Nochixtlán: tres años de impunidad
Buscamos que este tercer aniversario de las agresiones contra la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de la masacre. Sábado 29 de junio de 2019 Miguel Concha Han pasado tres años desde aquel 19 de junio de 2016, cuando la comunidad de Asunción Nochixtlán, en el estado de Oaxaca, fue atacada por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal, dejando como saldo una cantidad de víctimas incalculable hasta la fecha. En la mañana de ese día integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaban en la carretera México-Oaxaca contra la reforma educativa. En cuestión de minutos las y los maestros que se encontraban en el bloqueo fueron atacados sin ningún aviso previo de persuasión por los contingentes de policías, sino únicamente mediante un ataque frontal y directo. Éste no sólo se quedó en el bloqueo de la carretera, ni exclusivamente se limitó hacia los integrantes del magisterio, ya que la situación se extendió a la comu-nidad de Nochixtlán y a otras de la entidad oaxaqueña, como San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, donde la violencia contra la población se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, la gran cantidad de personas detenidas y heridas por armas de fuego, y lo peor, la comisión de ejecuciones arbitrarias. A raíz de estos hechos, el 17 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una polémica recomendación, en la que calificó estos acontecimientos como graves violaciones de derechos humanos detonadas a partir de un enfrentamiento entre elementos de la policía e integrantes del magisterio. Por considerarla revictimizante, tal recomendación ha sido criticada por las víctimas y sus familiares, pues de acuerdo con lo que han manifestado, parte del supuesto de que los miembros del magisterio tienen cierto grado de responsabilidad en ellos. Versión que en un escenario, en el que casi un millar de policías irrumpieron violentamente, disparando a la población con armas de fuego, y en medio de un ejercicio ciudadano de libertad de expresión y protesta social pacífico, simplemente no tiene cabida. Tres años después no podemos compartir la idea de un enfrentamiento, cuando todos los fallecidos fueron civiles desarmados, porque simplemente eso es totalmente desproporcionado. Tres años después, cuando todavía no hay avances significativos en las investigaciones, sanciones y reparaciones correspondientes del daño, la impunidad continúa. Es, pues, necesario que las autoridades abandonen el silencio. Debo reconocer que son justo las víc-timas y sus familiares quienes se organi-zan para impulsar las demandas de jus-ticia, como es el caso del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio de Nochixtlán, colectivo que atiende la representación jurídica de algunas de las víctimas ante diversas instancias. Para compartir experiencias de lucha y resistencia, se han entretejido además redes con muchos colectivos de víctimas de todo el país. Esfuerzos que se tradujeron, por ejemplo, en la realización del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos, en Nochixtlán, Oaxaca, del que ya me ocupé anteriormente ( La Jornada 24/11/18). Ante la llegada de la actual administración federal, las demandas y exigencias por parte de las víctimas y sus familias siguen siendo legítimas y vigentes: acceso a la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. Es indispensable, también, insistir a propósito del tercer aniversario de Nochixtlán, que para poder hablar verdaderamente de posibles transiciones y auténticos cambios de regímenes, la justicia efectiva y verdadera juega un papel fundamental. Y así, la manera como se atienden las demandas de los afectados, y las formas de sancionar a los responsables, podrían ser indicadores que nos permitan saber el grado de autonomía y disrupción que tiene el gobierno actual con respecto a administraciones anteriores. Con ello, sin duda, vislumbraríamos algún mínimo avance en el cambio incluso estructural. Ahora bien, aunque en una de sus conferencias matutinas el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un comentario en el sentido de que, si era necesario, se instalaría por decreto una comisión semejante a la del caso Ayotzinapa, para darle seguimiento al caso de Nochixtlán, hasta el día de hoy las víctimas continúan sin ser efectivamente atendidas. Por el contrario, seguimos escuchando de algunas de ellas que persisten de forma constante los hostigamientos de autoridades locales y, más grave aún, ninguno de los responsables de más alto rango ha comparecido ante los tribunales. Porque no hubo discusión, sino únicamente imposición, el caso de Nochix-tlán reflejó la incapacidad del anterior gobierno para atender inconformidades frente a las reformas estructurales de ese sexenio. Además, demostró cuál fue el doble papel que jugó el Estado mexicano en los pasados años: por una parte violador de los derechos humanos y por otra principal encubridor y promotor de impunidad. Que este tercer aniversario se sume a la memoria colectiva de los pueblos y colectivos, con la firme convicción de continuar exigiendo justicia y verdad para todas las víctimas de los ataques en Nochixtlán. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Luis Aguilar
Congreso sobre resistencias y espiritualidades
