Transición, reconciliación y paz
El mandato democrático nunca había sido tan claro en contra de la corrupción y la impunidad, a favor de la justicia y por la inmediata construcción de paz. Lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días –en torno al inicio de un proceso de reconciliación en el país como prioridad– debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de nuestra grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso. Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, hemos insistido en que para lograr la paz –entre otras cosas– debe haber un cambio profundo en el actual modelo de seguridad, por lo que nos congratulamos que desde este momento, Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, plantee capacitar a las policías, mejorar sus condiciones socioeconómicas y elaborar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, como lo han recomendado organismos nacionales e internacionales. También, saludamos la propuesta de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis. Sin embargo, también vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior. Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1º de diciembre. Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada el pasado 1º de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre y aprobada en un proceso legislativo que ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales para no hacerlo. Independientemente de las eventuales resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad, esa ley no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos, tal y como lo han señalado las recientes sentencias de amparo del Poder Judicial de la Federación, por lo que su vigencia seguiría vulnerando innecesariamente el orden democrático. Quienes integramos #SeguridadSinGuerra estamos en plena disposición de colaborar con quienes formarán el nuevo gobierno, y con las legisladoras y legisladores electos, para superar estos obstáculos antes del 1º de diciembre y comenzar el proceso más importante para acabar con el horror de más de 11 años de guerra. Colectivo #SeguridadSinGuerra Alberto Athie, Alejandro Espriú Guerra, Alfredo Lecona, Aram Barra, Ariana Ángeles García, Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Carlos Alberto Galindo López, Carlos Cruz Santiago, Catalina Pérez Correa, Cauce Ciudadano, A.C., Causa en Común A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (Cencos), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Centro Diocesano para los Derechos, Humanos Fray Juan de Larios A.C., Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, A.C., Colectivo Solecito de Veracruz, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C., Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Eliana García Laguna, Enjambre Digital, Eréndira Derbez, Ernesto López Portillo, Eunice Rendón, Francisco Rivas, Familias Unidas en Busca de Esperanza Zacatecas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo Leon (FUNDENL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), Grupo V.I.D.A Laguna A.C., Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), Insyde, Ixchel Cisneros, Javeir Yankelevich, Jesús Robles Maloof, Jorge Javier Romero, José Antonio Guevara Bermúdez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C., Layda Negrete, Leonel Fernández Novelo, Lisa Sánchez, Luis Fernando García, Maite Azuela, Mara Gómez Pérez, Marcela Villalobos, María Elena Morera, Mariclaire Acosta, México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), Michael Chamberlin, Miguel Garza, Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Observatorio Nacional Ciudadano, Pablo Girault, Quetzalcoatl G. Fontanot, Raymundo Ramos, Rebeca Calzada, Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C., Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, Red en Defensa de los Derechos Digitales, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la Republicana Mexicana), Red VIRAL, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Renacer Lagunero, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Silvano Cantú, Silvia Ortíz Solís, Yésica Sánchez Maya. Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
Deudas con los periodistas
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 30 de junio de 2018 Miguel Concha México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada. Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos relatores del sistema universal y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos para con los periodistas. Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de derecho y de su gobernabilidad. Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12 comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de investigación y documentación constituyó la fuente principal para la labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad, pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales, altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares, carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la evidencia, entre otros problemas. En consecuencia, instaron a México a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado. Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el mecanismo de protección. Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las autoridades a derogarla. La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de transparencia y acceso a la información en el país. En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas. Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para la preservación de la democracia en México. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Eduardo Jiménez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Tras un año de la represión en Tiripetío, falta respuesta efectiva de instituciones de gobierno
