Alerta de género en Ciudad de México

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Teniendo en cuenta que la Alerta de Género es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta en la capital. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 10 de noviembre de 2018 Miguel Concha  El Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México (Comité Alerta CDMX) presentó el pasado 30 de octubre el Informe Sombra, que ya ha sido respaldado por más de 132 organizaciones y siete personas. Tiene como propósito fundamental proporcionar al Grupo de Trabajo una herramienta que contribuya a la Declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en CDMX, ciudad en la que tan sólo de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres. El comité es un órgano de ciudadanas provenientes de la academia, colectivos feministas y organizaciones de la sociedad civil, que nació por la preocupación de la grave situación de violencia feminicida que permea en la capital del país. Teniendo en cuenta que la AVGM es un mecanismo útil para la erradicación de la violencia feminicida, se vio la necesidad de crear un ente ciudadano que vigile, fiscalice y participe activamente en el proceso de elaboración de la declaración de alerta. Se trata de un ejemplo acerca de cómo la ciudadanía puede y debe apropiarse y hacer uso de los mecanismos institucionales. Es menester señalar que la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) propició la creación de la AVGM, mecanismo único en su tipo que pretende enfrentar y erradicar la violencia feminicida por conducto de acciones legislativas, judiciales y de política pública en determinados estados de la República que presentan situaciones graves de violencia de género. Ahora bien, el proceso de la declaratoria de la AVGM en Ciudad de México tiene una génesis muy concreta: la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de las mujeres, así como la grave situación de violencia feminicida en la capital del país. Mediante la solicitud realizada al gobierno de la ciudad por parte de las organizaciones Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OPAC, dicho proceso inició el 7 de septiembre de 2017. Razón por la que posteriormente se conformó el Grupo de Trabajo, entidad responsable de investigar y dictaminar la viabilidad o no de la declaración de la AVGM. El Informe Sombra se compone de siete capítulos, a través de los cuales el Comité presenta en sus páginas: 1. Los principales aspectos sobre los hallazgos del Grupo de Trabajo contenidos en las 20 conclusiones de su informe. 2. Las comprobaciones del propio comité a lo largo de la investigación sobre la identificación de la ejecución o incumplimiento del gobierno capitalino respecto a las conclusiones del Grupo de Trabajo, por medio de las solicitudes de información hechas a diversas instituciones gubernamentales, entre ellas la procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. 3. Lo que el comité propone como la esfera del deber ser, es decir, el ideal de lo que debería haber realizado el Estado mexicano para atender de manera adecuada las conclusiones del Grupo de Trabajo 4) La Mesa de Trabajo Interinstitucional, para dar seguimiento a los casos de muertes violentas. 5) La pertinencia de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Con base en lo anterior, el Comité Alerta CDMX consideró que las acciones estatales han sido hasta ahora insuficientes para enfrentar y erradicar los graves y altos índices de violencia feminicida en la capital del país, porque, entre otras cosas, y de acuerdo con la información que se obtuvo, el gobierno incumplió numerosos y cruciales indicadores fijados por el Grupo de Trabajo. Por ejemplo, la elaboración de planes de formación con perspectiva de género para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia y el clima de impunidad, que lejos de disminuir el problema, motiva la persistencia de la violencia feminicida y de la violencia de género. Si consideramos que la declaración de la AVGM se propone enfrentar la violencia feminicida de manera urgente y atender la falta de acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, entonces concluyamos los siguientes puntos: 1. La AVGM debe ser declarada en CDMX, lo cual no es sólo algo conveniente, sino absolutamente necesario para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en la capital de la República, pues con su declaratoria este mecanismo permite cambios estructurales. 2. La declaración de la AVGM obligará al Estado mexicano a realizar acciones de emergencia que, tal como señala el artículo 21 de la LGAMVLV, garanticen la seguridad de las mujeres, cese la violencia en su contra, y se eliminen las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. 3. El informe del Comité Alerta CDMX debe ser considerado por el Grupo de Trabajo como un valioso insumo para la decisión de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en Ciudad de México. Si desea consultar más información vaya a: derechoshumanos.org.mx/comitealertacdmx Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Esx Queso [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Pese a agudización de los feminicidios, CONAVIM frena Declaratoria de AVG en la CDMX