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Del 28 al 30 de mayo se realizó en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de mayo de 2019 Miguel Concha La violencia global tiene diversos rostros, escenarios y procesos, así como muchas causas que la explican. Afecta radicalmente, tanto a la humanidad entera, como a la casa común que compartimos con 8 millones de especies animales y vegetales, de las cuales, según reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas, un millón está hoy en riesgo de extinción. Los movimientos sociales de las llamadas víctimas sistémicas no sólo padecen los estragos de esta crisis civilizatoria, sino que al mismo tiempo son fuente de resistencias para defender de la inminente catástrofe a la humanidad y a la casa común. Los movimientos sociales, la sociedad civil organizada, las universidades, las iglesias y la comunidad artística están en este escenario de violencia sistémica en estado de vigilancia crítica para colaborar, mediante experiencias, miradas y alianzas, que nos permitan tejer nuevos lazos de vida en común, en la superación de esta crisis. Del 28 al 30 de mayo se realizará con este fin en la Ciudad de México el congreso internacional ¡Resiste! violencias, resistencias y espiritualidades, dedicado a la escucha mutua entre colectivos sociales, académicos, religiosos y artísticos, que viven sus resistencias con dignidad y esperanza. Para analizar las violencias, cuatro ejes transversales serán el cauce de 11 mesas de conversación: la economía extractivista, los patriarcados, los desplazamientos forzados y el retorno de la ultraderecha. En cada mesa se escucharán diversas voces de los movimientos sociales en resistencia, la sociedad civil organizada, la academia y las teologías. Como una narrativa provocadora, las artes se harán presentes por medio del grabado, el teatro popular centroamericano y la coreografía de cuerpos emancipados. Preguntando por lo que nos permite mantener viva la utopía de un cambio de mundo en esta hora incierta, cada una de estas narrativas abonará, con sus experiencias y reflexión crítica, con sus territorios vulnerados en cuerpos y subjetividades negadas, a buscar caminos en defensa de la vida común. La revista internacional de teología Concilium es una de las instituciones convocantes, fundada en 1965, al concluir el Concilio Vaticano II de la Iglesia católica, fue una de las publicaciones pioneras de teología moderna que puso en práctica, en diálogo con las ciencias naturales y sociales, la interpretación de los signos de los tiempos, con sus anhelos de emancipación, justicia y pluralismo cultural, en relación con la presencia salvífica de Dios en la historia, que el cristianismo ha recibido como anuncio para la humanidad. Fue concebida por un grupo de teólogos que participaron como asesores conciliares y pensaron el aggiornamiento o actualización de la vida y el pensamiento cristiano en una década marcada por la emancipación de los movimientos estudiantiles en las sociedades autoritarias, así como por la irrupción de los pobres en un mundo dominado por la civilización del mercado. A lo largo de medio siglo, Concilium ha logrado consolidar en teología un trabajo interdisciplinario, con el sello del pensamiento intercultural y ecuménico. Además, con énfasis en lo ecuménico y en la equidad de género, en los recientes lustros ha acontecido un cambio generacional, por lo que hoy integra en su consejo editorial a 20 teólogas y teólogos de los cinco continentes. Los pasados congresos se realizaron en París, en 2016, sobre las racionalidades teológicas diversas; en 2017, en Manila, sobre la inculturación de la fe en contextos asiáticos y del Sur global, y en 2018, en Fráncfort, en torno a las ciudades como desafíos globales. Subrayando con nuevo vigor la incidencia social del conocimiento, para contribuir a la generación de una sociedad más justa, equitativa, próspera y pacífica, la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en colaboración con Concilium, aporta a este congreso su inspiración ignaciana. Por su parte, el Centro Universitario Cultural de los dominicos ratifica con este congreso su vocación de ser un espacio de diálogo con la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en la línea de dos coloquios memorables, el de 1974, sobre Liberación y cautiverio, y el de 1989, sobre la teología de la liberación, en un momento crítico, luego de la caída del Muro de Berlín, un foro para la teología latinoamericana. El congreso de 2019 contará con la participación de 55 ponentes y dos conferencistas para animar el diálogo crítico: Rita Laura Segato y Raúl Zibechi. Para escuchar a los movimientos sociales de víctimas, con sus resistencias, sabidurías e indignaciones éticopolíticas y espirituales, que contribuyen a la vivencia de la esperanza crítica en el corazón de la historia rota de la humanidad, en diálogo con las teologías católica y ecuménica el congreso encuentra en el pensamiento colonial, propio de las epistemologías del Sur, su inspiración. Quienes deseen participar, pueden inscribirse endiplomados.ibero.mx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Victor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Justicia mancillada
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, que ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 18 de mayo de 2019 Miguel Concha Exigir justicia en México ha sido una lucha permanente de sectores populares y organizaciones de la sociedad civil. A pesar del declarado Estado de derecho, no se garantiza su impartición, ni se vela por los derechos humanos en tiempos del capitalismo neoliberal, ya que, impulsado por el poder económico y político de las trasnacionales y los corporativos, que logran corromper a autoridades de todos los niveles, se impone el criterio del capital. La corrupción ha llegado a nivel extremo en nuestra nación. A escala internacional, de 180 países, México ocupa el sitio 138. Obtuvo una calificación de 28 puntos sobre 100, donde cero es muy corrupto. Con su pacto por México, este problema se agudizó mucho más en el sexenio del gobierno priísta. Sin embargo, este aumento de la corrupción sólo es posible si hay impunidad. En 2018 el Índice Global de Impunidad señala que México es el cuarto país más impune a escala global. A pesar de ello, en el Estado de derecho las leyes tendrían que aplicarse para garantizar la vida digna de las personas. Roland Dworkin considera que la aplicación e interpretación de las leyes dependen de los jueces, pero que, en un contexto en el que con frecuencia hay corrupción e impunidad, se genera incertidumbre entre la ciudadanía, porque las resoluciones pueden estar condicionadas por la presión de los intereses de quienes ostentan el poder económico y político. Es importante que los tribunales en los que se imparte justicia tengan principios claros para actuar siempre bajo la legalidad, rompiendo a la vez con la espiral de la corrupción, como lo señala el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1996. Resaltamos el primer y tercer principio. 