigue a los culpables. La libertad para los presos políticos de Nahuatzen y el retiro de las dos órdenes de aprehensión contra los dos concejales, así como el cese a la persecución, hostigamiento y actos violentos contra el Concejo Ciudadano Indígena. Que se cumpla con la entrega puntual y directa del presupuesto para las comunidades, sin intervención del Ayuntamiento de Nahuatzen. Respeto a los derechos políticos de las mujeres y cese de las agresiones y actos de intimidación de quienes ejercen su derecho a ser autoridades y a trabajar por la libre determinación de sus comunidades. El cese a las consultas y concejos impuestos que intentan desacreditar y desarticular los procesos de autonomía comunitaria y que se garanticen las condiciones mínimas de seguridad para la consulta que se llevará a cabo este 23 de febrero en Comachuén. Que el Tribunal Electoral actúe bajo los más altos estándares internacionales Que el Gobierno del Estado tenga disposición al diálogo con los Concejos Indígenas de las comunidades La destitución de aquellos servidores públicos que fomentan la corrupción y el mal uso de los recursos públicos en las comunidades. Y el cese al las prácticas sistemáticas de hostigamiento y criminalización de las comunidades que impiden el derecho de las comunidades a ejercer su libre determinación y autonomía. Atentamente Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Solidaria de Derechos Humanos Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Servicios y Asesorías para la Paz, A.C. SERAPAZ [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Foto destacada: Red TDT [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Resistencia del pueblo chontal
Sábado 07 de diciembre de 2019 Miguel Concha Las diversas luchas contra el extractivismo en México se han convertido en una constante en todas sus formas, con presencia en buena parte del territorio nacional. En su mayoría, son comunidades y pueblos indígenas y campesinos los que directamente enfrentan despojos de sus territorios y bienes comunes. Para los tiempos que corren, no ha dejado de ser un tema recurrente, incluso se perfila como un modelo económico hasta cierto punto de continuidad, basado de manera importante en la extracción de recursos naturales. Habrá que recordar y reafirmar primero que el Estado mexicano tiene la obligación constitucional, emanada de la norma internacional de los derechos humanos, de proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y que uno de los instrumentos internacionales más referido en este asunto es la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esos documentos, debidamente interpretados, posibilitan también una seria tarea para el gobierno actual: revertir o dejar de hacer todo aquello que impida la realización de los derechos de estos pueblos Por desgracia, hasta ahora son muchos los ejemplos de comunidades indígenas que tienen que luchar por sus propios medios contra las industrias extractivas. Tal es el caso de la comunidad agraria indígena del pueblo chontal de Santa María Zapotitlán, perteneciente al municipio de Santa María Ecatepec, distrito de San Carlos Yautepec, en Oaxaca. En dicha comunidad existe el riesgo de que proceda un megaproyecto minero que abarcaría poco más de 5 mil 412 hectáreas, poniendo en riesgo la existencia de la comunidad chontal. Esta concesión minera, denominada Zapotitlán 1, según la Secretaría de Economía, pertenece a la empresa minera Zalamera SA de CV. Cuando un proyecto a gran escala llega como amenaza a alguna comunidad indígena, como ahora lo vemos, la pone en riesgo, pues la explotación de recursos en su territorio puede generar el desplazamiento forzado de su población, como ya lo hemos visto en casos similares. Se podría dar el abandono de sus tierras, ríos, bosques y de sus hogares y escuelas; dejando además de lado sus templos y lugares ceremoniales, de convivencia y realización de su vida comunitaria. Hemos constatado que de proceder estos megaproyectos, se podría romper el tejido vital de las comunidades. En el caso que ahora reportamos, esta inversión de la minera pone directamente en riesgo las tierras comunales de al menos cinco comunidades vecinas, entre las que se cuentan San Juan Alotepec, San José Chiltepec, Guadalupe Victoria, Santa Lucía Macaltepec y San Matías Petalcaltepec, pertenecientes a los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Asunción Tlacolulita, San Miguel Tenango y Santo Domingo Tehuantepec, todas de Oaxaca. Urge que las autoridades atiendan y dimensionen la afectación enorme que traería a toda esa región. Además, se ha comprobado que, por los desechos que se generarían, existen riesgos indirectos ambientales y de salud para las comunidades. En este caso las que se ubican en la zona chontal baja. Hasta la fecha las comunidades, en búsqueda de la protección a sus derechos, han recurrido al Poder Judicial. Y, dado el riesgo que corren, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su solidaridad y mostrado su preocupa-ción ante los impartidores de justicia. Hacemos votos para que toda sentencia que se emita del caso sea hecha con el ánimo de hacer prevalecer los derechos de esta comunidad chontal, los cuales incluyen su derecho a la libre determinación, su autonomía y el respeto irrestricto de su derecho al territorio. Esto frente al interés particular de la empresa minera y de la propia Secretaría de Economía. Ayudaría mucho que en casos como este las empresas inversoras y las propias instituciones del Estado hicieran un esfuerzo mayor para conocer la forma de vivir de la comunidad y el riesgo que significa la procedencia de la concesión minera para tales territorios y región. No sobra decir que en situaciones como la que narramos debe primar el deber judicial de realizar control de constitucionalidad y convencionalidad, como una función ineludible del juzgador. Hago un reconocimiento a la organización defensora Tequio Jurídico AC, que ha acompañando a la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio por varios años. En particular acompaña la estrategia jurídica y de defensa del territorio que la comunidad de Santa María Zapoti-tlán lleva a cabo. Sin duda y frente a la crisis de civilización, en la que incluyo la crisis de derechos humanos, ambiental y climática, la experiencia de resistencia de esta comunidad es esperanzadora, pues centra su interés en la vida misma. Es decir, en toda forma de vida que habita en sus territorios. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