-Gobierno de la Ciudad de México incumple su obligación de presentar en tiempo el informe de las acciones implementadas, derivadas de la solicitud de (Alerta de Violencia de Género) AVGM  -Dilata organismo estatus de la solicitud de AVGM para CDMX  -Familiares de víctimas de feminicidio y Organizaciones de la Sociedad Civil exigen que la Declaratoria sea emitida en el periodo de este gobierno sin mayores dilaciones.  Ante la violencia feminicida desbordada en la ciudad de México, Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., solicitamos la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) el 07 de septiembre de 2017. Desde el momento de la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha dilatado el cumplimiento de sus obligaciones, situación que ha llevado a que exista un retraso en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en la Ciudad de México, misma  que tiene por objeto detener y erradicar la violencia feminicida a través de acciones gubernamentales de emergencia. El 02 de octubre de 2018 venció el plazo de los seis meses establecidos en el Reglamento para que la Comisión Nacional solicitara al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México el informe en el que dé cuenta sobre las acciones implementadas para cumplir las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo, tanto en las medidas urgentes como en el informe realizado por el Grupo de Trabajo a fin de detener la violencia feminicida. No obstante, hoy se cumplen 15 días del vencimiento del plazo y no conocemos el Informe que el Gobierno está obligado a entregar al Grupo de Trabajo, para que éste último pueda emitir un dictamen. En ese sentido, tenemos conocimiento de que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó una prórroga y el Grupo de Trabajo determinó otorgarla. Al respecto,  es importante mencionar que las organizaciones peticionarias, mismas que  formamos parte del proceso  no fuimos consultadas. Derivado de lo anterior, hacemos hincapié en la importancia de atender la Solicitud de AVGM de manera pronta y expedita, puesto que es un mecanismo de emergencia diseñado para reaccionar de forma urgente frente a la grave situación de violencia feminicida en un territorio determinado y las dilaciones en las que han incurrido tanto CONAVIM como el Gobierno de la Ciudad de México derivan en el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar a las mujeres que vivimos y transitamos en la Ciudad de México una vida libre de violencia. Además, es pertinente señalar que las acciones que hasta el momento hayan emprendido los diferentes poderes de la Ciudad de México dirigidas para detener y erradicar la violencia feminicida, son solo un piso mínimo, pues el período de seis meses resulta insuficiente para atacar las causas estructurales de esta violencia, por tanto es imperioso que se declare a la brevedad la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, toda vez que a través de esta declaratoria se permite implementar las medidas urgentes que ataquen de manera estructural la violencia feminicida y de esta forma detenerla y erradicarla. En ese sentido, desconocemos la prórroga para que el gobierno de la Ciudad de México emita su informe y exigimos al Gobierno que entregue dicho informe de manera inmediata a fin de que el Grupo de Trabajo pueda emitir el dictamen correspondiente y finalmente se declare la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México. Frente a esta dilación y la omisión de las autoridades federales y de la Ciudad de México como organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México exigimos al Gobierno Federal actual: -Que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) declare de manera inmediata la Alerta de Violencia de Género, previo la emisión correspondiente del dictamen del Grupo de Trabajo. -Informe a las y los familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y organizaciones peticionarias, la situación actual del proceso de solicitud de AVG, así como de las medidas implementadas y el plan de trabajo propuesto por la CONAVIM para garantizar la efectiva implementación del dictamen. -Atienda de manera urgente la problemática de los feminicidios, desaparición de mujeres y niñas, los cuales pueden estar ligados a otros delitos como la trata de personas, sin deslindarse o delegar desde ya estas responsabilidades a los nuevos gobiernos.   ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.    Fotografía destacada : Esx Queso

Familiares y víctimas de violencia feminicida se reúnen con la Jefa de Gobierno Electa

