¿La Suprema Corte está enterada de la guerra?
Como el Presidente de la República y el Congreso de la Unión en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró sus puertas a las víctimas de la violencia. El pasado 2 de octubre, nuestro colectivo –integrado por más de 300 organizaciones y personas– presentó una solicitud dirigida a las ministras y ministros para la realización de audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Interior. Para que abrieran la justicia constitucional en medio de la crisis de violencia que padecemos y que esa Ley busca perpetuar. Nos han dicho que no y no solo eso: El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ya ha hecho público un proyecto que empezaría a discutirse por el Pleno a partir del próximo 12 de noviembre. En sus 501 páginas el proyecto invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma. Propone declarar inconstitucionales 7 artículos, modificar 4 y declarar la validez de 23 de los 34 que integran la ley. Aunque la propuesta invalida algunas de las partes más graves de la Ley, deja intacta la parte central de la misma y requiere que al menos 8 de las 11 ministras y ministros voten por eliminar dichas partes. Sin embargo, los riesgos de mantener al ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten. Por ello, desde #SeguridadSinGuerra consideramos que el proyecto es deficiente y es también un mensaje de impunidad. No basta, por ejemplo, con quitarle la facultad al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si no es a petición de los estados, como lo propone el Ministro. Tampoco con eliminar la reserva sobre toda la información generada bajo la aplicación de la ley por considerarse de seguridad Nacional. Una sentencia constitucional apegada a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos no debe permitir que un concepto como el de “Seguridad Interior” , que es el corazón de la ley, sea considerado constitucional. ¿Está enterado el Ministro Pardo de los abusos que por 12 años se han cometido aun sin esa ley debido a la actuación de militares y marinos que no están capacitados para realizar labores de seguridad pública? Si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la SCJN, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías sin los controles establecidos en el artículo 29 constitucional, lo cual además contraviene el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ese proyecto es lo máximo que el Alto Tribunal puede ofrecerle a un país al que le urge la paz, la demanda al nuevo Congreso para abrogar la Ley de Seguridad Interior es más pertinente que nunca. La fuerza política vencedora en la pasada elección puede y debe impulsar su eliminación del orden jurídico mexicano de una vez por todas. No se puede construir paz con una ley que, al mantener el paradigma de la militarización de la seguridad pública, camina en contra de los legítimos esfuerzos por escuchar a las víctimas del país y construir mecanismos de justicia transicional. ¿Morena y el presidente electo están realmente oyendo lo que se ha dicho en las escuchas nacionales? No hay necesidad de esperar la sentencia de la SCJN. El momento demanda congruencia y responsabilidad. Entender que lo que deberíamos estar construyendo es una auténtica política de fortalecimiento y dignificación de las policías en todo el país en vez de falsas soluciones y hasta peticiones de aplicación de la Ley de Seguridad Interior, como la aprobada desde el Congreso de Sonora, impulsada por Morena. No a la militarización disfrazada de guardia civil ni al aumento de tropas. No a sentencias como salidas políticas. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Justicia para Tepoztlán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 27 de octubre de 2018 Miguel Concha En 1995 Tepoztlán llamó la atención del mundo por oponerse a la construcción de un club de golf que se anunciaba como el más moderno de América Latina. Este proyecto implicaba cortar árboles, sembrar hectáreas con un solo pasto, aplicar herbicidas, desperdicio, contaminación del agua y la construcción de un fraccionamiento de lujo. A todas luces un grave daño al medio ambiente. Para impedirlo, el pueblo luchó con el apoyo de personas avecindadas, y otras aliadas a escala nacional e internacional. La historia inició desde la década de los años 60 del siglo pasado, cuando para construir el club de golf algunos empresarios se apropiaron ilegalmente de 280 hectáreas de las tierras comunales de Tepoztlán. En ese entonces el pueblo se opuso y lo detuvo con la movilización y una trágica muerte. Sin embargo, 30 años después el proyecto nuevamente revivió. En los años 90 el triunfo costó otra vida y el megadesarrollo se paró. En ese entonces se destituyó también a las autoridades que lo habían autorizado y se nombraron otras en asamblea. Con la fuerza acumulada, en 1999 el pueblo decidió acudir a los tribunales, pues sólo de esa manera se pensaba que no volvería la amenaza a su territorio. Con fundamento en la resolución presidencial, por la que el gobierno le reconoció a Tepoztlán la propiedad de 26 mil hectáreas, se planteó e inició un juicio de restitución en contra de la empresa Pirámide y Convento. El proceso judicial cumple 19 años y ha pasado por diversas instancias. Ha recibido cuatro resoluciones en su favor del Tribunal Unitario Agrario, y siete del Superior Agrario. Con poca fortuna, el pasado 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un proyecto de sentencia que propone amparar a la empresa, el cual sería votado por su segunda sala. La resolución sería contraria a los derechos de la comunidad por varias razones. La primera, porque durante estos 19 años la empresa no ha logrado probar que la superficie en disputa es privada, pues la normatividad señalaba que para que éstas procedieran era necesario cumplir con estos requisitos: 1) La resolución presidencial debió señalar la existencia de propiedades particulares dentro de su perímetro comunal. Esta posibilidad no se abrió en la resolución de Tepoztlán. 