Lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días –en torno al inicio de un proceso de reconciliación en el país como prioridad– debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de nuestra grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, hemos insistido en que para lograr la paz –entre otras cosas– debe haber un cambio profundo en el actual modelo de seguridad, por lo que nos congratulamos que desde este momento, Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, plantee capacitar a las policías, mejorar sus condiciones socioeconómicas y elaborar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, como lo han recomendado organismos nacionales e internacionales. También, saludamos la propuesta de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis.
Sin embargo, también vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior.
Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1º de diciembre.
Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada el pasado 1º de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre y aprobada en un proceso legislativo que ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales para no hacerlo.
Independientemente de las eventuales resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad, esa ley no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos, tal y como lo han señalado las recientes sentencias de amparo del Poder Judicial de la Federación, por lo que su vigencia seguiría vulnerando innecesariamente el orden democrático.
Quienes integramos #SeguridadSinGuerra estamos en plena disposición de colaborar con quienes formarán el nuevo gobierno, y con las legisladoras y legisladores electos, para superar estos obstáculos antes del 1º de diciembre y comenzar el proceso más importante para acabar con el horror de más de 11 años de guerra.
Colectivo #SeguridadSinGuerra
Alberto Athie, Alejandro Espriú Guerra, Alfredo Lecona, Aram Barra, Ariana Ángeles García, Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Carlos Alberto Galindo López, Carlos Cruz Santiago, Catalina Pérez Correa, Cauce Ciudadano, A.C., Causa en Común A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (Cencos), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Centro Diocesano para los Derechos, Humanos Fray Juan de Larios A.C., Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, A.C., Colectivo Solecito de Veracruz, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C., Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Eliana García Laguna, Enjambre Digital, Eréndira Derbez, Ernesto López Portillo, Eunice Rendón, Francisco Rivas, Familias Unidas en Busca de Esperanza Zacatecas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo Leon (FUNDENL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), Grupo V.I.D.A Laguna A.C., Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), Insyde, Ixchel Cisneros, Javeir Yankelevich, Jesús Robles Maloof, Jorge Javier Romero, José Antonio Guevara Bermúdez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C., Layda Negrete, Leonel Fernández Novelo, Lisa Sánchez, Luis Fernando García, Maite Azuela, Mara Gómez Pérez, Marcela Villalobos, María Elena Morera, Mariclaire Acosta, México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), Michael Chamberlin, Miguel Garza, Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Observatorio Nacional Ciudadano, Pablo Girault, Quetzalcoatl G. Fontanot, Raymundo Ramos, Rebeca Calzada, Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C., Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, Red en Defensa de los Derechos Digitales, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la Republicana Mexicana), Red VIRAL, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Renacer Lagunero, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Silvano Cantú, Silvia Ortíz Solís, Yésica Sánchez Maya.
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