1. Ser magistrado de un tribunal es un cargo de confianza que conlleva la obligación de actuar en pro del interés público. 3. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo del poder y la autoridad que les han sido conferidos. El Movimiento de Pueblos y Colonias del Sur, organización popular al sur de Tlalpan, en la Ciudad de México, que lleva 46 años de lucha permanente por justicia y vida digna, es un ejemplo de la exigencia de justicia y de luchar por la vida contra la corrupción e impunidad. Desde hace casi ocho años ha sostenido en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de la Ciudad de México, antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un proceso jurídico contra la imposición de una gasolinera ilegal que pone en riesgo la vida del pueblo originario de San Pedro Mártir, como lo dictaminó la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial (PAOT), la cual subraya que en dicho lugar no puede haber gasolineras. Dicho expendio pertenece a CorpoGas, corporativo que ostenta al menos 176 gasolineras en siete estados del país, y fue el mayor vendedor de gasolina entre 2003 y 2008 ( Proceso, 3/02/19). Hoy varias autoridades de la Ciudad de México, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la alcaldía de Tlalpan, que interpusieron juicios de lesividad, reconocen la ilegalidad de dicha gasolinera. La PAOT y los vecinos son terceros interesados. Miembros de la organización señalan que no obstante el TJA sigue actuando en favor de la gasolinera ilegal, porque sus integrantes sobreseyeron los juicios de lesividad, como puede constatarse en la última resolución de la quinta sala ordinaria, a cargo de los magistrados María Eugenia Meza Arceo, Erwin Flores Wilson y Hugo Carrasco Iriarte. Este último además revocó la suspensión de actividades. Los afectados resaltan en un boletín de prensa que “–CorpoGas– tiene todo el poder económico para corromper a los magistrados del tribunal para que resuelvan en su favor”. Frente a esto, interpusieron ante Estela Fuentes, nueva magistrada presidenta del TJA, su exigencia de que, por la presunta corrupción de dichos magistrados, y para que se vaya al fondo del asunto en los juicios, se turne la investigación al pleno general de dicho tribunal. Esta experiencia es muestra de cómo la justicia es mancillada por un tribunal, y de cómo desde la organización popular se busca luchar contra la corrupción judicial. Expresan su hartazgo por la corrupción que impera en ese tribunal, con alguna excepción. “Durante ocho años –dicen– este caso se ha resuelto ilegalmente contra el pueblo, aun cuando no hay un argumento legal que sustente la presencia y operación de la gasolinera”. Y ello porque no quieren que se legalice lo ilegal y se resisten a creer que este corporativo tenga más poder que las autoridades mencionadas. Se trata de una organización de resistencia que cree en las palabras de José María Morelos: que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : María Meléndrez | La Jornada [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Iniciativas legales ciudadanas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La participación social debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se logre construir en común acciones concretas y soluciones. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 11 de mayo de 2019 Miguel Concha La participación social es fundamental en todos los ámbitos de la vida de cualquier Estado democrático, pues no sólo favorece la legitimación de las decisiones y del actuar de un gobierno, sino que, al crear procesos de consulta y diálogo entre los diversos actores gubernamentales y sociales, contribuye a la prevención y mitigación de posibles conflictos sociales. Sin embargo, tal participación no debe ser limitada y menos encasillada en la elección de representantes populares cada tres o seis años. Dicha participación debe ser activa, propositiva y crítica, por lo que es responsabilidad del Estado diseñar mecanismos efectivos para que las demandas y expectativas de la sociedad sean escuchadas y se traduzcan en acciones concretas que puedan construir una posible solución. Ante dicha problemática, nuestro marco jurídico parece ofrecer una alternativa bastante importante: las iniciativas ciudadanas. El artículo 71 fracción IV de nuestra Constitución le otorga a la ciudadanía la posibilidad de presentar iniciativas de ley o reformas, cumpliendo con el requisito de contar con el respaldo de 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Tal mecanismo parece ser una posibilidad para los diversos grupos y sectores de la sociedad que no se sienten representados del todo en los espacios comunes, y cuyas problemáticas no han sido atendidas, para que, haciendo propuestas sobre legislación, de manera organizada puedan incidir directamente en la agenda legislativa. En este sentido, el pasado 30 de abril diversas organizaciones de la sociedad civil, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) e integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, entre otras, marcharon desde la plancha del Zócalo capitalino hasta la Cámara de Diputados con el propósito de hacer entrega de un paquete de iniciativas ciudadanas, respaldadas por poco más de 130 mil firmas. Entre las propuestas se encuentra la derogación del artículo 185 del Código Penal Federal, por considerar que dicho artículo constituye una limitante al derecho a la protesta social, pues permite la criminalización y persecución de aquellas personas que se oponen y resisten a la realización de obras públicas. Cuestión sumamente preocupante en un país como México, donde los conflictos relacionados con mega proyectos y la defensa del territorio son una constante, y cuya situación se ha visto agravada en los