OSC y academia llaman al gobierno de la Ciudad de México a tomar acciones contundentes en el marco de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres

Ciudad de México, 24 de febrero de 2020 El 21 de noviembre de 2019, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). La decisión vino no solo después de dos años de lucha, por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C. y Justicia Pro Persona, A.C., por activar este mecanismo a nivel federal, sino después de meses de movilizaciones sociales de mujeres y activistas feministas que denunciaron las distintas violencias machistas que afectan a las mujeres y las niñas en la Ciudad. A cuatro meses de la declaratoria, y frente a los recientes feminicidios de Abril, Ingrid, Fátima y Jocelyn, las académicas y organizaciones feministas que integramos el grupo de seguimiento a la alerta reconocemos la necesidad de atender los actos y omisiones que dilatan, obstaculizan o impiden el ejercicio de nuestros derechos y, en específico, nuestro acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencias. En particular, expresamos nuestra profunda preocupación por las reiteradas filtraciones de datos e información confidencial que atentan contra la dignidad de las personas, revictimizan a las víctimas y sus familias, y perjudican tanto la investigación como el acceso a la justicia de las mujeres y las niñas. Por lo anterior, exigimos que el gobierno de la Ciudad de México brinde respuestas que estén a la altura de la gravedad de la situación. A la fecha, el grupo de seguimiento no cuenta con las metas e indicadores respecto a las medidas contempladas en el decreto de Declaratoria. Tampoco se ha desarrollado un plan de acción que incorpore otras medidas estratégicas para atender la violencia feminicida, a pesar de existir una clara necesidad de implementar acciones inmediatas que pongan fin a la violencia institucional. Si bien las alertas no son un objetivo en sí mismo, y su existencia no acaba automáticamente con la violencia, consideramos urgente que se tomen en cuenta los siguientes puntos para evitar se queden en un acto simbólico: Es urgente diseñar e implementar estrategias que busquen fortalecer las capacidades en materia de procuración y administración de justicia desde una perspectiva de género y de derechos humanos. Se debe asegurar la reparación integral del daño infligido a las víctimas directas e indirectas de la violencia feminicida incluyendo su derecho a la verdad y justicia, a la indemnización, a las garantías de no repetición y al reconocimiento y disculpa pública del Estado mexicano por no respetar y garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Es preciso que se diseñen estrategias multidisciplinarias, integrales e interseccionales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, que incluyan protocolos de actuación y mecanismos claros y eficientes de coordinación interinstitucional de las autoridades con facultades y atribuciones para implementar este tipo de políticas. Reconocer en la ley la existencia de las violencias no basta, se debe dotar a las instituciones de las estructuras, capacidad, recursos y condiciones necesarias para que cumplan con su papel de garantes. Los mecanismos de seguimiento son cruciales: anunciar que se tomarán medidas no es suficiente, se tiene que garantizar que existan metodologías de seguimiento y evaluación, así como la posibilidad de corregir el rumbo a partir de los resultados obtenidos. Es crucial que se rinda cuentas a la ciudadanía en general y a las mujeres en particular sobre las acciones emprendidas, los avances, retos y los resultados esperados y alcanzados. El grupo de seguimiento se debe vincular y relacionar con otros esfuerzos, mecanismos, espacios e instrumentos de política pública del gobierno de la Ciudad de México relacionados con la prevención, atención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es necesario crear y fortalecer espacios de participación ciudadana y los mecanismos ordinarios para el diseño, implementación y evaluación de la política pública como es la Coordinación Interinstitucional y los Comités de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es una oportunidad para impulsar políticas integrales, estructurales, transparentes e incluso replicables, tanto para cambiar el rumbo tradicional de la política pública y atender las carencias institucionales del Estado, como para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y su acceso a la justicia. No podemos desperdiciarla.   Firman: Las integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y Academia del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México (Aleida Hernández Cervantes, Alejandra Rios-Cazares, Emanuela Borzacchiello Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.,  Equis: Justicia para las Mujeres A.C. , Frente para la Sororidad, Justicia Pro Persona, A.C., Las del Aquelarre Feminista, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Imagen destacada: Angélica Díaz Molina [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]