2) La solicitud de exclusión debió presentarse dentro de los cinco años posteriores a la titulación de Tepoztlán (1929). Por tanto los interesados tuvieron hasta 1934 para iniciar el procedimiento de exclusión; lo que no sucedió. 3) Los interesados debieron acreditar la posesión cuando menos cinco años antes de la fecha de la solicitud del núcleo agrario (1921); lo que tampoco sucedió. 4) Dentro del supuesto procedimiento de exclusión se debió oír a la comunidad, y ésta debió manifestar su conformidad; lo que nunca tuvo lugar. 5) El procedimiento de exclusión debió culminar con una resolución administrativa del Cuerpo Consultivo Agrario, lo que tampoco sucedió, pues los oficios de exclusión presentados por la empresa fueron firmados por un funcionario menor, sin las atribuciones de ley, y por tanto resultan inválidos. En consecuencia la superficie en disputa es comunal, y por naturaleza inalienable, imprescriptible e inembargable. Además, el proyecto de la SCJN en ninguna de sus páginas hace alusión a alguna normatividad de origen nacional o internacional relacionada con pueblos originarios. ¿Dónde queda entonces la obligación de proteger los territorios indígenas establecida en los artículos 1, 2 y 27 constitucionales? ¿Y el parámetro de regularidad constitucional conformado por todos los instrumentos internacionales ratificados por México aplicables a estos pueblos? Ante esta omisión, el proyecto no puede ser aprobado. Se puede entender que el proyecto de sentencia que perfila la SCJN apoya los intereses económicos que están involucrados, como los del ex presidente Luis Echeverría y sus hijos; los de Óscar Fernández Malvido, del grupo Maizoro; los del empresario salinista Luis Slim Sayeg, del Grupo Carso; los de Xóchitl de Garay, Gabriel Haddad y Eduardo Abud, del Grupo ICA; así como los de Rafael Fernández McGregor, del Grupo Ixe; de Carlos González Barquera, de Té Laggs y de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca, como lo documentó en 2012 el investigador Luciano Concheiro Bórquez en su libro Zapata cabalga por el Tepozteco. El tema de fondo es si se respeta la decisión de las comunidades de seguir manteniendo sus tierras, protegiendo el ambiente y conservando sus costumbres. En suma, decidir el modelo de vida que quieran seguir, o si se les impondrán ilegalmente proyectos depredadores llamados de muerte. Exigimos que la SCJN resuelva en favor de la comunidad de Tepoztlán y dé por concluido un problema que por tantos años genera tensión social y amenaza con la imposición de un club de golf. Requerimos un sistema de justicia que ayude a poner fin a conflictos que profundizan los problemas sociales y abren la posibilidad de salidas negociadas ilegalmente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : EjAtlas [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
La Batalla del Volcán
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] 14 de octubre de 2018 Por: Carlos A. Ventura* América Latina y el Caribe cuenta, por desgracia, con historias de dolor y represión. Se cuentan además errores y acciones de gobierno en el uso de modelos de seguridad de corte militarista; con ello se ha violentado la dignidad de las personas y sus derechos humanos. Esto lo podemos constatar nada más con revisar la última mitad del siglo veinte. El uso de lo que se conoce como la doctrina de la seguridad nacional hizo que miles de personas fueran ejecutadas, violentadas, y se arrastren secuelas e impactos profundos, después de décadas, en las vidas e historias de las personas y de la sociedad en general. En particular Centroamérica, mayormente en la década de los ochenta, enfrentó momentos de conflictos violentos, donde el Estado usó toda su maquinaria militar para exterminar a quienes se oponían al régimen autoritario y opresor que se imponía. Así sucedió en El Salvador, donde el proceso de búsqueda de justicia y libertad que emprendió, por ejemplo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) duró más de una década. Hoy sabemos ampliamente que la injusticia que enfrentaba el pueblo salvadoreño también se combatió con la postura revolucionaria que exigía, de distintas y legítimas maneras, un cambio de raíz. Para el año de 1989, ya había transcurrido casi una década de conflicto. Es precisamente esta etapa de la historia, que aborda con detalle el documental “La Batalla del Volcán” (2018), presentado en el marco del Festival DocsMx 2018. Se trata de un largometraje, dirigido por Julio López, que nos acerca a la voz de aquellas y aquellos que fueron parte de uno de los momentos más álgidos del conflicto salvadoreño: la ofensiva hasta el tope. El documental nos plantea la importante labor de hacer memoria histórica. Entendida ésta como la que emerge desde las historias de las y los de abajo, de aquellas y aquellos que fueron