años recientes por el aumento de los asesinatos de defensores ambientales u opositores a proyectos de privatización de derechos. Otra propuesta se refiere a la iniciativa presentada con anterioridad por la ANUEE, consistente en una reforma constitucional para integrar el uso y goce de la energía eléctrica doméstica como un derecho humano, partiendo de la relevancia e importancia que tiene en la mayoría de las actividades que realizan las personas y para transitar de su consideración meramente mercantilista hacia una visión en que la energía eléctrica es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas. Por ello consideran que el Estado deberá garantizar su disposición y suministro de manera eficiente, estableciéndose tarifas acordes con la realidad y el contexto económico en el que se encuentran la mayoría de las familias en México para cumplir así con sus obligaciones como Estado, teniendo en cuenta las condiciones de cumplimiento de tal derecho, como son su accesibilidad física y su asequibilidad económica. La miscelánea legislativa también incluye la presentación de una nueva Ley de Reconstrucción para los damnificados de los sismos a cargo del Presupuesto Federal, así como la creación de una nueva Ley de Pensiones que restablezca el reparto solidario, y la alianza con otras articulaciones para impulsar una Ley de Aguas. Existen, sin embargo, diversas barreras e impedimentos estructurales para lograr alcanzar una legislación popular. Entre ellas destacan la falta de voluntad política de los legisladores para escuchar y recibir las demandas serias y ordenadas de la población, y la ausencia de procedimientos claros y transparentes para hacer efectivo tal mecanismo. La importancia de impulsar legislaciones populares podría servir para el desmantelamiento, por medio de procesos de organización social, del monopolio del actuar legislativo que por muchos años han concentrado algunos de los mismos actores políticos. Es, sin embargo, fundamental exigir apertura de aquellos espacios tradicionalmente cerrados a la ciudadanía, a la par del establecimiento de procesos claros y efectivos para que las propuestas ciudadanas sean escuchadas. Uno de los principales objetivos de la legislación popular es regresar a la sociedad, al pueblo, la capacidad de construir de manera autónoma soluciones a sus problemáticas frente a fuerzas políticas partidistas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Víctor Manuel Chima [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Encuentro de Arantepacua
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de abril de 2019 Miguel Concha Los meses pasan y los diversos asuntos por atender se complejizan desde la transición de gobierno, la toma de protesta y los días efectivos de trabajo del nuevo gobierno. La agenda de los derechos humanos –particularmente la atención a víctimas de graves violaciones– se ha visto sin duda resentida en ese proceso de cambio de titulares y grupos encargados de atender las necesidades de aquellas personas que padecen las secuelas de agresiones que han afectado fuertemente sus proyectos de vida. Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. Los pasados 3, 4 y 5 de abril se llevó a cabo en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán (https://bit.ly/2H2HO6G) el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. Participaron diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, así como personas defensoras de derechos e integrantes de colectivos y movimientos sociales provenientes de por lo menos 10 estados de la República y de diversos países. En dicho encuentro, derivado del Primer Encuentro realizado en Nochixtlán, Oaxaca, del cual di cuenta en estas mismas páginas ( La Jornada, 24/11/18), se pudieron escuchar más concretamente valoraciones sobre las acciones del gobierno en relación con los temas más preocupantes de víctimas y sobrevivientes. Por un lado, sigue en efecto la incógnita relacionada con el proceso que el mismo gobierno detonó en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que en su momento se llamó justicia transicional, pues abrió una expectativa que hasta ahora, en palabras de diversas víctimas y sobrevivientes, no se ha visto reflejada en propuesta concreta alguna. Ni, según su decir, mucho menos se han sentido incluidas en algún proceso de construcción de política pública referente al tema, si es que existe. Por las mismas colectividades de este encuentro se ha definido por otro lado que los tiempos del actual gobierno y sus priorizaciones no necesariamente empatan con los tiempos de las víctimas y sobrevivientes. Por ello definieron la necesidad de movilizarse para abrir canales de diálogo efectivos que permitan poner sobre la mesa asuntos de urgencia, seguimiento y atención que les lleven a condiciones más dignas, para revertir así situaciones estructurales que están propiciando de manera generalizada impunidad y violaciones a derechos. La agenda de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos no se reduce únicamente a medidas de atención inmediata. Por el contrario, la mirada de estos grupos de víctimas es de largo plazo. Buscan también que se reviertan de raíz las condiciones estructurales que han generado que la violencia no cese y las graves violaciones a derechos humanos resulten casi imparables. Los y las más excluidas toman de nueva cuenta en sus manos la tarea de visibilizar sus demandas, y con ello apuntalar una agenda efectiva que sirva para las miles de víctimas que han padecido los estragos de la violencia. Los grupos que se dieron cita en la comunidad purépecha de Arantepacua tienen entre sus objetivos, conforme se expresó en sus definiciones políticas, continuar con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ello se incluye la atención efectiva a sus casos, en los que se cuentan las violaciones a derechos humanos que han padecido integrantes de la comunidad de Arantepacua, quienes en el contexto de este encuentro conmemoraron el segundo año de las agresiones a esa comunidad, el 5 de abril de 2017. Así