Alerta de género para la Ciudad de México

Sábado 30 de noviembre de 2019 Miguel Concha  Es innegable que hoy nuestro país está permeado por un contexto de violencia generalizada. Sin embargo, es fundamental reconocer las violencias e impactos diferenciados en la sociedad. Por lo que la violencia contra las mujeres debe nombrarse, reconocerse y atenderse con sus particularidades y necesidades. El pasado 25 de noviembre miles de mujeres en todo el mundo salieron a las calles a manifestarse, exigiendo la erradicación de las violencias en su contra: el cese de feminicidios, de violaciones sexuales, de desaparición de mujeres y niñas, y de cualquier otro tipo de agresión. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), de enero a octubre de 2019 ocurrieron en México 833 asesinatos de mujeres clasificados como feminicidio, y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas contó 9 mil 522 mujeres y niñas sin localizar al corte de abril pasado. La Ciudad de México no es la excepción; el Sesnsp registró 50 víctimas de feminicidio de enero a finales de noviembre de este año. En este contexto, se hace urgente que las autoridades capitalinas atiendan esta problemática de manera contundente. Apenas este 21de noviembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo , dio a conocer la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 25 de noviembre, mediante su publicación en la Gaceta Oficial, cuyo acto saludamos y reconocemos. La AVGM, mecanismo estipulado en la ley local y federal, está relacionada con el derecho de las mujeres a acceder a una vida li-bre de violencia y pretende la realización de acciones de gobierno urgentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en una determinada entidad. La reciente declaratoria de la capital se basa en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y se emitió a solicitud de la Secretaría de las Mujeres. Para el seguimiento de su implementación,la declaratoria contempla la participación de seis organizaciones de la sociedad civil (OSC), y entre las 11 medidas para su puesta en marcha sobresale la atención a la violencia sexual. No obstante, es necesario recordar que desde el 7 de septiembre de 2017 las organizaciones Justicia Pro Persona AC y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC solicitaron la AVGM para la Ciudad de México ante instancias federales, con base en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Dicha solicitud no sólo denuncia la grave situación de la violencia feminicida y las deficiencias en el sistema de procuración e impartición de justicia, sino que muestra diversas áreas de oportunidad. De este procedimiento se derivó la constitución de un grupo de trabajo encargado de atender lo relacionado con la solicitud, el cual, mediante entrevistas con grupos de víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, organizaciones acompañantes y defensoras de los derechos de las mujeres, así como visitas in situ a las instituciones, entre otras metodologías, realizó un informe que dio cuenta de la situación de la violencia feminicida en la capital del país, y en el que determinó 20 medidas y seis acciones urgentes, cada una con sus respectivos indicadores de cumplimiento, que el gobierno de la ciudad tendría que cumplir en un lapso de seis meses. Casi con dos años de retraso, el 7 de junio de 2019, y considerando sólo 13 acciones que la nueva administración había emprendido, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), no encontró elementos suficientes para declarar la AVGM en la capital, y de manera sorprendente estableció 17 medidas a evaluar nuevamente en un plazo de seis meses; el plazo está a punto de cumplirse. Frente a esta resolución, las organizaciones peticionarias interpusieron un amparo que fue resuelto a su favor, por lo que, a su vez, la Conavim interpuso ante el Poder Judicial un recurso de revisión, pendiente aún de resolverse. Es importante reconocer que por lo menos desde 2017, aún con el gobierno anterior, las víctimas y sobrevivientes de violencia feminicida, en conjunto con las OSC, han hecho un ejercicio de visibilización y denuncia del aumento de esta violencia, que propició la emisión de medidas y procedimientos para enfrentarla. Asimismo, es necesario aclarar que la situación de las declaratorias de alerta de género para la Ciudad de México de-vela una revisión del mecanismo que establece la ley, con el ánimo de perfeccionar, fortalecer y aumentar las capacidades de esta herramienta, usada por víctimas y organizaciones para hacer frente a la violencia feminicida. En este sentido, vale decir que la AVGM es importante, no como un fin en sí misma, sino como un medio para la erradicación de la violencia feminicida. Por lo que la capital se encuentra nuevamente ante una oportunidad para que todas las mujeres que habitan y transitan por ella puedan vivir una vida libre de violencia. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Angélica Díaz Molina

Lesvy Berlín: ganó la justicia

ONG reconocen perspectiva de género en la sentencia por feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. Familiares y organizaciones acompañantes, apelaremos la reparación integral del daño para que ésta sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. “Desde los cinco años a Lesvy le gustaban los libros, con el tiempo se hizo extremadamente lectora y uno de sus sueños era recorrer ese mundo que había conocido en papel. Quería viajar y ser ciudadana del mundo. No tenía miedo de irse, sino de quedarse. Aprendió hablar inglés, francés, italiano, rumano y catalán, al mismo tiempo que trabajaba en cafeterías. Le llamaba la atención la filosofía, la pintura, participaba en concursos de cuento en la UNAM. Era alegre y se divertía. Tenía una misión muy grande y ahora estoy empezando a entenderla, a veces se nos olvida que no sólo somos cuerpo”:  Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona A.C, Católicas por el Derecho a Decidir A.C., el Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT) saludamos el fallo del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y la incorporación de la perspectiva de género en la sentencia por el feminicidio de la joven universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio. El día jueves 24 de octubre de 2019,  el Tribunal dio lectura final y explicación de la sentencia entorno al caso, la cual dicta 45 años de prisión por el delito de Feminicidio Agravado contra Jorge Luis González Hernández, quien en ese entonces era pareja de la joven. Como organizaciones acompañantes, reconocemos que el Tribunal conformado por los jueces: José Juan Pérez Soto, Octavio Israel Ceballos Orozco y Adolfo Rodríguez Campuzano, logran identificar las razones de género que permitieron deliberar el delito como feminicidio. Las razones de género reconocidas por dicho Tribunal fueron: Haberse infligido lesiones infamantes. Haber existido datos que establecieron que se cometieron violencia del sujeto activo contra  la víctima. Y haber expuesto el cuerpo de la joven en un lugar público, como lo es Ciudad de Universitaria.  Asimismo, se acreditó la relación sentimental entre Lesvy y su agresor, por lo que también se actualizó la agravante del delito. Con esta sentencia, el Tribunal actuó conforme al llamado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que advierte que el Poder Judicial debe: “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Sin embargo, cabe señalar que como familiares y organizaciones acompañantes, estaremos apelando lo referente a la reparación integral del daño para que sea garantizada bajo los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, por lo que estaremos informando a la opinión pública cuando dicho proceso se desarrolle. Como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, hacemos un reconocimiento especial a la señora Araceli Osorio y al señor Lesvy Rivera, madre y padre de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, quienes a pesar de esta pérdida irreparable, transgredieron el dolor para continuar la exigencia de justicia, convirtiéndose en nuestro motor y guía, así como un referente en la exigencia de justicia a nivel nacional. Reconocemos y agradecemos, la presencia siempre amorosa y solidaria de las colectivas feministas, familiares de víctimas, especialistas, medios de comunicación defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, que hasta el último paso han estado presentes. Hasta que la dignidad se haga costumbre, es una frase que compartimos, y que sin duda seguirá marcando nuestros pasos para lograr combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en México. A ti Lesvy, a quien conocimos después del fatídico 3 de mayo de 2017, agradecemos las lecciones de vida que sin pretenderlo nos has entregado. Te recordaremos como cada hermoso momento que tu madre y padre han compartido con nosotras y en tu nombre, como en el nombre de las mujeres víctimas que acompañamos continuaremos ejerciendo nuestra labor para que la violencia feminicida no quede impune. Atentamente : Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Justicia Pro Persona A.C. Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Centro de Derechos Fray Francisco de Vitoria, O.P, A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos (RED TDT). Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Violencias e interseccionalidad