Mártires de la UCA
Sábado 09 de noviembre de 2019 Miguel Concha El próximo 13 de noviembre se cumplen 30 años de la masacre de los seis jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de San Salvador, y dos de sus trabajadoras, por efectivos del batallón de élite Atlacatl. Se tiene además noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos despeja el camino para extraditar, por fin, al coronel salvadoreño que ordenó su muerte. Ellas y ellos son, Elba Ramos, ama de llaves; su hija adolescente, Celina; Ignacio Ellacuría, rector; Ignacio Martín-Baró, vicerrector y jefe del Departamento de Psicología; Segundo Montes, profesor de teología; Juan Ramón Moreno, director espiritual y ex presidente de la Conferencia de Religiosos de Panamá y Nicaragua; Amando López, profesor de filosofía, y Joaquín López y López, director de los Colegios Fe y Alegría de El Salvador. En entrevista concedida el pasado 24 de octubre al semanario estadunidense National Catholic Reporter (https://www.ncronline.org), el P. Jon Sobrino S.J., quien venturosamente se libró de ser ejecutado, por encontrarse en esos días en una conferencia de teología en Tailandia dirigiendo un taller sobre Jesús crucificado, recuerda el coraje que le dio el asesinato de las dos primeras personas, pues al fin y al cabo el de los jesuitas en aquellos días era hasta cierto punto previsible, pero el de las dos mujeres inocentes resultaba totalmente inexplicable. En un mundo entonces políticamente polarizado entre el oriente, ateo y comunista, y el occidente, cristiano y democrático, era muy fácil, en efecto, estigmatizar en bloque a los partidarios de la teología de la liberación como absolutamente marxistas y comunistas. Y un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas (1993) planteaba que el objetivo principal de la agresión era el rector Ellacuría, y que los demás fueron asesinados para eliminar testigos. Recuerdo que entonces la Universidad Nacional Autónoma de México publicó, de manera extraordinaria, en los principales diarios de circulación nacional una esquela en la que subrayaba la saña con la que los soldados se habían cebado contra la cabeza de Ignacio Ellacuría, destruyéndola a culatazos, como símbolo de la aversión que le producía su pensamiento estructural sobre la injusticia y la violencia de la oligarquía salvadoreña. Vano intento por tratar de aniquilar la libertad de pensamiento y el compromiso ético de la inteligencia por la verdad y la justicia, pues hoy en día son muchas las investigaciones que se han venido haciendo para comprender mejor y desarrollar su pensamiento, y muchas de las cátedras e instituciones académicas que, sobre todo en Iberoamérica, llevan su nombre o se encuentran inspiradas por él. Prueba de ello es el libro Ignacio Ellacuría en las Fronteras, coordinado por Óscar Arturo Castro Soto, Luis Mauro Izazaga Carrillo y Helena Varela Guinot, de la cátedra de análisis de la realidad política y social, del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que también lleva su nombre, y que próximamente será presentado en varias sedes y exposiciones, dentro y fuera del país. Como explica Jon Sobrino en el reportaje mencionado, para Ellacuría los males que debían superarse, y que de alguna manera desgraciadamente siguen, eran obvios: pobreza, empeoramiento de la explotación, la escandalosa brecha entre ricos y pobres, la destrucción ecológica, así como la perversión de los avances reales en democracia y la manipulación ideológica de los derechos humanos. Como explican los autores del libro mencionado, para Ellacuría Las violaciones a los derechos humanos son en sí mismas aspectos negativos de la historia y la humanidad tiene que liberarse de ellos. Sin embargo, el proceso de liberación tiene que caminar hacia algo distinto, hacia la utopía de un mundo mejor. Así, la liberación no es la libertad en abstracto, sino el tránsito de una situación negativa a otra positiva en permanente reconocimiento y construcción histórica (p. 11). Por ello, en repetidas ocasiones habló contra la deshumanización, la degradación y la prostitución del espíritu, sobre las cuales se decía y todavía se dice muy poco. Para Sobrino, como para Ellacuría, su mentor, para sanar a una civilización que está muy enferma, necesitamos de alguna manera el aporte de los pobres y las víctimas. Y por cierto, a propósito de Jesús crucificado, del que se ocupaba Sobrino en Tailandia, mientras sus hermanos eran salvajemente ejecutados, el 15 de octubre pasado, con ocasión del 40 aniversario del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, el teólogo español Juan José Tamayo recordaba en un conversatorio que cuando sacaban de su habitación el cadáver de Ignacio Ellacuría, cayó inesperadamente de uno de los estantes sobre su cuerpo el libro de Jüngern Moltmann El Dios crucificado, la cruz de Jesucristo como base y crítica de toda teología cristiana, el cual quedó impregnado con la sangre del rector recién sacrificado. Lo que desde entonces dejó profundamente impresionado a su autor. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Comunica EDU
¿A quién debe servir la CNDH?