Organizaciones celebran apertura de Jefa de Gobierno para tratar el tema de erradicación y prevención de violencia feminicida Es prioritario agilizar las investigaciones de casos de feminicidios en la Ciudad de México.   Familiares, víctimas de violencia feminicida y organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron ayer con Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, para tratar el problema de la violencia feminicida en la Ciudad de México. Se trataron temas concernientes a la impunidad de los casos de feminicidio,  la falta de debida diligencia en las investigaciones y la necesidad de prevenir la violencia feminicida en la entidad. Las y los asistentes a la mesa celebran la apertura y disposición a escuchar por parte de la futura Jefa de Gobierno, para atender el problema de la procuración de justicia para las mujeres, y prevenir la situación de violencia feminicida en la capital. En la Ciudad de México se encuentra abierto el proceso de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), solicitado por organizaciones que, acompañando a los casos de violencia feminicida, damos constancia de la gravedad de la situación en la capital. En esta ocasión, los casos que se encuentran referidos en la solicitud de AVG fueron dados a conocer a la Jefa de Gobierno electa, quien se comprometió a coadyuvar para que los casos accedan a la verdad y la justicia, reiterando así que la prevención y erradicación de la violencia feminicida se encuentra de manera prioritaria en su agenda. Se hizo un llamado para abordar el tema de violencia contra las mujeres de manera integral y a continuar de manera diligente con las investigaciones de los casos, priorizando el tratamiento del tema de procuración de justicia, enfocado en la necesidad de una Fiscalía que tenga la capacidad para responder de manera eficaz ante la gravedad de la problemática real en la Ciudad. Consideramos que este encuentro es el potencial inicio de un proceso que garantice una ciudad libre de violencia feminicida, por medio de una transformación real en el sistema de justicia en el que la prevención del delito de feminicidio sea una política de gobierno en la capital. En el encuentro estuvieron presentes familiares de víctimas de violencia feminicida y las organizaciones acompañantes de los casos, quienes son también las organizaciones peticionarias de la AVG para la CDMX: Justicia Pro Persona A.C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.   ATENTAMENTE Justicia Pro Persona A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.     Para mayor información: Jorge Luis Aguilar Pantoja CDH Vitoria 5659 6797 ext. 227 / comunicacion.centrovitoria@gmail.com

Actual administración se exime de realizar acciones urgentes para garantizar la seguridad y vida de las mujeres en México

Pese a que el pasado 3 de mayo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitamos públicamente, una reunión de carácter urgente al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a tres meses de dicha solicitud, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso y hasta la fecha no ha dado respuesta, a pesar de la gravedad, prevalencia eincremento de la violencia feminicida en México. La solicitud de dicha reunión se debió principalmente a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por las omisiones, obstáculos y retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), particularmente la falta de implementación eficaz de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), las cuales a pesar de ser un mecanismo que tendría que atenderse de manera urgente. Si bien desde el 12 de abril de 2018, hicimos llegar una carta privada al Secretario de Gobernación, a la fecha han sido desatendidas las preocupaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos documentado, entre ellas: Uso a modo del reglamento, aprovechándose de sus vacíos. Actuar discrecional de las autoridades federales. Ausencia de Grupos de Trabajo para la AVG conformados por personas expertas y de manera interdisciplinaria. Procesos irregulares, falta de entrega de los informes de AVG en tiempo y forma, retardos injustificados. Falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las OSC al solicitar las Declaratorias de AVG. Restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas. Falta de garantía a la participación con voz y voto de las OSC, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. Ausencia de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. El desacato de la CONAVIM frente al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al argumentar que este no le es “obligatorio”. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso  de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta no fue reformada, pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia. Asimismo, todos los vacíos se hicieron de conocimiento del Secretario de Gobernación pero nada de ello ameritó larespuesta de Alfonso Navarrete Prida, aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, principalmente porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencias generalizadas, y cuyos patrones fueron identificados en los informes de las AVG, en donde estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como estados con alta criminalidad. La omisión de las autoridades estatales y federales frente a la implementación efectiva de las AVG, ha propiciado que como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tengamos como única opción impulsar recursos judiciales como el amparo, como se ha realizado en los casos de Veracruz y Puebla. Cabe recordar que como OCNF, de 2014 a 2017 documentamos el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ante este contexto como organizaciones de la sociedad civil: -Recordamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de manera particular al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida que aún quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos por lo que reprobamos toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización. -Instamos al Gobierno Federal electo a tomar en sus manos esta problemática, a fin de evitar continuar ensanchando los retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que la CONAVIM sea fortalecida durante su mandato, reconociendo su función estratégica que -de cumplirse- abonaría a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. -De manera específica, a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendamos la importancia de que sea la SEGOB la instancia encargada de coordinar y realizar las Decaratorias de AVG, como rectora de la política interior. Como organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que realice el gobierno actual y el nuevo gobierno, a fin de que la transición no sea un obstáculo para el actuar inmediato y eficaz de las autoridades federales, frente a la violencia feminicida. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Sin respuesta efectiva, violencia feminicida en la CDMX: ONG