Sábado 26 de octubre de 2019 Miguel Concha  El pasado 15 de octubre se llevó a cabo un seminario de derecho crítico titulado Violencias extremas y cotidianas: una mirada interseccional, el cual tuvo como objetivo reflexionar, en un diálogo plural, sobre violencias extremas dirigidas a personas y sus cuerpos, grupos, comunidades y modos de vida particulares, como el feminicidio, el genocidio y la desaparición forzada. Con una visión interseccional, se discutieron además aquellas violencias cotidianas vividas por causa del entramado social en que nos encontramos, mismas que están sostenidas por categorías cuestionables que atraviesan la realidad de las personas: raza, género, clase, etnia y orientación sexual, entre otras. Se identificó una estructura política, social y económica que impone un sistema de jerarquías desde el que se valora que existen vidas que no son dignas de ser vividas y muertes que no son dignas de ser lloradas. Y, asimismo, la mirada crítica se dirigió hacia otras categorías que generan barreras lingüísticas y epistemológicas para nombrar e identificar esas violencias extremas, así como hacia las corporalidades y comunidades que son objeto de ellas. Para referir la violencia extrema contra mujeres indígenas se problematizó igualmente la base teórica, jurídica y el uso de conceptos como feminicidio o genocidio, cuestionando si el uso de una u otra favorece la explicitación de la forma y el sentido en que operan las violencias estructurales o si tienen el efecto de invisibilizar la propia cosmovisión de las comunidades. Otro de los ejes de la discusión fue el análisis de la interrelación entre el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo en el mantenimiento de una estructura de poder mediante distintos mecanismos operados en muchas ocasiones por acción u omisión del Estado. Por ejemplo, la violencia y el control ejercidos de manera selectiva contra mujeres y pueblos indígenas. Y de la misma manera la violencia del crimen organizado en la región latinoamericana, expresada en la desaparición forzada y la explotación de la vida en favor de la concentración de la riqueza. Todo lo cual está relacionado con despojos de bienes comunes y con el desplazamiento de comunidades campesinas que habitan territorios de gran interés para capitales trasnacionales. Estas estructuras de poder, con ejercicios extremos de violencia vividos cotidianamente, han generado en décadas recientes una gran cantidad de víctimas y sobrevivientes, a quienes los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la verdad para conocer las razones por las que fueron violentadas. Así como su acceso a la justicia, y ésta no sólo desde sistemas occidentales. Para ello es indispensable que los Estados incorporen las aportaciones de los distintos campos disciplinares que se aproximan a una comprensión integral de las violencias, como es el caso de las nuevas ciencias forenses que favorecen el acceso a la verdad de las víctimas, pues problematizan y documentan las violencias con un enfoque diferenciado. Por otra parte, la antropología permite comprender y esclarecer quiénes son las personas que están siendo afectadas por conflictividades actuales. Y de esta manera, en la medida en que se identifiquen las prácticas diferenciadas y focalizadas de violencia, se podrán impulsar mejor los procesos de justicia y la reparación para las diversas víctimas. Por consiguiente, es obligatorio que los Estados dispongan de recursos para llevar a cabo acciones encaminadas a la verdad y la justicia, garantizándose igualmente la reparación integral. Es cierto que la violencia extrema genera pérdidas irreparables, como la vida, por lo que vale la pena preguntarnos ¿qué entendemos por reparación y para qué buscarla? En el seminario se abordaron a este respecto prácticas de pueblos indígenas en las que la reparación es un proceso colectivo que busca que los perpetradores entiendan y reconozcan los agravios cometidos y las afectaciones al territorio, buscando un proceso afianzado en su relación con la naturaleza. Es decir, al hablar de reparación se hace necesario generar narrativas transformadoras y reivindicativas sobre los distintos modos de vida. Es necesario contraponerse a los ejercicios revictimizantes de las instituciones y sus esquemas de mantenimiento de estructuras de poder violentas. De ahí que también la reparación, como una de las principales medidas de no repetición, busque transformar al Estado. Finalmente, el seminario convocado por el Ciesas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, forma parte de la larga y fecunda relación de diálogos y reflexiones articulados entre colectivos de víctimas de violencia, academia y organizaciones de la sociedad civil. Por lo que estos lugares apuntan a ser fundamentales para la participación amplia de diversos actores en la construcción de espacios de reflexión y acción que permitan vislumbrar condiciones de vida más justas y dignas. Consultar artículo en La Jornada Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Carta Pública | Víctimas y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición se unen a la exigencia de la renuncia de Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)