como la atención efectiva a casos, como los muchos pendientes que dejaron a la comunidad de Nochixtlán los ataques del 19 de junio de 2016, y la debida atención a familias de víctimas de feminicidio, que también acudieron a la cita; a integrantes de la comunidad de Amatán, Chiapas; a familiares y amigos de mujeres y hombres jóvenes desaparecidos o ejecutados en la Ciudad de México; a comunidades indígenas desplazadas, como la de Chenalhó, y muchas otras personas que acudieron a encontrarse y compartir sus demandas. Entre las acciones legítimas de estos grupos de víctimas para obtener verdad y justicia se incluye la movilización del pasado miércoles 24 de abril, cuando acudieron a la Ciudad de México para buscar atención en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegaron desde sus diversas comunidades y lugares con la esperanza de ser escuchadas y ver garantizados sus derechos. Con la genuina voluntad de exigir lo que es suyo: verdad, justicia, reparación y no repetición. Toca ahora a los órganos autónomos, al gobierno federal y a los gobiernos locales atender lo que se pidió. Para que eso suceda, apoyemos lo más posible como sociedad civil. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CDH Antonio Esteban | Utopía 21 [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Sergio Méndez Arceo
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El trabajo en la defensa de los DH requiere un constante compromiso, por eso desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de abril de 2019 Miguel Concha El trabajo en la defensa de derechos humanos requiere de un constante compromiso y fortaleza para la construcción de un mundo más justo. Razón por la cual desde hace 27 años algunas organizaciones de inspiración cristiana han acompañado el reconocimiento y visibilización de personas y colectividades que defienden derechos humanos, mediante el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Cada año éste reconoce a diferentes personas, colectividades u organizaciones que desde su praxis fortalecen experiencias comunitarias e individuales, dentro de cada coyuntura política particular. Este año por ejemplo resalta la coyuntura de un nuevo gobierno, que entre las múltiples interrogantes que suscita destaca aquella que nos hace reflexionar sobre el ejercicio de los derechos humanos y el respeto y protección de quienes los defienden. Al respecto es importante tomar en cuenta que es menester reconocer que, aunque México tiene un nuevo gobierno, existen otras formas de hacer y pensar en la izquierda, entre ellas las que apuestan a la defensa de la tierra y el territorio frente a megaproyectos. Como segundo elemento, es también importante no dejar de nombrar que el número de personas defensoras y periodistas asesinadas sigue arrojando cifras elevadas. Pensar entonces el ejercicio de los derechos humanos, así como la protección de quienes los defienden, implica reconocer que hay ciertos derechos que se ven garantizados, porque están de acuerdo con las propuestas políticas del nuevo gobierno. Pero también hay otros que parecen contraponerse con dichas propuestas. Ante ello, es importante no olvidar los principios en derechos humanos, que nos invitan a considerar su interdependencia y progresividad. La emisión número 27 del Premio Sergio Méndez Arceo, que hoy se entrega en Cuernavaca, se posiciona ante la coyuntura, y reconoce en la categoría individual a Teresa Castellanos Ruiz, y en la grupal a Tequio Jurídico AC. Teresa Castellanos Ruiz es una mujer que acompaña actualmente la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, defendiendo los derechos a la vida, la salud, el medio ambiente sano, la libre determinación de los pueblos, el agua, y una vida libre de violencia para las mujeres. Como coordinadora del Comité Huexca en Resistencia, inició su camino en 2011 en la defensa de los derechos humanos, ante la indignación y preocupación por la vulneración de su calidad de vida, la de sus hijas y la de su comunidad, a raíz de la construcción de una central termoeléctrica en Huexca, al nororiente de Morelos. Cuando la comunidad recibió la información de que una planta de esa magnitud se construiría en su localidad, las y los pobladores decidieron hacer un plantón que duró casi seis meses, hasta que fue reprimido por policías. Teresa, junto con otras compañeras, fue agredida físicamente. No obstante dicha represión, Teresa ha continuado en la defensa de su territorio, fungiendo también como mediadora de paz entre las y los habitantes de las comunidades que han experimentado diferentes actos de hostigamiento y división por parte de la CFE. Participa también activamente en diferentes espacios para vincular a los pueblos del estado de Morelos en resistencia a la imposición de megaproyectos, en la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Lo cual la ha llevado a enfrentar una serie de hechos, producto de la violencia de género que las defensoras suelen experimentar, al ser leídas como mujeres en un sistema patriarcal. Lección que le ha permitido alzar la voz no sólo en defensa de su territorio, sino también de las mujeres que lo habitan. Tequio Jurídico por su parte nació a finales de 1997, por iniciativa de estudiantes de Derecho, pertenecientes a diferentes pueblos indígenas. Su motivación fue el compromiso con el trabajo comunitario y con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Se inspiran en las luchas de las comunidades zapatistas, y su trabajo se centra en generar e implementar estrategias de formación, capacitación, investigación, difusión, asesoría y defensa jurídica, con el fin de aumentar las capacidades y habilidades organizativas de las comunidades, asambleas, autoridades agrarias y municipales, defensoras y defensores del territorio indígena, así como en la difusión de los derechos de las mujeres indígenas, la búsqueda de espacios que permitan el intercambio, y el rescate de los elementos de identidad indígena. Mediante acciones legales contra proyectos mineros que las amenazan, acompañan procesos de organización regional en comunidades que realizan la defensa del territorio chontal. Viven el tequio como práctica de un derecho colectivo que se funda en la cosmovisión de los pueblos, y tiene como fin el beneficio comunitario y la construcción de su autonomía. Su lema, Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía, hace frente al capitalismo neoliberal que se sostiene en el despojo, la represión, la explotación y la discriminación en todas sus formas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Sergio Méndez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Carta abierta : Sobre elección de titularidad de CAV-CDMX
