Testimonio presentado por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C.,  al aceptar el Reconocimiento «El Sembrador», otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Considero que mi modesta colaboración en la defensa y promoción de los derechos humanos tiene su origen consciente en la pasión por la justicia que se despertó en mí durante la primera mitad de la década de los sesenta, cuando, siendo estudiante de filosofía en la Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), descubrí el pensamiento original de Santo Tomás de Aquino sobre la propiedad privada. Probablemente a ello contribuyeron también mis raíces familiares y los ejemplos y enseñanzas de congruencia cristiana que recibí de mis padres, pues por parte de mi madre soy nieto de una persona que por ideales se levantó dos veces en armas a comienzos del siglo pasado contra la dictadura de Porfirio Díaz y la reelección posterior de Obregón, y quien murió con el grado de General; y por parte de mi padre, quien fue hijo de una familia de hacendados que perdió casi toda su fortuna después de la Revolución. Ello no fue obstáculo para que quien tuvo que aprender a trabajar como artesano para mantener a duras penas a mis abuelos, la bendijera porque “le enseñó a trabajar”, y no a vivir de las rentas de sus familiares.

Santo Tomás, en efecto, nunca consideró a la propiedad privada como un derecho natural, y por lo mismo inalienable, imprescriptible e inmutable, porque, para él, el verdadero propietario de los bienes de la tierra es Dios, creador de todas las cosas. Los seres humanos no somos sino administradores y distribuidores de lo que Él hizo para todas y todos sin excepción, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones y casos de necesidad. Por eso, en su concepción la propiedad privada es sólo una institución humana en la que han convergido muchos pueblos (derecho de gentes) para facilitar la conservación de los bienes, su mejor administración y la armonía entre los seres humanos que hacen uso de ellos para su subsistencia. Con ello no hizo otra cosa que traducir en los conceptos y lenguaje filosófico de su época el mensaje bíblico de los profetas, la doctrina evangélica de Jesucristo y la enseñanza de los primeros escritores cristianos. Hoy podemos preguntarnos si el régimen de propiedad privada, tal y como es defendido por el pensamiento liberal del Siglo XIX, y sobre todo por la globalización neoliberal del Siglo XX, realmente ha garantizado la paz, la conservación de la naturaleza y la mejor administración de la riqueza.

Para nuestra fortuna el pensamiento de Santo Tomás sobre la propiedad fue retomado con vigor por el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), bajo cuyas enseñanzas hice mis cursos de Teología con profesores holandeses y franceses que fueron precursores y actores de esa magna asamblea eclesiástica internacional, y con italianos y españoles que a pesar de sus inercias lo asumieron con decisión y entusiasmo. No debemos olvidar que a ese Concilio se le debe la primera Declaración sobre la Libertad Religiosa en la Iglesia católica, y que además de reconocer la trascendencia de los derechos humanos para la convivencia social y política justa y pacífica de toda la humanidad, establece en su “Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy” la debida y legítima separación entre la Iglesia y el Estado.

En congruencia con esto, una reunión internacional de Obispos celebrada en 1971 sobre el tema de la justicia, declaró que la defensa de la dignidad humana y la promoción de los derechos de las personas son parte de la misión pastoral de la Iglesia. No puedo dejar de mencionar también la poderosa influencia que al comienzo de mi servicio como religioso dominico ejercieron en mí, en los albores de los años setenta, los análisis y propuestas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, Colombia, sobre la misión de la Iglesia en América Latina y El Caribe a la luz del Concilio, y los de la III Conferencia General, celebrada en 1979 en Puebla, de la que junto con muchos otros compañeros teólogos de la liberación fui actor “extra muros”, pues desde entonces, y hasta el año 2007 en otra reunión similar en Aparecida, Brasil, no fuimos requeridos por el Vaticano como asesores oficiales de los Obispos. Las dos Conferencias que les han seguido han ya hablado explícitamente de los derechos humanos, y no sólo de los derechos individuales, sino también de los colectivos, con un enfoque integral, y considerándolos como universales, iguales para todas y todos, indivisibles, interdependientes, inalienables e integrales.

Con estos antecedentes, a partir de una reunión internacional realizada en 1977, los Frailes Dominicos asumieron la promoción de la justicia y de la paz como una de las cuatro prioridades de su acción evangelizadora en el mundo. Lo que de una u otra manera ha venido siendo reiterado cada tres años y de distintas maneras en reuniones semejantes. Con ello además retomaban de manera explícita uno de los elementos centrales de su tradición misionera al interior de la Iglesia, que se remonta hasta Santo Domingo de Guzmán y de manera especial a los primeros frailes del Siglo XVI en América Latina y El Caribe, quienes defendieron la dignidad humana de los indígenas contra los abusos estructurales de las encomiendas y sus derechos colectivos frente a las injusticias y excesos de la conquista: Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, y otros que les siguieron, como Fray Julián Garcés, Fray Antonio de Valdivieso, Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Matías de Córdova.