Lic. Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Dra. Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación PRESENTES A través de esta carta pública familiares de víctimas de feminicidio, desaparición y sobrevivientes de diversas formas de violencia feminicida en la Ciudad de México, nos ponemos en contacto para manifestarnos a favor de la destitución de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Candelaria Ochoa. Como sabedoras de los dolores más profundos que podemos vivir en vida, quienes buscamos a una de nuestras hijas, lloramos su irreparable pérdida o vivimos diariamente con las huellas que la violencia ha dejado en nuestros cuerpos, reconocemos el retroceso y obstáculo que representa la actual titular de la institución, que se debería encargar de velar por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, lo que impide que esto sea una realidad y no solo un discurso. En algún fatídico momento, nuestra vida fue trastocada de forma irreparable, en esos tiempos oscuros no sabíamos qué pensar, qué hacer y mucho menos a quién recurrir, qué reclamar, qué exigir. Fueron las organizaciones no gubernamentales quienes nos tendieron la mano, y hasta hoy nos siguen sosteniendo. Nosotras, que vivimos en carne propia el peregrinar hacia la justicia, podemos decir que vemos este camino distante y sinuoso, pero si de por sí nos han arrebatado la vida, no le vemos sentido, si no es hasta encontrar verdad y justicia para que el virus de la violencia no se siga propagando y arrebatando la vida de mujeres y niñas. Lamentablemente, más que un derecho garantizado, como familiares y víctimas pareciera que tenemos que perseguir, suplicar y mendigar justicia cuando es responsabilidad de las autoridades. En el caso de la Ciudad de México, han sido las mesas de casos -implementadas en el marco de la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género- y únicamente para las familias que hemos podido acceder a ellas, lo que ha permitido que nuestra voz sea escuchada, sentar a las autoridades y observar las acciones y omisiones en cada uno de nuestros casos. De no ser por ello, no tendríamos los avances que hoy tenemos, que aunque son pocos, han sido fundamentales, entre ellos la reclasificación a feminicidio y próxima sentencia de casos como el de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio. Nosotras, como madres, hermanas, víctimas, hemos vivido en carne propia el desaire de las y los funcionarios públicos, no solo de este año o de este gobierno, pero es intolerable saber que en esta “Cuarta Transformación” se repitan patrones que nos revictimizan y que reproducen las prácticas de los gobiernos que les antecedieron. Ante ello, nos unimos a las decenas de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos que el día 8 de octubre de 2019 solicitaron formalmente ante la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación la renuncia de la titular de CONAVIM, por sus avances nulos y la obstaculización a las organizaciones y su importante labor. A ello sumamos la ausencia de sensibilidad para el cargo que ocupa, pues a más de medio año de iniciada su encomienda, no nos ha convocado ni para escucharnos ni mucho menos para construir de manera conjunta los caminos que puedan garantizar la no repetición de los hechos, la prevención y la pronta erradicación de la violencia contra las mujeres en México. Es así que, quienes firmamos esta carta, hacemos un llamado al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobierno Olga Sánchez Cordero para que de manera inmediata destituyan a la actual Comisionada, y su lugar sea ocupado por una verdadera funcionaria comprometida con el pueblo de México y con las problemáticas que nos dañan a diario. Como gobierno del cambio, éstos deben ser tangibles y reales, confiamos en su sensibilidad y compromiso. Como familias nos sumamos a todas aquellas funcionarias/os comprometidos de manera auténtica, pero también recriminamos y nos manifestamos en contra de todo tipo de simulación. Atentamente, Familiares, víctimas y sobrevivientes de Violencia Feminicida parte de la mesa de víctimas solicitantes de la AVGM en la CDMX. Araceli Osorio Martínez Araceli Mondragon Sanchez Mónica Borrego Kim Rosario Dafne Luján Velázquez Erika Izbeth Martinez Romero Rosa Itzel Meza Espinoza Laura Torres Martinez Luz Guadalupe Gochi Verá María Margarita Alanís Rosales Blanca Victoria López Legaria Guillermina Llegaría Sariñana Keren Abuc Cerón Imagen destacada: Angélica Díaz Molina