Llaman a conformar Mecanismo Ciudadano de Seguimiento a la AVG en la capital del país A 9 meses de su solicitud, continúan sin gestarse medidas efectivas para combatir la violencia feminicida en la CDMX Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la AVG: no dan respuesta efectiva a las problemáticas denunciadas por organizaciones peticionarias Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en la Ciudad de México, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. el 7 de septiembre de 2017 realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género ante la Secretaría de Gobernación, a través de la  Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Seis meses después, el 2 de marzo de 2018, dicho organismo notificó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México seis medidas de carácter urgente, y el 26 de marzo se presentó el Informe del Grupo de Trabajo de la AVG en el que se realizó un diagnóstico y recomendaciones para prevenir, atender, sancionar  y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, las organizaciones peticionarias de la AVG consideramos que éstas no responden de manera efectiva a la dimensión del problema del feminicidio, la desaparición-trata y la violencia sexual (siendo estas problemáticas las que motivaron dicha solicitud). Como organizaciones de la sociedad civil, valoramos que en el informe no se establecen indicadores efectivos de proceso, resultado e impacto idóneos -y mucho menos- se observa su implementación de manera inmediata y efectiva. Por otra parte, recomendar la realización de un “inventario de instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia”, evidencia la falta de coordinación interinstitucional de las propias autoridades, que deriva en el desconocimiento y desatención de mujeres y niñas que muchas veces son revictimizadas por las propias instituciones. En el caso del feminicidio, expresión más violenta de odio contra las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos acompaña el proceso de solicitud de AVG en la CDMX, documentó de 2014 A 2017 -con datos oficiales- el asesinato de 677 mujeres, de los cuales 482 fueron homicidios dolosos y 195 fueron investigados como feminicidio, es decir el 29%. A pesar de que la Ciudad de México lleva seis años con un tipo penal de feminicidio autónomo y que fue la primera entidad en tipificar con elementos objetivos para acreditar las razones de género a nivel nacional, además de contar con una agencia especializada y ha capacitado a sus operadores jurídicos en materia de feminicidio; el OCNF ha documentado que existen fuertes resistencias por parte de las autoridades, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones. Frente a la incidencia delictiva y los obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia se ha creado un clima de impunidad que propicia la continuidad del delito, lo que pone en riesgo la vida y la integridad física y emocional de las habitantes de la Ciudad. Ante ello, como organizaciones defensoras de los derechos humanos exigimos a las autoridades del Gobierno Federal y a las autoridades capitalinas: Dimensionar y atender de manera urgente y efectiva la violencia feminicida en la CDMX. Se contemplen y tomen acciones específicas para cada una de las problemáticas denunciadas en la solicitud de AVG: feminicidio, desaparición-trata y violencia sexual. Exista una coordinación institucional que pondere la vida de las mujeres frente a mecanismos burocráticos que revictimizan y no atienden de manera efectiva a las mujeres víctimas. Atención inmediata a familiares de víctimas y garantía de su acceso a la justicia, sin que esto signifique su revictimización. En cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como organizaciones defensoras de los derechos humanos, hacemos un llamado para que las autoridades federales y capitalinas materialicen su compromiso con los derechos de las mujeres, apegados al cumplimiento de los compromisos que a nivel nacional e internacional, el Gobierno mexicano ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos HumanosTodos los Derechos para Todas y Todos Imagen destacada : Jorge Aguilar