perseguidos, criminalizados, vilipendiados, y, por muchos intentos, quisieron borrarles de la memoria oficial (la que construyen desde el status quo). Sin embargo, y para nuestra fortuna, documentales como este se esfuerzan en traer a nuestra memoria personal, las memorias directas de aquellas personas protagonistas de episodios de liberación para los pueblos oprimidos. Por otro lado, deja constancia de lo que enfrentaron pueblos enteros para avanzar en la lucha por la justicia y el respeto de sus derechos. Así también, nos invita a reflexionar sobre lo que suscita el paso de los años, y cómo se enfrentan los recuerdos, reconociendo que preponderó en la historia un relato de resistencia y esperanza compartida en otros mundos posibles, y no el fatalismo y la derrota que muy seguramente es conveniente para unos cuantos. Incluso nos pide atender lo que allí se plasma, para no repetirlo, y también para concientizar más que somos producto de muchas décadas atrás de procesos de búsqueda de justicia, por lo menos desde la segunda mitad del siglo pasado, y los primeros lustros del veintiuno. Así, a través del documental, conocemos un reservorio de fuerza moral para alimentar la esperanza en la crisis multidimensional de nuestro inicio de siglo. Valga la mención de la cercana canonización del Arzobispo de El Salvador, Mons. Óscar Arnulfo Romero, quien en el año de 1980 fue asesinado por el régimen autoritario que gobernaba ese país, debido a su postura firme a favor de los derechos humanos y la denuncia de la injusticia. Tal como sucedió también con los mártires de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el año de 1989. Qué importante para la memoria histórica, pero sobre todo para la vigencia de los derechos humanos, contar con testimonios de este tipo. Me explico. México intenta ahora iniciar un proceso de “pacificación”, un tipo de “cese a la guerra”, muy seguramente no en las mismas condiciones de la guerra civil salvadoreña, pero sí teniendo en común una espiral de violencia que parece interminable. Lo cierto es que casos como el salvadoreño nos comparten pistas de lo que no se debe volver a repetir: legitimar y legalizar regímenes militares, ni mucho menos usar la fuerza del Estado en contra de su propia población. Una lección más: la importancia de atender efectivamente procesos de construcción de Paz, de Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y Atención a la Víctimas y las necesarias Garantías de No Repetición, que llevan tiempo, y se enfrentan a intentos de regresión y obstaculización. El caso salvadoreño es ejemplo de esos pueblos que pasaron de un conflicto a un estado de posconflicto, buscando en todo momento revertir las causas estructurales que les llevaron a esos niveles de violencia. ¿Se logró esto? Lo que sí sabemos es que los procesos de liberación, acceso a la justicia y construcción de paz pasan por etapas de largo tiempo. Para El Salvador todavía existen muchos pendientes desde la firma de sus Acuerdos de Paz; para México, toca avanzar en el camino que debemos seguir para hallar la verdad y la justicia. En América Latina y el Caribe, vale decir: seguir organizándose social y políticamente para hacer real la vigencia y centralidad de los derechos humanos, frente al avance de grupos que, a su particular manera, atentan contra la vida y dignidad de personas y pueblos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] * Carlos A. Ventura Callejas es Coordinador General del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. (@CDHVitoria). Consultar artículo en Animal Político. Imagen destacada: Francisco Chico Campos [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Defensor de los derechos de los pobres
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos y tomar partido. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 13 de octubre de 2018 Miguel Concha Mañana, domingo 14 de octubre, Francisco proclamará oficialmente como santo en el Vaticano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador entre los años 1977 y 1980, y quien fuera asesinado por un sicario cuando celebraba misa el 24 de marzo de aquel año, como resultado de una conspiración en la que estuvieron envueltos el mayor del ejército salvadoreño Roberto d’Aubuisson y el capitán Álvaro Rafael Saravia. Con ello el Papa da cumplimiento a las expectativas de muchos creyentes y no creyentes, quienes desde su muerte lo reconocieron como profeta y mártir de la justicia en América Latina y el Caribe. Esclarecidas las incomprensiones y animadversiones de las que fue objeto, incluso por parte de algunos de sus hermanos en el episcopado, y seguido puntualmente el proceso canónico que aprueba sus enseñanzas y actuación como pastor en la Iglesia católica, el 23 de mayo de 2015 fue también declarado beato a nombre de Francisco por el cardenal italiano Angelo Amato, prefecto de la congregación católica para las causas de los santos, en una celebración multitudinaria. Son muchas las significaciones que en el mundo han pretendido desentrañarse de su trayectoria y, sobre todo, de su obra como pastor de la arquidiócesis de San Salvador en los años previos a la guerra civil en este hermano país. Por razones de brevedad me quiero referir aquí a las que subraya Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la conferencia inaugural del Encuentro Internacional sobre Cultura de Paz en El Salvador, Educación, Memoria y Justicia Transicional, en septiembre del año