-La vida de Gael Solorio, estudiante normalista de Tiripetío, fue puesta en riesgo por disparo de la policía del estado de Michoacán. -Es necesario que CEAV y CNDH no retracen más la atención a Gael y sus familiares e investigaciones por violaciones a DDHH. Hace exactamente un año, en 2017, se dio lugar a un brutal acto de represión en las inmediaciones de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán. En torno a la manifestación que ese día llevaron a cabo los estudiantes de dicha escuela, agentes de la policía estatal accionaron armas de fuego contra los normalistas quienes se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta social. Uno de ellos, Gael Solorio Cruz, fue víctima de un disparo que le impactó en la mejilla izquierda y le perforó la mandíbula. Gael se encontró a lo largo de las siguientes semanas en un estado crítico de salud, al punto que se le tuvo que inducir un coma. Además, el proyectil está aún alojado en su cuerpo, sin posibilidades de ser extraído por el riesgo que esto representa, dado lo cercanía con la espina dorsal del joven. Ante la agresión perpetrada por elementos policiales de Michoacán, la respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas fue nula, pues negaron el reconocimiento de víctimas de violación a derechos humanos a Gael y a su familia. De igual manera, la reacción de las autoridades estatales, lejos de proteger los derechos de los normalistas, investigar los hechos y reparar el daño, criminalizaron las acciones de protesta de estos estudiantes. Ante la negativa de la CEDH de Michoacán para atender a las víctimas conforme a sus responsabilidades, Gael y su familia solicitaron la atracción de su caso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). La respuesta a la solicitud de atracción no ha sido notificada a la fecha. Por otro lado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atrajo el caso y le dio atención de emergencia en vista del grave estado de salud en que Gael se encontraba. Sin embargo, a la fecha su familia ha visto dilación poco razonable en el acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral hasta la fecha, dado los derechos que le otorga ley y su ingreso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI); esto provocó que la familia se endeudara para poder solventar las necesidades más inmediatas para atender a Gael, surgidas a raíz de lo sucedido. La poca efectividad del acompañamiento de esta instancia se debe a los largos y complicados procesos administrativos que la misma exige para acceder a dicho Fondo y a una atención integral. Las organizaciones firmantes exigimos que no se retrase más el acompañamiento a Gael, en vista de que su atención fue prioritaria desde el principio. En este sentido, exigimos a la CEAV que no retrace más, por cuestiones burocráticas, el proceso para acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; puesto que revictimiza a Gael y su familia al obligarles a realizar gastos que debería estar cubriendo el Estado en virtud de la atención urgente en casos de violaciones a derechos humanos cometidas. Asimismo, instamos a la CNDH a no postergar más la respuesta respecto a la atracción del caso, puesto que a 5 meses de solicitada no se ha notificado a la familia y ni a las organizaciones que les acompañamos. La intervención de la CNDH en este sentido será clave para que el Estado mexicano reconozca, sancione y repare el intento de ejecución arbitraria cometido contra Gael. No se pueden pasar por alto las violaciones a derechos humanos en medio de un contexto en el que se criminaliza la protesta social, a las personas jóvenes y a las escuelas normales rurales. Por ello es necesario que las instituciones encargadas de atender y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales, así como de asesorarles y representarles en la exigencia de acceso a la justicia, atiendan de manera pronta y diligente los casos donde se comprometan la integridad y el proyecto de vida de las personas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P”, A.C. (CDH Vitoria) Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
Inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La Ley de Seguridad Interior es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para actuar contra conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 02 de junio de 2018 Miguel Concha El 21 de diciembre de 2017 fue publicada la Ley de Seguridad Interior (LSI), instrumento legal solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional, quien en múltiples ocasiones y de manera pública manifestó la necesidad de que se le diera certeza jurídica sobre el actuar de sus elementos en tareas de seguridad pública. Como ya ha sido ampliamente discutido, la LSI, lejos de dar certeza jurídica a las fuerzas armadas, establece una serie de atribuciones y facultades que por su propia naturaleza cuestionan el carácter civil de la seguridad pública, reconocido por la Constitución (CPEUM). Ante este problema, y muchas otras atribuciones inconstitucionales, organizaciones de la sociedad civil tramitaron amparos que buscaban que el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinara si la LSI atentaba contra los derechos humanos. Uno de estos amparos fue el tramitado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), cuya sentencia, emitida el 10 de mayo pasado por el juez octavo de distrito en materia administrativa de Ciudad de México, es un primer e importante paso hacia el posicionamiento del PJF sobre la suerte de la LSI. La CMDPDH y la R3D en su amparo plantearon, de inicio, un tema fundamental que afecta a todas las organizaciones de derechos