Recomendación en el caso Lesvy

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] La CDHDF ha confirmado violaciones a derechos humanos y la falta de debida diligencia en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, así como la negligencia en la atención a sus familiares. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 19 de mayo de 2018 Miguel Concha  La Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHDF), por medio de su presidenta, Nashieli Ramírez, dio a conocer el pasado 2 de mayo el contenido de la recomendación 01/2018 sobre la falta de debida diligencia reforzada en la investigación del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y la negligencia en la atención a sus familiares. Las autoridades responsables por estas violaciones a los derechos humanos son la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX), el Tribunal Superior de Justicia (TSJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública local (SSPCDMX). La debida diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres se traduce en la exacta aplicación del protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio, así como en el uso de la perspectiva de género en cada caso. La CDHDF acreditó con rigor la aplicación negligente de las normas de protección existentes; la resistencia a investigar por razones de género; la revictimización del afectado y su familia; el mal manejo del lugar del hallazgo; la pérdida de evidencia; la falta de análisis de contexto; la obstaculización para que la sociedad y los familiares de Lesvy puedan conocer la verdad; la obstrucción para el acceso al expediente y, por consiguiente, acreditó de manera fundada la violación al derecho al debido proceso, el acceso a la justicia y al derecho a la verdad, el derecho a la integridad personal, todos ellos con enfoque de derechos humanos, en relación con el derecho a la memoria de la persona fallecida, y a derecho a la intimidad y la vida privada con perspectiva de derechos humanos. La familia de Lesvy y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria aportaron toda la información disponible para la debida integración del expediente, y facilitaron a cada momento la comunicación y el acompañamiento de la Comisión. El documento contiene un exhaustivo análisis del caso y 18 puntos recomendatorios que a continuación enumeramos, en parte: 1) Indemnización a las víctimas por daño material e inmaterial. 2) Rehabilitación de las víctimas, lo cual se traduce en proporcionarles atención médico-sicológica especializada. 3) Investigar a las autoridades que actuaron de manera negligente en la investigación penal, así como en la atención a las víctimas. 4) Implementar un mecanismo de supervisión, evaluación y monitoreoen la aplicación del Protocolo de Actuación Policial para la Preservación del Lugar de los Hechos, o del Hallazgo y Cadena de Custodia. 5) Contar con un sistema de información que permita determinar la efectividad del servicio que presta el personal ministerial, policial, pericial y de atención a víctimas, que interviene en investigaciones relacionadas con violencia contra la mujer y muertes de mujeres. 6) Actualizar, conforme al Sistema Penal Acusatorio, y para hacerlo más efectivo en la persecución y sanción de la violencia contra las mujeres, y en específico en materia de presuntos feminicidios, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, utilizando para ello la perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género diferenciado y atención a víctimas y sus familiares, con respecto a su dignidad y necesidades. 7) Revisión y actualización de la Guía Técnica para la elaboración de necropsias en caso de Feminicidios. 8) Realizar una jornada cultural que promueva las expresiones artísticas de interés para la población juvenil, cuya finalidad sea promover el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y específicamente, en honor a Lesvy, la temática del feminicidio. 9) Llevar a cabo una disculpa pública a las víctimas por los agravios sufridos. A partir de su legal notificación, las autoridades responsables cuentan con 15 días hábiles para responder a este llamado y definir si aceptan o no la recomendación. Aún nos encontramos dentro de ese periodo. El impacto que tendrían el reconocimiento de responsabilidad y el compromiso de la PGJCMDX, el TSJCDMX y la SSPCDMX en el cumplimiento de las medidas que les fueron indicadas, indudablemente se traduciría en asegurar a las mujeres que viven y transitan por la capital el acceso a una vida libre de violencia con un poderoso mensaje: se aplicarán las normas vigentes conforme al estándar más alto, y no habrá impunidad para los servidores públicos que no actúen conforme a la ley. De conformidad con el informe La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, de la ONU-Mujeres, en 10 años, la violencia feminicida ha cobrado la vida de más de 23 mil 800 mujeres en el país. Actualmente, la incidencia asciende a ocho mujeres al día. Su atención requiere del compromiso, colaboración y coordinación de todas las autoridades y la sociedad. ¿Cuándo vamos a empezar a restar y no a sumar?, decía la madre de Lesvy, Araceli Osorio, durante la develación de la placa que en memoria de su hija fue develada el 4 de mayo en Ciudad Universitaria, refiriéndose a esta cifra atroz. Esa pregunta nos la hacemos todos. Allí está el nodo de lo que queremos. La consigna de los colectivos feministas y de mujeres #NiUnaMás, #NiUnaMenos se traduce en que comience a bajar la cifra, hasta llegar a cero. Cero muertes de mujeres por la expresión más violenta de discriminación en su contra. Ese es el indicador más claro de que las autoridades hacen su trabajo. Y en ello también depositamos nuestros esfuerzos y esperanzas. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Jorge Aguilar [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Premio Don Sergio 2018