Carta Pública | Ante omisión y falta de eficacia de la CONAVIM

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.  OLGA SÁNCHEZ CORDERO DÁVILA Secretaria de Gobernación  de los Estados Unidos Mexicanos.   PRESENTES Las organizaciones y defensoras de derechos humanos firmantes, estamos conscientes de la importancia de las instituciones creadas con el fin de  cumplir en la coadyuvancia para una vida libre de violencia para las mujeres mexicanas, sin embargo en este momento histórico, cuando la creciente gravedad de la situación del feminicidio en todo el país  nos demanda instituciones fuertes y comprometidas, vemos con preocupación que quien está a cargo no esté a la altura de la problemática. Por este motivo exigimos al Gobierno Federal la renuncia de la Titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), María Candelaria Ochoa Ávalos, ante su evidente falta de compromiso, inacción y sobre todo por la obstaculización que desde su puesto realiza a la garantía de los derechos de las mujeres en México.  Como organizaciones ubicadas en distintas partes del país, hemos atestiguado que a más de seis meses de que tomara posesión del cargo, la actual Comisionada no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en nuestro país. El ejemplo más reciente es la promoción de un recurso de revisión contra el amparo concedido el pasado 13 de septiembre a las organizaciones de la sociedad civil peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, por el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa. Además de que esta acción -en sí misma dilata la necesaria activación de la Declaratoria de AVG y el cumplimiento del amparo concedido por el Poder Judicial de la Federación a las organizaciones peticionarias, víctimas y familiares de víctimas- el recurso interpuesto por la CONAVIM, cuya titular paradójicamente se reivindica como feminista, cuestiona la participación de la sociedad civil, su experiencia y su interés legítimo en actuar en defensa de los derechos humanos de las niñas y mujeres que viven en un contexto de violencia. Incluso, argumenta que la concesión del amparo y sus efectos no tienen un alcance al que como autoridad responsable pueda dar cumplimiento. Esto se traduce en manifestar que no depende de ella la designación de recursos ni el deber de transparentar las acciones gubernamentales,  particularmente, sobre los informes generados por los grupos encargados para dar seguimiento a las acciones emanadas de la Declaratoria, pues menciona que todo ese trabajo es “información reservada”, lo que propicia también la falta de transparencia de los recursos y acciones que el Estado está obligado a realizar en cualquier tipo de gobierno. Además de la negativa de la Declaratoria de AVG para la CDMX, la actual Comisionada ha llevado a las organizaciones peticionarias a interponer demandas ante el Poder Judicial de la Federación, quien ha reconocido mediante los diversos juicios de amparo, el actuar ilegal de CONAVIM, como fue el caso también en el estado de Zacatecas.  Ahí el Poder Judicial, determinó que no se había fundado y motivado la negativa de la solicitud, ordenando se volviera a resolver sobre la admisión, tomando en consideración los hechos planteados por las organizaciones de la sociedad civil.   Por otra parte, actualmente está pendiente de resolverse un tercer amparo, en este caso relacionado con la tercera solicitud de AVG para el estado de Veracruz, en donde la CONAVIM nuevamente actuó de manera irregular para impedir el adecuado trámite de dicha solicitud, acumulándola a una previa, invisibilizando la problemática de desaparición de mujeres y niñas, denunciada por las organizaciones. Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo de AVG, de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento -como se le ha solicitado en diversos estados- la actual Comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como lo establece su mandato. Otro ejemplo de actuar indebido por parte de la CONAVIM, que tuvo como fin obstaculizar la participación de la sociedad civil y de las defensoras de los derechos humanos en el mecanismo de AVG, se vivió en el estado de Jalisco el 20 de abril de 2019, cuando la Titular de la CONAVIM quiso impedir la presencia de las organizaciones peticionarias, advirtiendo que sólo estarían presentes si el Gobernador estaba de acuerdo, a lo que él respondió que las organizaciones deben estar no sólo por ser peticionarias sino para dar seguimiento, por lo que finalmente se garantizó su presencia; sin embargo, esta decisión no debería ser una concesión sino una garantía  en cumplimiento de la ley. Cabe señalar, que el pasado 2 de octubre de 2019, en el marco de la Plataforma de Dublín para Personas Defensoras de Derechos Humanos 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet reconoció la labor de las defensoras de los derechos de las mujeres. En ese momento  advirtió la importancia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos, pues a pesar de que el próximo año se cumplen 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) y de haber sido aprobada la Plataforma de Acción que fuera adoptada por unanimidad por 189 gobiernos, refirió que: “pareciera que la discusión no es ir hacia adelante sino en cómo no ir hacia atrás, por eso es que las defensoras de derechos humanos son tan necesarias, porque necesitamos hacer retroceder a quienes nos quieren hacer retroceder”. Por otra parte, el propio Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) en julio de 2018 en sus Observaciones Finales sobre el Noveno Informe de México que se realiza cada cuatro años, recomendó al Estado mexicano: “elaborar un plan de acción nacional, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de mujeres, para garantizar la

Carta Pública : SEGOB debe cumplir con la sentencia dictada por el Poder Judicial Federal de manera inmediata

