Malos tratos y huelga de hambre en el CEFERESO 2 Occidente (Puente Grande, Jalisco)
A la opinión pública, los que suscribimos Familiares, amigos y abogados del defensor de Derechos Humanos Enrique Guerrero Aviña. EXPRESAMOS nuestra preocupación y más enérgica condena ante la situación carcelaria actual que enfrenta nuestro compañero a manos de las autoridades penitenciarias y del gobierno de Enrique Peña Nieto, por las continuas vejaciones y malos tratos a los que reiterada y sistemáticamente es sometido desde su injusto encarcelamiento, mismos que hasta el dia de hoy no solo persisten, sino que se han recrudecido. EXIGIMOS a las autoridades penitenciarias y al gobierno Federal el cese inmediato de los malos tratos y vejaciones a los que el compañero Enrique Guerrero Aviña es sometido y que se han extendido al resto de la población como política penitenciaria, por atentar contra los derechos humanos y la dignidad de de las personas en situación de reclusión. EXIGIMOS se garantice la integridad física y psicológica de Enrique Guerrero Aviña, restableciendo de inmediato la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión, de conformidad con lo que establece la Constitución Mexicana, tratados y estándares internacionales en materia. Exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Enrique Guerrero Aviña, en estricto cumplimiento a lo establecido a la recomendación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidad en su opinión nº55/2015 del 74º periodo de Sesiones; como un acto de elemental justicia. Alto a la criminalización de la protesta social, alto a la criminalización y persecución política de los defensores de Derechos Humanos en Mexico. Agravios actuales ante la administración de José Luis Ruiz Flores: Falta de atención médica, así como de atención y seguimiento a las enfermedades crónicas o padecimientos que los reclusos han desarrollado a lo largo de su cautiverio. Denegación del derecho a actividades que contribuyen a la dignificación de las personas en situación carcelaria. Prácticas de segregación y confinamiento. Los alimentos que les otorga el CEFERESO a las personas privadas de su libertad es comida en mal estado. Falta de venta de material para taller (única actividad educativa). Demora excesiva en autorización de visita. Castigos arbitrarios como regla de trato y vejaciones. Demora, o falta en autorización en material educativo (libros, temarios, etc.) Se les priva del derecho al agua tanto para la visita como para las personas privadas de su libertad. Falta de condiciones para personas con alguna discapacidad física Falta de acceso a educación e inscripción a universidades y diversos grados educativos. Falta de insumos para aseo personal, entre otros. Comité Enrique Guerrero (Cega.enrique@gmail.com) Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. Colectivo Contra la tortura y la Impunidad Colectivo Bolivariano Colectivo Liquidámbar C.C.P. Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Preventivo y Readaptación Social. C.C.P. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Derechos Humanos en México. C.C.P Comisión Nacional de Derechos humanos Imagen destacada : Libertad Enrique Guerrero
Carta en Solidaridad con el Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan (COTIC) y con la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske
Desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Centro Vitoria), repudiamos el intento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de criminalizar a los compañeros Luis Enrique Fernández Lomelín, Nazario Diego Téllez y Álvaro Aguilar Ayón, y la compañera Rufina Villa Hernández, integrantes del COTIC; sabemos que esta empresa paraestatal abrió carpetas de investigación en la Procuraduría General la República (PGR) contra ellas y ellos, cosa de la que tuvieron noticia el pasado 31 de enero de 2018. Tenemos conocimiento del esfuerzo que, desde el COTIC y la comunidad de Cuetzalan, se ha realizado para frenar la instalación de la Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín, que, lejos de beneficiarlas, afectaría a las comunidades aledañas a Cuetzalan, a su medio ambiente, a su modo de vida y viola los derechos que como pueblos indígenas tienen. Sabemos que las personas indiciadas han defendido sus territorios y bienes frente al megaproyecto impulsado por CFE, a través del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, por lo que consideramos que no existen motivos para que se haya interpuesto una demanda hacia las y los compañeros; de modo entendemos este acto como una forma de criminalización e intimidación hacia el COTIC. Como Centro Vitoria, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, nos unimos a la denuncia en contra de este intento de judicialización del trabajo que realizan personas defensoras al derecho a la tierra y al territorio frente a los megaproyectos que sólo benefician a intereses particulares de empresas, que ahora ven en la Sierra Norte de Puebla un lugar para despojar a las comunidades y explotar sus territorios. Asimismo, hemos constatado el modo de operar de la CFE que, usando el derecho penal, busca inhibir el ejercicio de defensa de derechos humanos, como ahora lo vemos en este y otros casos. Esto es particularmente grave en medio de un contexto en el que hay cientos de conflictos generados por intereses privados de corporaciones, tanto nacionales como transnacionales, que buscan transgredir los territorios de pueblos y comunidades, afectando y agravando la crisis de derechos humanos y el despojo de los bienes comunes en el país. Reafirmamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de COTIC y de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Exigimos a la autoridades detener la criminalización contra estas organizaciones y contra las personas defensoras al derecho a la tierra y el territorio en la Sierra Norte de Puebla. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho humano que tienen las personas a organizarse, defender y conservar sus territorios. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Imagen : La Jornada de Oriente