humanos: la falta de certidumbre sobre el uso que se le dará a la LSI. Es preciso recordar que en México existen muchas organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos. Con esta labor visibilizan públicamente problemáticas que se encuentran ocultas; vigilan y llevan a instancias judiciales de control la actuación del Estado; apoyan y acompañan el derecho de las víctimas a denunciar, e impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa, luchan en contra de la impunidad. Como consecuencia de la inseguridad jurídica de muchas de sus disposiciones, en opinión de la CMDPDH y de la R3D, la LSI viola los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 129, 89 y 129 de la CPEUM, lo cual afecta de manera perniciosa e inhibitoria la defensa de los derechos humanos, en cuanto aumenta el miedo o temor de que las actividades de defensa puedan ser consideradas como riesgos a la seguridad interior. De acuerdo con estas organizaciones, la ley es tan vaga en su objeto, conceptos y alcances, que dota de facultades arbitrarias a las fuerzas armadas para identificar, prevenir y atender de manera permanente conductas que –a su criterio– puedan ser consideradas riesgos para la seguridad interior. Con ello establece obstáculos al acceso a la información, y aumenta los costos de la defensa de derechos humanos, como la vida, la integridad, la propiedad y el territorio, derechos que en el contexto de inseguridad, criminalización y riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, las colocan en mayor peligro. Señalaron que estos elementos derivan en un efecto inhibidor indebido de actividades constitucional y convencionalmente protegidas, como lo es la defensa de derechos humanos. Otras acciones inconstitucionales que se derivan de la LSI es lo relacionado con su artículo 51, ya que contraviene el texto que señala que la información pública se podrá clasificar como reservada temporalmente por motivos de seguridad nacional conforme a lo establecido en las leyes de la materia. Además de que todo tipo de información que se genere a raíz de la LSI será considerada de seguridad nacional e incluso podrá ser clasificada como reservada a priori. Ante éste y otros argumentos que se esgrimen en las más de 100 hojas que componen la demanda de amparo inicial, el juez Fernando Silva García ofreció una sentencia que se deben celebrar, ya que encuentra en su principal conclusión que la LSI es inconstitucional, como consecuencia de que dicha ley incorpora a las fuerzas armadas en funciones de seguridad interior en tiempos de paz, en contravención a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución. Con una afirmación contundente, el juzgador señaló que la LSI es “una pieza más de un proceso tendente a institucionalizar la militarización de la seguridad pública y seguridad interior del Estado en contra del narcotráfico y la delincuencia organizada”. Y en el ámbito específico de las afectaciones a la sociedad civil, determinó que tanto la CMDPDH como la R3D pueden cuestionar mediante el juicio de amparo diversos aspectos de la política pública en tareas de seguridad que suponen un riesgo a los derechos humanos. Los efectos de la sentencia son algo que debe considerarse con detenimiento. La CMDPDH y R3D fueron amparadas y protegidas por la justicia de la Unión, por lo cual no pueden ser susceptibles de ningún acto de privación o molestia como consecuencia de la aplicación de una disposición señalada en la LSI. Más importante aún es la determinación de que 13 de los 34 artículos que componen la LSI fueron señalados como inconstitucionales (artículos 4, fracciones I y IV; 6, párrafo primero; 9 y 11, párrafos primero y último; 15, segundo párrafo; 16, 17 y 20, fracciones I, II y III y IV; 21, 22, 26, 30 y 31), poniendo en evidencia las graves consecuencias e impactos que tiene la LSI en el ámbito de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. La sentencia no es perfecta. Adolece de un análisis más profundo ante la ambigüedad de la LSI. Y si bien la batalla por determinar su inconstitucionalidad no ha terminado, ya que aún falta para que estas determinaciones queden firmes, lo que esperamos del PJF y de la participación de la SCJN es una decisión garantista y centrada en un análisis de lo que ha vivido México en años recientes, como consecuencia de la militarización. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Alejandro Melendez [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Amenazas contra el derecho a comunicar
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos al aprobar reformas mediante procesos irregulares, sin transparencia ni consulta. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 12 de mayo de 2018 Miguel Concha El 26 de abril, el Senado de la República aprobó intempestivamente una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, por la cual se adiciona el artículo 213 bis y un segundo párrafo al artículo 215, que supuestamente tiene como objetivo brindar mayores y mejores herramientas judiciales especiales en materia de derechos de autor, que permita la generación de medidas precautorias o preventivas en beneficio de los titulares de dichos derechos. A pesar de estos argumentos, las modificaciones han sido denunciadas por la falta de claridad en sus preceptos y un ejercicio legislativo poco transparente. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización social especializada en temas de libertad de expresión e Internet, se pronunció en contra, utilizando para ello el hashtag #MadrugueteAInternet, y un pronunciamiento en el que señaló que se le otorga la facultad a cualquier tribunal de ordenar que una comunicación pública sea censurada, y que los servidores, enrutadores u otros instrumentos sean asegurados sin que medie investigación u orden judicial. Denunció, además, la falta de discusión previa en Comisiones legislativas, y sin llevarse a cabo un proceso de consulta abierto en el Congreso de la Unión (https://bit.ly/2I6fsFF). En efecto, dentro de un proceso que fue calificado como irregular por diversos medios de comunicación y organizaciones, debido a la nula convocatoria y falta de consulta, la reforma se aprobó con 63 votos a favor, 11 en contra y 23 abstenciones. Esta iniciativa tiene sus antecedentes en 2015, cuando luego de la aprobación de un dictamen en la Cámara de Diputados, se dio a conocer la propuesta de la diputada del PRI Araceli Guerrero Eruviel. En 2016, este dictamen se tornó a la Cámara de Senadores, donde supuestamente quedó para su análisis y debida dictaminación en Comisiones. No obstante, por iniciativa del PRI y del PVEM y de senadores como Javier Lozano y Ernesto Cordero, el proyecto se retomó hasta abril del presente año. Senadores distintos a esos partidos señalaron que no se les convocó a sesión de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y que tampoco existió una convocatoria, con el tiempo necesario, para su análisis. Por la falta de claridad en todo el proceso legislativo, señalaron también un dejo de impunidad y corrupción procesal; incluso algunos denunciaron que se intentó que firmaran el dictamen sin que pasara por un debate serio y abierto. Resulta cuestionable que la aprobación de la reforma se haya dado de manera tan rápida después de estar dos años en espera, sin participación ciudadana, y en un contexto electoral que bien podría beneficiar a algunos poderes fácticos que buscan censurar y lastimar derechos relacionados con la libertad de expresión, el derecho a la información y la búsqueda de la verdad. Tampoco se consideraron los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al tema, como la tesis de junio de 2017, relacionada con que la protección de derechos de autor no justifica en sí y por sí misma el bloqueo de la página web, y que estas prohibiciones no se consideran constitucionalmente válidas, salvo situaciones excepcionales (https://bit.ly/2KOeYWr). Entre los puntos críticos de la reforma destacan las medidas que pretenden contrarrestar las violaciones a los derechos de autor, las cuales permitirían la suspensión de la representación, comunicación o ejecución públicas, el embargo de las entradas o ingresos y el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos, con poca claridad en la interpretación de estas acciones, y limitando el derecho a la libertad de expresión. Es evidente que en las últimas horas de la Legislatura saliente existen grupos que están dispuestos a atentar contra los derechos humanos, como el libre acceso a la información por cualquier medio, sea físico o digital. Intento claro y manifiesto con la aprobación de todo el paquete de medios en semanas recientes. Recordemos que en esos mismos días se aprobó en términos similares la ley relacionada con la publicidad oficial, de la que me ocupé en La Jornada el pasado 14 de abril, aprobada igualmente de manera rápida e intencionada, mediante procesos legislativos irregulares, sin transparencia y sin consultas ni participación de actores importantes. El ejercicio de la libertad de expresión, la existencia de medios libres y confiables, y el acceso a diferentes medios de comunicación e información, son necesarios para el fortalecimiento de la democracia. Acciones violatorias como las reformas recién aprobadas, que benefician a monopolios de comunicación y control, y a grupos de poder con intereses particulares deben, sin duda, denunciarse. Y por ello las organizaciones de la sociedad civil buscarán impulsar un juicio de amparo, y vía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y posiblemente también por medio de un grupo de legisladores, acciones de inconstitucionalidad, para ir en contra de esta reforma. Además, es importante evidenciar que existen fallas internas que reflejan la impunidad existente en todas las esferas gubernamentales, incluso en el Poder Legislativo. Fallas que como puede observarse en este caso, derivan de bancadas dominantes y falta de apertura por parte de los legisladores. Dada la falta de legitimidad del proceso legislativo para aprobar esta reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, el Ejecutivo Federal debiera abstenerse de publicarla, para que se reponga el proceso en el Congreso. De lo contrario, son más que oportunas todas las acciones legales en su contra. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Rick Payette [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Premio Don Sergio 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de mayo de 2018 Miguel Concha El Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo tiene desde 1992 el objetivo de reconocer el trabajo de personas luchadoras sociales, y el de destacar el compromiso que Don Sergio, VII Obispo católico de Cuernavaca, historiador mexicano y teólogo de la liberación, tuvo con la defensa de los derechos humanos en México, América Latina y el Caribe. Como cada año, las organizaciones y personas convocantes tienen el arduo compromiso de distinguir a una persona y a una organización ganadoras, teniendo en cuenta el análisis de cuatro ejes: la coyuntura actual de México, la visibilidad de la persona o agrupación, la temática que trabajan y su trayectoria. Este año fueron postuladas 11 agrupaciones y siete personas; Irinea Buendía Cortés fue galardonada en la categoría individual, y en la grupal, los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl, de San Pedro Tlanixco. De nueva cuenta el premio, en su edición 26, reconoce el trabajo y la defensa