Como una de las acciones sobresalientes para llevar a cabo esta opción, desde entonces se repite de diferentes maneras el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulneralizados (mujeres, exlcuidos, migrantes, personas pertenecientes a grupos muchas veces considerados indebidamente como minorías étnicas o raciales, u otros grupos discriminados injustamente por distintos motivos), denunciando las violaciones a los derechos humanos que los oprimen, analizando las causas que las propician, elaborando propuestas que contribuyan a revertirlas, procurando influir en la toma de decisiones que modifiquen su situación, y estableciendo relaciones de solidaridad y colaboración con otras personas, Iglesias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que defienden la dignidad humana y las relaciones justas entre las personas, pues yo estoy convencido que la labor evangelizadora de los dominicos no se desenvuelve en una lógica de movimientos de sístole, sino por el contrario de diástole. Vale decir, que no evangelizamos primeramente en función de nosotros mismos, de nuestras obras e instituciones, sino sobre todo, con lo que somos y tenemos, en colaboración con los demás.

Fue también por ello que a partir del año de 1981 las reuniones de planeación de los dominicos en México asumieron de distintas maneras esta prioridad y estas acciones, y decidieron crear en 1984 el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., ubicado en las laderas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para honrar la memoria de quien es considerado en el mundo latino como el precursor del derecho internacional público, que como sabemos implica como una de sus columnas vertebrales el respeto de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos de todas las personas.

Sería injusto soslayar el fuerte estímulo que ejercieron para este propósito sobre los dominicos en México los numerosos académicos y luchadoras y luchadores sociales de varios países del Cono Sur que durante los primeros años de la década de los setenta encontraron refugio en nuestro país, y con quienes entramos en contacto en el Centro Universitario Cultural y en la UNAM. Y sobre todo el fuerte impulso que nos dieron los centroamericanos que se exiliaban en México a finales de aquellos años. De entre éstos es indispensable mencionar a las principales cabezas del Socorro Jurídico Cristiano del Arzobispado de San Salvador, Roberto y Benjamín Cuéllar Martínez, que hacia el fin de aquella década llegaron a México pidiéndonos un espacio para poder seguir llevando a cabo su labor de defender y promover los derechos humanos de sus compatriotas, fuertemente amenazados en su país por el ejército. Fueron ellos nuestros principales maestros en la labor de defender y promover los derechos humanos en México, y quienes nos orientaron en la primera organización de nuestro Centro. A ello también se debe que los primeros años éste se haya dedicado sobre todo a defender los derechos humanos de los centroamericanos, reforzando aquí las acciones del Socorro Jurídico Cristiano ante nuestras autoridades, en una época en que ya el gobierno mexicano señalaba con fuerza las violaciones a los derechos humanos en el extranjero, pero de manera encubierta, y a veces no tanto, las realizaba en México contra estudiantes, profesores, líderes sociales, indígenas y campesinos.

Invitados por el Doctor Pablo González Casanova, fundador y primer director del Centro Interdisciplinario en Ciencias y Humanidades de la UNAM, en 1988 tuvimos la oportunidad de publicar el primer informe sobre la situación de los derechos humanos en México. Y a partir de entonces, y hasta el año 1999, insertamos cada tres o cuatro meses, según andaran las economías, en nuestra revista “Justicia y Paz”, informes sobre la situación de los derechos humanos en México; y publicamos cada año un informe sobre las principales violaciones a los derechos humanos fundamentales en México: ejecuciones arbitrarias, detenciones arbitrarias, detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, agresiones contra grupos, señalando el nombre de las víctimas, el sector social al que pertenecían, las circunstancias en las que fueron violentadas, los presuntos responsables y la respuesta de las autoridades, si la había. Teniendo en cuenta que a partir del año 2000 esta obligación de informar fue paulatinamente asumida por los organismos públicos de derechos humanos, durante diez años, entre el año 2002 y 2012 decidimos publicar cada año un informe sobre la situación que guardan seis derechos sociales en el país (alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo y medio ambiente), y durante cuatro años, entre el año 2007 y el año 2010 otro informe sobre el mismo tema en la Ciudad de México. Últimamente hemos colaborado con informes de esta naturaleza con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, y nos hemos sumado con nuestras colaboraciones a la elaboración del Informe Alternativo de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Antes de concluir por razones de tiempo estas líneas sobre algunas de las actividades que he podido realizar en el campo de la promoción y defensa de los derechos humanos, quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que desde hace más de 34 años han venido colaborando conmigo en las actividades del Centro, y me han apoyado en esta noble e indispensable tarea. Gracias también a las compañeras y compañeros con los que he podido colaborar en el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en la Academia Mexicana de Derechos Humanos y en el Equipo Pueblo.