Emmanuel Vargas Presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas H. Congreso de la Ciudad de México El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas reconoce los recientes esfuerzos realizados por el Congreso de la Ciudad de México para avanzar en una mejor implementación de la Ley de Víctimas en la Ciudad de México, particularmente la publicación el 31 de enero pasado de la convocatoria para la elección de la terna de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México (CAV-CDMX). Desde hace algunos meses, este Observatorio ha insistido en la importancia de establecer un proceso transparente, incluyente y participativo para la selección de la terna de personas candidatas a la titularidad de la CAV-CDMX, asegurando una valoración pública y objetiva de los criterios de elección de la terna que será enviada a la Jefa de Gobierno, para la designación de la persona titular de la Comisión. En este sentido, y conforme en los principios del Parlamento Abierto, solicitamos atentamente a las Comisiones Unidas de Atención a Víctimas y la de Derechos Humanos garantizar el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos transparentando la metodología y citerios que se utilizaron para la valoración de los perfiles y selección de la terna, más allá de los requisitos mínimos de elegibilidad que marcan la ley y la convocatoria. El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas es una coalición conformada por más de 110 organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas del país interesadas en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Sin más, esperamos atienda la solicitud aquí manifestada FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, C.c.p. Nashieli Ramírez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de
Misión Civil de Observación de DH atestigua ejercicio del derecho a la libre autodeterminación en Amilcingo
La Misión constató que la Asamblea se llevó a cabo en condiciones de respeto que ofrecían garantías a los participantes independientemente de su opinión. La Asamblea se llevó a cabo de manera pacífica y respetuosa a pesar de que diversos actores políticos no cumplieron a cabalidad sus compromisos. Misión de Observación hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a respetar los procesos de autonomía y autodeterminación de los pueblos. Una Misión de Observación conformada por diversas organizaciones de derechos humanos a nivel nacional atestiguó el día de hoy la elección de la ayudantía de Amilcingo. La Asamblea contó tambien con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CEDHEM) y la ONUDH. Este cargo público tiene la función de ser el enlace oficial de la comunidad con las autoridades del orden municipal y estatal. La elección se llevó a cabo por usos y costumbres, una conquista de la comunidad indígena de Amilcingo. Esta Misión pudo constatar que existieron todas las garantías para participar en este ejercicio de democracia participativa.En el contexto de la conflictividad social generada por el intento de imposición de la termoeléctrica de Huexca que forma parte del Proyecto Integral Morelos, distintas poblaciones de la región han tomado la decisión de fortalecer sus procesos comunitarios como una forma legítima de resistencia ante la imposición de megaproyectos que impulsan un modelo de desarrollo contrario a sus intereses. Un elemento muy claro de contexto de esta situación es el asesinato del defensor de derechos humanos y comunicador comunitario Samir Flores, originario de Amilcingo, quien fue asesinado por su participación en el proceso de organización de su comunidad. La Asamblea se llevó a cabo de manera pacífica y respetuosa a pesar de que diversos actores políticos no cumplieron a cabalidad sus compromisos. Entre ellos destaca el gobierno estatal de Morelos, que había acordado enviar un representante que finalmente no llegó. Cabe destacar que si bien llegaron tarde, las autoridades municipales acudieron a esta Asamblea. No así el Mecanismo de Protección a Personas Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que a pesar de haber confirmado su asistencia no llegó. Esta Misión de Observación pudo observar condiciones de respeto en el desarrollo de la Asamblea por parte de la comunidad que en todo momento generó condiciones de seguridad en la misma. Incluso mantuvo la calma ante importantes retrasos en la llegada de los representantes del municipio y del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC). En virtud de ello esta Misión de Observación hace un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a respetar los procesos de autonomía y autodeterminación de los pueblos, así como a evitar generar procesos que instrumentalicen las diferencias de opinión en distintas comunidades para fomentar polarización. En este sentido exigimos al Estado mexicano en su conjunto realizar las acciones necesarias para garantizar la integridad, el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión de las comunidades y personas de la región. Las organizaciones participantes en la Misión se mantendrán atentas a los procesos en la región para coadyuvar en una canalización positiva de las distintas posiciones en torno al modelo de desarrollo. También reiteran que las acciones realizadas desde el Estado se deben enmarcar en el respeto a los derechos de las personas y comunidades que están consagradas en la constitución, así como en los diversos tratados internacionales firmados por México. Misión Civil de Observación a Amilcingo Artículo 19 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria CIC Propuesta Cívica Colectivo de Investigación y análisis estratégico en Ciencias Sociales y Salud (Colectivo iae) Poder Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) (Conformada por 87 organizaciones en 27 estados de la República) Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Fotografía destacada : Misión Civil de Observación a Amilcingo