pasado. Para este teólogo español, preocupado por las mistificaciones acríticas que pueden hacerse de la figura de Monseñor Romero después de su canonización, y quien forma parte de la red Amerindia de católicos con espíritu ecuménico, abiertos al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones, es necesario en nuestros días recuperar su figura como modelo y ejemplo de un cristianismo liberador y de una ciudadanía crítica, activa y participativa. Además de estas dos especificaciones, Tamayo también subraya su pedagogía conscientizadora desde la opción por los pobres; su profunda espiritualidad cristiana liberadora; el haber sido para creyentes de diferentes religiones, y para no cristianos de distintas ideologías, un referente en la lucha por la justicia; su rescate de la democracia participativa, hoy sometida al asedio del mercado y acorralada por múltiples sistemas de dominación más fuerte que ella, que amenazan con derribarla; su trabajo por la paz y la justicia por conducto de la no violencia activa y su invitación a la utopía, hoy excluida de todos los campos del saber y del quehacer humano y natural. Pero de todas las características que pueden señalarse, me interesa destacar su defensa histórica y concreta, no de manera genérica ni conforme a un universalismo abstracto, sino en la realidad salvadoreña, donde eran sistemáticamente pisoteados por los diferentes poderes del Estado y la oligarquía en santa alianza de los derechos humanos de los pobres. Para Tamayo, el teólogo europeo quizá más cercano a los postulados y contenidos de la teología de la liberación de América Latina, Monseñor Romero defendió los derechos humanos de los pobres no desde fuera, como persona que contempla el conflicto desde la neutralidad, sino implicándose en él hasta mancharse las manos; no evadiéndose, bajo la justificación de que su misión era sólo religiosa y espiritual, sino tomando partido críticamente en el conflicto por las mayorías y organizaciones populares, defendiendo siempre con integridad y valentía los derechos humanos de las personas y colectivos, a quienes se les negaba. Especial atención prestó –añade– a la defensa de la vida de quienes la tenían más amenazada, de quienes, como dijera Bartolomé de las Casas de los indígenas, morían antes de tiempo. Tamayo encuentra además un paralelismo entre las enseñanzas sociales de Francisco y el pensamiento pastoral de Óscar Arnulfo Romero. Pareciera que aquél hubiera leído sus homilías y se hubiera inspirado en ellas cuando escribió la exhortación apostólica titulada La Alegría del Evangelio, en la que en noviembre de 2013 expresa sus razones más radicales de rechazo del actual modelo capitalista en su versión neoliberal: NO a una economía de la exclusión (nn. 3, 54); NO a la nueva idolatría del dinero (nn. 55 y 56); NO a un dinero que gobierna, en lugar de servir (nn. 57 a 58), y NO a la inequidad que genera violencia (nn. 59 y 60). Probablemente esto explique el aprecio que el papa Francisco ha tenido de Monseñor Romero desde muchos años antes de que fuera designado por el cónclave de cardenales como sucesor de Pedro. Y por ello hoy lo presenta al mundo como un modelo al que hay que seguir, pues es siempre ésta una de las razones principales para canonizar en la Iglesia católica a las personas santas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eric E Castro [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
El Estado mexicano enmudece ante los agravios que recibe un defensor mexicano
El defensor de derechos humanos mexicano Alejandro Cerezo Contreras fue detenido y deportado el pasado primero de octubre por agentes migratorios panameños, durante su escala rumbo a la ciudad de Asunción en Paraguay, donde iba a presentar una ponencia en el marco del “III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo” a celebrase el día miércoles 3 y 4 de octubre de 2018. El silencio del Estado mexicano ante este abuso facilita nuevos atropellos hacia él y su familia. Esta es la segunda ocasión en la que el defensor es impedido de ejercer su defensa de derechos a nivel internacional lo que evidencia que la inacción diplomática del Estado mexicano es un llamado a la repetición. México debe asegurar los derechos de asociación, reunión, protesta y libertad de expresión de Alejandro Cerezo, por todos los medios disponibles, incluidas las gestiones diplomáticas, especialmente en casos reconocidos de criminalización de la defensa, como es el del Comité Cerezo México. El Estado está obligado a garantizar la integridad física y psicológica del defensor, su familia y su organización. Según la declaración de las personas defensoras de derechos humanos, es labor de las y los defensores impulsar el más alto estándar de derechos a nivel local, nacional e internacional. Negar la participación del defensor en el foro internacional al que fue invitado es una violación al derecho de defender derechos humanos y sus derechos asociados como el derecho a la libertad de asociación, protesta y de libertad de expresión. El estado mexicano debe borrar la información referente a los antecedentes penales de Alejandro, toda vez que existe una sentencia de amparo que determina su inocencia. Esta omisión ha provocado la existencia de atropellos para realizar su labor de defensa de derechos humanos, lo cual no es permisible dentro de un Estado de Derecho. ESPACIO OSC Las organizaciones que integran el Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras; SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México. FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Colectivo #SeguridadSinGuerra entrega carta a la SCJN
MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PRESENTE JOSÉ PABLO GIRAULT RUIZ, en representación de las más de 300 organizaciones de la sociedad civil y personas que integramos el colectivo #SeguridadSinGuerra me dirijo respetuosamente a este Alto Tribunal, a fin de solicitar que se celebren audiencias públicas ciudadanas previas a la resolución de las Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior. La resolución de estos asuntos tendrá un impacto profundo en la vida constitucional del país. El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión y el Presidente de la República aprobaron y promulgaron la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las advertencias de varios organismos nacionales como la CNDH y organismos internacionales como la ONU y la CIDH, sobre los riesgos que conlleva la normalización de presencia militar en tareas de seguridad pública. Asimismo, una gran cantidad de académicos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre los peligros que para la ciudadanía tiene la presencia militar en la calle, y pidieron que en lugar de promulgar una Ley de Seguridad Interior, se optara por el retiro paulatino de las fuerzas armadas, a la par de fortalecer a las policías civiles a quienes constitucionalmente les corresponde esa labor. En este día histórico en el que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es más importante que nunca, reafirmar la defensa de las libertades y derechos. Después de la noche trágica del 2 de octubre de 1968, no debió permitirse más excesos ni ausencias bajo la complicidad del Estado. Aun así, en los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, hay más de 250 mil desplazadas y más de 37 mil familias buscando a sus seres amados. Los componentes fundamentales de nuestro sistema constitucional –el carácter civil de su gobierno, la eficacia del sistema federal, la separación efectiva de poderes y, por supuesto, la protección de los derechos humanos, se ven involucrados directamente por la legislación impugnada. Además, la complejidad de la materia y el volumen de la evidencia reunida a lo largo de los últimos tres lustros sobre el impacto, en la práctica, del uso de las Fuerzas Armadas, en contacto con la población civil, en materia de seguridad, amerita un desahogo exhaustivo y transparente. Por estas razones, creemos oportuno que la Suprema Corte repita el ejercicio realizado en casos de complejidad y relevancia semejantes. Es fundamental, para la exitosa resolución del debate nacional en la materia que la decisión de la Suprema Corte sea tomada con base en la evidencia empírica y de cara a la sociedad. En otros asuntos, la Suprema Corte ha convocado, ejemplarmente y con éxito, a la realización de audiencias públicas ciudadanas a fin de conocer la evidencia y la opinión de los expertos en la materia. Nos referimos a las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, así como a la acción de inconstitucionalidad 26/2006. Con estos antecedentes de enorme complejidad técnica y un nivel importante de atención pública, la Corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorece la comprensión de su deliberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían audiencias públicas. Retomamos y hacemos propias las palabras que usted, en su carácter de Ministro Presidente, expresó la semana pasada en el coloquio “El 68 y su impacto en materia de derechos humanos”, en el sentido de que “el 68 nos dejó claro que siempre debe escucharse la voz y el eco de la voz de los jóvenes; que jamás deben cerrarse los canales de comunicación; que siempre es posible crear espacios de diálogo y concordia; que siempre es posible crear cauces institucionales que puedan fluir para cualquier inconformidad para la construcción de un mejor México más incluyente y – desde luego, con ello- más en paz”. No es otro, sino ese anhelo de un México incluyente y en paz, lo que sustenta nuestra petición. El momento que atravesamos es histórico y la construcción de esa paz debe lograrse entre todas y todos. Para que nunca más exista represión a las libertades ciudadanas. Para que nunca más exista represión sobre el ejercicio de derechos y para que la justicia constitucional se fortalezca. Atentamente #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Defensores y periodistas sin protección
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los compromisos del gobierno federal no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 22 de septiembre de 2018 Miguel Concha A raíz de la llamada guerra contra el narcotráfico, promovida por Felipe Calderón, y cuya principal medida fue la militarización del país, se agravaron las condiciones de riesgo para quienes defienden derechos humanos y quienes informan sin tapujos sobre las corruptelas y omisiones del gobierno, y sobre las atrocidades de grupos del crimen organizado. Personas defensoras de derechos humanos y periodistas exigieron en 2010 una ley general que garantizara el ejercicio de su labor, su seguridad, su vida, integridad y libertad. Y por ello un conjunto de organizaciones de derechos humanos y periodistas impulsó y redactó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Lppddhp). Dicha ley, de carácter federal, aprobada