de los derechos humanos desde abajo. Doña Irinea, por ejemplo, es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010. A raíz del asesinato de su hija, esta mujer realizó con tesón una investigación de manera autodidacta para esclarecer los hechos de la muerte de su hija. De esta manera se especializó en derecho y criminalística, con lo cual pudo desmentir las pruebas que se construyeron para armar la teoría oficial de un suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio. El caso fue tan indignante, que en septiembre de 2013 llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyéndose en un precedente histórico, pues fue el primer caso de feminicidio atraído por el máximo tribunal de justicia en México. En efecto, en 2015 la SCJN resolvió que las instancias correspondientes del gobierno del estado de México debían realizar, nuevamente, con la debida diligencia, las investigaciones, considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013) y siguiendo la línea de feminicidio. Los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl de San Pedro Tlanixco, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. Desde la década de los años 80, cuando llegaron a su municipio en Villa Guerrero empresas floricultoras, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido su lucha. El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue entonces concesionado por la Comisión Nacional del Agua a empresarios floricultores, impidiendo con ello el acceso al agua de la comunidad, a pesar de que cuentan con documentos válidos que los acreditan para hacer uso de ésta. En 2003 la población de San Pedro Tlanixco fue agredida y en apego a sus usos y costumbres resistieron el embate. Aunque desde entonces este hecho acarreó también una fuerte criminalización en contra de la comunidad, y desde esa fecha los defensores de derechos humanos de San Pedro Tlanixco llevan resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, misma que denota, además, actos discriminatorios. El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. Para enmarcar la entrega del mismo se realizó el Foro Agenda de los Derechos Humanos Ante la Realidad Actual, que tuvo como objetivo construir una agenda mínima de derechos humanos como demanda y exigencia de la colectividad que acompaña el premio a los contendientes en las próximas elecciones. En esta línea, el foro transcurrió a partir de cuatro ejes temáticos: Ley de Seguridad Interior; agresiones a personas defensoras y periodistas; defensa de la tierra y el territorio, con especial énfasis en los pueblos y comunidades en resistencia, y feminicidios. En el foro se confirmó la necesidad de que sean más las personas y organizaciones que se sumen a las luchas desde debajo de las izquierdas sociales y democráticas. Permitió también entretejer tres retos importantes que, de cara a la coyuntura electoral, se tienen que afrontar. El primero tiene que ver con el reconocimiento de mantener puentes con la memoria histórica. La juventud tienen el compromiso de aprovechar los logros de las luchas de otras generaciones y hacerse cargo de la realidad actual. Las generaciones con más experiencia tienen, a su vez, el compromiso de acompañar las nuevas luchas de la juventud, muchas de ellas relacionadas con la identidad y las diversidades. Ninguna lucha es más importante que la otra. Todas ellas son diversas formas de acción. Otro reto relacionado tiene que ver con la importancia de reconocer el diálogo intergeneracional, el cual implica escucharse, acompañarse y descubrirse los pensamientos y sentires. Por último, es importante reconocer la mirada interseccional en las luchas. Es decir, la manera diferenciada como impacta la violencia según la identidad de las personas y grupos, apreciando al mismo tiempo la forma como construyen sus estrategias de resistencia y defensa frente a las distintas expresiones de la dominación. Esto implica reconocer que no se vive de la misma manera la defensa de la tierra y el territorio siendo mujer, mujer joven o indígena, que siendo varón. Por ello hay que insistir en que es necesario escuchar y preguntar por los propios sentipensares. Lo cual implica llevarse este compromiso a los espacios organizativos y conversar sobre la importancia de construir estos puentes, estas miradas y, más que nada, construir colectivamente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FundDonSergio [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ley de víctimas de CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 28 de abril de 2018 Miguel Concha La deuda del Estado con las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos es grande. Tanto víctimas organizadas como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil denunciaron el nulo papel que los agraviados tenían en su lucha por el acceso a la justicia. Si bien la situación de las víctimas tenía una invisibilización histórica, fue en el sexenio 2006-2012, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, cuando tomó preponderancia. Las víctimas de desapariciones, secuestros, ejecuciones y desplazamiento interno se multiplicaron con cifras que incluso en valoraciones modestas llegaron a números indignantes. Entre ellos 127 mil personas asesinadas, más de 35 mil desparecidas, y alrededor de 200 mil desplazadas. No obstante, jamás se implantaron estrategias para atender a todas las víctimas, directas e indirectas, de estos actos. Razón por la cual se conformaron diversos movimientos a nivel nacional, como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado en 2011. En 2012, a partir de las presiones de la sociedad, se aprobó por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Víctimas, con el fin de reconocer sus derechos