Justicia para Marco Antonio y familia
Ciudad de México, a 29 de enero de 2018 Marco Antonio fue detenido y desaparecido el pasado 23 de enero por cuerpos de seguridad del Estado Exigimos a las autoridades esclarecer y sancionar los hechos en torno a la desaparición de Marco Antonio Rechazamos todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no corresponden a los hechos La tarde del pasado 23 de enero de 2018, policías de la Ciudad de México persiguieron a Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad; lo golpearon en la vía pública y lo subieron a una patrulla, pero no lo presentaron ante ninguna autoridad. Cinco días después, el 28 de enero, se dio noticia de su paradero en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. Marco Antonio fue detenido arbitrariamente por policías mientras estaba fotografiando un mural en las inmediaciones del metrobús El Rosario. Un testigo presenció los hechos y junto con su familia denunciaron el suceso, al tratarse de una probable desaparición forzada. Después de los días transcurridos, las autoridades se mostraron omisas para localizarlo. Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos de la desaparición de Marco Antonio durante cinco días, se sancione a los responsables de su detención y desaparición y se garantice el acceso a la justicia de las víctimas. Es imperante que se realice la investigación del caso con base en lo que establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, toda vez que claramente se trata de un caso de desaparición forzada en donde participaron elementos de la Policía de la Ciudad de México. Lamentamos profundamente que el Gobierno de la Ciudad de México no demuestre las capacidades para actuar adecuadamente en la búsqueda de una persona que es detenida por policías de la Ciudad; siendo que, por el contrario, fue la ciudadanía la que se organizó y activó la búsqueda de Marco Antonio. Esta situación nos alarma, pues evidencia que, o no se cuenta con control sobre los elementos policiales, o que las omisiones en torno a la desaparición de este joven son acciones encaminadas a proteger a los perpetradores. El Gobierno de la Ciudad de México debe responder de manera rápida, eficaz y con apego a derecho por este caso, pero también por los diversos casos de desaparición y detenciones arbitrarias que se presentan ya recurrentemente en la CDMX. Es inaceptable que los cuerpos de seguridad pública, a plena luz del día, detengan arbitrariamente y desaparezcan a nuestros jóvenes. Hoy el caso de Marco Antonio es muestra evidente de esta violencia contra cualquier persona en México, y de la criminalidad que existe en las instituciones del Estado, sin duda una acción derivada del mensaje de impunidad que el Estado mexicano. Denunciamos que las autoridades responsables han incurrido en severas omisiones en la aplicación de protocolos de detención y búsqueda con vida, en la localización de Marco Antonio, . Rechazamos desde ahora todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no correspondan con los hechos narrados por testigos, con la finalidad de eliminar la responsabilidad de los superiores jerárquicos, quienes toleran u ordenan la desaparición forzada de personas. Exigimos se garantice la no repetición de este tipo de casos por parte de agentes estatales y la reparación del daño a Marco Antonio y su familia. Organizaciones: Asociación Mexicana de Psicología Infantil A.C. Biofilia A.C. Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. Cauce Ciudadano Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos A.C. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM-Mexico) Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa — Cineclub Cineteca 43 Consejo de Educación de Popular de América Latina y el Caribe Convergencia de Organismos Civiles A.C. Educando en los Derechos y la Solidaridad, A.C. EDNICA I.A.P. Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C. Entramada. Colectiva de prácticas narrativas. Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. El Grito Más Fuerte El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. Justicia, Derechos Humanos y Género,A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Red Retoño Resonar Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. Letra S,SIDA Cultura y Vida Cotidiana A.C. Spatium Libertas Mujer Ideas Desarrollo e Investigación MIDI SC. Perspectivas Críticas. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Arte Conciente en La Fama A.C. Oficina para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez Coordinadora Popular Leonesa. León Gto. Colectivo 2 de Enero. León, Gto. Tonelhuayotzin nuestra raíz ac. Oaxaca Colectivo Cultural Imaginarte Personas: Alejandro Encinas Nájera Ángel Arce Ortiz, Por México Hoy Antonio Rueda Cabrera Ariadna Avila Siqueiros Arianne Berenice Reséndiz Flores Baltimore Beltrán Beatriz Gómez Barrenechea Bernabé Martínez García Bernabé Martínez García Brenda Rodríguez Herrera Carlos Alberto Guzmán Mendoza Carlos Cruz Claudia Monroy Cristian Marcelino Peña Poot Daniela Tejas Miguez Denise Reyes Ruíz Édgar Avilés Gómez Enriqueta Chávez López Érika Llanos Eugenia López Uribe Fabian Bautista Ortiz Fátima Moneta Arce Gabriel Rojas Arenaza Gabriela Delgado Ballesteros Gabriela García Patiño Guadalupe Macias Pérez Hortensia Vásquez Montes Ilse Salas Ivonne Alhelí Rodríguez Fabila Izcoatl Jiménez Vargas Jacob Alejandro Aviña Zurita, Es Posible Mx Javier Buenrostro Jorge Verástegui González José Victor Evaristo Cepeda Barrera Jovana Espinosa Orta Juan Manuel Figueroa Figueroa Julia Gugerli
Frente a la Imposición De La Ley De Seguridad Interior, Indispensable Activar Controles Extraordinarios
El día de hoy, tras ser enviado el respectivo Dictamen por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Con ello culmina el debate legislativo, de modo que el Ejecutivo podrá proceder a su publicación el Diario Oficial de la Federación. Frente a la imposición de esta Ley y al término de la discusión parlamentaria, es fundamental señalar: 1. La Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país. 2. El PRI y su sector aliado del PAN desoyeron al cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta Ley. Las fundadas críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250,500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos las y los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias. 3. El diálogo al que instó el Presidente de la República, ante la CNDH y ante la sociedad, no tuvo lugar. Las mesas que se desarrollaron en el Senado fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley. Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas. 4. El Senado no introdujo cambios reales a la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Los nueve artículos y un transitorio en los que se realizaron correcciones superficiales no cambian los más graves aspectos de la Ley de Seguridad Interior. Es falso que se hayan atendido las preocupaciones expresadas durante el debate. 5. La imposición de la Ley no está consumada. El Presidente de la República podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió. Ante la improbabilidad de que esto ocurra, sin embargo, es relevante señalar que deben activarse también otros mecanismos para revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley, entre otros: la minoría legislativa podría presentar una acción de inconstitucionalidad; la CNDH, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la Ley, también podría presentar dicha acción; y los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, también podrían interponer una controversia constitucional. La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)pueda analizar esta norma; la responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país. 6. Pese a que la imposición de la Ley de Seguridad Interior es una imposición que socava el Estado de Derecho, la amplia oposición que se ha generado debe verse como una expresión de la creciente toma de conciencia de la sociedad mexicana sobre la necesidad de poner a revisión el fallido modelo de seguridad, desde una visión integral que incorpore también el fortalecimiento de nuestro colapsado sistema de justicia. Desde 2011, cuando irrumpió en la escena pública el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, no se discutía tan ampliamente la política de seguridad que se ha seguido en la última década. Desde 2014, cuando ocurrió la hasta hoy no esclarecida desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los mecanismos internacionales de derechos humanos no señalaban con tanta preocupación a México. La proliferación de voces que desde las más diversas perspectivas demandan una #seguridadsinguerra es sin duda un triunfo de la sociedad y en esa victoria cultural se cimentan las esperanzas que permiten transitar un día oscuro como este. 7. En la medida en que el debate sobre la Ley de Seguridad Interior ha puesto de relieve la complejidad y la hondura de nuestros problemas de seguridad, es fundamental que en el próximo proceso electoral las diversas plataformas contendientes se pronuncian explícitamente sobre sus posiciones frente a la Ley y sobre sus propuestas en materia de justicia y seguridad. En particular, para que el electorado ejerza con información su derecho a la participación, es indispensable que José Antonio Meade, Ricardo Aanaya y Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos y candidatas presidenciales, se pronuncien claramente sobre si en caso de acceder a la Presidencia de la República derogarían la Ley de Seguridad Interior. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior abona a la restauración autoritaria que se cierne sobre México. Más que nunca, es fundamental no claudicar en la defensa de nuestros derechos y demostrar, con propuestas sólidas como las que desde muchas instancias se han difundido, que una #seguridadsinguerra es posible. Imagen : #SeguridadSinGuerra