 OCNF y organizaciones peticionarias de la AVGM para la CDMX piden reunión con Secretaría de Gobernación, para contribuir al fortalecimiento de las AVGM en México y al acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Ministra Olga Sánchez Cordero Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. PRESENTE El Observatorio Ciudadano Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y las organizaciones peticionarias de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)  para la Ciudad de México (CDMX), Justicia Pro Persona A.C., y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., nos ponemos en contacto para solicitarle que garantice el cumplimiento de la sentencia de amparo 968/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, en los términos en que fue dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin mayor dilación, de forma que quede firme dentro del plazo de 10 días señalados para tal efecto. Coincidimos en los posicionamiento oficiales respecto a que debe mejorarse el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género desde la investigación hasta el seguimiento e implementación de las medidas, los cuales deben dar resultados en el corto y mediano plazo. En este sentido, tenemos conocimiento de las diversas propuestas de iniciativas de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que han sido presentadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por lo que consideramos que este proceso de reforma, debe de garantizar la eliminación de los obstáculos que se han identificado para la efectiva implementación del mecanismo. Cabe resaltar que en la propia resolución de amparo, el Juez Federal José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, reiteró  las recomendaciones hechas en julio de 2018 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW) de la ONU, el cual pide al Estado Mexicano: “Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como mujeres víctimas de la violencia”. Como organizaciones de la sociedad civil, que hemos acompañado varios procesos de AVG, incluyendo el de la Ciudad de México,  reiteramos que este mecanismo ha servido para evidenciar los contextos de violencia feminicida en el país, corregir políticas públicas y modificar marcos normativos que discriminan o transgreden los derechos humanos de las mujeres, debe seguir perfeccionándose para contribuir en la disminución de la violencia feminicida. Es por ello que, reiteramos -como se hace en la resolución de amparo- que la AVGM “tiene naturaleza subsidiaria, es decir, no se debe confundir con las políticas públicas generales o sectoriales previstas por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por tanto, las acciones derivadas de la alerta no están destinadas a sustituir los demás instrumentos de la Ley”, por lo que ésta tendrá que ser temporal pero urgente. Por ello, el día de hoy, el reto de SEGOB se encuentra en garantizar que las 19 declaratorias en los 18 estados de la República[1] se reencaucen y evalúen de forma que puedan comenzar a dar resultados y que permitan su eventual retiro.  Para ello es indispensable que la CONAVIM cuente con una metodología para generar con los estados responsables, planes estratégicos para el cumplimiento de las medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación, con indicadores de resultados, que de cara a la ciudadanía se pueda informar en periodos razonables. Tal y como lo ha determinado el Poder Judicial Federal en su sentencia, “las autoridades deben transparentar las acciones gubernamentales, en específico, deberán publicar los informes generados por el grupo interinstitucional y multidisciplinarios encargado de dar seguimiento a las acciones emanadas de la declaratoria de AVGM, en virtud de que la transparencia abona en favor de la calidad institucional de la democracia, de tal forma que la sociedad pueda estar al tanto de que las medidas adoptadas sean congruentes y eficaces”. Esto permitirá tener plazos claros para el levantamiento de las Alertas, siempre que se cumpla con el objetivo previsto por la Ley General de Acceso de disminuir la violencia feminicida que pone en riesgo la vida e integridad de las mujeres. Adicionalmente, deberá garantizarse la participación activa de las organizaciones peticionarias, de forma que las instituciones públicas implicadas en el seguimiento de la AVGM trabajen conjuntamente con las organizaciones solicitantes, así como con otras organizaciones de la sociedad civil para tomar en cuenta elementos que fortalezcan el análisis sobre la implementación de las medidas y el seguimiento dado a las mismas, toda vez que éstas cuentan con elementos contextuales relevantes para aportar a la discusión de los temas, como lo señaló el Poder Judicial en el amparo 986/2019. Ante ello, las organizaciones firmantes,  reiteramos -como lo hicimos en la reunión sostenida con Usted el 9 de septiembre de 2018- que es urgente la construcción de una política integral que contribuya a la disminución y erradicación de la violencia feminicida en México por lo que los cambios, reformas y adecuaciones, tienen que ser progresivos no regresivos. En ese sentido, como defensoras de los derechos de las mujeres y organizaciones de la sociedad civil exigimos a la Secretaría de Gobernación: Emita a la brevedad la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México para proteger a las mujeres de  dicha Ciudad. Se instale una mesa de trabajo con participación de las organizaciones solicitantes, el Grupo de Trabajo, así como las autoridades responsables con el objetivo de revisar en conjunto las medidas que se deberán implementar para el cumplimiento de la AVG, valorando para tal efecto las medidas establecidas por el Grupo de

Poder Judicial de la Federación otorga amparo que ordena a CONAVIM declarar Alerta de Violencia de Género en CDMX