en 2012, creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, política pública cuyo fin es ofrecer medidas de protección para los integrantes de estos colectivos que, debido al ejercicio de su labor, se encuentren en situación de riesgo. El mecanismo es operado por la Secretaría de Gobernación y está integrado por una junta de gobierno, órgano interinstitucional constituido por instancias oficiales y de la sociedad civil, por medio de su consejo consultivo. El mecanismo se encarga de analizar el riesgo de las personas defensoras y periodistas que solicitan su incorporación a él, y de diseñar planes de protección acordes a su situación de riesgo, incluyendo medidas físicas como cámaras, escoltas o refugio. El sexenio de Enrique Peña Nieto será recordado como el más violento en la historia de México. A propósito de personas defensoras y periodistas es necesario agregar, además de la violencia continuada de la guerra contra el narcotráfico, las agresiones causadas por las reformas estructurales y el impulso a proyectos de desarrollo. Desde el inicio del sexenio del presidente saliente, hasta el final de 2017, habían sido asesinadas 110 personas defensoras. Y en lo que va del sexenio han sido asesinados 45 periodistas. Sin embargo, ante esta grave situación de riesgo, el mecanismo es la única respuesta del Estado mexicano. Ello no obstante, si para el próximo mes de enero no cambia nada, el mecanismo será inoperante, pues el fideicomiso que dota de recursos económicos para la implementación y operación de las medidas preventivas, de protección y urgentes, está próximo a quedarse sin fondos. Esto se debe a que la Secretaría de Hacienda sólo depositó en abril de 2018, 200 millones de pesos de los 300 solicitados. Ante esta situación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación pidió 126 millones de pesos para hacer frente a las erogaciones de octubre de 2018 a marzo de 2019, tomando en cuenta que el presupuesto de 2019 se entrega en abril. Sin embargo sólo se ha confirmado la entrega de 76 millones, situación que aplaza el problema hasta enero. No contar con los recursos antes de enero implicaría que a inicios de 2019 el mecanismo tendría que retirar más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas y 51 colectivos, cuyo resguardo y protección está a su cargo. Vale la pena añadir que este es el segundo año consecutivo en que el mecanismo se queda sin recursos. Peña Nieto y la Conago hicieron públicas el 17 de mayo de 2017 una serie de acciones para prevenir, investigar y sancionar agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, no fue hasta que cinco periodistas fueron asesinados a mayo de este año, cuando el Presidente de la República se comprometió y afirmó lo siguiente: Se fortalecerán la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas…. Y agregó: Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo profesional, riguroso y valiente que México necesita. Ello no obstante, esto no se ha materializado, dejando en una situación de vulnerabilidad a un número cada año más creciente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. México atraviesa una crisis de seguridad y de derechos humanos. En este contexto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es fundamental para luchar por condiciones de vida dignas en un país tan lastimado por la violencia y la impunidad. A meses de irse, este gobierno se encuentra ante una responsabilidad histórica que no puede ser obviada: garantizar la vida de quienes se comprometen a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. El futuro gobierno y el actual Poder Legislativo se encuentran con la necesidad de mejorar el contexto jurídico del mecanismo y volver real las demandas de la sociedad civil por una política pública integral que atienda las necesidades de estos colectivos y solucione las carencias de la actual ley federal de protección. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Carta abierta: La Ciudad de México y su deuda con las víctimas
La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor retraso en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas. El cambio de gobierno capitalino representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. Urge instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México con presupuesto y recursos necesarios para una adecuada atención de las víctimas. Por mucho tiempo, la Ciudad de México ha sido percibida como un oasis en medio de un país aquejado por un contexto de violencia generalizada. Este Oasis se desvanece con una simple lectura de datos oficiales que nos confronta con una realidad en la que la inseguridad va creciendo, al igual que la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad. La Ciudad de México, como muchas otras ciudades del país, se ha vuelto en los últimos años una inmensa fábrica de víctimas. Oficialmente, se ha registrado en la Ciudad de México un total de 744 casos de personas desaparecidas, incluido 327 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, todos investigados en el fuero común. Sólo en los últimos 10 años (2007-2017), se ha contabilizado en nuestra Ciudad un total de 8,932 homicidios dolosos y 783 secuestros. A lo anterior, se suman todos los casos de feminicidios, trata de personas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos. Todas estas víctimas y/o sus familiares no solamente han experimentado de primera mano esta violencia, sino también se han enfrentando a la indiferencia, inercia, incompetencia y/o negligencia de las autoridades que por Ley deberían de protegerlas y atenderlas. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas ni siquiera acuden ante las autoridades para denunciar los hechos. Se estima que la cifra negra para delitos en la Ciudad de México es del 93,8%; entre las razones para no denunciar se destaca la desconfianza en las autoridades (23.2%)3. Esta cifra negra permite dimensionar la magnitud de las víctimas que hoy en día deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, parece que al momento las autoridades de la Ciudad de México no han tenido disposición de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño. A más de cinco años de aprobarse la Ley General de Víctimas, la Ciudad de México sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que la Ley General de Víctimas fue aprobada el 9 de enero de 2013 como resultado de una proceso de demanda encabezado por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos. Si bien la LGV establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, fue hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México4, sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Esta Ley establecía un plazo de 120 días para la elección de la persona Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace tres meses, sin que se logrará tal objetivo. La tardada armonización de la Ley y ausencia de una Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México no solamente ha impedido el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda, asistencia y reparación previstas en la Ley, sino también, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a su protección, asistencia y a la reparación integral de los daños sufridos. Por lo anterior, las organizaciones civiles, colectivos y personas expertas que conforman el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas deseamos llamar su atención sobre esta deuda impostergable que la Ciudad de México tiene con las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que este cambio de gobierno representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. En este sentido, le invitamos en su calidad de Jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México a establecer como prioridad en su futura agenda de trabajo las siguientes acciones: Crear el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, tal como previsto en el artículo 79 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. Diseñar un Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Autorizar la estructura y presupuesto para la instalación de la Comisión a partir del 1 de enero del 2019. Para tal efecto, se alienta al equipo
El sexenio de la impunidad
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las violaciones a derechos humanos dejen de ser una práctica sistemática del Estado para impedir la defensa de la vida digna. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 25 de agosto de 2018 Miguel Concha El séptimo informe de violaciones a derechos humanos (vdh) elaborado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, refleja la magnitud y gravedad de las vdh cometidas por el Estado en contra de las personas defensoras de derechos humanos, quienes, por ejercer o defender uno o varios derechos, fueron agredidas. Las violaciones documentadas en este informe son la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, la detención arbitraria y las amenazas, hostigamiento y ataques físicos. En todos los casos reseñados el perpetrador es (por comisión, omisión o aquiescencia) el Estado mexicano, y los hechos documentados que constituyen la violación a los derechos humanos son consecuencia de la denuncia política o la defensa de los derechos humanos que realizaba la víctima. Las tres organizaciones han elaborado y publicado desde 2012 siete informes, uno por año, y por ello prácticamente han documentado todo el actual sexenio. A ello se debe el título del actual, Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad. Junio de 2017 a mayo de 2018, que resume lo vivido por una parte de la población del país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la impunidad es consecuencia de que las vdh son resultado de una práctica sistemática y generalizada. De una estrategia de represión política dirigida con mayor recurrencia en contra de quienes denuncian que las reformas estructurales neoliberales aprobadas al final del sexenio de Felipe Calderón, y a lo largo del actual sexenio, violan legalmente los derechos humanos de grandes capas de la población. He aquí algunos datos documentados durante el año que sustentan lo que las organizaciones autoras del informe afirman: “(…) el primer lugar lo ocupan, con 224 actos de vdh, quienes denuncian la reforma educativa, de corte neoliberal, aprobada en este sexenio; en segundo lugar, con 219 actos de vdh, están aquellos que ejerciendo el derecho humano a la protesta, son reprimidos; el tercer lugar, con 74 actos de vdh, corresponde a los defensores que de manera general defienden la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas, e incluso comunidades urbanas que resisten a las políticas extractivistas o privatizadoras del territorio. Y siguen los ambientalistas, con 72 actos de vdh. En el séptimo lugar, con 38 actos de vdh, agrupamos a las organizaciones sociales nacionales o grandes a escala territorial