y establecer mecanismos y medidas que pudieran atender su problemática. Desde su exposición de motivos, esta Ley se describe como una respuesta concreta a la demanda, hoy universal, de visibilidad, dignificación y reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito y violaciones de sus derechos humanos, así como del reconocimiento por el Estado mexicano de sus obligaciones directas para atenderlas. Como muestra de este extraño rasero con el que se valora a las víctimas en el país, esta ley no fue avalada por el Ejecutivo. Por el contrario, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional que impidió la publicación de la ley durante su mandato. En diciembre de 2012 tomó protesta el actual titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, quien en un acto más político que de convicción, y con el ánimo de congraciarse con el movimiento de víctimas, retiró la controversia constitucional, y publicó la Ley General de Víctimas el 9 de enero de 2013. Ésta contemplaba la obligación de las entidades federativas de legislar en materia local para lograr la adecuada armonización con la ley general. Sin embargo, las entidades, incluyendo Ciudad de México (CDMX), fueron omisas en adoptar las medidas pertinentes para contar con un adecuado sistema de protección a víctimas. Aunado a ello, la misma Ley General de Víctimas era ambigua y adolecía de indefiniciones sustanciales para víctimas en los estados. En específico, cuando tratándose de casos del orden del fuero común se pretendía acceder al apoyo de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Lo que motivaba la revictimización de las personas. Por ello, en 2017 se modificó la ley, misma que en su transitorio décimo establece lo siguiente: Las entidades federativas, en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas (CAV). Si bien la disposición de establecer comisiones locales no es la panacea para los problemas que enfrentan las víctimas de violación a sus derechos humanos en las entidades, el establecer un organismo responsable y, por supuesto, las disposiciones presupuestales necesarias para su funcionamiento, así como aquellas destinadas a constituir un fondo para la reparación integral, es un avance importante que pretende ayudar en la falta de definición que frecuentemente se encuentra frente a casos de carácter local. Como consecuencia de lo ordenado por la ley, el 19 de febrero pasado fue publicada la Ley de Víctimas para CDMX, en ella se reconocen los derechos de las víctimas y contempla un modelo de atención de casos, e incluye previsiones presupuestarias para su efectiva puesta en marcha. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a sus derechos, la ley contempla también la creación de la CAV en CDMX, como ente encargado de desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas, y de procedimientos y servicios. No podemos pasar por alto que la ley de CDMX establece la obligación de que la Asamblea Legislativa realice las adecuaciones normativas a otras legislaciones para su armonización, además de nombrar una persona titular de la CAV en un plazo no mayor a 120 días naturales a partir de su publicación. La integración de la comisión local, así como el nombramiento de su titular, no sólo es un compromiso legal derivado de una ley interna, es una obligación resultado de aquellas contempladas en el artículo primero constitucional y en los tratados internacionales que obligan a las autoridades de la capital a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas. Razón por la cual es indispensable que se considere que el plazo que la ley establece para nombrar al titular de la CAV se encuentra próximo a fenecer, y que el periodo legislativo ordinario concluirá el 30 de abril, sin que hasta hoy se haya realizado dicho nombramiento. Se corre el riesgo de que esa demora legislativa impacte en forma negativa las acciones positivas que se han dado en CDMX en torno a las víctimas, toda vez que nos encontramos en tiempos electorales complejos, ya que a partir del próximo periodo legislativo la Asamblea Legislativa contará con una nueva conformación. El apoyo a las víctimas debe verse reflejado en actos concretos, y no sólo en el blanco y negro de la ley. Estamos ante la gran oportunidad de contar con un sistema de atención. No demoremos más el cumplimiento de esta obligación. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Ayotzinapa : complicidades intocables
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Se cumplen 43 meses y la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de gran oportunidad sería escuchar propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 21 de abril de 2018 Miguel Concha Hace unos días, el diario Reforma publicó que la Procuraduría General de la República (PGR) recibió información de las autoridades judiciales estadunidenses, relativa al caso Ayotzinapa. En el marco de una investigación por el trasiego de drogas desde el estado de Guerrero hacia Estados Unidos, concretamente se trata de mensajes interceptados que sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre se habrían intercambiado presuntos mandos de la organización Guerreros Unidos. Basándose en que el presunto motivo del ataque habría sido que los perpetradores confundieron a los estudiantes con integrantes de un cártel rival, a partir de la publicación de la nota, se ha pretendido hacer una interpretación forzada en el sentido de que la información confirmaría la verdad histórica. Sin embargo, se dejan de lado aspectos fundamentales que desmienten la teoría oficial y han sido reiteradamente señalados como decisivos por las familias de los 43 muchachos y sus representantes legales. A saber: la implicación de funcionarios de distintos niveles de gobierno, y el hecho de que los estudiantes estarían vivos para cuando la imposible teoría oficial los daba por incinerados junto con sus pertenencias. En efecto, los mensajes intercambiados entre los presuntos criminales que se encontraban en Iguala y en Chicago, hacen referencia explícita a la relación del referido cártel con autoridades de Guerrero, y mencionan a otros posibles implicados, cuyos sobrenombres o apellidos apuntarían hacia integrantes del Ejército. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH (GIEI), y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han dado sólidos elementos para que la PGR pueda actuar en este sentido, incluyendo a elementos federales que, aunque están identificados con nombre, no están rindiendo cuentas ante la justicia. Aquí es necesario subrayar que el GIEI –quien desde hace tres años mencionó la necesidad de investigar el trasiego trasnacional de droga, y pedir la cooperación de las agencias estadunidenses– ya había señalado que un operativo de la magnitud del desplegado, para detener y desaparecer a los muchachos, necesitaba de una amplia coordinación y dominio del territorio, imposible de realizar sin la participación por acción u omisión de distintas autoridades presentes en la zona. En forma contraria a los intentos discursivos por delimitarla a ese ámbito, la información revelada confirma que esta complicidad va mucho más allá del nivel municipal. Esto apuntala la urgencia de realizar las diligencias necesarias para agotar esta línea de investigación, incluyendo a diversas personas que hasta la fecha permanecen sin comparecer ante la justicia. Además de la información que de seguirse esta línea puede aportarse al caso en términos de justicia y verdad, llevar a cabo una profunda investigación sobre estos indicios podría dar luz sobre el modo como hoy se configuran las complejas redes de complicidad entre autoridades constituidas y el crimen organizado, no sólo en Guerrero, sino en grandes extensiones de la vida nacional, las cuales son un pilar principal de la inédita ola de violencia que se padece en México. Sólo a quienes se benefician con estas redes les conviene que su manera de operar no salga a la luz. Es lamentable que las autoridades hayan tardado tres años en concretar una colaboración que puede proveer de información sumamente útil. Entre estos datos objetivos se cuenta con uno al que hay que prestar atención: que los presuntos dirigentes del cártel aún deliberaban qué hacer con los normalistas, al tiempo que la teoría oficial sostiene que ya habían sido incinerados. Como los peritajes científicos presentados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y el GIEI, como la información de telefonía obtenida anteriormente –que comprueba la actividad de los teléfonos de los muchachos horas después de su supuesta incineración–, y los indicios de que fueron desaparecidos en dos rutas y no en un grupo único, como señala la teoría del caso de la PGR, este extremo viene a reforzar el cúmulo de pruebas que desestiman la verdad histórica. Los mensajes dejan ver también que los estudiantes no estaban infiltrados por un cártel, como en distintos momentos se ha aventurado desde la parte oficial, y que los integrantes de Guerreros Unidos lo supieron muy pronto. Este cúmulo de información que obraba en poder de las autoridades estadunidenses desde 2014, más otras diligencias que todavía no se agotan, confirman no sólo que el GIEI tenía razón en pedir que se investigaran exhaustivamente estos indicios que la PGR no había querido ver. Nos recuerdan también que han pasado ya 43 meses, y que las autoridades responsables no han logrado esclarecer con pruebas firmes lo ocurrido aquella noche, ni el destino de los normalistas. El informe reciente de la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que documenta el uso de la tortura como método de investigación, y en el que se sustenta, en buena medida, la teoría oficial del caso, representa un golpe más a la ya de por sí desacreditada verdad histórica, que tanto dolor ha causado a las familias. La enésima vuelta a la arena pública en estos días del caso Ayotzinapa, nos recuerda que la búsqueda de justicia y verdad no se rinde ante los tiempos electorales. Por el contrario, de mostrar sensibilidad será una oportunidad para que los candidatos a la Presidencia de la República ofrezcan en el debate de mañana propuestas para resolver este doloroso episodio, quizás el que más claramente desnudó la crisis de derechos humanos que vivimos. El gobierno actual tampoco puede irse dejando esta herida abierta en la convivencia nacional. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : CIDH [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Autoridades de la Ciudad de México deben respetar el derecho a la memoria por los mineros de Pasta de Conchos
Fotografía : Daniel Lobato | El día de hoy, conmemorando 12 años ocurridos tras la explosión en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos, con el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, ha decidido instalar en Paseo de la Reforma esquina con Río Rhin, el Antimonumento por las Víctimas de este acontecimiento . La explosión en la mina de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero del 2006, provocó que 65 mineros perdieran la vida, de los cuales 63 no han sido rescatados. Esto ha dejado una herida abierta en las familias y la comunidad, especialmente cuando dicha mina presentaba una serie de irregularidades que estaban documentadas por la Secretaria del Trabajo desde el año 2000. Por ello, los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento de estas condiciones; sin embargo la irresponsabilidad, la corrupción, la negligencia y la