23 de octubre de 2019 Por: Jorge Luis Aguilar (@JorgeLuisAP) Nos encontramos a unas semanas de que la actual administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) termine su mandato. Frente a este momento se plantea un enorme reto: la elección de la persona que ocupe su titularidad en el próximo periodo que habrá arrancado en noviembre próximo, ya que en medio de la complejidad de estos tiempos políticos, la CNDH sigue siendo reconocida como una de las instituciones autónomas más importantes en la estructura del Estado ya que su principal función consiste en vigilar la garantía y la protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan y/o transitan por el país. Así, una vez que el Senado emitió la convocatoria correspondiente, éste ha recibido en los últimos días 57 postulaciones de ciudadanas y ciudadanos interesados en participar durante el proceso de evaluación de sus perfiles y experiencias, los cuales permitirán definir al propio Senado quién habrá de ocupar la presidencia de la CNDH. Esta designación tiene buenas posibilidades de ser inédita y de avanzar en el nivel de participación de la ciudadanía, y es que desde antes del anuncio de la misma Comisión de Derechos Humanos del Senado con respecto a la convocatoria, había ya gran expectativa de diversos sectores para impulsar una CNDH fortalecida tras el momento de definición que atraviesa. Uno de estos esfuerzos se refleja en #CNDHAutónoma, articulación desde la cual diversas organizaciones de la sociedad civil han insistido en que se garantice transparencia y certeza en todo el proceso de selección de la nueva persona titular. Por lo tanto, gran parte de la legitimidad de ésta vendrá del proceso de su elección y de que cumpla con los criterios imprescindibles para realizar responsablemente sus tareas, entre ellos, amplios conocimientos en torno al tema de derechos humanos, así como cualidades para establecer un modelo que permita amplificar de manera eficiente el impacto nacional e internacional de sus actividades. La CNDH debe caracterizarse, entre otras tantas cosas, por tener una visión objetiva y responsable, e indudablemente por un rasgo sustancial: su autonomía. Basta sólo recordar que uno de los propósitos de organismos como la CNDH es el de fungir como un contrapeso frente al poder institucional del gobierno (esté en manos de quien esté), teniendo la suficiente fuerza y autoridad moral e institucional para señalar con todo rigor los momentos y actos donde el Estado no garantiza la protección de las condiciones básicas de vida para las personas, e igualmente denunciar con firmeza las acciones estatales que lastiman la dignidad de quienes viven y transitan por el país. Asimismo, es importante señalar que la CNDH no debe ser contraria u opositora a quienes ocupan espacios de autoridad en la estructura del gobierno; en cambio, sí debe ser incómoda y vigilante, pues de ninguna forma sería útil si no persiste su espíritu de inagotable observación ante los atropellos, omisiones e ilegalidades que cometen los gobiernos y autoridades, pues es bien sabido que el poder cierra los ojos ante los actos que le parecen incómodos, y quienes lo ostentan suelen estar en tentación de servirse del mismo para lograr fines particulares o de sus grupos. Lamentablemente, lo anterior ha sido una constante real e innegable en todos los partidos políticos, todos los niveles y en todas las formas de gobierno, algo que difícilmente cambiará de la noche a la mañana. Frente a esto, la protección suprema de la dignidad humana es un principio que la defensa de los derechos humanos permite sostener como parte del fortalecimiento de los Estados que se nombran democráticos y de derecho. Por otro lado, el centro de la resistencia y la gran reserva moral que han empujado numerosas transformaciones democráticas en nuestro país está en las víctimas, solas o agrupadas en grandes movimientos, quienes por los últimos años han dado argumentos éticos para darle sentido a las luchas, por mencionar un ejemplo. De este modo, no habrá legitimidad de una persona “defensora del pueblo / ombudsperson” sin empatía, cercanía y camino recorrido junto a las víctimas. Por ende, la siguiente persona titular tendrá que responder por todas las víctimas, por las de hoy y las del pasado, y su voz deberá ser contundente en medio del momento de gran crisis pero también de ansias de transformación que atraviesa el país. En este momento, con un afán de transparencia con la sociedad, el Senado se ha comprometido a valerse de diversos indicadores surgidos del derecho internacional, así como de las experiencias y prácticas que las organizaciones de la sociedad civil hemos estado recomendando desde el principio del proceso de designación. Así, este proceso de participación se ha dado en un diálogo continuo y neutral, sin la intención de favorecer a ninguna persona candidata en específico, sino más bien para dar un aval crítico y propositivo al ejercicio, insistiendo en que el establecimiento de altos estándares de elegibilidad en los procesos de designación permitirán ir “subiendo la vara” en este tipo de decisiones. Finalmente, la CNDH necesita fortalecer su legitimidad garantizando una designación de la siguiente persona titular que responda a criterios claros y a una demostrada autonomía, de manera que la decisión final habrá de nombrar sólo a quien demuestre su capacidad, conocimiento y una fuerte lealtad no a sus compromisos políticos, sino a las víctimas y a nadie más que a ellas. *Jorge Luis Aguilar es defensor de derechos humanos y es colaborador del @CDHVitoria. Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Internet