que defienden una gran variedad de derechos humanos y son reprimidos no necesariamente por la defensa exclusiva de algún derecho, sino por la labor que realizan en pro de una vida digna como sinónimo de los derechos humanos”. Desde el punto de vista de estas organizaciones, hay también una correspondencia entre el modelo económico que se ha implementado en México y el alza en el número de vdh, pues esta política económica neoliberal antepone el lucro, el despojo, la explotación y el capital, a la dignidad y a la seguridad humanas; al desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza, y entre los mismos hombres y mujeres que ocupamos distintas posiciones en el modelo de sociedad vigente. El presente sexenio todavía no culmina, y sin embargo las organizaciones hacen todavía el esfuerzo por contabilizar desde diciembre de 2012 hasta mayo de 2018 las vdh más graves. He aquí los números duros, expresión sangrante del sufrimiento de miles, quizás millones, de compatriotas: Del año 2006 a la fecha 3 mil 967 personas han sufrido detenciones arbitrarias con el objetivo de interrumpir su labor de defensa de los derechos humanos o disolver actos en los que se ejerce el derecho humano a la protesta. De 2006 a la fecha 228 defensores de derechos humanos o luchadores sociales han sido ejecutados como una forma para detener su trabajo de defensa de los derechos humanos. “El uso de la ejecución extrajudicial, en el periodo que abarca este informe, se recrudece en contra de periodistas…”. E igualmente en contra de los defensores de la tierra y el territorio, indígenas y no indígenas. Y por último, tenemos la cifra de las víctimas de desaparición forzada: 165 defensores de derechos humanos han sido víctimas de esta grave vdh, a pesar de que el caso de los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa obligó al Estado a disminuir esta práctica y tratar de ocultarla. Ello no obstante, éste continuó con la desaparición de personas defensoras de derechos humanos. Lo que hace que para las organizaciones que documentaron esa cifra esta práctica sea sistemática, generalizada y transexenal, pues Felipe Calderón también es responsable de desapariciones forzadas por motivos políticos. Aún no termina este sexenio, y tenemos la esperanza de que con el inicio del próximo las vdh dejen de ser una práctica sistemática del Estado para desarticular, desorganizar y controlar a la población que exige el respeto a su dignidad y el acceso a condiciones de vida dignas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la CDMX será elegido mediante un proceso opaco y sin consulta de las víctimas y de la Sociedad Civil
-Preocupa a colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil la falta de información y consulta en el proceso de instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. -Exhortan a Congreso y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a iniciar a la brevedad un proceso transparente, incluyente y participativo en el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Las organizaciones, colectivos, víctimas y expertos integrantes del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas[1]” expresamos nuestra preocupación por el opaco proceso encabezado por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México en la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la elección de su titular. Después de una tardanza de cuatro años, es hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México[2], sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, todos reconocidos en la Ley General de Víctimas. Ahora bien, el transitorio séptimo de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecía 120 días para la elección del Titular de la Comisión, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace dos meses. Las y los firmantes expresamos nuestra preocupación respecto a la convocatoria de reunión prevista para el día de mañana en la cual se convoca a diversas instituciones de la CDMX para instalar la Junta de Gobierno de la Comisión, sin que se contemple la representación de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. En el marco de esta reunión, se pretende designar a la persona que ocupará “temporalmente” el cargo de Comisionada/o de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Rechazamos categóricamente que el nombramiento del titular de Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se realice sin un proceso previo de consulta de los colectivos de víctimas y las organizaciones civiles y en este sentido exhortamos: Al Secretario de Gobierno de la CDMX que informe a toda la ciudadanía, y a quienes abajo firmamos, sobre las acciones realizadas para la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como la lista de personas que fueron propuestas para ocupar temporalmente el cargo de Comisionado/a y cuáles fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron. Al nuevo Congreso de la CDMX a iniciar un proceso transparente, incluyente y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil, para la selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, lo anterior con el fin de asegurar que cumpla con el perfil idóneo. FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos- Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Desaparecidos Justicia, Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. Experta: Eliana García *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica)