-Juzgado halla omiso y negligente el actuar de la CONAVIM, frente a la violencia contra las mujeres. -Poder Judicial reconoce la existencia de la violencia feminicida en la CDMX y mandata la participación de las OSC en la implementación de las acciones derivadas de la AVG. El pasado viernes 13 de septiembre de 2019, el Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de amparo 968/2019-I, que ordena a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México (CDMX), en un plazo no mayor a 10 días naturales. El amparo fue interpuesto el 28 de junio de 2019 por las organizaciones peticionarias de la AVGM: Justicia Pro Persona, y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P., A.C., con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT, luego de la resolución emitida por la CONAVIM el 7 de junio de 2019, en la que determinó que no era procedente declarar la AVGM en la CDMX. La resolución del juicio de amparo 968/2019-I fue emitida por el Juez José Enrique de Jesús Rodríguez Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, la cual fue atestiguada por la Licenciada Paulina Verdeja Jiménez, Secretaria de Juzgado, con adscripción en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En dicha resolución, el Poder Judicial reconoce que: I.-La CONAVIM pasó por alto la naturaleza de emergencia de la AVGM. Cabe recordar que la petición de la Declaratoria se realizó el 7 de septiembre de 2017, y la resolución de la CONAVIM se dio hasta el 7 de junio de 2019, es decir, un año y 9 meses después, sin que el artículo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevea la posibilidad de otorgar prórrogas para la remisión del Informe por parte del Gobierno. Es por eso que el retardo en resolver sobre la solicitud de la AVGM y la determinación final de no decretarla, contraviene el parámetro de regularidad constitucional de los derechos humanos de las mujeres, pues se perdió de vista la naturaleza de emergencia del mecanismo, así como las cifras relacionadas con feminicidios y homicidios de mujeres en la ciudad. II.Existió una indebida fundamentación y motivación de la resolución en la que se determinó no declarar procedente la AVGM, ya que a partir del análisis del Grupo de Trabajo, de las acciones realizadas por el gobierno de CDMX, sólo se cumplieron tres de un total de seis, es decir el 50%, mientras que una estaba en proceso de cumplimiento y dos parcialmente cumplidas. Por otra parte, de los 72 indicadores contenidos en las 20 conclusiones, se cumplieron sólo 22 (30.5%), siete están en proceso de cumplimiento (9.7%), 11 se consideraron parcialmente cumplidos (15.2%)  y 32 no fueron cumplidos (44.6%). Aunado a ello, el contexto de violencia feminicida en la CDMX prevalece. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Juzgado refiere que de enero a julio de 2019 se han denunciado 26 delitos de feminicidio y 99 casos de homicidio doloso contra mujeres, asimismo, 65 mil 679 presuntas víctimas mujeres por delito, entre los que se encuentran trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, tráfico de mejores y lesiones dolosas. Asimismo, de enero a julio de 2019 hubo un total de 2 mil 700 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, y que de 2017 a la fecha -año en que se solicitó la AVGM- 77 mujeres fueron víctimas de feminicidio: 37 en 2017 y 40 en 2018; además de otros delitos como violencia sexual, trata de personas y desaparición, por lo que “de lo anterior se advierte que en CDMX existe un contexto de violencia feminicida”. Asimismo, cuatro de siete integrantes del propio Grupo de Trabajo se manifestaron a favor de la declaración de la AVGM en la capital del país, por lo que, conforme al artículo 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la CONAVIM debió emitir la declaratoria de la AVGM en la CDMX. III.-La CONAVIM no se basó en el dictamen sino en las “acciones relevantes” que, según su consideración, implementó el nuevo gobierno de la Ciudad de México. IV.-La CONAVIM no realizó una interpretación conforme a los parámetros de regularidad constitucional, no aplicó el principio pro persona ni tampoco realizó un riguroso control de convencionalidad para garantizar los derechos de las mujeres. V.-La CONAVIM omitió actuar con la debida diligencia reforzada para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres y cumplir con la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de proteger y garantizar el derecho humano de las mujeres que habitan en la Ciudad de México a una vida libre de violencia, de conformidad con los artículos 1° y 4° de la Constitución. VI.-La resolución de CONAVIM contraviene los instrumentos internacionales y obligaciones constitucionales para garantizar los derechos humanos de las mujeres, en específico, el derecho a una vida libre de violencia, como las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) hizo a México en 2018, en el sentido de que debía “adoptar las medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, así como garantizar una utilización amplia y armonizada del mecanismo de AVGM y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal”. Ante ello, la resolución deriva de la disonancia con el contenido de la norma, y el Poder Judicial advierte que durante los casi dos años que se tardó la autoridad en emitir la resolución, las mujeres y niñas que habitan en la Ciudad de México permanecieron