inacción de las autoridades llevaron a la tragedia que nos atañe el día de hoy. El Antimonumento tiene la finalidad de recordar a la sociedad mexicana y al Estado Mexicano que esta tragedia fue provocada por actos de corrupción en beneficio de GRUPO MÉXICO, del Sindicato Minero bajo la dirección de Napoleón Gómez Urrutia, y del Gobierno Federal a expensas y en detrimento de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo de los mineros, cosa que provocó su lamentable muerte. Su instalación representa, además, una forma de exigir rescate, verdad, justicia y reparación del daño para las y los familiares, para la comunidad y para la sociedad mexicana. La colocación del Antimonumento responde al ejercicio de nuestro derecho colectivo a la memoria, pues es importante recordar las omisiones que provocaron esta tragedia, así como exigir la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Además, constituye una invitación consciente de no olvidar y una demanda ética de lucha por la justicia, partiendo de la idea de que el olvido de la tragedia de Pasta de Conchos refuerza la violencia hacia las víctimas, invisibiliza la impunidad con la cual actuaron los actores involucrados antes y después de la tragedia, y permite la repetición de este tipo de hechos. Cualquier intención o acción de retirar el Antimonumento constituiría una violación al derecho a la memoria para las víctimas, así como un intento de mitigar las exigencia de justicia y de reparación del daño ocasionado a las familias y a la comunidad. Exigimos a las autoridades el respeto a este símbolo de memoria y justicia para los 65 mineros que perdieron la vida, en contra de la corrupción e impunidad que se ha normalizado en el país y permite que este tipo de tragedias se repitan. El Antimonumento no permanecerá como un recordatorio sino como una exigencia hacia el Gobierno Federal para que haga el rescate de los restos de los mineros y reconozca la tragedia de Pasta de Conchos como una parte de nuestra historia, la cual no debe repetirse sino repararse. Asimismo, repudiamos todo intento de agresión u hostigamiento a la Organización Familia Pasta de Conchos a raíz del legítimo ejercicio de su derecho a la memoria de la tragedia provocada por las omisiones del Estado. Organizaciones Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Cauce Ciudadano A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos. Círculo de Estudios Central. Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESC). Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Iglesias por la Paz. Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad. Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Observatorio Eclesial. Organización Popular Francisco Villa, Izquierda Independiente. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. PERSONAS Obispo Raúl Vera, O.P. Fr. Miguel Concha Malo, O.P. Fr. Julián Cruzalta. Alberto Híjar Serrano Alfonso Arroyo. Daniel Gershenson – Alarbo, A.C. Francesca Gargallo Celentani. Francisco Barrios “El Mastuerzo”. Helena Scully Gargallo. Jesus Maldonado García – Miguel Agustín ProDH Juan José Sánchez González Fotografía : Daniel Lobato
Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior
SCJN tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para detener ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas, nos hemos sumado a las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior mediante amparos. LSI contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte. En los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta Ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional. Esta ley contiene conceptos vagos e imprecisos y faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales. Es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia. Por ello, un número histórico de Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y Juicios de Amparo han sido promovidos por decenas de actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores; el Gobierno del Estado de Chihuahua; varias Comisiones estatales de Derechos Humanos; y los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeyahualco, Puebla; y Hidalgo del Parral, Chihuahua, más los que hoy puedan sumarse. Además, organizaciones de la sociedad civil y personas que defendemos y promovemos los derechos humanos en el país, así como periodistas, hemos solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que su aplicación obstaculiza e inhibe nuestra labor al propiciar condiciones que vulneran nuestra seguridad en el ejercicio de nuestro trabajo. Compartimos la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas. La Ley de Seguridad Interior contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte. Algunos de los aspectos preocupantes de esta ley son: No distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles. No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención. No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley. La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos. Queremos vivir en un contexto de paz y sentirnos seguros, para eso necesitamos estrategias integrales que no generen más violencia. Continuar dependiendo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, debilita la formación y fortalecimiento de un Estado democrático. Estas tareas corresponden a las autoridades civiles. Es por estas razones que hacemos un respetuoso llamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública. Del mismo modo consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos. Exhortamos a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Es lo que esperamos de nuestras Juezas y Jueces Constitucionales. Colectivo #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