Presos políticos y de conciencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de febrero de 2019 Miguel Concha Disentir, criticar y protestar en contra del gobierno y sus acciones ha sido objeto de persecución y criminalización en México, hasta el punto de utilizar a las instituciones de procuración e impartición de justicia para atribuir de manera injustificada delitos en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas que en algún momento decidieron defenderse, organizarse, salir a las calles y ejercer su derecho a la protesta social. Es así como en los pasados años los centros penitenciarios del país han albergado a una gran cantidad de presos políticos y de conciencia, cuyos casos comparten las mismas características: procesos judiciales irregulares, en los que no se respetan los derechos y garantías de las personas imputadas; defensores públicos sumamente deficientes, y ausencia de traductores e intérpretes en varios casos en los que las personas acusadas no hablaban o dominaban el idioma español. Muchas de ellas han sido por tanto arbitrariamente víctimas de prisión preventiva oficiosa. Destacamos por último que un gran número de personas que se encuentran en estas situaciones han permanecido privadas de la libertad por años, sin recibir siquiera alguna sentencia en la que se les absuelva o se les condene por algún delito, ya que los jueces y procuradurías no cuentan con pruebas suficientes que puedan comprobar su participación o responsabilidad. El movimiento por la liberación de presos políticos y de conciencia, impulsado por colectivos de familiares, por diversas organizaciones de derechos humanos, y por organismos internacionales, es un tema histórico fundamental para el establecimiento de una agenda nacional en materia de derechos humanos, en un contexto en el que buscamos un modelo de justicia disruptor con el pasado. La nueva administración federal parece tenerlo en cuenta. Y por ello desde el mes de diciembre pasado se empezaron a llevar a cabo las primeras acciones en el tema. Actores clave, como la ahora senadora Nestora Salgado, entregó, para su análisis y evaluación, al subsecretario de Gobernación, una lista de 199 casos de personas consideradas presas políticas, provenientes principalmente de entidades como Oaxaca, Guerrero y el estado de México. Lo mismo hizo por su parte el Comité Cerezo. Asimismo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó sobre la creación de una Mesa de Reconciliación y Justicia, instrumento que tiene como uno de sus objetivos la revisión exhaustiva, caso por caso, de personas que se encuentren privadas de la libertad en estas condiciones. A dicha mesa han llegado ya 368 casos, de los cuales 16 personas han logrado obtener su libertad. Es pertinente mencionar que esta Secretaría sólo podrá conocer de aquellos asuntos cuyas personas están acusadas por algún delito federal, o cuyo proceso se encuentre bajo la jurisdicción de tribunales del mismo ámbito. Pero es imperativo recordar que la mayoría de los presos políticos y de conciencia se encuentran acusados y privados de su libertad por autoridades meramente locales. Situación que nos lleva a la necesidad de enfatizar nuestra crítica en la exigencia del adecuado funcionamiento de las instituciones de impartición y procuración de justicia de las diversas entidades federativas. No son aislados los casos en los que se ha visto una invasión a la autonomía del Poder Judicial local por parte de gobernadores o autoridades locales. Son también numerosos los casos en los que se ha utilizado a las procuradurías y a las fuerzas policíacas para perseguir y criminalizar a integrantes de diversos movimientos sociales. Un claro ejemplo de estos grandes contrastes entre la disposición del gobierno federal de dar respuesta a una demanda social histórica, y la resistencia a un cambio en la manera de impartir justicia por parte de diversos gobiernos estatales, es el caso de la y los presos de Tlanixco, en el estado de México. Los hechos se remontan al año 2003, en el municipio mexiquense de Tlanixco, donde habitantes del municipio se opusieron al desarrollo de empresas floricultoras en la defensa de su derecho humano al agua. Tras tales hechos, la procuraduría de esa entidad les adjudicó el delito de homicidio a seis comuneros nahuas. Luego de 15 años de prisión preventiva, y después de un proceso en el que se violaron sus garantías y no tuvieron acceso a traductores, se les condenó a 50 años de cárcel. Al apelar la sentencia, se consiguió recientemente la reposición del proceso, partiendo de las violaciones procesales ya mencionadas. Los presos de Tlanixco han pasado 15 años en prisión sin ser condenados. Sin elementos que puedan comprobar su participación en algún delito, pues no hay voluntad por parte de las autoridades del estado de México para atender este asunto. Las acciones iniciadas por el gobierno federal son acordes con la garantía de justicia y no repetición, pero no basta la buena voluntad política. Es necesario que pueda establecerse un mecanismo de fácil acceso que sea efectivo especialmente a escala local. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Procesos de verdad y justicia en el nuevo gobierno