Familiares de víctimas exigen a Poder Judicial, juzgue con perspectiva de género

Familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales exigen que el Poder Judicial juzgue con perspectiva de género, los casos relacionados con la violencia feminicida. Como organizaciones de la sociedad civil, hemos documentado una serie de acciones y omisiones que obstaculizan el acceso a las justicia para las víctimas de feminicidio, para las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y para las familias de las víctimas. La reproducción de prejuicios y estereotipos de género, imperan antes que el cese de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia. Las descalificaciones, falta de credibilidad, prejuicios,  la responsabilidad de los hechos hacia las propias víctimas e investigarlos como otros delitos, como el suicidio u homicidio doloso -en los casos de los feminicidio-, nos deja ver la ausencia de perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia. A pesar de que en la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció el criterio de que toda muerte violenta de mujeres sea investigado como feminicidio, la realidad nos evidencia que además de que no es un criterio cumplido, el problema continúa al reconocer que solo un porcentaje mínimo de los casos investigados como feminicidio concluye con una sentencia. Seguimos documentando casos brutales en los que las mujeres son violadas sexualmente antes de ser asesinadas, torturadas, y en los que los cuerpos de mujeres, niñas y jóvenes son acribillados de las formas más crueles. Pese a ello, existe una gran reticencia por parte de las autoridades para que realicen las acciones necesarias, análisis de contexto, peritajes, etc. que puedan no solo resolver los casos que se presentan, sino para prevenir otros feminicidios. El desconocimiento y la negativa para otorgar medidas de protección se convierte en una omisión que coloca en riesgo a las mujeres y que ha acabado con sus vidas. La inacción de las autoridades, su actuar sin perspectiva de género y la impunidad ha derivado en la existencia de una ciudad y un país feminicida y sin justicia para las mujeres. Hoy, a 2 años, 4 meses, y 5 días del feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, cuyo cuerpo fue encontrado en Ciudad Universitaria el 3 de mayo de 2017 y en el que las autoridades capitalinas argumentaron que había sido un suicidio, vemos como la lucha de su familia, organizaciones y defensoras acompañantes, así como la movilización e indignación social, logró la reclasificación del caso para que este se investigue como feminicidio.En este contexto, cabe recordar de acuerdo a la SCJN -máximo tribunal de justicia en México- el Poder Judicial debe “impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres” […] -por lo que- “la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres”. Dada la violencia que acaba con la vida de las mujeres en México, como familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de la sociedad civil, hacemos un llamado a las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno Federal para que: -Agilicen y juzguen con perspectiva de género todos los casos relacionados con violencia feminicida. -Garantice el acceso a la justicia para las mujeres que han sido víctima de feminicidio y/o de tentativa de feminicidio. -Declare la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México y para los estados en donde se ha documentado el aumento, agudización y prevalencia de este tipo de violencia. De manera particular y dado que los días 9, 10,11,12,17,18,19 y 20 se desarrollará el juicio oral relacionado con el feminicidio de la joven Lesvy Berlín Rivera Osorio, hacemos un llamado para que las operadores de la justicia, juzguen con perspectiva de género y se garantice el acceso a la justicia, de acuerdo a los más altos estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres. Como familiares, organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos, estaremos atentas del desarrollo del juicio e informando a la ciudadanía nacional e internacional sobre los precedentes que pudieran sentarse a raíz de este caso, con miras a que sea la justicia la que llegue a cada una de las familias a las que les ha sido arrebatada una hija, una hermana, o una madre. Atentamente, Familiares de víctimas de Feminicidio Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, (REDTDT). Imagen destacada: Esx Queso

Organizaciones peticionarias de la AVG urgen declaratoria en el marco de marcha de víctimas de CDMX

Exigencia de mujeres en la CDMX sin respuesta efectiva de autoridades. Organizaciones de la Sociedad Civil se suman a Marcha del Silencio convocada por víctimas y colectivas de mujeres.  Alerta de Género para CDMX es necesaria y urgente; autoridades deben decretarla e implementarla sin más demora. La acciones emprendidas por mujeres para denunciar la violencia feminicida que enfrentan, así como las voces que solicitan una Alerta de Género para esta Ciudad, unido a las recientes movilizaciones de mujeres, demuestran que existe la ausencia de una vida libre de violencia para las mujeres que habitan o transitan por la capital del país. Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX), nos pronunciamos en solidaridad con las movilizaciones de las mujeres organizadas, que dignamente persisten en convocarse para expresar la necesidad de medidas urgentes que aseguren una vida libre de violencia para las mujeres, y acceso a la justicia para quienes han sido víctimas de violencia feminicida en la Ciudad de México y el país.  Nos sumamos a la exigencia de justicia de las madres y familiares de víctimas de feminicidio y otras violencias, que convocan a marchar en silencio el día de hoy en la Ciudad de México. Nos adherimos a las demandas de todas las mujeres que luchan, colectivas de mujeres, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos  y diversas colectividades que acompañan el llamado a exigir justicia, manteniendo un diálogo abierto y transparente, que nos lleve a construir acciones efectivas para enfrentar la violencia feminicida.  Consideramos necesario recordar que ante la negativa de la CONAVIM de la SEGOB, el pasado 9 de junio de 2019 para declarar la AVGM en la Ciudad de México, hoy esta entidad se encuentra sin un mecanismo vinculante, coordinado e integral, que permita implementar y evaluar las medidas necesarias para que las mujeres accedan una vida libre de violencia. El diagnóstico realizado en el marco de dicha solicitud, es una clara radiografía de la situación que enfrentan las mujeres que viven y transitan en la Ciudad; las recomendaciones del Grupo de Trabajo, con académicas expertas, a su vez recogen medidas para atender la violencia feminicida de manera estructural y coherente, involucrando a los tres niveles de gobierno, por lo que deben servir para trazar acciones y políticas públicas con sustento, evitando respuestas inmediatas y provisionales sin efecto, ante la cada vez más visible y articulada demanda de las mujeres.  La AVGM es un mecanismo correctivo que funciona como una hoja de ruta para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y el acceso a la justicia, verdad y reparación. Hoy  salimos a las calles de nuevo; insistimos en nuestra exigencia para que autoridades declaren sin más demoras la Alerta de Violencia de Género en la CDMX, haciendo de esta declaratoria un mecanismo efectivo para hacer real y palpable una vida plena, libre y segura para todas.  #JusticiaParaTodAs  ATENTAMENTE, organizaciones peticionarias y acompañantes del proceso  de AVGM en la Ciudad de México: -Justicia Pro Persona A.C. -Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. -Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) -Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) -Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX Imagen destacada: Esx Queso