[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca.  [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 05 de mayo de 2018 Miguel Concha  El Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo tiene desde 1992 el objetivo de reconocer el trabajo de personas luchadoras sociales, y el de destacar el compromiso que Don Sergio, VII Obispo católico de Cuernavaca, historiador mexicano y teólogo de la liberación, tuvo con la defensa de los derechos humanos en México, América Latina y el Caribe. Como cada año, las organizaciones y personas convocantes tienen el arduo compromiso de distinguir a una persona y a una organización ganadoras, teniendo en cuenta el análisis de cuatro ejes: la coyuntura actual de México, la visibilidad de la persona o agrupación, la temática que trabajan y su trayectoria. Este año fueron postuladas 11 agrupaciones y siete personas; Irinea Buendía Cortés fue galardonada en la categoría individual, y en la grupal, los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl, de San Pedro Tlanixco. De nueva cuenta el premio, en su edición 26, reconoce el trabajo y la defensa de los derechos humanos desde abajo. Doña Irinea, por ejemplo, es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010. A raíz del asesinato de su hija, esta mujer realizó con tesón una investigación de manera autodidacta para esclarecer los hechos de la muerte de su hija. De esta manera se especializó en derecho y criminalística, con lo cual pudo desmentir las pruebas que se construyeron para armar la teoría oficial de un suicidio, cuando en realidad se trató de un feminicidio. El caso fue tan indignante, que en septiembre de 2013 llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), constituyéndose en un precedente histórico, pues fue el primer caso de feminicidio atraído por el máximo tribunal de justicia en México. En efecto, en 2015 la SCJN resolvió que las instancias correspondientes del gobierno del estado de México debían realizar, nuevamente, con la debida diligencia, las investigaciones, considerando la perspectiva de género (Sentencia 554/2013) y siguiendo la línea de feminicidio. Los Defensores del Agua del Pueblo Indígena Náhuatl de San Pedro Tlanixco, Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, defienden su derecho a la justicia y el derecho humano al agua. Desde la década de los años 80, cuando llegaron a su municipio en Villa Guerrero empresas floricultoras, la comunidad de San Pedro Tlanixco ha mantenido su lucha. El río Texcaltenco, que nace en San Pedro Tlanixco, fue entonces concesionado por la Comisión Nacional del Agua a empresarios floricultores, impidiendo con ello el acceso al agua de la comunidad, a pesar de que cuentan con documentos válidos que los acreditan para hacer uso de ésta. En 2003 la población de San Pedro Tlanixco fue agredida y en apego a sus usos y costumbres resistieron el embate. Aunque desde entonces este hecho acarreó también una fuerte criminalización en contra de la comunidad, y desde esa fecha los defensores de derechos humanos de San Pedro Tlanixco llevan resistiendo legalmente la falsa acusación que pesa en su contra, misma que denota, además, actos discriminatorios. El acceso a la justicia, tras los feminicidios y la defensa de la tierra y el territorio, fueron las luchas que este año cobijó el Premio, entregado el pasado 21 de abril en Cuernavaca. Para enmarcar la entrega del mismo se realizó el Foro Agenda de los Derechos Humanos Ante la Realidad Actual, que tuvo como objetivo construir una agenda mínima de derechos humanos como demanda y exigencia de la colectividad que acompaña el premio a los contendientes en las próximas elecciones. En esta línea, el foro transcurrió a partir de cuatro ejes temáticos: Ley de Seguridad Interior; agresiones a personas defensoras y periodistas; defensa de la tierra y el territorio, con especial énfasis en los pueblos y comunidades en resistencia, y feminicidios. En el foro se confirmó la necesidad de que sean más las personas y organizaciones que se sumen a las luchas desde debajo de las izquierdas sociales y democráticas. Permitió también entretejer tres retos importantes que, de cara a la coyuntura electoral, se tienen que afrontar. El primero tiene que ver con el reconocimiento de mantener puentes con la memoria histórica. La juventud tienen el compromiso de aprovechar los logros de las luchas de otras generaciones y hacerse cargo de la realidad actual. Las generaciones con más experiencia tienen, a su vez, el compromiso de acompañar las nuevas luchas de la juventud, muchas de ellas relacionadas con la identidad y las diversidades. Ninguna lucha es más importante que la otra. Todas ellas son diversas formas de acción. Otro reto relacionado tiene que ver con la importancia de reconocer el diálogo intergeneracional, el cual implica escucharse, acompañarse y descubrirse los pensamientos y sentires. Por último, es importante reconocer la mirada interseccional en las luchas. Es decir, la manera diferenciada como impacta la violencia según la identidad de las personas y grupos, apreciando al mismo tiempo la forma como construyen sus estrategias de resistencia y defensa frente a las distintas expresiones de la dominación. Esto implica reconocer que no se vive de la misma manera la defensa de la tierra y el territorio siendo mujer, mujer joven o indígena, que siendo varón. Por ello hay que insistir en que es necesario escuchar y preguntar por los propios sentipensares. Lo cual implica llevarse este compromiso a los espacios organizativos y conversar sobre la importancia de construir estos puentes, estas miradas y, más que nada, construir colectivamente. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : FundDonSergio [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]