Fiscalía CDMX: Organizaciones y colectivos de víctimas exigen asesoría jurídica autónoma e independiente
Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha incumplido con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. La asesoría a víctimas debe gestionarse de manera autónoma a la fiscalía para no poner en riesgo el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Deben asignarse recursos adecuados y suficientes para la operación de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Asesoría Jurídica para la Ciudad de México. Por medio de la presente, las organizaciones civiles y colectivos de víctimas firmantes saludamos la emisión de la propuesta de la Comisión Técnica para la transformación de la procuraduría a fiscalía de la Ciudad de México. Ante las múltiples y recientes quejas por violación, filtración de información, omisión, negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), coincidimos con la Comisión Técnica en la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades de las y los integrantes de la futura Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas. Deseamos recordar que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 redefinieron el carácter de la víctima dentro de los procesos penales, reconociéndole un papel más activo en el desarrollo de su defensa y protección judicial. Lo anterior dio paso a que en 2013 se publicara la Ley General de Víctimas, y posteriormente de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las cuales surgen como resultado de un proceso de carácter político-social que demandaba el surgimiento de un modelo integral de atención a víctimas que canalizara sus necesidades en el marco de los procesos penales. Sin embargo, el retraso en el proceso de armonización de la Ley y en la instalación de la Comisión ha ocasionado que la procuraduría continuará asumiendo la asesoría jurídica de las víctimas a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, área que ha carecido de capacidades humanas, financieras y técnicas para atender adecuadamente a las víctimas. Conservar la asesoría jurídica dentro de la nueva estructura de futura Fiscalía significaría mantener la subordinación que hoy en día tiene el asesor jurídico respecto a la institución investigadora, pues implica un posible conflicto de interés en detrimento de una defensa adecuada de las víctimas. En este contexto, debe consolidarse con carácter urgente y paralelamente al proceso de transición de la procuraduría en fiscalía, una asesoria jurídica como eje fundamental para la defensa adecuada y protección judicial de las víctimas, lo cual supone independencia y autonomía frente a la futura fiscalía. Tal como establecido en el artículo 162 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Asesoría Jurídica, “área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativas y de derechos humanos” deberá depender directamente de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo anterior permitirá asegurar que las asesoras y los asesores jurídicos cumplan con su función de “vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctima en las actuaciones del Ministerio Público, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de ésta la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de sus derechos por parte del Ministerio Público”[1]. Por lo expuesto anteriormente, consideramos urgente fortalecer a la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México, en particular dotando de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Asesoría Jurídica para que cumpla efectivamente con su funciones de representar a la víctima de manera integral, garantizando así la equidad procesal de las partes, y con ello el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima. Imagen destacada: Internet
Ayotzinapa: daños para la verdad
Sábado 14 de septiembre de 2019 Miguel Concha A unos días del quinto aniversario de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer un golpe tremendo contra la lucha de los familiares por la verdad: la liberación de Gildardo López Astudillo, señalado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien habría tenido un papel relevante en esos lamentables hechos. Tras considerar un juez que no había pruebas suficientes y lícitas en contra de López Astudillo, fue absuelto y salió del penal en el que había estado por cerca de cuatro años, pues fue aprehendido a unos días del primer aniversario de la desaparición de los estudiantes, llevándose consigo información valiosa para dar con el paradero de los jóvenes. Las familias reaccionaron con una indignación que es perfectamente justificable y tiene también lamentables antecedentes y advirtieron que, de no enderezarse el actuar de los ministerios públicos, lo mismo podría suceder con decenas más de personas involucradas. Tanto las familias como los peritos, entre ellos el experimentado Equipo Argentino de Antropología Forense, habían advertido desde los inicios de la investigación que había irregularidades en el proceder de las autoridades y que la evidencia existente no se correspondía con las presuntas declaraciones de las personas presentadas como probables responsables. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió no sólo de la imposibilidad fáctica de la teoría oficial del caso, sino que señaló graves irregularidades en la actuación de las autoridades investigadoras. A esto se sumó el informe Doble Injusticia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual expuso la existencia de fuertes elementos de convicción, para concluir que al menos en contra de 34 de 63 personas imputadas existió tortura. Al analizar los recursos de amparo interpuestos por la defensa de varios acusados, un tribunal colegiado de Tamaulipas reconoció la falta de exhaustividad e imparcialidad en la investigación, así como la tortura contra los detenidos, y ordenó reponer el procedimiento, creando una comisión investigadora con la participación de las familias y sus representantes, de expertos internacionales y de la CNDH, en acompañamiento al Ministerio Público. Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a seguir las recomendaciones del GIEI y del tribunal colegiado de Tamaulipas y encubrió a quienes torcieron la investigación hasta el último día de la pasada administración. Al momento de escribir estas líneas estas personas, que actuaron contra el derecho a la verdad y la justicia de los 43 jóvenes y sus familias, no han rendido cuentas por tan grave, doloroso e impune modo de actuar. El cambio de gobierno trajo nuevas expectativas, y con la materialización de la Comisión Presidencial para asegurar el acceso a la verdad y la justicia, encabezada por el subsecretario Alejandro Encinas, se renovó la esperanza de hallar a los muchachos. Lamentablemente, el impulso que han mostrado los funcionarios integrantes de esta comisión no ha sido del todo acompañado por quienes tienen la investigación penal en sus manos desde hace al menos 10 meses: no se han corregido las deficiencias cometidas por la PGR, no se han presentado nuevas acusaciones, ni se ha actuado contra quienes sembraronlos errores que hoy han llevado a la caída de los procesos contra personas relevantes. Incluso hace apenas dos meses se nombró al fiscal especial para el caso, en quien las familias han depositado gran confianza. La liberación de El Cabo Gil es la primera absolución que consigue un acusado en la desaseada investigación armada por la PGR para imponer una versión mediante todo tipo de violaciones al proceso y a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia. Pero podría haber más. Las familias, por su parte, con su enorme y digna lucha, han conseguido que el caso no se cierre mediante verdades fabricadas a modo, mientras que los organismos internacionales han colaborado mostrando caminos relevantes para este caso y para decenas de miles más. Ahora es realmente urgente que las personas que tienen en sus manos el caso se apresuren a evitar que más personas con información sobre el paradero de los estudiantes eludan la justicia. Aunque también, como expresó La Jornada en su editorial del 6 de septiembre pasado, “por la fuerza ejemplar del caso Iguala, en tanto emblema de la violencia perpetrada con la connivencia de las autoridades, la liberación de El Cabo Gil coloca a la Fiscalía General de la República en la obligación de investigar la investigación; es decir, a poner bajo la lupa a sus empleados o ex empleados que intervinieron para enturbiar el curso de las indagatorias”. Añadiendo que dicha pesquisa no estará completa si no se voltea hacia los jueces que han hecho gala de generosidad en el tratamiento de los presuntos culpables. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Jorge Aguilar
Antimilitarización y antimilitarismos
Sábado 24 de agosto de 2019 Miguel Concha Convocada por la Internacional de Resistencias a la Guerra, cada cuatro años se organiza la Conferencia Internacional Antimilitarismos en Movimiento. Este año tuvo por sede Bogotá, Colombia, del 31 de julio al 2 de agosto. La conferencia se realizó en estrecha colaboración con organizaciones y grupos locales que forman una red mundial antimilitarista y pacifista de base que trabaja por un mundo sin guerra. Si partimos de que la guerra es un crimen contra la humanidad, el compromiso radica en no apoyar ninguna de sus expresiones y erradicar todas sus causas. Así, la conferencia fue un espacio en el que personas de diversas partes del mundo compartieron prácticas y narrativas de resistencia a la guerra. Dos ejes facilitaron las discusiones: el antimilitarismo, referido a la resistencia contra modelos culturales, sociales y educativos que buscan interiorizar en las personas prácticas de ordenamiento militar de los cuerpos y cualquier expresión de la vida, y la antimilitarización, que es la oposición contra las estructuras sociales e institucionales que usan la fuerza armada pública o privada para imponer el control de las sociedades y economías. Estas aproximaciones permiten entender las estrategias y alianzas entre sistemas opresivos, como el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo que, a través de diversas intervenciones, con distintos grados de conflictividad social, resguardan intereses geopolíticos de países hegemónicos y grandes capitales. Dichas situaciones fueron ilustradas en la conferencia por distintas problemáticas interrelacionadas que, para erradicarlas, nos desafían a todas las sociedades del planeta. En los territorios de diversas regiones del mundo se observa el uso de armas y diversos tipos de agresiones por parte de cuerpos militares y paramilitares para permitir el control de territorios y de la tierra en favor de desmedidos modelos extractivistas de bienes comunes. Conflictos que además generan crisis de deterioro ambiental, desplazamiento forzado y asesinatos de defensores comunitarios de los derechos humanos. Estas incursiones se reflejan también en la externalización de las fronteras y en controles migratorios, como se dan en los casos de América Latina y África. Con respecto a las afectaciones del militarismo hacia la diversidad, nos encontramos con un modelo cultural de exclusión y discriminación de las identidades no heteronormadas, así como con la diseminación del miedo a todas aquellas personas o grupos diferentes. Estos controles se llevan a cabo por medio de discursos de odio y de estigmatización provenientes de distintas instituciones sociales. Se proveen, asimismo, entrenamientos militares y tecnologías para vigilar pautas colectivas que avizoren formas autónomas de organización social, como es el caso de Estados Unidos e Israel sobre los pueblos latinoamericanos y palestino, sólo por mencionar dos ejemplos. En la búsqueda de estados justos y democráticos, el control se ejerce por medio de modelos represivos a la protesta y la organización social en varias regiones del mundo, restringiéndose el espacio público; así como por medio de la militarización de las juventudes y el reclutamiento forzoso en varios países latinoamericanos y asiáticos. La militarización, igualmente, se lleva a cabo en las transiciones políticas de algunos gobiernos, al militarizar los cuerpos policíacos encargados de la seguridad pública. Por tanto, una apuesta de transformación hacia sociedades más pacíficas busca articulaciones en torno a procesos de paz paulatinos que sean sustentables, diversos y justos. Sustentables, con la finalidad de alcanzar una justicia climática para los ecosistemas mediante relaciones cooperativas en las que se garanticen para todas las personas el acceso al agua, los territorios y la movilidad, así como una distribución equitativa de la riqueza y la generación de economías alternativas. Para las diversas pacificaciones es también indispensable el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos, con perspectiva de multiculturalidad, así como la incorporación de las reivindicaciones de los movimientos feministas y de mujeres, la diversidad sexogenérica y las de los pueblos y comunidades indígenas y afros. Mientras que las pacificaciones justas requieren dar lugar a nuevos modelos de justicia desde las comunidades, al igual que a formas efectivas de justicia transicional, disruptores con relación al pasado, sostenidos por paradigmas de memoria, restauración y restitución, los cuales también contemplen el diálogo con distintas espiritualidades y cosmovisiones para la construcción de la paz. Como propuesta para resistir desde el antimilitarismo y la antimilitarización de estructuras y relaciones sociales, la conferencia invita a contar con elementos de análisis y acción directa no violenta, aparte de los vínculos cotidianos que establecemos entre personas y comunidades para poder ser partícipes en la construcción de mundos pacíficos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Antimilitarismo en movimiento
Nueva Fiscalía en Derechos Humanos: Una oportunidad histórica para las víctimas
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2018, una de las principales apuestas de dicha ley es la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una instancia que por primera vez responda a las demandas y exigencias de la lucha contra la impunidad en las últimas décadas en el país. La creación de la primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos a nivel federal es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano investigue todos aquellos hechos violatorios de derechos humanos, los cuales hasta el día de hoy siguen impunes, cuyo número de víctimas es incalculable, y se sancione a los responsables de estas graves violaciones. Víctimas de graves violaciones a derechos humanos, colectividades, organizaciones y especialistas consideramos que el cuidado del proceso de designación de la persona titular resulta sumamente importante para el adecuado funcionamiento de esta Fiscalía especializada. Por ello, este proceso debe garantizar los principios de transparencia y máxima publicidad, así mismo debe contar con una amplia participación ciudadana, escuchando principalmente las voces de las víctimas y a sus familiares, así como a las diversas organizaciones de la sociedad civil que les acompañan, retomando también lo establecido en la Ley Orgánica. De igual modo, es deseable que la o el nuevo Fiscal cuente con un perfil caracterizado por el pleno dominio en el conocimiento de los derechos humanos, con un trabajo previo reconocido en el acompañamiento a víctimas y que garantice la plena autonomía e imparcialidad en la procuración de justicia. Lo anterior es indispensable para que el Estado mexicano dé certeza a las víctimas sobre garantías para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición, respetando y reconociendo los largos caminos de exigibilidad que han recorrido víctimas, sus colectividades y organizaciones acompañantes defensoras de derechos humanos. Organizaciones y Colectivos Biofilia A.C. Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Centro de Derechos Humanos Ku’untik Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A. C. Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C. Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México Colectivo Liquidámbar Colectiva Margarita Neri Colectivo Zapata Vive Colores, A.C. Comité Enrique Guerrero Comité de Familiares de Desaparecidos de San Miguel Cajonos Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, Nochixtlán (COVIC) Comités de Enlace Tecoanapa, Dos Ríos y Huamuxtitlán-Olinalá, CRAC-PC Comunidad Indígena Náhualt de San Pedro Tlanixco, Estado de México Consejo Comunal Indígena de Gobierno de Arantepacua, Michoacán Convergencia de Organismos Civiles, A.C. Convivencia Sin Violencia, A.C. Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) Coordinadora de Personas Desplazadas de Chiapas Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, A. C. Documenta Desde Abajo Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos El Caracol, A.C. Espacio Progresista, A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual AC Casa de los Pueblos México Brigadas Emiliano Zapata de México Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, A.C. Grupo Internacionalista Grupo Socialista Obrero Grupos de Amigos con VIH, A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C. Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina A. C., “Centro Madre Antonia” Liga de Juristas «26 de septiembre», A. C. Movimiento Apolat Talpan Tajpiani Movimiento de Diversidad Progresista, A.C. Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero (MOLPPEG) Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Red de 43 organizaciones en 23 estados del país) Observatorio Designaciones Públicas Oficina para América Latina de la Coalición internacional para el Hábitat (Hic-AL) Periódico el Zanzontle Puebla Vigila, A.C. Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA) Saber para la Vida, A.C. Unión General de Trabajadores de México Unión de Lucha Anticapitalista. Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre Universidades en Emergencia Asociación Latinoamericana de Medicina Social Red de Juventudes Trans Personas Araceli Osorio Martínez, madre de Víctima de Feminicidio, CDMX María Margarita Alanís Rosales, madre de Campira víctima de feminicidio Yadira Miranda Terán, sobreviviente de violencia familiar María de Lourdes Mejia Aguilar, madre de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, víctima de ejecución extrajudicial Luz Guadalupe Sánchez Gochi, víctima indirecta de feminicidio Jhonatan Hernández Hernández, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Jaime Luna Campos, sobreviviente a Tortura y graves violaciones a derechos humanos Daniel Giménez Cacho, actor Rita Canto Vergara, profesora UAM Iztapalapa Norma Evelín López Ángeles, Abogada del CDHZL Dr. Manuel Canto Chac, Universidad Autónoma Metropolitana Baltimore Beltrán, actor Sophie Alexander-Katz, actriz María Teresa Munguia Gil Azyadeth Adame Antonio Rueda Cabrera Brahim Zamora Salazar Laura Torres Martínez Susana Chanfón Kung, CDMX Rosario Dafne Luján Velázquez Dra. Pilar Berrios Navarro, Universidad Autónoma Metropolitana Dr. Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Lerma Beatríz Reyes, activista Arely Orozco Rolón, Sorece Juan Francisco Aguirre Riveros Lizeth Mejorada Ángeles Navarro Ana Paula Muñoz Karla Marlene Contreras Ortega, egresada pedagogía FES Acatlán UNAM Beatríz Reyes, activista de Batucada Feminista Mariela Cristell Hernández Pérez Jorge Fernández Souza Lic. Joaquín Quintana P. Javier Morales Carvente Marco Antonio Rojas González Alejandro May Noemí Luján Ponce, profesora UAM Xochimilco Emilienne de León Aulina, ILSB Alicia Mesa Bribiesca, CAM Teresa González Molina, UAM Iztapalapa Iraís Delgado Rocha, antropóloga social UAM Mayra Irasema Terrones Medina, profesora UAM Xochimilco Kenia Inés Hernández Montalván, CRAC-PC y Movimiento por la libertad de los presos políticos del estado de Guerrero. América Aparicio Morán, Colectivo Zapata Vive Claudia Alejandra Fajardo Castrejón, Colectivo Zapata Vive Elizabeth Hernández Dávila, Colectiva Margarita Neri Grecia Mosso Hernández, Colectiva Margarita Neri Briseyda Hermenegildo Flores, Colectiva Las del Aquelarre Karla Micheel Salas Ramírez David Peña Rodríguez Fabián Bautista Ortiz Flor Elen Hernández Hernández, Colectivo
La tortura en México
Sábado 13 de julio de 2019 Miguel Concha La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas. Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado. Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno. Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes. Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito. Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica. Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada. Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar
Acceso a la justicia
Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia Sábado 06 de julio de 2019 Miguel Concha Cada vez se generaliza entre las organizaciones civiles la necesidad de solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) el ejercicio de su facultad de atracción para garantizar el acceso a la justicia en casos graves de derechos humanos que quedan impunes a escala estatal. Hoy me ocupo urgentemente de uno de ellos. La noche del 13 de diciembre de 2018 Leonardo Reyes Cayente fue presuntamente ejecutado extrajudicialmente por Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Guanajuato en hechos que hasta ahora no se han investigado a fondo, debido a la complicidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEG) tiene con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Leo, como lo conocían sus familiares, era un migrante mexicoamericano de 23 años que residía en Texas desde cinco años antes, originario de la comunidad Corralejo de Abajo, en San Miguel de Allende. Había viajado con sus padres desde Texas a pasar las fiestas navideñas en Guanajuato, y lo que encontró fue la muerte. Esta comunidad, de menos de 200 habitantes, tiene un grado de marginación alto y no cuenta con servicio telefónico. Por ello, para hacer llamadas y conectarse a Internet, sus habitantes requieren trasladarse a un lugar en el cerro denominado La Caseta, rumbo a San Damián. Según los familiares, Leo había regresado de un partido de futbol y se trasladó a La Caseta para llamarle a su novia en Estados Unidos. Y ahí es cuando la historia de la familia difiere diametralmente de la versión oficial del gobierno del estado. Según ella, escucharon tiros, se acercaron entre los matorrales y presenciaron cómo elementos de la policía estatal movían el vehículo de Leo y disparaban sobre la camioneta para hacer cuadrar su dicho: “Vamos a meterle tres balazos a los asientos de la troca”, dijo uno de ellos. Por su parte, la versión oficial señala que Leonardo viajaba con dos supuestos acompañantes que huyeron, y que fueron ellos quienes dispararon primero a los oficiales. Es importante mencionar que el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la ONU presentó en 2014 las conclusiones de la visita que realizó un año antes a México. En éstas señala que el derecho a la vida está gravemente amenazado en nuestro país, y que se debe actuar decididamente para evitar más muertes. Señala también que con el fin de castigar a los responsables y otorgar reparación a las víctimas o a sus familiares, se deben investigar sin demora las muertes de migrantes. Se entiende que una ejecución extrajudicial es la privación de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos, sin un proceso judicial o legal que lo disponga. De conformidad con lo narrado al Ministerio Público por los familiares, Leonardo fue ejecutado extrajudicialmente por policías de Guanajuato. Señalan incluso que en el transcurso de la noche y después de los disparos escucharon con vida a Leonardo, sin que los oficiales hicieran algo para salvarlo. La FGJEG, cuyo titular fue fuertemente cuestionado por haber sido nombrado por medio del denominado pase automático, no ha investigado a fondo la ejecución de Leonardo Reyes. Con ello comprueba su falta de autonomía. El Ministerio Público en el que se inició la denuncia amenazó además a la familia e intentó que firmaran una declaración que no habían hecho. Han pasado seis meses y la investigación no ha avanzado. Mención aparte merece la tibia intervención de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que inició de oficio su investigación sobre el caso, y cuyo titular se negó a recibir a los familiares de Leo en febrero pasado. El gobernador ha señalado que en este caso es buscar que se aclaren los hechos; he estado al pendiente de derechos humanos (en la investigación de la procuraduría). Ello durante una protesta que realizaron familiares de Leonardo en el consulado de Texas, cuando el gobernador realizaba una visita oficial. Cuatro meses después los hechos no han sido aclarados. El padre Alejandro Solalinde se ha unido también a la exigencia de justicia que han hecho la familia y organizaciones de migrantes residentes en Estados Unidos, reforzando la petición de que la FGR atraiga el caso. La ejecución extrajudicial es una violación grave a los derechos humanos, y la FGJEG carece de autonomía en esta investigación. Así lo han señalado familiares que han solicitado desde el primer momento la atracción del caso, al indicar que no existen garantías para una investigación independiente en Guanajuato, y que la participación de funcionarios o servidores públicos puede incluso obstaculizarla. Por ello la atracción federal abriría una oportunidad para el acceso a la justicia en el caso de Leonardo Reyes. En ello coincide el pleno del Senado de la República, que el 30 de abril aprobó un exhorto para que la FGR atraiga el caso. Me sumo públicamente a la petición de todas aquellas personas que demandan que la FGR atraiga el caso. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Internet