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Una de las principales tareas que tiene que atender el gobierno electo es acabar con la impunidad y construir mecanismos que permitan a las víctimas de violaciones de derechos humanos acceder a una justicia real, así como a procesos de reparación integral. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 21 de enero de 2019 Por: Aurélie Innaurato y Carlos A. Ventura Callejas * Apenas electo, Andrés Manuel López Obrador instruyó algunas acciones relacionadas con procesos de justicia y verdad; él o integrantes de su gabinete con toda prisa se pronunciaron con términos como “perdón”, “amnistía”, y anticiparon “comisiones de la verdad” y reparación integral para las víctimas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no conocemos con claridad propuesta alguna de política de Estado para hacer frente a la crisis de derechos humanos y atender a las víctimas. Desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2018, los temas de violencia, corrupción, impunidad y víctimas, que estuvieron constantemente presentes en su campaña presidencial, poco a poco van desapareciendo de su discurso, sustituidos algunos de ellos por la preocupante estrategia de seguridad pública que planteó, que vale decir, es contradictoria con la garantía de no repetición de violaciones a derechos humanos, y con un nuevo modelo de justicia en transformación y disruptiva con el pasado. A excepción de sus acciones sobre la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, asunto que celebramos y respaldamos, el nuevo Presidente de la República no ha mostrado un considerable interés para el resto de las miles de víctimas del país. Recordemos que no estuvieron presentes en su discurso de toma de protesta, ni en lo que expresó en Palacio Nacional con motivo de su primer acto en torno al día de los derechos humanos, el pasado 10 de diciembre. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tampoco fueron mencionadas de manera amplia en los cien puntos de su Plan de Gobierno. Por desgracia no se ha consolidado su compromiso expresado al universo de víctimas durante su campaña. Los denominados Foros por la Paz impulsados por el presidente electo quedaron lejos de ser percibidos como un ejercicio efectivo de consulta para las víctimas. Por ello, hablar tan precipitadamente de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, lo que comúnmente se denomina como justicia transicional, resultó contraproducente, ya que estos conceptos se percibieron a veces como impuestos desde arriba, sin una real oportunidad de apropiación por parte de las víctimas. Por otro lado, tampoco se entiende muy bien a qué se debe el silencio del gobierno ya en funciones durante el último mes, en relación con la situación de las víctimas del país; lo cual genera inquietudes y preguntas respecto a la continuidad en la práctica de falta de cumplimiento de acuerdos y atención con los movimientos de víctimas, cosa que en gobiernos anteriores se hizo “pan de todos los días”. Sin embargo, la desaceleración de los esfuerzos gubernamentales, que tal vez encuentra entre una de sus justificaciones los recursos limitados en algunas oficinas del gobierno actual, quizás no es del todo negativa, debido a que también representa una oportunidad de replantear un tema de suma importancia: la participación de las víctimas en el diseño de cualquier política pública que les concierne y los procesos que ellas mismas pueden gestionar para incidir y ser escuchadas. Todavía existe la oportunidad de compensar los malentendidos que surgieron durante los foros mencionados anteriormente y, en este sentido, evitar el fracaso de la política pública que resultaría eventualmente. Ejercicios como el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos: por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas[1], celebrado noviembre de 2018, en Nochixtlán, Oaxaca, son un claro ejemplo de cómo las víctimas en compañía de organizaciones sociales impulsan la generación de sus propios espacios, comparten sus dolores y construyen sus propuestas. La voz de las víctimas debe de encontrarse en el centro del proceso que el nuevo gobierno pondrá en marcha, esta es la única manera de entender sus necesidades, así como de conocer la realidad que enfrenta México. Debido a esto, el diálogo directo con las víctimas es totalmente imperativo en aras de asegurar una implementación efectiva y transformadora de la política pública que se está por proponer. De esta manera, podemos también evitar que instrumentos legales, que tienen un óptimo diseño normativo, se vuelvan totalmente ineficientes en la práctica. Además de ser necesaria para la implementación de los procesos de justicia, verdad, reparación y no repetición, la participación de las víctimas en su funcionamiento es la condición sine qua non para el restablecimiento de su dignidad. Únicamente al saberse tomadas en cuenta, en el marco de la construcción de propuestas que les conciernen, las víctimas muy seguramente podrán sentirse valoradas. Al pensar por ejemplo en un programa de reparación, su participación permite que éstas lo perciban como un derecho y no como un simple donativo asistencial por parte del Estado. Asimismo, quizás se podrá restaurar una relación de confianza entre ellas y las autoridades, puesto que nadie puede realmente pensar que el alto índice de votos con el que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales será suficiente para lograr este fin. La consulta con las víctimas es una herramienta que fortalece la democracia como medida que autoriza la intervención directa del pueblo en las decisiones gubernamentales, puesto que permite a cualquier política adquirir cierta legitimidad que requiera para ser efectiva. Finalmente, tengamos presente el hecho de que la participación de los grupos de víctimas y sus familias en todas las etapas necesarias de la realización de una política pública, es decir, en su diseño, su implementación, su seguimiento y su evaluación, es una obligación planteada por el artículo 22 de la Ley General de Víctimas, el cual pone en marcha los mecanismos de participación democrática previstos en la Constitución. Ahora bien, necesitamos una participación de las víctimas que sea institucionalizada como eje central de todo proceso de verdad, justicia, reparación y no repetición. En este sentido, valdría la pena