Ante el incremento y agudización de la violencia y feminicidios, OSC’s solicitan al Secretario de Gobernación una reunión de carácter urgente

C. Alfonso Navarrete Prida  Secretario de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos PRESENTE Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)1, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)2 y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria nos ponemos en contacto con Usted para solicitar una reunión con carácter urgente. El motivo de dicho encuentro es expresarle de manera personal las preocupaciones y obstáculos que desde la sociedad civil vemos para lograr que se garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Recientemente el OCNF hizo público el Estudio “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las razones de género 2014-2017”. En él –con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a partir de información proporcionada por las Fiscalías y Procuradurías Estatales en ese periodo– registró 8,904 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio. Ello significa apenas el 24% y la mayoría de estos crímenes permanecen en la impunidad. En este contexto hemos observado con suma preocupación que de enero a la fecha –-mes en el que asumió el cargo como Secretario de Gobernación– se han estancado procesos que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos impulsado para fomentar el cese de la violencia contras las mujeres. Una de las principales acciones que ha quedado detenida es la publicación de la Reforma al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), misma que presenta diversos vacíos legales que fomentan su uso arbitrario y discrecional, al tiempo que obstaculiza la implementación del mecanismo de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). A pesar de que existía ya una propuesta de reforma trabajada y consensuada entre las autoridades y las OSC, a la fecha –a casi cinco meses de su llegada– desconocemos la situación procesal del reglamento. Esto es alarmante debido a que actualmente existen en el país 28 solicitudes de AVG, de las cuales sólo 13 han sido declaradas. La ambigüedad de la LGAMVLV hace permisible que las propias peticionarias desconozcan el porqué de la dilación para realizar la investigación de solicitudes, la emisión de los informes, así como su notificación a las autoridades responsables, como es el caso en los estados de Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. A los retardos injustificados en los procedimientos de las declaratorias de AVG, se suma la restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las  AVG declaradas, sin que se garantice su participación con voz y voto, desconociendo el interés legítimo y legal de las organizaciones, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. De igual manera hacemos de su conocimiento que el OCNF tiene documentado un grave retroceso en el establecimiento de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. Esto es preocupante porque se ha hecho caso omiso a las recomendaciones realizadas por la del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI). Ante estos retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres, reiteramos que diversas disposiciones legales establecen que corresponde a la Secretaría de Gobernación promover la reforma al Reglamento de la LGAMVLV, como lo señala el Artículo 3:  “Corresponde a la Federación, a través de la Secretaría de Gobernación, formular, conducir y vigilar el cumplimiento de la Política Nacional Integral, para lo cual suscribirán los instrumentos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias”. De la misma manera, dentro de las facultades de SEGOB el artículo 42 señala como una de ellas: […] “Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres”. Incluso, ateniéndonos a la normatividad interna de SEGOB, el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, señala como facultad de esta Secretaría: “Recomendar acciones y reformas al marco jurídico para asegurar el reconocimiento y atención eficaz y oportuna a las víctimas u ofendidos de delitos”. Finalmente queremos hacer de su conocimiento que no nos parece pertinente la canalización dada a nuestra misiva del 12 de abril de 2018, en la cual le hicimos llegar estas preocupaciones de manera más puntual. En esa ocasión no recibimos respuesta directamente de la Secretaría de Gobernación, sino de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancia responsable de muchas de los cuestionamientos motivo de dicha carta. Las omisiones señaladas en esta comunicación, así como en las anteriores, impactan de manera directa la vida y la integridad física de las mujeres en México. Por ello a través de la presente reiteramos la necesidad de reunirnos con usted a la brevedad, a fin de tomar acciones de manera conjunta que puedan derivar en el beneficio de las mujeres en México. Cabe destacar que, con fundamento en el artículo 8°constitucional, por este escrito solicitamos pacífica y respetuosamente, tenga la amabilidad de dar respuesta personalmente a nuestras peticiones.  Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. (CDH Vitoria) 1 El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio está conformado por 40 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en 22 estados del país. 2 La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” está conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República. Imagen : Jorge Aguilar

Juez penal determina a favor del acceso a la justicia para Lesvy y su familia

Hubo resolución favorable para las víctimas, a más de 11 meses de ocurridos los hechos. Víctimas y acompañantes siguen exigiendo el efectivo acceso a la justicia y a la verdad para Lesvy. El día 9 de abril de 2018, se llevó a cabo la Audiencia Intermedia en las inmediaciones de Reclusorio Oriente referente al caso del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio. En dicha audiencia, la Unidad de Gestión Judicial Número Seis del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) apuntó a que la acusación contra el imputado será por el delito de feminicidio agravado. Desde que se dio a conocer la muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad Universitaria, se ha sostenido de manera arbitraria y contraria a las evidencias del caso que la joven se suicidó. En este sentido, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) formuló posteriormente la hipótesis de un homicidio simple doloso en comisión por omisión; lo cual equivalía a sostener la misma hipótesis de suicidio. Por ello, las víctimas, su asesoría jurídica y acompañantes se vieron en la necesidad de aportar pruebas y peritajes que aseguraran una investigación efectiva y con perspectiva de género, de tal manera que se avanzara en la búsqueda de verdad y justicia para Lesvy. Además, más de 1300 personas, activistas, feministas, académicas y académicos entregaron al Juez Alfonso Dávila Gómez un carta firmada solicitando que el proceso se siga con perspectiva de género, dicho documento tuvo también el respaldo de más de 60 organizaciones civiles y sociales. De esta manera, dicho juez apuntó en la ya mencionada audiencia a que se unificaran las teorías del caso de la familia y acompañantes con la de la PGJCDMX, resultando así que la acusación al imputado proceda definitivamente por el delito de feminicidio agravado. Así, se podrá entrar en etapa de juicio, para que con base en las pruebas y el respeto de los derechos de las víctimas, se dicte sentencia por medio de la cual se conozca la verdad y se obtenga justicia y reparación de daño para Lesvy. En pocas palabras, la Audiencia Intermedia logrará corregir el actuar de la PGJCDMX gracias al acompañamiento dado por diversos sectores sociales a la familia. El actuar de la Procuraduría se caracterizó, a lo largo de todo el desarrollo del caso, por la falta de perspectiva de género en las investigaciones, lo cual ha violentado los derechos de las víctimas, faltado a estándares nacionales e internacionales, y obstaculizado el acceso a la justicia para Lesvy y su familia. Contra el dolo y la negligencia de las autoridades de la Ciudad de México, los esfuerzos de la familia de Lesvy, de las organizaciones acompañantes, de las personas asesoras jurídicas, de grupos y personas de la comunidad universitaria, y de las organizaciones y colectivas feministas y de mujeres han abonado para avanzar en la exigencia de justicia y verdad para Lesvy y, por medio de ésta, para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres!   Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada: Esx Queso Dossier del Caso

Justicia para Lesvy: Carta al Juez por audiencia del 9 de abril

Honorable C. Juez Alfonso Dávila Gómez, Las personas abajo firmantes, preocupadas por el desarrollo del proceso jurídico en el caso de nuestra compañera universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio y en solidaridad con la familia, le hacemos llegar esta carta, pues tenemos conocimiento de que el próximo 9 de abril de 2018 se llevará a cabo una audiencia en la que se expondrán las conclusiones acusatorias a las que arribó la coadyuvancia y  la Procuraduría General de Justicia luego del cierre de la investigación complementaria. Sabemos que la audiencia intermedia es crucial para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia para las partes por lo que queremos compartirle nuestra preocupación porque las víctimas sean efectivamente consideradas en sus planteamientos y porque este caso sea juzgado con apego al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que surge de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la experiencia y el trabajo del Poder Judicial de la Federación y de la incorporación de los criterios del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de los Derechos Humanos. Por la memoria, por la verdad, por la justicia y por la no repetición. ¡Ni una asesinada más! Reciba un cordial saludo.  Atentamente:  Imagen: Rexiste